El fiscal dictamina que la mansión de Pilar, los autos de colección y el helipuerto de Toviggino deben volver al fuero Penal Económico

★ El fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, presentó su dictamen ante los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos solicitando que la causa que investiga la lujosa casaquinta de Villa Rosa, en el partido de Pilar, valuada en torno a los 17 millones de dólares, regrese al fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. La postura del fiscal consolida una posición que, hasta aquí, sostuvieron de manera unánime todos los representantes del Ministerio Público Fiscal que intervinieron en el expediente. Los jueces de la Cámara, que ya recibieron el dictamen, quedan ahora en condiciones de resolver el prolongado conflicto de competencia que mantuvo la investigación paralizada durante meses.

Una propiedad que no cierra en ninguna declaración

La casaquinta en cuestión se extiende sobre una superficie de 105.000 metros cuadrados en Villa Rosa, en el partido de Pilar, y comprende, además del inmueble principal, un helipuerto, caballerizas, piscina, canchas deportivas y una flota de autos de alta gama y de colección, todos bajo la lupa judicial por presuntas maniobras de lavado de activos. La propiedad está registrada a nombre de la sociedad Real Central SRL, integrada por Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una mujer jubilada, a quienes la justicia investiga como presuntos testaferros del tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Pablo Toviggino, hombre de confianza del presidente de la entidad, Claudio «Chiqui» Tapia.

La hipótesis judicial que sostiene la investigación es que los titulares formales de Real Central SRL no tendrían capacidad económica para explicar la adquisición de esos bienes, y que la operación se habría canalizado a través de esa estructura societaria como pantalla. Entre los elementos que abonan esa sospecha, los investigadores hallaron durante los allanamientos un bolso de la AFA y una plaqueta del club Barracas Central, entidad vinculada al presidente de la institución, en el interior de la propiedad.

La instrucción sumó luego documentación que señala la participación de otros integrantes de la familia Pantano, incluyendo a Diego Pantano, hermano de Luciano, como presunto titular formal de otra propiedad vinculada al mismo entramado. La hija de Toviggino también habría figurado en cierto momento como propietaria de un inmueble dentro del mismo circuito.

El laberinto de fueros: cómo la causa cambió de manos tres veces

El expediente tiene un historial procesal que, por sus constantes giros jurisdiccionales, refleja de manera elocuente las disputas de poder que se libran en los pasillos judiciales cuando los investigados tienen peso institucional.

La causa se inició bajo la órbita del Juzgado Penal Económico N° 10, a cargo del juez Marcelo Aguinsky, que fue el primero en disponer medidas de investigación sobre la propiedad y su entramado. Sin embargo, en enero de 2026, la Cámara Federal de San Martín resolvió un planteo de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte y trasladó el expediente al Juzgado Federal de Campana, a cargo del magistrado Adrián González Charvay.

La maniobra, presentada como una disputa técnica de competencia territorial, fue interpretada por distintos actores del proceso como un intento de los investigados por alejarse del fuero especializado en delitos económicos complejos.

Ese fallo fue revertido el 15 de mayo de 2026 por la Cámara Federal de Casación Penal, que anuló la decisión de enero y ordenó que sea la Cámara Nacional en lo Penal Económico quien resuelva el conflicto de competencia con «celeridad». La decisión fue adoptada por mayoría, con los votos de los magistrados Ángela Ledesma y Javier Carbajo, que hicieron lugar al recurso del Ministerio Público Fiscal.

En disidencia, el juez Mariano Borinsky consideró que el recurso de la fiscalía debía declararse inadmisible, y advirtió que los constantes cambios jurisdiccionales generan dilaciones que atentan contra los principios de economía y celeridad procesal.

Después de esa resolución, la Cámara en lo Penal Económico notificó al fiscal Pérez Barberá y le fijó plazo para presentar su postura. Con el dictamen presentado, los camaristas Robiglio y Hornos están ahora en condiciones de emitir su fallo.

La postura del fiscal: Penal Económico, y si no, también Penal Económico

El dictamen de Pérez Barberá establece que el caso debe ser investigado en el fuero Penal Económico de la Ciudad de Buenos Aires. Como primera opción, el fiscal consideró que la causa debería volver al Juzgado Federal a cargo de Daniel Rafecas, donde originalmente se investigó el caso, por tratarse de un expediente con especialización en materia de lavado de activos. Como segunda posibilidad, ante el supuesto de que esa postura no sea aceptada, postuló de todas formas que el expediente debe tramitar en el fuero Penal Económico de CABA. La lógica es clara: la complejidad del caso, que involucra estructuras societarias, activos de alto valor y presuntas operaciones de lavado, exige el conocimiento especializado que ese fuero concentra.

La posición de Pérez Barberá no es novedosa: todos los representantes del Ministerio Público Fiscal que intervinieron en el expediente a lo largo de su historia procesal se pronunciaron en idéntico sentido. El fiscal ante Casación, Mario Villar, había anticipado en mayo de 2026 esa misma postura en el tramo previo del conflicto de competencia.

Una causa que no viaja sola: el procesamiento por aportes impositivos

La investigación por la mansión de Pilar no es la única presión judicial que enfrentan Toviggino y Tapia en este momento. Paralelamente, los mismos camaristas Robiglio y Hornos deben resolver si confirman, modifican o revocan el procesamiento que a fines de marzo de 2026 dictó el juez de primera instancia del fuero Penal Económico, Diego Amarante, contra el presidente de la AFA, el tesorero y otros dirigentes, por la presunta retención indebida de aportes impositivos y de la seguridad social por un monto estimado en 19.300 millones de pesos.

En ese mismo expediente, el propio Pérez Barberá solicitó que se agrave la situación procesal de los imputados, al considerar que el procesamiento original no incluyó incumplimientos vinculados al rubro publicidad. También firmó el 18 de mayo de 2026 un dictamen por el que habilitó la aplicación del instituto de reparación integral del perjuicio para los delitos tributarios y de la seguridad social investigados, lo que podría modificar la estrategia de las defensas. El plazo para que las defensas presentaran sus argumentos de apelación venció, y los camaristas ya pueden resolver.

Un dato que generó ruido en ese expediente es que a Claudio Tapia se le declaró desierta la apelación, ya que su defensa habría omitido presentar el escrito dentro del plazo legal, situación que lo deja en una posición procesal más vulnerable. Si la Cámara confirma los procesamientos, Tapia y Toviggino quedarán en condiciones de ser enviados a juicio oral.

El contexto: el Mundial 2026 como telón de fondo

Las decisiones judiciales que se acumulan sobre la conducción de la AFA llegan a pocos días del inicio del Mundial 2026, un dato que amplifica el peso institucional del momento. Tapia encabeza la dirigencia del fútbol argentino en el evento deportivo más relevante del calendario internacional, mientras al mismo tiempo enfrenta dos causas activas con procesamiento incluido y la posibilidad concreta de que esos procesamientos queden confirmados por la Cámara. La presión sobre la conducción de la AFA nunca fue tan intensa como en este período.

Puntos clave

• El fiscal Gabriel Pérez Barberá dictaminó que la causa de la mansión de Pilar debe tramitarse en el fuero Penal Económico de CABA, en línea con todos los fiscales que lo precedieron en el expediente.
• La propiedad, valuada en torno a los 17 millones de dólares y con 105.000 metros cuadrados en Villa Rosa, incluye helipuerto, caballerizas y una flota de autos de alta gama registrados a nombre de presuntos testaferros.
• La Cámara Federal de Casación anuló en mayo el traslado de la causa al juzgado de Campana y ordenó a la Cámara en lo Penal Económico resolver el conflicto de competencia con «celeridad».
• En paralelo, Tapia y Toviggino aguardan la resolución de su procesamiento por retención indebida de 19.300 millones de pesos en aportes impositivos y previsionales.
• Ambas causas se resuelven con el Mundial 2026 como telón de fondo, en un momento de máxima exposición institucional para la conducción de la AFA.