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Otro mes, otro golpe: las prepagas vuelven a ajustar las cuotas en mayo

Las principales empresas de medicina privada confirmaron incrementos de hasta el 3,4% para el mes de mayo, en línea con la inflación de marzo registrada por el INDEC, en un esquema de actualización mensual que ya se consolidó como una presión fija sobre el bolsillo de los afiliados.

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El Argentino Diario-Medicina prepaga-Swiss Medical.

Prepagas: nuevo aumento en mayo con acumulado que ya supera el 29% anual

★ Las cuotas de la medicina prepaga vuelven a subir en mayo. Las principales empresas del sector notificaron a sus afiliados incrementos de hasta el 3,4%, cifra que replica el índice de inflación de marzo publicado por el INDEC y que profundiza una tendencia que no da respiro desde principios de año. En un contexto de salarios deteriorados y desempleo en alza, la salud privada se convierte, mes a mes, en un lujo cada vez más difícil de sostener para millones de argentinos.

Empresa por empresa: quién sube y cuánto

Según información publicada por TN y confirmada por ADNSUR, entre las empresas que aplicarán el aumento más alto de 3,4% se encuentran Swiss Medical, Sancor Salud, Avalian y Prevención Salud. También Galeno informó aumentos para el mes próximo, en tanto que OSDE había notificado inicialmente un incremento del 3,4% pero, ante el malestar de sus más de 2,3 millones de afiliados y una reunión con funcionarios nacionales, rectificó los valores: aplicará un 2,6% para el plan 210 y un 2,9% para los planes 310 y 410, con un promedio final cercano al 2,74%.

Desde la empresa justificaron la corrección al señalar que observaron «la estabilidad del dólar y los acuerdos alcanzados entre el Gobierno y los laboratorios» como factores que habilitaban una actualización menor.

Un acumulado que aplasta

Los aumentos de mayo no son un hecho aislado sino la continuación de una cadena que no se interrumpió en ningún mes del año. Durante el primer trimestre de 2026, las cuotas acumularon una suba cercana al 7,6%, según consignó ADNSUR. En términos interanuales, el incremento promedio de las prepagas alcanza el 29,7% en todo el país, con valores similares en el Gran Buenos Aires.

La dinámica de ajustes mensuales se consolidó de manera definitiva. Cada empresa actualiza sus valores al ritmo de la inflación sin esperar acumulaciones trimestrales, lo que genera una presión constante sobre los presupuestos familiares. Según datos del sector, seis de cada diez afiliados evaluaron planes más económicos o compararon precios durante el último trimestre, en busca de alternativas para sostener la cobertura médica sin resignar otros gastos esenciales.

La desregulación como origen del problema

El esquema de aumentos mensuales automáticos no es casual: responde directamente al proceso de desregulación impulsado por el gobierno de Javier Milei. A través del Decreto 102/2025, publicado en el Boletín Oficial, la administración de La Libertad Avanza profundizó la liberalización del sistema al permitir que las prepagas establezcan libremente los valores de las cuotas de todos sus planes y que el porcentaje de ajuste varíe según las características de cada plan. La medida amplió la liberalización que el propio gobierno había iniciado en 2024.

Desde el Gobierno, el vocero Manuel Adorni y fuentes oficiales relativizaron el impacto al sostener que «al igual que ocurrió en 2025, el IPC salud viene por debajo del IPC general en 2026», atribuyendo ese resultado a la desregulación, la estabilidad cambiaria y la reducción de impuestos. Sin embargo, el dato concreto es que el primer trimestre del año acumuló un alza cercana al 7,6% solo en cuotas de medicina prepaga, en un contexto donde los salarios reales no recuperaron el terreno perdido durante la gestión Milei.

El costo real para las familias

El impacto económico es concreto y cuantificable. El costo promedio mensual de una cuota en prepagas nacionales supera los $110.000 y $120.000 por persona. Para una familia tipo de tres integrantes, eso representa más de $330.000 mensuales destinados exclusivamente a cobertura médica privada, en un país donde el salario mínimo no alcanza para cubrir esa cifra.

El sector también recibe el impacto de la contracción del empleo formal. La transformación de relaciones de trabajo en modalidades de monotributo redujo los aportes al sistema y elevó el esfuerzo económico que deben realizar muchos trabajadores para sostener su cobertura. Según datos del propio sector, la pérdida de empleo formal registrada desde noviembre de 2023 también redujo la base de afiliados, lo que presiona aún más sobre los costos por usuario activo.

Además, los aumentos en las prepagas tienen un efecto directo sobre el Índice de Precios al Consumidor del mes en que se aplican. Las subas en medicina privada introducen presión alcista sobre el IPC de mayo, en un contexto donde otras categorías mostrarían una dinámica más moderada.

Puntos clave

  • Las principales prepagas confirmaron aumentos de hasta el 3,4% para mayo de 2026, en línea con la inflación de marzo del INDEC.
  • OSDE rectificó su incremento inicial del 3,4% y aplicará un promedio del 2,74% tras reunirse con funcionarios del Gobierno nacional.
  • El acumulado del primer trimestre de 2026 alcanza el 7,6% en cuotas de medicina prepaga, con un incremento interanual del 29,7% a nivel nacional.
  • El Decreto 102/2025 del gobierno de Milei profundizó la desregulación del sistema, habilitando a las empresas a fijar libremente los valores de cada plan.
  • Una cuota promedio en prepagas nacionales supera los $110.000 mensuales por persona, representando una carga creciente para las familias en contexto de salarios deteriorados.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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