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Judiciales ⚖️

Rechazaron la declaración virtual: Hugo Sigman va a Comodoro Py por la trama de las vacunas covid

La Justicia federal rechazó el pedido de declaración virtual del empresario farmacéutico; la causa investiga una presunta trama de tráfico de influencias durante la compra de vacunas durante la pandemia de coronavirus.

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Hugo Sigman declarará en Comodoro Py por las vacunas contra el Covid-19

★ El empresario farmacéutico Hugo Sigman deberá presentarse de forma presencial este viernes en los tribunales federales de Comodoro Py. La Justicia rechazó el pedido de sus abogados para declarar de manera virtual en la causa que investiga presuntas irregularidades en la compra de vacunas contra el Covid-19 durante la pandemia.

La indagatoria fue postergada desde el martes 19 de mayo, cuando Sigman debió haber comparecido a las 11 horas por citación del juez federal Ariel Lijo, a instancias del fiscal Carlos Stornelli. En esa misma ronda de declaraciones también fueron convocados la exministra de Salud Carla Vizzotti, la exasesora presidencial Cecilia Nicolini, la científica Silvia Gold, el infectólogo Pedro Cahn y otros exfuncionarios y representantes del sector privado vinculados al área sanitaria.

La hipótesis de la fiscalía: una «matriz de corrupción»

El fiscal Stornelli sostiene que durante las negociaciones de 2020 y 2021 funcionó una «matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses» que habría derivado en la demora deliberada del acuerdo con Pfizer para favorecer los intereses económicos de laboratorios con socios locales en la Argentina.

Sigman quedó en el centro del expediente por el papel que tuvo su laboratorio mAbxience en la producción del principio activo de la vacuna AstraZeneca destinada a América Latina. Durante la emergencia sanitaria, esa planta se convirtió en una pieza clave de la estrategia regional para asegurar el abastecimiento de dosis, en un contexto de intensa competencia global por el acceso a las vacunas.

La investigación también analiza el vínculo histórico entre el empresario y el fallecido exministro de Salud Ginés González García, quien encabezó la cartera sanitaria en la primera etapa de la pandemia y falleció el 18 de octubre de 2024. Los investigadores examinan si esa relación pudo influir en la selección de proveedores o en la firma de acuerdos específicos con laboratorios de presencia local. Por el fallecimiento de González García, el propio Stornelli solicitó a Lijo que declare formalmente extinguida la acción penal en su contra.

Pfizer, 13 millones de dosis y una demora bajo la lupa

En el corazón del expediente se encuentran las negociaciones frustradas con Pfizer. Según consta en documentos judiciales, en agosto de 2020, al inicio de la pandemia, la farmacéutica estadounidense ofreció a la Argentina un cronograma de entrega de 13,2 millones de dosis, de las cuales 3 millones podían disponerse entre fines de 2020 y principios de 2021, período crítico para la inmunización de los grupos de mayor riesgo. El Estado optó, en cambio, por avanzar con otros proveedores: AstraZeneca, Sputnik V y Sinopharm.

La Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, ya ordenó en 2025 reabrir y profundizar la investigación al revocar un archivo de la causa, al considerar que «aún existen incógnitas sobre las negociaciones llevadas a cabo entre el Estado argentino y los representantes de la firma Pfizer». El tribunal subrayó que el ritmo del acercamiento con Pfizer fue «notoriamente» más lento que el registrado con otros proveedores.

En paralelo, el expediente revisa los cambios introducidos en la Ley de Vacunas durante el debate parlamentario de la pandemia, en particular las cláusulas que acotaron la responsabilidad de los fabricantes por eventuales efectos adversos, y cuya redefinición fue central en las negociaciones con Pfizer.

Los delitos investigados y el alcance de las indagatorias

Stornelli solicitó que los imputados sean indagados por los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública, según los artículos 248, 249 y 265 del Código Penal argentino.

El juez Lijo ordenó un total de 15 indagatorias, que se extenderán desde el 19 de mayo hasta septiembre de 2026. Además de Sigman, Vizzotti, Nicolini, Gold y Cahn, la nómina incluye al exsubsecretario de Gestión Administrativa Mauricio Monsalvo, al exdirector nacional de Enfermedades Transmisibles Juan Manuel Castelli, a la exsubsecretaria de Medicamentos Sonia Tarragona y a representantes de compañías vinculadas a la provisión de vacunas. Una vez concluidas las indagatorias, el magistrado deberá resolver si avanza hacia un procesamiento, dicta falta de mérito o dispone el cierre parcial de la causa respecto de algunos de los imputados.

El mismo juzgado, otro expediente de alto impacto

La figura de Ariel Lijo aparece recurrentemente en causas de alto voltaje político. En paralelo a este expediente, el magistrado conduce la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el actual Jefe de Gabinete Manuel Adorni, donde el fiscal Gerardo Pollicita reconstruye un esquema patrimonial que supera los 840.000 dólares de origen no justificado. La simultaneidad de ambas causas bajo el mismo juzgado refleja la concentración de la conflictividad judicial argentina en los tribunales de Comodoro Py.

Puntos clave

  • La declaración de Hugo Sigman, prevista para el 19 de mayo, fue postergada; la Justicia rechazó el pedido de declaración virtual y deberá comparecer de forma presencial este viernes.
  • La fiscalía investiga una presunta demora deliberada en el acuerdo con Pfizer para favorecer laboratorios con socios locales, bajo la hipótesis de una «matriz de corrupción, tráfico de influencias y conflicto de intereses».
  • El laboratorio mAbxience de Sigman produjo el principio activo de la vacuna AstraZeneca para América Latina durante la pandemia.
  • Las 15 indagatorias ordenadas por el juez Lijo se extenderán hasta septiembre de 2026 e involucran a exfuncionarios y empresarios del sector sanitario.
  • Los delitos investigados son abuso de autoridad, violación de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función pública (arts. 248, 249 y 265 del Código Penal).

Denuncia

“No hay delito”: el Gobierno da por cerrado el caso Bolsonaro antes de que la Justicia responda

Con el sobreseimiento de Javier y Karina Milei en la causa $Libra todavía fresco, el oficialismo descuenta que la denuncia por la salida de Flávio Bolsonaro vía Puerto Iguazú no pasará de una etapa preliminar. La fiscal Paloma Ochoa, sin embargo, aún espera datos que podrían definir si hubo incumplimiento de funciones.

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El Argentino Diario-Santiago Caputo.
Fuga de Bolsonaro: qué medidas pidió la fiscal Ochoa y por qué el Gobierno cree que la causa no avanzará.

“No hay delito”, repiten en el oficialismo, aunque la Justicia todavía no respondió la pregunta central: si las autoridades argentinas sabían que Flávio Bolsonaro tenía prohibido salir de Brasil.

La frase resume el estado de ánimo de la Casa Rosada respecto de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero Gabriel Solano contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público. El expediente tramita en Comodoro Py, en el juzgado federal de María Eugenia Capuchetti, con intervención de la fiscal Paloma Ochoa, y por ahora es solo una investigación preliminar, una instancia previa a una pesquisa formal. Según trascendió de operadores judiciales cercanos al Gobierno, en el oficialismo consideran que no existen posibilidades de que se abra una causa “real” sobre el ingreso y la salida de Bolsonaro.

El recorrido de Bolsonaro y las sospechas sobre el Gobierno

El senador y excandidato presidencial brasileño, que perdió el balotaje frente a Luiz Inácio Lula da Silva, dejó su país el martes por la noche y cruzó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, que une Foz do Iguaçu con Puerto Iguazú, Misiones. Según confirmó la Cancillería argentina, ingresó por vía terrestre a las 22:50. Recorrió luego poco más de 20 kilómetros hasta el Aeropuerto Internacional Iguazú, donde abordó un vuelo privado de la empresa Baires Fly rumbo a Estados Unidos.

Las denuncias que llegaron a los tribunales recogen las sospechas que circularon en los medios en los últimos días: desde una supuesta cooperación política de Milei hasta menciones al asesor Santiago Caputo por una aparente colaboración operativa. También alcanzan a los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores) y Alejandra Monteoliva (Seguridad), por los trámites migratorios y la presunta asistencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). El viernes, el diputado nacional Esteban Paulón amplió una presentación que había hecho en Comodoro Py y apuntó contra el titular de esa fuerza y contra integrantes del Ente Binacional Yacyretá, que habrían tenido alguna participación en la trama.

Los dos argumentos que sostienen la confianza oficial

El Gobierno se apoya en dos elementos. El primero es que la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú desestimó una denuncia por el ingreso del excandidato al país al concluir que no hubo irregularidades en el accionar migratorio, decisión que respaldó la Fiscalía de Revisión. El segundo es que en Buenos Aires todavía no existe una causa formal. La fiscal Ochoa no impulsó la investigación apenas recibió la denuncia: le sugirió a la jueza Capuchetti una serie de medidas preliminares para definir, a partir de sus resultados, si corresponde avanzar hacia una pesquisa más amplia sobre las eventuales responsabilidades de funcionarios.

Esas medidas incluyen un exhorto al Gobierno nacional para que preserve las imágenes de las cámaras de seguridad del aeropuerto de Iguazú de los días 27 y 28 de octubre, y pedidos de informes a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles al avión de Baires Fly en el que Bolsonaro viajó con su familia y sobre los pasajeros que abordaron.

La pregunta que todavía no tiene respuesta

Una de las medidas más importantes apunta a determinar si las autoridades argentinas recibieron algún exhorto o aviso sobre la situación judicial de Bolsonaro y la prohibición de abandonar el país que dispuso el juez Alexandre de Moraes. Ese dato es central para establecer un eventual incumplimiento de funciones por parte de funcionarios argentinos, y es justamente el que el oficialismo no explicó.

Por ahora, Migraciones sostuvo que no existía “ningún impedimento legal” para el ingreso, algo que el jueves ratificó el jefe de Gabinete, Diego Santilli. Del lado brasileño, la Policía Federal informó que no constan registros de la salida de Bolsonaro y su familia, a pesar de que De Moraes también había dispuesto insertar una alerta migratoria en el sistema Sonar, que se usa en ese país para controlar los desplazamientos internacionales.

Las autoridades brasileñas aclararon además, en un mismo comunicado, que una restricción vinculada con los documentos de viaje no alcanza por sí sola para considerar fugitivo a alguien ni para autorizar un arresto, una vigilancia permanente u otras medidas cautelares. Ese punto explicaría por qué Migraciones no encontró alertas ni impedimentos en la madrugada del miércoles, cuando Bolsonaro y su familia ya volaban rumbo a Miami.

Lo que viene en Comodoro Py

La semana próxima podría haber una definición sobre la denuncia de Solano. Una vez que llegue la información requerida, lo esperable es que Capuchetti se la remita a la fiscal Ochoa, quien deberá dictaminar si corresponde impulsar la investigación y, en ese caso, proponer medidas de prueba. La fiscal también puede pedir la desestimación de la denuncia si no encuentra elementos. Hasta entonces, la tranquilidad oficial descansa en una expectativa y no en una resolución judicial.

Lo que tenés que saber:

  • En el Gobierno aseguran que “no hay delito” y confían en que la denuncia de Gabriel Solano no prospere.
  • La fiscal Paloma Ochoa pidió medidas preliminares y todavía no impulsó una investigación formal.
  • La Fiscalía de Puerto Iguazú desestimó otra denuncia por falta de irregularidades migratorias, y la Fiscalía de Revisión respaldó esa decisión.
  • Una de las medidas clave busca saber si Argentina recibió aviso de la prohibición de salida dictada por Moraes.
  • La semana próxima podría haber una definición sobre si la causa avanza o se desestima.
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