Judiciales ⚖️
Dirigentes del FdT apoyaron a Cristina Kirchner en su pedido de recusación a la jueza Capuchetti
«Se nota mucho que la jueza Capuchetti no quiere investigar a (diputado nacional por el PRO, Gerardo) Milman ni otras vinculaciones políticas en el atentado», dijo el diputado nacional Eduardo Valdés en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck, sobre las acusaciones que pesan sobre el diputado del PRO.
Dirigentes del Frente de Todos (FdT) apoyaron hoy la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de pedir la recusación a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre, en tanto desde el bloque de diputados nacionales del PRO rechazaron las acusaciones contra dos de sus integrantes, Gerardo Milman y Francisco Sánchez.
«Se nota mucho que la jueza Capuchetti no quiere investigar a (diputado nacional por el PRO, Gerardo) Milman ni otras vinculaciones políticas en el atentado», dijo el diputado nacional Eduardo Valdés en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck, sobre las acusaciones que pesan sobre el diputado del PRO.
La Vicepresidenta anunció hoy su decisión de recusar a la magistrada que instruye ese expediente mediante un mensaje que publicó en la red social Twitter junto a un video en el que señala que la jueva paralizó la causa cuando se comenzaron a investigar los lazos entre el intento de asesinato que sufrió hace dos meses y la política.
«Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti», señaló Cristina Fernández de Kirchner.
En este sentido, Valdés explicó que «Cristina solo pide un juicio justo» y «da un ejemplo ante estos perseguidores con odio».
Por su parte, el diputado nacional Leopoldo Moreau se hizo eco de estas opiniones e indicó que «no cree que en muchos lugares del mundo la Justicia actúe de esta manera».
«La jueza Capuchetti ha venido mostrando desidia, en una investigación que tiene una gravedad institucional inusitada», expresó el diputado en declaraciones para AM750.
Por eso consideró que, al tratarse de un intento de magnicidio a una figura institucional de semejante volumen, no es posible que «se investigue livianamente y de manera frívola» y que «se retrasen las decisiones».
Asimismo, el ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis compartió el video de la vicepresidenta en sus redes y subrayó que «los argentinos somos un pueblo de paz».
«La Justicia y la verdad deben ser la base para recomponer el pacto democrático del país. El intento de asesinato a Cristina Fernández tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias, incluyendo financiamiento y autores ideológicos», afirmó.
Sobre el pacto democrático, el diputado nacional por el Frente de Todos y titular de la CTA-Autónoma, Hugo Yasky, sostuvo que «la democracia no puede convivir más con esta justicia opaca».
«Si queremos saber quién está detrás del intento de asesinato a Cristina hay que terminar con el partido judicial», subrayó.
En esta misma línea, el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, también compartió el video publicado por la Vicepresidenta y expresó «era fija, la República en coma 4».
Finalmente, el senador nacional por el Frente de Todos Martín Doñate -cuya designación como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura fue revocada el martes último por la Corte Suprema de Justicia, que falló en favor de un planteo realizado desde Juntos por el Cambio- indicó que «el partido judicial quiere presa o muerta a Cristina».
En ese contexto, el bloque de diputados del PRO cuestionó lo que tildó de declaraciones «infundadas» de la Vicepresidenta contra dirigentes de la oposición.
«Repudiamos las acusaciones infundadas por parte de la vicepresidente contra miembros de este bloque legislativo. Una vez más, Cristina Fernández de Kirchner, utiliza un hecho de suma gravedad institucional para acusar sin fundamentos, y haciendo elucubraciones ridículas, a los diputados nacionales Gerardo Milman y Francisco Sánchez», señaló la bancada opositora a través de un comunicado.
Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich le pidió a la Vicepresidenta, «que deje de recusar jueces para intentar organizar causas como si ella fuera la jueza» en declaraciones formuladas a Radio2-Rosario.
En tanto, el diputado nacional Gerardo Milman rechazó las acusación de Cristina Fernández de Kirchner al considerar que la ex mandataria «está viendo una película de ficción».
Córdoba
El TSJ de Córdoba liberó a Paola Ortiz tras 13 años presa por parir sola
El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba redujo la condena de prisión perpetua a 13 años y nueve meses, tiempo que la mujer ya cumplió, al incorporar perspectiva de género y reconocer el contexto de violencia, pobreza extrema y desprotección en que ocurrió el parto. El fallo marca un precedente en la justicia cordobesa y fue impulsado por más de diez organizaciones de derechos humanos y feministas.
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Córdoba ordenó la libertad de Paola Verónica Ortiz, quien cumplía una condena a prisión perpetua desde 2015 por la muerte de su hija recién nacida. El máximo tribunal provincial fijó una pena de 13 años, 9 meses y 26 días, período que la mujer ya cumplió en detención, y resolvió su liberación inmediata. El hecho que motivó la causa ocurrió el 31 de octubre de 2012 en la localidad de Villa Nueva, Córdoba, cuando Ortiz atravesó un parto en absoluta soledad y sin asistencia médica.
Una condena perpetua ignoró el contexto
En el juicio original, la causa fue recalificada como homicidio calificado por el vínculo y derivó en la máxima pena prevista por el Código Penal. Sin embargo, el TSJ determinó que aquella sentencia ignoró las múltiples condiciones de vulnerabilidad que atravesaba la mujer al momento del hecho.
Las pericias incorporadas al expediente revelaron que Ortiz, que tenía 29 años en ese momento, presentaba un nivel intelectual inferior al promedio para su edad, antecedentes de abuso y abandono, y que al momento del parto se encontraba en un estado de desubjetivización que la llevó a actuar sin plena conciencia de sus actos.
El fallo también ponderó la violencia psicológica y económica que ejercía sobre ella su expareja, y el sometimiento al que la sometía su exsuegro, quien le exigía relaciones sexuales a cambio de un techo y la amenazaba ante la posibilidad de un embarazo con otro hombre. El TSJ cuestionó además que el juicio original la juzgara desde el mandato idealizado de la «buena madre» y que se le exigiera responsabilidad penal sin considerar que dio a luz sola, sin red de apoyo ni acceso al sistema de salud.
Perspectiva de género y estándares internacionales
Al reconsiderar la condena, el Tribunal aplicó un enfoque integral de género y los estándares de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre emergencias obstétricas en contexto de pobreza. El fallo no implicó una absolución, sino una reducción de la pena que, al coincidir con el tiempo ya cumplido, habilitó la liberación. El TSJ estableció así un precedente judicial relevante para el tratamiento de casos en que mujeres en situación de extrema vulnerabilidad enfrentan consecuencias penales derivadas de partos no asistidos.
Más de diez organizaciones impulsaron la revisión
La causa por la libertad de Paola Ortiz fue sostenida durante años por una articulación amplia de organizaciones feministas y de derechos humanos que se presentaron como amicus curiae ante el tribunal. Entre ellas figuran el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el Consorcio Latinoamericano contra el Aborto Inseguro (CLACAI), la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba, el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps), la Asociación Civil Abogadas por Chaco, la Asociación Civil El Telar y Católicas por el Derecho a Decidir, entre otras. La campaña por su liberación se sostuvo bajo la denominación Mesa por la Libertad de Paola Ortiz y logró instalar el caso en la agenda pública como un paradigma de la criminalización de las mujeres pobres en el sistema judicial.
Si vivís una situación de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda llamá gratis al 144, mandá un mensaje al 11 5050 0147 o por WhatsApp al +54 911 2771 6463. También podés descargar acá una app para recibir ayuda de profesionales.
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