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Milei destruyó 24.000 empresas y 200.000 empleos: Buenos Aires, la provincia más golpeada

Un informe advierte que el aumento del empleo precario e informal no compensa la destrucción de trabajo formal registrado. Los sectores más golpeados en empleo fueron Construcción, Textiles, Metalmecánica y Servicios a empresas.

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El Argentino Diario-Gobierno de Milei avanza con reforma laboral que atomiza paritarias y limita derecho de huelga.

El ajuste de Milei se cobró 24.180 empresas y 206.300 empleos en dos años

★ En dos años de ajuste fiscal, apertura indiscriminada a las importaciones y desregulación económica, el gobierno de Javier Milei destruyó 24.180 empresas y 206.300 puestos de trabajo privados registrados en todo el país. La Provincia de Buenos Aires fue la jurisdicción más golpeada, con 6.174 firmas cerradas y 70.707 empleos perdidos. Los datos surgen de un informe del Instituto Argentina Grande.

El relevamiento, que abarca desde noviembre de 2023 hasta enero de 2026, revela que el tejido productivo argentino sufrió una contracción del 4,7% de las empresas del país. La caída se registró en 23 de las 24 jurisdicciones del territorio nacional, con un impacto devastador sobre las provincias más industrializadas y, paradójicamente, también sobre las economías regionales más vulnerables.

El mapa de la destrucción productiva

Detrás de la Provincia de Buenos Aires en el ranking de empresas cerradas aparecen Córdoba, con 4.090 firmas menos, y Santa Fe, con 2.542. Sin embargo, el informe advierte que en términos relativos las provincias más castigadas fueron La Rioja (con una caída del 18,3% de sus empresas), Chaco (-12,9%) y Catamarca (-11,2%): datos que exponen el impacto diferencial del ajuste sobre las economías del interior con menor espalda financiera.

El análisis sectorial confirma que la contracción no respetó rubros. Sectores que el gobierno libertario suele presentar como «ganadores» de su modelo, como el financiero, también registraron destrucción de firmas, aunque con crecimiento del empleo precario y de plataformas. El informe del Instituto Argentina Grande es terminante al respecto: ese fenómeno «no se trata de una reconversión; si bien aumenta el empleo informal y precario, al mismo tiempo se incrementa la tasa de desempleo«.

Los sectores más afectados

En términos de actividad, los rubros que mayor caída registraron en cantidad de firmas son Transporte y Almacenamiento (-14,9%), Servicios Extraterritoriales (-13,7%), Inmobiliarios (-11,6%) y Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos (-8%).

La pérdida de empleos registrados se verificó en 21 de los 25 sectores relevados. Los más afectados fueron la Construcción (-59.266 puestos), los Textiles (-22.441), Otros servicios a empresas (-20.084) y la Metalmecánica (-18.452). Incluso la minería, el petróleo y las finanzas, sectores que el oficialismo exhibe como motores de su «revolución de la oferta», acusaron destrucción de empleo formal.

Los únicos tres sectores que registraron saldo positivo en materia de empleo fueron el agropecuario y pesca (+8.888 puestos), las actividades informáticas (+5.756) y la educación (+2.402), datos que subrayan la extrema concentración de los beneficios del modelo en sectores exportadores o formadores de divisas, con escaso impacto en el mercado interno y el consumo popular.

El costo social del modelo libertario

La Provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, acumula así la mayor carga del ajuste nacional: 6.174 empresas menos y 70.707 empleos privados registrados destruidos. Le sigue la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con 39.160 puestos menos y Córdoba con 15.660.

El informe del Instituto Argentina Grande subraya que el crecimiento de firmas y empleo en el sector financiero y en minería e hidrocarburos «no se traducen en demanda efectiva y consumo masivo«, lo que desnuda la contradicción estructural del modelo: los sectores que crecen son justamente los que tienen menor capacidad de tracción sobre la economía real, los salarios y el bienestar de las mayorías.

Dos años después del inicio de la gestión de Milei, el balance para la industria argentina es devastador. Más de 24.000 empresas cerradas, más de 206.000 trabajadores formales sin empleo, y una reconversión productiva que, según los datos del propio Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), no es tal: la informalidad crece al tiempo que el desempleo también sube.

Puntos clave:

  • En dos años de gestión Milei cerraron 24.180 empresas en 23 de 24 provincias, según el Instituto Argentina Grande.
  • Se perdieron 206.300 empleos privados registrados en 22 de 24 jurisdicciones del país.
  • La Provincia de Buenos Aires fue la más afectada: 6.174 firmas cerradas y 70.707 puestos de trabajo destruidos.
  • Los sectores más golpeados en empleo fueron Construcción, Textiles, Metalmecánica y Servicios a empresas.
  • El informe advierte que el aumento del empleo precario e informal no compensa la destrucción de trabajo formal registrado.

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Milei le da carta blanca a Caputo para tocar las facturas del gas

La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita al Palacio de Hacienda a aumentar o disminuir ese cargo hasta en un 50% sin necesidad de intervención directa del Poder Ejecutivo.

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El Argentino Diario-Toto Caputo-Javier Milei.

Milei delega en Caputo el poder de subir las facturas de gas

★ Javier Milei firmó el Decreto 266/2026 y delegó en el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo la facultad de modificar discrecionalmente el recargo que financia los subsidios al gas en zonas frías. La medida, publicada en el Boletín Oficial, habilita al Palacio de Hacienda a aumentar o disminuir ese cargo hasta en un 50% sin necesidad de intervención directa del Poder Ejecutivo, lo que en la práctica significa que el techo actual del 7,5% sobre el precio del gas en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST) podría escalar hasta el 11,25%.

Un fondo que financia el gas en las zonas más frías del país

El Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas, creado por la Ley 25.565, se nutre de un recargo aplicado sobre cada metro cúbico de gas consumido en todo el territorio nacional, cualquiera sea el uso final. Con esos recursos se financian las tarifas diferenciales del régimen de Zona Fría, que beneficia a usuarios residenciales de la Patagonia, la Puna y Malargüe, donde el consumo energético es estructuralmente más elevado por las condiciones climáticas. La normativa vigente garantiza la existencia de este esquema hasta el 31 de diciembre de 2031.

Hasta la publicación del Decreto 266/2026, la facultad de tocar ese recargo residía formalmente en el Presidente de la Nación. Con la firma de Milei, esa potestad pasó al Ministerio de Economía, que ahora podrá operar los ajustes «con las modalidades que considere pertinentes», según el texto oficial.

La justificación oficial y lo que no dice

El decreto argumenta que la delegación responde a la necesidad de una «mejor administración que permita concretar las metas políticas diagramadas» y que el ejercicio de esa facultad por parte de Economía «resulta impostergable para una mejor gestión de gobierno».

En paralelo, fuentes oficiales reconocieron que el fondo es actualmente deficitario: con el tope del 7,5%, los ingresos no alcanzan para cubrir la demanda del régimen de Zona Fría. «Está la facultad de aumentar el recargo, pero todavía no es claro cuándo se va a aplicar. No quiere decir que el mes que viene se aplique un aumento, pero está la facultad de hacerlo», admitió la misma fuente.

Lo que el Gobierno no dice es que el recargo lo pagan todos los usuarios del país, no solo los beneficiarios de Zona Fría. Cualquier suba impactará en las facturas de millones de hogares en todo el territorio nacional, en un contexto en que el poder adquisitivo ya acumula meses de deterioro y la inflación del primer trimestre de 2026 rondó el 9%, según proyecciones privadas.

Una curiosa excepción en la política de fondos fiduciarios

El dato no es menor: según fuentes oficiales, el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas es el único fondo fiduciario que el Gobierno se comprometió a no disolver en 2026 durante la primera revisión del acuerdo firmado con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Mientras la administración Milei liquidó decenas de fondos fiduciarios como parte del ajuste fiscal, este sobrevivió por el peso del lobby de las provincias patagónicas y la sensibilidad política que implica tocar el calefón en el invierno del sur.

La paradoja es elocuente: un gobierno que se presenta como el mayor enemigo del Estado interventor mantiene uno de los subsidios energéticos más concretos del sistema tarifario argentino, aunque ahora con la llave en manos de Caputo para ajustar el costo que paga el conjunto de los usuarios.

La recaudación y el control de los fondos quedan bajo la órbita de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ente autárquico en el ámbito del propio Ministerio de Economía.

Puntos clave:

  • El Decreto 266/2026, firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial, delega en el Ministerio de Economía la facultad de modificar el recargo del Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.
  • El recargo actual es de hasta el 7,5% sobre el precio del gas en el PIST; con la nueva norma, podría llegar al 11,25%.
  • El fondo es deficitario, según reconocieron fuentes oficiales: los ingresos actuales no cubren la demanda del régimen de Zona Fría.
  • El impacto de cualquier suba recaería sobre todos los usuarios del país, no solo los de zonas frías.
  • Este es el único fondo fiduciario que el Gobierno se comprometió a preservar ante el FMI en 2026.
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