Judiciales ⚖️
Dirigentes del FdT apoyaron a Cristina Kirchner en su pedido de recusación a la jueza Capuchetti
«Se nota mucho que la jueza Capuchetti no quiere investigar a (diputado nacional por el PRO, Gerardo) Milman ni otras vinculaciones políticas en el atentado», dijo el diputado nacional Eduardo Valdés en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck, sobre las acusaciones que pesan sobre el diputado del PRO.
Dirigentes del Frente de Todos (FdT) apoyaron hoy la decisión de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner de pedir la recusación a la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que instruye en la causa que se sigue por el intento de asesinato que sufrió el pasado 1 de septiembre, en tanto desde el bloque de diputados nacionales del PRO rechazaron las acusaciones contra dos de sus integrantes, Gerardo Milman y Francisco Sánchez.
«Se nota mucho que la jueza Capuchetti no quiere investigar a (diputado nacional por el PRO, Gerardo) Milman ni otras vinculaciones políticas en el atentado», dijo el diputado nacional Eduardo Valdés en declaraciones formuladas esta mañana a la radio online FutuRöck, sobre las acusaciones que pesan sobre el diputado del PRO.
La Vicepresidenta anunció hoy su decisión de recusar a la magistrada que instruye ese expediente mediante un mensaje que publicó en la red social Twitter junto a un video en el que señala que la jueva paralizó la causa cuando se comenzaron a investigar los lazos entre el intento de asesinato que sufrió hace dos meses y la política.
«Quiero compartir con ustedes el siguiente video. A raíz de los hechos que van a ver y escuchar, he instruido a mis abogados a recusar a la jueza María Eugenia Capuchetti», señaló Cristina Fernández de Kirchner.
En este sentido, Valdés explicó que «Cristina solo pide un juicio justo» y «da un ejemplo ante estos perseguidores con odio».
Por su parte, el diputado nacional Leopoldo Moreau se hizo eco de estas opiniones e indicó que «no cree que en muchos lugares del mundo la Justicia actúe de esta manera».
«La jueza Capuchetti ha venido mostrando desidia, en una investigación que tiene una gravedad institucional inusitada», expresó el diputado en declaraciones para AM750.
Por eso consideró que, al tratarse de un intento de magnicidio a una figura institucional de semejante volumen, no es posible que «se investigue livianamente y de manera frívola» y que «se retrasen las decisiones».
Asimismo, el ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Katopodis compartió el video de la vicepresidenta en sus redes y subrayó que «los argentinos somos un pueblo de paz».
«La Justicia y la verdad deben ser la base para recomponer el pacto democrático del país. El intento de asesinato a Cristina Fernández tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias, incluyendo financiamiento y autores ideológicos», afirmó.
Sobre el pacto democrático, el diputado nacional por el Frente de Todos y titular de la CTA-Autónoma, Hugo Yasky, sostuvo que «la democracia no puede convivir más con esta justicia opaca».
«Si queremos saber quién está detrás del intento de asesinato a Cristina hay que terminar con el partido judicial», subrayó.
En esta misma línea, el ministro bonaerense de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, también compartió el video publicado por la Vicepresidenta y expresó «era fija, la República en coma 4».
Finalmente, el senador nacional por el Frente de Todos Martín Doñate -cuya designación como representante de la Cámara alta en el Consejo de la Magistratura fue revocada el martes último por la Corte Suprema de Justicia, que falló en favor de un planteo realizado desde Juntos por el Cambio- indicó que «el partido judicial quiere presa o muerta a Cristina».
En ese contexto, el bloque de diputados del PRO cuestionó lo que tildó de declaraciones «infundadas» de la Vicepresidenta contra dirigentes de la oposición.
«Repudiamos las acusaciones infundadas por parte de la vicepresidente contra miembros de este bloque legislativo. Una vez más, Cristina Fernández de Kirchner, utiliza un hecho de suma gravedad institucional para acusar sin fundamentos, y haciendo elucubraciones ridículas, a los diputados nacionales Gerardo Milman y Francisco Sánchez», señaló la bancada opositora a través de un comunicado.
Por su parte, la titular del PRO, Patricia Bullrich le pidió a la Vicepresidenta, «que deje de recusar jueces para intentar organizar causas como si ella fuera la jueza» en declaraciones formuladas a Radio2-Rosario.
En tanto, el diputado nacional Gerardo Milman rechazó las acusación de Cristina Fernández de Kirchner al considerar que la ex mandataria «está viendo una película de ficción».
DDHH
Abstenerse frente a la violencia machista no es neutralidad: el Colegio Público de la Abogacía advierte al Gobierno de Milei
El Colegio Público de la Abogacía advirtió que la abstención en una resolución respaldada por 175 países es un retroceso y que la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó. Los tratados sobre derechos de las mujeres, recordó, obligan al Estado más allá del gobierno de turno.
175 países respaldaron en Naciones Unidas una resolución para prevenir y eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas, y la Argentina decidió abstenerse. Esa decisión del Gobierno nacional abrió un nuevo cuestionamiento desde el mundo del derecho.
El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF) expresó este miércoles su preocupación por la decisión del Gobierno nacional, en un pronunciamiento institucional en el que remarcó que el país fue el único Estado latinoamericano que no acompañó la iniciativa.
Un consenso al que el país le dio la espalda
La entidad que reúne a las abogadas y los abogados de la Capital Federal sostuvo que «resulta inadmisible que nuestro país se aparte de un consenso internacional tan amplio» en una materia que compromete derechos humanos fundamentales. Para el Colegio, la posición argentina representa un retroceso que merece un claro cuestionamiento.
Además, la institución advirtió que las eventuales diferencias sobre la redacción o el alcance de una resolución no pueden servir de fundamento para desentenderse del compromiso internacional de combatir esta forma de violencia.
Obligaciones que no se renegocian con cada gobierno
Los compromisos en materia de igualdad y de protección de los derechos de las mujeres obligan al Estado argentino y no pueden quedar sujetos a las posiciones ideológicas ni a las prioridades políticas de los gobiernos de turno.
El Colegio recordó que la Argentina asumió obligaciones expresas a través de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), que tiene jerarquía constitucional, y de la Convención de Belém do Pará.
Según el pronunciamiento, la violencia contra las mujeres y las niñas es una grave violación de los derechos humanos que exige políticas públicas efectivas, instituciones comprometidas y una acción sostenida del Estado. No se trata de preferencias políticas, subrayó, sino de garantizar derechos reconocidos por la Constitución Nacional y los tratados internacionales.
Una deuda que el feminismo ya puso sobre la mesa
La advertencia llega a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en un país donde el movimiento feminista instaló la violencia machista como problema público desde la primera marcha de Ni Una Menos, en 2015. La Argentina cuenta además con la Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, vigente desde 2009.
Abstenerse, en ese marco, no es una posición neutral: es correrse de un acuerdo que el resto de la región sí sostuvo. Para quienes sobreviven a la violencia y para quienes sostienen redes de acompañamiento, el mensaje que llega desde el Estado importa tanto como el texto de cualquier resolución.
Un antecedente que pesa
No es la primera vez que la diplomacia argentina queda aislada en este terreno. En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de una resolución de la Asamblea General de la ONU sobre la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas en el entorno digital, que se aprobó con 170 votos a favor y 13 abstenciones. En aquel momento, el PRO, la UCR y Unión por la Patria cuestionaron la decisión.
El Colegio Público de la Abogacía reafirmó su compromiso con la igualdad, la defensa de los derechos de las mujeres y la vigencia efectiva de las garantías constitucionales. «No hay lugar para la indiferencia ni para la ambigüedad», sostuvo, y agregó que el Estado argentino tiene el deber de proteger esos derechos y de sostener ese compromiso ante la comunidad internacional.
Lo que tenés que saber
- El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal expresó su preocupación por la abstención argentina en una resolución de la ONU contra la violencia hacia las mujeres y las niñas.
- La iniciativa tuvo el respaldo de 175 países y la Argentina fue el único Estado latinoamericano que no la acompañó.
- El Colegio recordó que la CEDAW, con jerarquía constitucional, y la Convención de Belém do Pará obligan al Estado argentino.
- En noviembre de 2024, la Argentina fue el único país en votar en contra de otra resolución de la ONU sobre violencia contra mujeres y niñas en el entorno digital.
- El pronunciamiento se conoció a una semana del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.
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