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Villarruel fulminó a los políticos presentes en la misa de Luján: “Estaba lo peor de la casta”

La vicepresidenta se ausentó de la misa de Luján tras un cambio de protocolo que la ubicaba en la misma primera fila que el jefe de Gabinete. En su lugar, concurrió a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos de Almagro, donde Jorge Bergoglio fue bautizado.

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El Argentino Diario-Victoria Villarruel.

Villarruel disparó contra “lo peor de la casta”, aunque la foto a la que se refería tenía en el centro a Adorni

★ La vicepresidenta Victoria Villarruel no solo decidió ausentarse de la misa oficial por el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco en la Basílica de Luján, sino que, luego de participar de una ceremonia alternativa en la iglesia donde fue bautizado Jorge Bergoglio, salió con los tapones de punta y cuestionó duramente a quienes sí asistieron al acto central convocado por la Conferencia Episcopal Argentina.

Decisión de último momento

Según trascendió, Villarruel se encontraba en pleno viaje hacia Luján cuando decidió dar marcha atrás. El motivo fue un cambio de protocolo: el ceremonial del Senado había acordado el lunes que la vicepresidenta se ubicaría en la primera fila junto al presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Sin embargo, al llegar al lugar, el ordenamiento asignaba esa primera fila a los miembros del Gabinete, con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, al frente.

Molesta por la modificación, Villarruel cambió el destino y se dirigió a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos, en el barrio porteño de Almagro, el templo donde Bergoglio fue bautizado en la Navidad de 1936.

«Vine acá que es el lugar donde el Papa fue bautizado, donde se hizo hijo de Dios», declaró la titular del Senado ante las cámaras.

La andanada contra «la casta»

Las declaraciones de Villarruel no se limitaron a explicar su ausencia. La vicepresidenta cargó con dureza contra quienes participaron de la misa de Luján y, en particular, contra la politización del acto.

«La ceremonia tenía un contenido que era el recuerdo al Papa. Era una ceremonia en la que estaba lo peor de la casta política. Yo en eso soy coherente con mis creencias. Soy católica, vengo a misa y quiero estar entre mis compatriotas», señaló.

La invocación del concepto de «casta», bandera histórica del discurso de La Libertad Avanza, resulta reveladora: Villarruel la usó para impugnar una ceremonia en la que estuvieron presentes el propio jefe de Gabinete de la administración libertaria y varios de sus ministros. En la primera fila de Luján se sentaron, entre otros, Adorni, el ministro del Interior Diego Santilli, el presidente de Diputados Martín Menem y el presidente provisional del Senado Bartolomé Abdala, todos parte del oficialismo que ella integra formalmente.

La foto con “lo peor de la casta política”, con Adorni en el centro.

La vicepresidenta trazó además un paralelo con el 2 de abril: «Como el 2 de abril, me parece que la política se mete en fechas que son de la gente. Yo prefiero estar con la gente, con otros argentinos», insistió.

La interna que no cesa

El episodio volvió a poner en primer plano la fractura que recorre al Gobierno. Adorni es, dentro del mapa del poder libertario, un hombre del sector político de Karina Milei, y que es la decisión de la secretaria general de la Presidencia la que lo mantiene en el cargo a pesar de los cuestionamientos judiciales que pesan sobre él y la actitud de Villarruel puede leerse como una batalla más de la guerra que le declaró la secretaria general de la Presidencia.

El propio Adorni había definido en febrero la relación con Villarruel con una frase lapidaria: «Es la Vicepresidente, pero no forma parte de las decisiones, no es parte de la gestión y no es siquiera parte de nuestra mesa política». El episodio de Luján fue, para la vice, una forma de responder con hechos.

Con Javier Milei y Karina Milei de gira en Israel, Villarruel era la primera magistratura del país al momento del acto. Aun así, su ausencia fue la nota política más comentada de la jornada.

Por su parte, el gobernador bonaerense Axel Kicillof, que sí estuvo en Luján, aprovechó para disparar también, aunque en una dirección distinta. «Al papa Francisco no solo hay que recordarlo en las palabras y en la foto, sino en sus enseñanzas, haciendo lo que dijo. Que cada uno lo tome con seriedad, estamos en una época donde se respira guerra y nos dicen que el mercado es un Dios, y el Papa fue muy claro: es exactamente lo contrario lo que dijo», señaló el gobernador.

El mensaje de la Iglesia, incómodo para todos

La homilía del titular de la Conferencia Episcopal Argentina, monseñor Marcelo Colombo, no pasó desapercibida. «Muchos nos hemos lamentado de no haberlo tratado bien, de haber sido mezquinos como sociedad e incluso como Iglesia al no haber recogido sus propuestas», expresó. «Nos queda aprender de una buena vez y no seguir castigándonos con la indiferencia, el desinterés, la agresividad permanente en el lenguaje y los gestos violentos», añadió.

El llamado resonó con particular ironía en el contexto de una jornada que, en nombre del homenaje al Papa de los pobres y el diálogo, terminó siendo protagonizada por las disputas internas de un gobierno que hace del conflicto permanente su modo de gestión.

Puntos clave

  • Villarruel se ausentó de la misa de Luján tras un cambio de protocolo que la ubicaba en la misma primera fila que el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
  • En su lugar, concurrió a la Basílica María Auxiliadora y San Carlos de Almagro, donde Jorge Bergoglio fue bautizado.
  • En declaraciones televisivas, calificó a los asistentes a la misa de Luján como «lo peor de la casta política», incluyendo de hecho a los propios funcionarios del Gobierno que la integra.
  • Adorni y varios ministros del Gabinete estuvieron en la primera fila de Luján; la Conferencia Episcopal llamó a dejar atrás «la agresividad permanente en el lenguaje».
  • La fractura entre Villarruel y el núcleo duro libertario, liderado por Karina Milei, quedó expuesta una vez más en un acto de alto contenido simbólico.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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