Mientras la causa judicial por los lotes de fentanilo contaminados con bacterias mantiene en vilo al sistema sanitario, documentos oficiales revelan que la droguería ALFARMA SRL, propiedad de Ariel García Furfaro, había facturado millones al Estado nacional apenas meses antes del estallido del escándalo. Las adjudicaciones, que totalizan más de 18 millones de pesos, se concretaron entre febrero y abril de 2025 a través de dependencias como el Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur (INAREPS) y el Hospital Nacional «Dr. Ramón Carrillo».

Los expedientes administrativos, a los que accedió Agencia Noticias Argentinas, muestran una cronología que contrasta llamativamente: mientras organismos estatales adjudicaban contratos millonarios a la empresa, apenas semanas después la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) la suspendía por incumplimientos «muy graves y graves» en sus procesos de distribución.

Los contratos que comprometieron al Estado

La adjudicación más voluminosa se materializó a través de la Orden de Compra Nº 88-0005-OC25, perfeccionada el 25 de febrero de 2025. El documento consigna la compra de adrenalina, soluciones, antibióticos y antiulcerosos por un monto neto de $16.074.194, destinados al Servicio de Farmacia del INAREPS en Mar del Plata. El plazo contractual se extendía hasta el 27 de marzo, apenas 30 días para un suministro hospitalario de semejante envergadura.

Dos meses después, en abril, el Hospital Nacional «Dr. Ramón Carrillo» adjudicó a ALFARMA otros $2.201.996 a través de una compulsa abreviada por «urgencia sanitaria», específicamente para la «adquisición de medicamentos y repelentes para campaña contra el dengue». La empresa se quedó con los renglones 1 y 2, que incluían soluciones de rehidratación y sueros.

En este segundo expediente, resulta revelador que HLB PHARMA —vinculada al grupo empresario— presentó certificados del Registro de Especialidades Medicinales con validez hasta octubre de 2026, todos firmados por Ariel Fernando García como socio gerente. La documentación sugiere una operatoria que trascendía a una sola razón social.

La Pampa ya había cortado vínculos en 2022

No todas las jurisdicciones mantenían relaciones comerciales con la controvertida droguería. El Ministerio de Salud de La Pampa emitió un comunicado aclarando que desde 2022 tiene suspendida toda relación comercial con ALFARMA, tras detectar «irregularidades en controles previos» que derivaron en sanciones económicas.

Este antecedente provincial contrasta notablemente con la confianza que le dispensaron los organismos nacionales, planteando interrogantes sobre los mecanismos de control y evaluación de proveedores en el ámbito federal.

El martillazo de ANMAT llegó en junio

La realidad se impuso el 12 de junio de 2025, cuando ANMAT dictó la Disposición 3989/2025 suspendiendo preventivamente la habilitación de ALFARMA para efectuar tránsito interjurisdiccional de medicamentos. La medida se fundamentó en una inspección que detectó incumplimientos graves en la planta de Garay 538, en Rosario.

Según el organismo regulador, la empresa no pudo presentar documentación que avalara movimientos registrados en su sistema de gestión y declaró carecer de «la totalidad de la documentación de distribución» durante el control. Una falta imperdonable para una droguería que manejaba medicamentos destinados a hospitales públicos.

Las defensas de García Furfaro: del autorecall al sabotaje

Frente a la presión judicial y mediática, García Furfaro desplegó una estrategia defensiva que incluye desde el reconocimiento parcial hasta la denuncia de sabotaje. En declaraciones públicas, el empresario afirmó que su empresa realizó un «autorecall» (retiro voluntario) el 8 de mayo, antes de que ANMAT ordenara prohibiciones públicas.

«Si alguien hubiera querido hacerle una maldad a mi industria, sabía cómo», declaró Furfaro, en una frase que mezcla admisión de vulnerabilidad con denuncia contra terceros. Además, relativizó la peligrosidad de la bacteria Klebsiella hallada en los lotes, sosteniendo que «está en el 90% de los sanatorios».

Lugones apunta contra la «connivencia política»

El ministro de Salud, Mario Lugones, elevó la temperatura política del caso con declaraciones que trascienden lo sanitario. «Furfaro y esta banda de delincuentes estaban relacionados con la política», sostuvo en declaraciones a Infobae, al tiempo que anunció un sumario interno en el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).

Las sospechas de Lugones apuntan directamente a la trayectoria empresarial: «Si no explíquenme cómo tenía una verdulería en el conurbano y terminó teniendo aviones, cómo hizo para crecer tanto en tan poco tiempo si no es con connivencia política». El ministro también recordó que el gobierno de Alberto Fernández «se acercó a ellos para ir a buscar la vacuna Sputnik a Rusia y no pudieron avanzar porque estaban flojos de papeles».

Una cronología que interpela al Estado

Los números y las fechas trazan un cuadro que interpela los mecanismos de control estatal:

• Febrero 2025: INAREPS adjudica $16.074.194 a ALFARMA
• Abril 2025: Hospital Carrillo suma otros $2.201.996 por urgencia sanitaria
• Mayo 2025: Primeras denuncias públicas y allanamientos
• Junio 2025: ANMAT suspende a la droguería por incumplimientos graves

La pregunta que surge es elemental: ¿cómo el Estado contrató por más de 18 millones a una empresa que, apenas semanas después, sería objetada por deficiencias graves en trazabilidad y distribución? La respuesta parece estar en los expedientes judiciales que avanzan en sede federal y en el sumario administrativo que prometió el propio ministro Lugones.

Puntos clave:

• ALFARMA SRL facturó $18.276.190 al Estado entre febrero y abril de 2025
• La empresa fue suspendida por ANMAT en junio por incumplimientos «muy graves»
• La Pampa había cortado relaciones comerciales con la droguería desde 2022
• García Furfaro atribuye la contaminación a sabotaje o acciones de un exempleado
• El ministro Lugones denunció «connivencia política» y abrió sumario interno