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Banco Nación lanza plan para refinanciar deudas, ante la morosidad familiar récord del 11,5%

El BNA lanzó un paquete de refinanciación de deudas y tarjetas ante el colapso del crédito familiar, mientras el titular del Banco Central se lavó las manos y cargó la responsabilidad sobre los propios bancos.

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El Argentino Diario-Banco Nación.

El Banco Nación intenta contener una crisis que el propio gobierno generó

★ La fotografía es elocuente: mientras el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA), Santiago Bausili, descartó cualquier intervención oficial ante la explosión de la morosidad familiar y la calificó como «un proceso de aprendizaje para los bancos», el Banco de la Nación Argentina (BNA) salió esta semana con un conjunto de herramientas de refinanciación para intentar contener el daño sobre miles de familias que ya no pueden pagar sus deudas. La contradicción no es menor: el Estado que dice no intervenir, interviene a través de su banco público. La pregunta que queda sin respuesta es por qué llegaron hasta acá.

La morosidad más alta en más de dos décadas

Según el Informe sobre Bancos del Banco Central de la República Argentina, el porcentaje de créditos en situación irregular para personas físicas trepó al 11,5% en marzo de 2026, el nivel más alto desde 2004. Para entender la magnitud del colapso basta una comparación: en octubre de 2024 ese indicador se ubicaba en apenas el 2,5%. En poco más de un año, la morosidad se cuadruplicó.

El desglose por tipo de crédito profundiza el diagnóstico. Los préstamos personales registraron una mora del 14,2%, el mayor nivel de incumplimiento de los últimos quince años. Las tarjetas de crédito alcanzaron el 11,7%, con una variación de 0,1 puntos respecto a febrero. Los créditos prendarios llegaron al 6,9% y las hipotecas, únicas en resistir el derrumbe, se mantuvieron en el 1,4%. Según datos del BCRA, entre los jóvenes menores de 25 años, cuatro de cada diez que tomaron financiamiento presentan dificultades para repagar sus obligaciones, una cifra que expone la dimensión generacional de la crisis.

Detrás de estos números no hay un fenómeno azaroso ni un error de cálculo ajeno. Economistas y analistas vinculados al movimiento sindical y a la economía popular señalan que el deterioro responde a factores estructurales del modelo en curso: la caída del salario real, el aumento de los costos fijos y de los servicios públicos, y el incremento del desempleo, especialmente entre los jóvenes. La expansión del crédito durante 2025, impulsada por la desregulación financiera del gobierno de Javier Milei, encontró a familias con ingresos erosionados por el ajuste y sin capacidad real de repago.

El «kit de soluciones» del Banco Nación

En ese contexto, el BNA anunció tres herramientas de refinanciación para sus clientes.

La primera es una línea de consolidación de deudas, destinada a personas que perciben sus haberes a través de la entidad. Permite reunir obligaciones financieras contraídas tanto en el Nación como en otros bancos, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65%, plazos de hasta 72 meses y montos de hasta $100 millones. A diferencia de un crédito tradicional, los fondos no se acreditan en la cuenta del cliente: el banco transfiere directamente a las entidades acreedoras, cancelando las deudas vigentes, y el usuario pasa a afrontar una única cuota mensual fija.

La segunda herramienta es la refinanciación de saldos de tarjeta de crédito, disponible para usuarios que registren hasta 90 días de atraso en el pago de tarjetas emitidas por la entidad. En este caso la TNA aplicada es del 35%, con plazos de hasta 60 meses.

Para situaciones de irregularidad más avanzada, clasificadas como no judicializadas, el banco dispone de una alternativa con plazos de hasta 96 meses y una TNA del 79%, que refleja el mayor riesgo que asume la entidad. Cada caso, según explicó el banco, es evaluado de manera individual considerando el perfil financiero del cliente. Para acceder, los interesados deben concurrir a cualquier sucursal con documentación que acredite las deudas a consolidar.

Bausili: «No nos vamos a hacer cargo»

La contracara de este movimiento del BNA es la posición del titular del BCRA. El 19 de mayo, durante la presentación del Informe de Política Monetaria (IPOM) correspondiente al primer trimestre de 2026, Bausili fue categórico: «No nos vamos a hacer cargo del dinero de la sociedad, eso no va a pasar. No habrá subsidios del Gobierno al sector privado por haber incurrido en esas pérdidas». Su segundo, Vladimir Werning, aportó el marco conceptual: la morosidad «es un proceso de aprendizaje que lleva su tiempo, no hay que generar una ansiedad por esto».

Semanas después, en el marco del Congreso Económico Argentino organizado por ExpoEFI, Bausili matizó el diagnóstico y aseguró que «los bancos ya vieron el pico de la morosidad» y que «hay indicios alentadores en los datos de marzo y abril». Al mismo tiempo, señaló que los bancos otorgaron la primera ola de créditos «a ciegas», sin un correcto scoring de sus clientes.

La lectura oficial, entonces, descarga la responsabilidad sobre las propias entidades financieras y relativiza la crisis, al tiempo que niega cualquier conexión entre el derrumbe del poder adquisitivo, el tarifazo y la política de tasas activas que durante 2025 triplicó a la inflación y desniveló la capacidad de pago de millones de hogares.

Una crisis que no es accidental

El cuadro actual no surgió de la nada. Como viene señalando el Foro Economía y Trabajo, integrado por economistas como Ricardo Aronskind, Noemí Brenta, Roberto Feletti y Felisa Miceli, entre otros, el ajuste fiscal implementado bajo las metas del acuerdo con el FMI destruyó el gasto social sin tocar a los sectores más concentrados, mientras el sistema tributario regresivo descargó su peso sobre los ingresos de los que menos tienen. El crédito al consumo, lejos de ser una solución estructural, fue la válvula de escape que las familias usaron para cubrir lo que los salarios ya no alcanzaban a pagar.

Desde diciembre de 2023, los servicios públicos acumularon una suba superior al 525%, el transporte rozó el 900% de incremento y la Canasta Básica Alimentaria registró variaciones interanuales del 32,8% a marzo de 2026, según datos del INDEC. Ese es el suelo sobre el que creció la deuda familiar y ese es el contexto que el gobierno de Milei prefiere ignorar cuando habla de «aprendizaje».

Puntos clave

  • La morosidad de las familias argentinas alcanzó el 11,5% en marzo de 2026, el nivel más alto desde 2004, según el BCRA.
  • Los préstamos personales registraron una mora del 14,2% y las tarjetas de crédito del 11,7%.
  • El BNA lanzó tres herramientas de refinanciación: consolidación de deudas (TNA 65%, hasta 72 meses), refinanciación de tarjetas (TNA 35%, hasta 60 meses) y opciones para situaciones irregulares no judicializadas (hasta 96 meses).
  • El presidente del BCRA, Santiago Bausili, descartó cualquier intervención estatal y calificó la crisis como «un proceso de aprendizaje para los bancos».
  • Economistas y especialistas vinculan el derrumbe del crédito familiar con el ajuste del gasto, el tarifazo y la caída del salario real bajo el modelo de Javier Milei.

Legislativo

El costo de la ley de discapacidad es de solo el 0,07% del PIB

La Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que el dictamen de mayoría sobre discapacidad insumiría hasta $1,2 billones en 2028. El oficialismo lo usa como argumento para bloquear el quórum y también hundir el debate sobre el DNU 70.

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El Argentino Diario-Organizaciones de personas con discapacidad.
Tienen la plata, pero no la voluntad: el Gobierno bloquea derechos de personas con discapacidad escudándose en un costo que ya está presupuestado.

Ciento ochenta y siete millones de pesos por hora. Ese es el equivalente aproximado del costo fiscal que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) calculó para el proyecto de ley sobre discapacidad que cuenta con dictamen de mayoría: $1.209.567 millones para 2028, un 0,07% del PIB. Es el número que el Gobierno de Javier Milei agita ante sus aliados parlamentarios para persuadirlos de no aportar quórum a la sesión convocada para el 15 de octubre, donde también se buscará voltear el DNU 70.

El informe técnico de la OPC, organismo dependiente del Poder Legislativo, proyectó dos escenarios. Para 2027, el costo ascendería a $598.912 millones (0,04% del PIB), bajo un esquema de incorporación gradual de nuevos beneficiarios. Para 2028, con un año completo de aplicación, el monto trepería a $1.209.567 millones (0,07% del PIB). El documento aclara que esas cifras representan únicamente el gasto incremental y no incluyen lo que el Estado ya eroga por la Pensión No Contributiva (PNC) por invalidez laboral, que hoy tienen 1.141.486 personas.

Quiénes son los nuevos beneficiarios y cómo se determinan

El universo de potenciales incorporaciones surge de aplicar el tope de ingresos equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles sobre el total de personas de entre 18 y 64 años que poseen Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente pero no perciben actualmente la pensión por invalidez laboral. La OPC subraya que el escenario de incorporación gradual para 2027 «representa un incremento del 6,1% respecto del gasto total en pensiones no contributivas incluido en el Proyecto de Ley de Presupuesto 2027».

En materia de cobertura médica, el informe estima que unos 76.000 nuevos titulares podrían requerir la cobertura del programa Incluir Salud, aunque no realiza una estimación monetaria dada la variabilidad en el uso de servicios y la superposición con el sistema público. La OPC advierte que su incorporación «implicaría fundamentalmente un reordenamiento de las fuentes de financiamiento, desplazando la carga erogativa desde los niveles subnacionales hacia el nivel nacional», lo que equivale a decir que el gasto ya existe; solo cambiaría quién lo paga.

La deuda con los prestadores: una obligación que ya existía

El dictamen también mantiene una manda preexistente: la compensación a prestadores de servicios de discapacidad por los desfasajes entre aranceles e inflación registrados entre diciembre de 2023 y diciembre de 2024. La OPC precisa que «el dictamen no genera un gasto adicional respecto del marco vigente, sino que mantiene una obligación ya establecida y pendiente de ejecución», estimada en $278.323 millones según el Decreto 84/2026. En otras palabras, es una deuda que el Estado ya tiene y que la ley solo ordena honrar.

El superávit como escudo político

La operación política del oficialismo es transparente: presentar el costo fiscal de ampliar derechos como una amenaza al equilibrio macroeconómico y, desde ahí, presionar a los aliados parlamentarios para que no habiliten la sesión del 15 de octubre. La fecha no es casual: en esa misma jornada se prevé tratar también la impugnación al DNU 70, la norma de desregulación masiva que concentra buena parte de las reformas estructurales del gobierno libertario.

Sin embargo, los propios números de la OPC relativizan el argumento. El Proyecto de Presupuesto 2027 contempla una reserva de $3.660.978 millones (0,26% del PIB) para atender mayores erogaciones en jubilaciones y pensiones, de la cual el escenario de incorporación gradual del dictamen de discapacidad absorbería apenas el 16,4%. Además, el presupuesto prevé una reserva de $1.324.523 millones (0,09% del PIB) para transferencias del área de salud. Los fondos están previstos; la decisión es política, no presupuestaria.

Lo que tenés que saber:

  • La OPC estimó el costo del dictamen de mayoría sobre discapacidad en $598.912 millones en 2027 y $1.209.567 millones en 2028, equivalentes al 0,04% y 0,07% del PIB respectivamente.
  • El costo calculado es solo el gasto incremental: no incluye la PNC por invalidez laboral que ya cobran 1.141.486 personas.
  • El Presupuesto 2027 ya prevé reservas específicas que absorberían holgadamente ese costo adicional, según el mismo informe técnico.
  • Unos 76.000 nuevos titulares podrían ingresar al programa Incluir Salud, pero eso significaría una reasignación de gasto entre niveles del Estado, no gasto nuevo.
  • El oficialismo usa el informe para presionar a aliados y evitar el quórum del 15 de octubre, sesión donde también se debatiría el DNU 70.
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