Denuncia
García Furfaro sobre el fentanilo: “Si tengo algo que ver, que me corten la cabeza”
El empresario dueño de HLB Pharma y Ramallo S.A. intentó defenderse públicamente con declaraciones polémicas, mientras fue acusado por familiares de las víctimas de «irrespetuoso» y «desesperado», en medio de una tragedia que ya cobró alrededor de 90 vidas confirmadas.
Ariel García Furfaro, el empresario kirchnerista en el centro de la tormenta por el fentanilo adulterado que provocó una masacre sanitaria sin precedentes, salió a dar la cara con una defensa tan polémica como desesperada. En diálogo con TN, el dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. lanzó una frase que le va a costar caro: «Si tengo algo que ver con el fentanilo contaminado y las muertes, que me corten la cabeza».
Sus palabras cayeron como una bomba en el medio de una tragedia que ya cuenta 87 muertes confirmadas y nueve más bajo investigación en Bahía Blanca. Pero lejos de calmar las aguas, García Furfaro se hundió más con cada intervención.
Las declaraciones que indignan
El empresario no solo minimizó la tragedia, sino que directamente negó la realidad: «Por el momento no se demostró que alguna ampolla haya matado a una persona», sostuvo con una frialdad que hizo estallar la bronca de los familiares de las víctimas.
Luis Ayala, papá de Leonel, una de las víctimas fatales, no se guardó nada: «Venimos escuchando a Furfaro y la verdad es que es un irrespetuoso con lo que dice, se contradice él mismo, se nota que está desesperado porque todo apunta contra su figura y empresa», expresó.
La historia de Leonel, de 32 años, es un espejo de la tragedia nacional. En marzo fue al hospital por un fuerte dolor abdominal, le perforaron el páncreas durante una endoscopia y terminó en el hospital Italiano de La Plata. Para aliviar los dolores le inyectaron fentanilo adulterado. «Fue instantáneo. Le inyectaron el fentanilo y empezó a desmejorar. Su salud cayó en picada durante los días siguientes», recordó Luis, todavía atravesado por el dolor.
Las teorías conspirativas
García Furfaro no se conformó con negar su responsabilidad. En una presentación judicial de julio, el empresario desplegó una teoría digna de una película clase B: acusó al ex diputado provincial Andrés Quinteros de estar detrás de la contaminación del fentanilo, basándose en que un sereno vio sobrevolar un helicóptero por las noches cerca del laboratorio Ramallo S.A.
Según el empresario, esto «lo llevó a pensar» que se utilizó el helicóptero para arrojar «algún producto incriminante (veneno) en el predio exterior del laboratorio, para simular luego un hallazgo accidental». Una explicación tan insólita como desesperada.
En las declaraciones ante TN, García Furfaro no pudo ocultar su fanatismo por Cristina Fernández de Kirchner: «¿Cómo no la voy a admirar a Cristina si dicen que no es abogada?», declaró. También admitió su admiración por el ex presidente paraguayo Horacio Cartes y justificó la aparición de su domicilio en una empresa de Lázaro Báez.
La bronca de las víctimas y la responsabilidad del Estado
Mientras García Furfaro se enredaba en teorías conspirativas, Luis Ayala marcó la cancha: «Lo niega porque está acorralado y trata de cubrirse, pero nosotros vimos con el caso de mi hijo como empeoró su salud». Y fue más allá: «Esta es la peor crisis sanitaria a nivel mundial respecto a un medicamento adulterado».
El papá de Leonel se reunió con el juez Ernesto Kreplak para conocer el avance de la causa, y aunque esperaba que lo apartaran por no haber logrado detenciones, salió con expectativas: «Me explicó que iba a pasar en la causa y que estaba al 100% comprometido. Al parecer van a haber novedades en estos días».
Sobre las declaraciones de Javier Milei en La Plata, Luis fue contundente: «Yo le diría que no se meta porque su gobierno también es responsable, junto con el de la provincia de Buenos Aires y otros organismos como la ANMAT».
Una cadena de responsabilidades
Los familiares de las víctimas tienen claro que García Furfaro no es el único responsable. «Hay una cadena de responsables. No es solo Furfaro, primero vamos por él, con toda la tropa que tiene, y después por los demás», advirtió Luis Ayala.
El caso del fentanilo adulterado expone las fallas de un sistema de control sanitario que permitió que medicamentos contaminados llegaran a los hospitales. Mientras García Furfaro intenta salvarse con declaraciones escandalosas y teorías conspirativas, las víctimas y sus familias siguen esperando justicia en una tragedia que marca un antes y después en la historia sanitaria argentina.
La defensa pública del empresario kirchnerista, lejos de limpiar su imagen, profundizó la indignación social y dejó al descubierto la desesperación de quien sabe que todas las miradas apuntan hacia él en una de las mayores tragedias sanitarias del país.
Puntos clave:
- García Furfaro desafió públicamente diciendo que si tiene responsabilidad «que le corten la cabeza»
- El empresario negó que se haya demostrado que las ampollas mataran a algún paciente
- Familiares de víctimas lo acusan de «irrespetuoso» y «desesperado» por minimizar la tragedia
- El caso ya registra 87 muertes confirmadas y nueve más bajo investigación
- García Furfaro presentó teorías conspirativas sobre helicópteros y sabotaje externo
Denuncia
Dalbón pide detener a Caputo y Bausili: pérdida de más de mil millones de dólares en derivados de oro del BCRA
El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, del presidente del Banco Central y del director de la entidad por las operaciones con derivados sobre las reservas de oro que registraron un resultado negativo de más de 1.023 millones de dólares, según consignó la Auditoría General de la Nación. La causa también alcanza al entorno de la diputada Marcela Pagano, quien presentó una denuncia penal en agosto.
Las operaciones con derivados sobre el oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dejaron un resultado negativo de 1.023 millones de dólares, según surge de la Auditoría General de la Nación (AGN). Ese número, que ningún funcionario del gobierno de Javier Milei explicó con documentación pública suficiente, es hoy el eje de un pedido de detención contra los máximos responsables de la política económica y monetaria del país.
El abogado Gregorio Dalbón presentó ante la justicia federal la solicitud de detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y del director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet. Les atribuye los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.
Las figuras penales y el rol de Caputo
En declaraciones televisivas, Dalbón precisó los fundamentos jurídicos de la presentación. «Las operaciones con el oro del BCRA deben investigarse, bajo las figuras de defraudación en perjuicio de la administración pública (art. 174, inc. 5 del Código Penal), abuso de autoridad (art. 248) e incumplimiento de los deberes de funcionario público (art. 249), sin perjuicio de otras calificaciones que surjan de la prueba», señaló el letrado. Y agregó: «Por ejemplo la asociación ilícita como jefe: Luis Caputo. La Justicia deberá determinar los delitos y el rol de quiénes son los responsables».
El escrito también solicitó medidas cautelares: prohibición de salida del país, impedimento de acceso a áreas del BCRA y del Ministerio de Economía donde exista documentación relacionada con la investigación, y prohibición de comunicación con funcionarios, auditores o testigos.
El desglose de las pérdidas: opciones, primas y cobertura
Según detalla la denuncia, el resultado negativo de 1.023 millones de dólares se conforma de dos componentes. Por un lado, $1.400.793 millones (equivalentes a 960,2 millones de dólares) registrados como resultado negativo por opciones. Por otro, $68.362 millones (equivalentes a 62,8 millones de dólares) en concepto de primas de opciones abonadas. En paralelo, la tenencia de oro registró durante el ejercicio una ganancia por diferencias de cotización de $8.002.500 millones, dato que el BCRA utilizó para relativizar el impacto de la operatoria.
Dalbón también señaló que el BCRA concertó derivados liquidables en dólares con fines declarados de cobertura, y que al cierre de 2025 la entidad ya no mantenía posiciones de ese tipo. La pregunta que la justicia deberá responder es si esa cobertura fue técnicamente justificable o si constituyó una operación en perjuicio del Estado.
El juez Lijo y la obstrucción a la auditoría
Al ser consultado sobre el paradero del oro, Dalbón apeló directamente a la cadena judicial: «Yo creo que (el juez) Ariel Lijo tiene la responsabilidad junto con el fiscal Pollicita de averiguar». El abogado expresó confianza en que la ampliación del martes, que incluirá el pedido formal de detención de Bausili y Curutchet, será tomada con seriedad por el magistrado.
Sobre los motivos para solicitar la detención a pesar de que no habría peligro de fuga, Dalbón fue directo: «Está comprobado que han obstruido a la Justicia en base a lo que fue el examen que Olmos leyó en la auditoría. Está comprobado que mintieron en la auditoría». La AGN, según surge de los documentos citados en la presentación, registró el resultado negativo de las operaciones con egresos de divisas y constató que el ejercicio 2025 no había sido debidamente auditado por demoras del BCRA en enviar la información requerida.
Pagano había denunciado primero: casi cuatro billones sin destino trazable
La denuncia de Dalbón se suma a la que la diputada Marcela Pagano presentó en agosto pasado. En su cuenta de la red social X, Pagano comunicó: «DENUNCIÉ PENALMENTE A CAPUTO Y BAUSILI. Casi $4 BILLONES de fondos públicos quedaron sin destino públicamente trazable». Y citó la respuesta del presidente del BCRA ante ese cuestionamiento: «En algún lado están».
La legisladora consideró que esa contestación «no alcanza» e hizo hincapié en que «la plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra». Concluyó: «Ahora van a tener que explicar ante la Justicia dónde estuvo cada peso, quién dio la orden y quién se benefició».
La causa concentra así dos denuncias penales convergentes, sumadas a la investigación en curso ante el juez Lijo y el fiscal Pollicita, que ya en septiembre tramitaba la ampliación presentada por senadores peronistas sobre las contradicciones del BCRA respecto a la ubicación de los lingotes, supuestamente depositados en el Banco de Pagos Internacionales de Suiza pero señalados por distintas fuentes como radicados en el Bank of England de Londres.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención de Luis Caputo, Santiago Bausili y Juan Curutchet por administración fraudulenta, abuso de autoridad y asociación ilícita.
- La AGN registró un resultado negativo de 1.023 millones de dólares en las operaciones con derivados de oro del BCRA durante 2025.
- Dalbón afirmó que los imputados mintieron en la auditoría y obstruyeron a la Justicia, argumento central para justificar los pedidos de detención.
- La diputada Marcela Pagano ya había denunciado penalmente a Caputo y Bausili en agosto, señalando casi $4 billones sin destino trazable.
- La causa se acumula a la investigación del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, que también tramita la ampliación de senadores peronistas sobre el paradero del oro del BCRA.
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