⬛ El productor de cine Hugo Sigman, conocido por llevar a la pantalla grande «El Eternauta», fue imputado en una causa penal que investiga el controvertido acuerdo entre el Estado argentino y su laboratorio mAbxience para la producción de la vacuna de AstraZeneca. La denuncia expone un presunto doble estándar entre su perfil público como promotor cultural y sus negocios millonarios con el gobierno durante la pandemia.

La acusación, presentada por la asociación Acción Conjunta Republicana, recayó en el juzgado federal de Julián Ercolini y es instruida por el fiscal Guillermo Marijuan. Según confirmó Noticias Argentinas, el expediente investiga los presuntos delitos de «malversación de caudales públicos e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos», e incluye también al expresidente Alberto Fernández y a los ex ministros de Salud Ginés González García y Carla Vizzotti.

El pago sin contraprestación que genera polémica

El núcleo de la denuncia se centra en una operación financiera que despierta serias dudas. El Ministerio de Salud admitió haber desembolsado más de 53 millones de dólares por un lote de 22,4 millones de dosis que, al momento del pago, no habían sido entregadas al país. Los denunciantes sostienen que Sigman cobró 60 millones de dólares por vacunas que aún no habían llegado a territorio argentino.

Esta situación plantea interrogantes sobre la gestión de fondos públicos en plena emergencia sanitaria, cuando cada decisión tenía impacto directo en la campaña de vacunación contra el COVID-19.

Conflicto de interés en las negociaciones

La acusación también pone el foco en un presunto conflicto de interés que involucra a funcionarios del Ministerio de Salud. Según la denuncia, las negociaciones con el laboratorio competidor Pfizer fueron delegadas por el entonces ministro González García en Sonia Tarragona, una funcionaria que previamente había trabajado para Hugo Sigman.

Esta situación, argumentan los denunciantes, constituiría una violación a la Ley de Ética en la función pública, ya que habría existido una incompatibilidad entre los intereses comerciales del empresario y las decisiones del Estado en materia de política sanitaria.

Avanza la investigación judicial

El fiscal Marijuan ya solicitó la realización de operativos en el Ministerio de Salud y en el laboratorio mAbxience para secuestrar toda la documentación relacionada con la millonaria compra de vacunas. Estas medidas buscan reunir pruebas que permitan esclarecer las circunstancias en que se desarrollaron las negociaciones y los pagos.

La causa promete generar repercusiones en el ámbito político, especialmente porque involucra a figuras centrales de la gestión sanitaria durante la pandemia y expone las tensiones entre los intereses empresariales y la función pública en momentos críticos.

Puntos clave:

• Hugo Sigman fue imputado por presunto conflicto de interés en el contrato de vacunas AstraZeneca
• El Estado habría pagado más de 53 millones de dólares por dosis no entregadas
• La denuncia involucra al expresidente Alberto Fernández y ex ministros de Salud
• Se investiga una posible violación a la Ley de Ética en la función pública
• El fiscal ordenó operativos para secuestrar documentación en el Ministerio de Salud y mAbxience