La ministra de Salud, Carla Vizzotti, y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra, respaldaron este miércoles el proyecto de ley enviado por el Gobierno para establecer criterios básicos epidemiológicos que mitiguen la pandemia de coronavirus en el país y afirmaron que las facultades que se propone otorgar al Poder Ejecutivo «son constitucionales».

Durante un plenario de comisiones del Senado, el oficialismo adelantó no obstante, a través del jefe de senadores del Frente de Todos, José Mayans, que si es necesario incorporar modificaciones a la iniciativa se podrá hacer en la discusión en el recinto, prevista para la semana próxima.

En la apertura de las exposiciones de hoy, la ministra Vizzotti ratificó que «se ha visto una disminución» del crecimiento de casos de Covid en todo el país como consecuencia de las medidas sanitarias adoptadas en todas las jurisdicciones.

«Recién ahora en la semana 17 se registra una disminución que todavía hay que ver la tendencia pero por primera vez en todo el país y también en AMBA (Área Metropolitana de Buenos Aires) se está intensificando esa tendencia de dejar de aumentar el número de casos todavía con tensión en el sistema de salud», explicó.

Ante los senadores de las comisiones de Salud y Asuntos Constitucionales, Ibarra, por su parte, consideró que «es un enorme desafío administrar las restricciones de derechos» en medio de una pandemia y destacó la importancia de contar con apoyo del Congreso para sancionar una ley que reglamente las medidas para mitigar la expansión del virus.

La funcionaria declaró que el Gobierno acude al Congreso «con la vocación de trabajar para tener una ley que permita tener un marco previsible y que cada jurisdicción sepa qué medidas tienen que enfrentar de acuerdo a la situación en que viven».

«No hay ningún menoscabo de las competencias de gobernadores, no hay restricción a medidas que ellos tomen», explicó, pero aclaró que «todas las medidas tienen contexto científico, algunas más controversiales que otras, pero ninguna parece irrazonable en el marco de calificaciones de situaciones de riesgo».

Ibarra aclaró que «no son muchas las delegaciones legislativas que se generan para el poder Ejecutivo nacional» y sostuvo que «la mayor intensidad se presenta en situaciones de alto riesgo, luego de que no demostraron un adecuado funcionamiento o resultados las medidas adoptadas por las autoridades locales y en alarma epidemiológica».

Respecto a las clases presenciales, aclaró que «todos» desean «tener clases presenciales» pero que «para poder garantizar ese derecho no se deben desbordar los sistemas de salud, no queremos que se permanezca en situación de alarma».

Añadió que todas las medidas que se prevén en este proyecto de ley que adopten los gobernadores o gobernadoras o que adopte en su momento por facultades delegadas el Presidente de la Nación, van a tener que estar sometidas al chequeo de su eficacia».

«Se establece un máximo de 21 días para que se pueda valorar su eficacia. Esto tiene el sentido de plantear que no se hagan prórrogas per se», recalcó, y ratificó que se trata de «medidas constitucionales».

En representación de la oposición, el jefe de los senadores de Juntos por el Cambio Luis Naidenoff y la vicepresidenta de la comisión de Asuntos Constitucionales, Laura Rodríguez Machado, cuestionaron el «escaso tiempo» otorgado acercar aportes a la propuesta oficial.

Mayans, en tanto, informó que el objetivo del oficialismo es «emitir dictamen hoy mismo», algo que fue objetado por los opositores, y adelantó que se podrán incluir cambios a la norma en el recinto.

El senador oficialista criticó a la oposición al señalar que «la estrategia Bolsonaro (por el presidente de Brasil) es la que quiere aplicar la oposición de cuanto peor, mejor» y le reprochó que «si hubiese tenido este mismo celo por la Constitución la Argentina no estaría quebrada como está».

En la ronda de preguntas, los legisladores opositores recriminaron a las funcionarias la falta de consenso logrado para el envío del proyecto y la toma de decisiones inconsultas con gobernadores como el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta respecto de las clases presenciales.

El momento de mayor tensión fue cuando Naidenoff recriminó la diferencia en el registro de casos que, dijo, se observan entre los datos nacionales y los de algunas provincias como Formosa y las disposiciones del gobernador de ese distrito, Gildo Insfrán, respecto al aislamiento de personas sospechosas de padecer Covid.

«Están secuestrando gente, es una barbaridad lo que dice la ministra», exclamó el senador radical a lo que Vizzotti respondió que se trata, en algunos casos, de «aislamientos extrahospitalarios» y le pidió «no faltar a la verdad».

Concluida la ronda de preguntas, los senadores pasaron a un cuarto intermedio hasta las 14, cuando expondrán los constitucionalistas Alejandro Fargosi, Roberto Gargarella, Féliz Lonigro, Daniel Sabsay, Andrés Gil Domínguez, Mariano Bar y Domingo Rondinas, y los médicos Arnaldo Rubin, Guillermo Durán, Roberto Debbag y Conrado Estol.