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Lawfare

Continúan movilizaciones en todo el país en apoyo a la vicepresidenta

«Basta de presos políticos, no más lawfare», «Todos con Cristina», «Este amor es irremplazable», decían algunos de los carteles que expusieron los manifestantes.

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Militantes de organizaciones políticas, sociales, sindicales y de derechos humanos se reunieron este jueves en nutridas manifestaciones convocadas en distintos puntos del país y mantuvieron una vigilia frente a la casa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner para reclamar una «reforma judicial» y denunciar la «persecución judicial» y el «intento de proscripción» a la exjefa de Estado, acusada en el juicio de la obra pública conocido como «Vialidad».

Las más nutridas de las manifestaciones se hicieron en las ciudades de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Rosario, y hubo réplicas en localidades de distintas provincias.

La tradicional ronda de las Madres de Plaza 25 de Mayo de Rosario se convirtió este jueves en el escenario elegido por las organizaciones populares para brindarle su apoyo a Cristina Kirchner y denunciar que «con presos políticos y lawfare no hay democracia».

«Desde la ronda de la plaza de las Madres estamos tratando de parar al partido judicial, a los medios hegemónicos, a la derecha que quiere proscribir y encarcelar a Cristina», dijo Ana Moro, exdetenida-desaparecida de la última dictadura, al leer un documento.

«Pero no es por Cristina y el peronismo, sino por todos los militantes populares», añadió Moro, para hacer un llamado «a la unidad de todas las fuerzas progresistas, porque tenemos bien en claro que los que se van a perjudicar son los más necesitados».

Militantes de base del Frente de Todos leyeron otro documento en el que denunciaron «la constante persecución e intento de proscripción política a Cristina a través de un nuevo montaje mediático judicial», y consideraron que «es un ataque a los millones de argentinos que nos vemos representados por su conducción política».

La exsenadora nacional santafesina del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun dijo que «no se trata de defender a una persona sino lo que significa Cristina para el pueblo argentino». Añadió que «tenemos que declarar al pueblo en estado de alerta y movilización para defender nuestros derechos».

El titular del Sindicato de Prensa Rosario y dirigente de la CTA local, Edgardo Carmona, sostuvo que «el partido judicial quiere acorralarnos y atemorizarnos enjuiciando a Cristina y judicializando la protesta».

«No hay palabras ni negociación que frene la angurria de los poderosos», dijo, y agregó que «lo único que los frena es la convicción y la fortaleza de cada uno de ustedes».

En la ciudad de Santa Fe, el diputado provincial Leandro Busatto afirmó que «hay un sector del Poder Judicial que a caballo del poder económico busca limitar la acción de la política en América latina y en Argentina». La concentración en apoyo a la vicepresidenta se hizo frente a la sede de los tribunales federales.

Busatto dijo que la marcha «es la muestra cabal y contundente de lo que un sector de la sociedad piensa de lo que está pasando con Cristina Fernández de Kirchner: el feroz proceso de ataque que sufre».

Jorge Hoffmann, titular de ATE local, sostuvo que la vicepresidenta «sufre persecución» judicial pero «no van por ella» sino por «todos los políticos que vayan contra el poder real».

En Córdoba, el Frente de Todos (FdT) encabezó una marcha de apoyo a la expresidenta y los dirigentes consideraron que «no es un juicio, es claramente la exposición del fiscal y una declaración política».

Así lo dijo el diputado nacional Eduardo Fernández, referente del kirchnerismo en la provincia, y agregó: «Como es una declaración política, le vamos a responder políticamente en las cámaras, pero también en las calles con el pueblo argentino expresándose».

La movilización, en la que estuvo el diputado Pablo Carro, comenzó en Colón y Cañada, a donde llegaron diferentes columnas, y luego de la concentración marcharon, entre cánticos apoyando a Fernández de Kirchner y repudiando el accionar del fiscal Diego Luciani, hasta la esquina de Colón y General Paz.

«Basta de presos políticos, no más lawfare», «Todos con Cristina», «Este amor es irremplazable», decían algunos de los carteles que expusieron los manifestantes. Fernández añadió: «En Córdoba queremos que se exprese el gobernador», Juan Schiaretti.

«Todos los demócratas, los verdaderos radicales, los verdaderos peronistas en Córdoba tienen que salir porque lo que están en riesgo es la democracia, la división de poderes violentada de todas las formas y descaradamente», sugirió Fernández.

Mientras, en la ciudad de Buenos Aires, militantes de organizaciones sociales, políticas y estudiantiles mantuvieron hoy, por cuarto día consecutivo, una vigilia frente al domicilio de la vicepresidenta Fernández en el barrio porteño de Recoleta.

Voceros de la manifestación indicaron que la vigilia «se mantendrá en principio hasta el lunes próximo y, luego, se debatirá entre las organizaciones cómo se sigue».

«La vigilia se mantiene y continuará no sabemos hasta cuándo. Vamos a seguir bancando y respaldando con todas nuestras fuerzas a la vicepresidenta ante el acoso y la persecución judicial por la que atraviesa», indicó Nahuel Beibe, secretario general de la Corriente Nacional Martín Fierro.

En el lugar, Juncal y Uruguay, mantenían su presencia militantes de La Cámpora, Peronismo Militante, Descamisados, Corriente Lealtad, Federación de Trabajadores de la Economía Social (Fetraes), Corriente 13 de Abril, Corriente Nacional Martín Fierro, Barrios Populares de la CTA, Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT), Frente Social Peronista (FSP) y Partido Piquetero.

«Vamos a permanecer día y noche en la vigilia frente al domicilio de Cristina hasta que se entienda que está mal lo que hacen ciertos sectores opositores al alentar los discursos de odio y los escraches en los domicilios particulares de las y los dirigentes políticos», advirtió Beibe.

En tanto, cientos de personas se reunieron frente a la sede del Partido Justicialista porteño, en la calle San José al 100, para asistir a un «cabildo abierto» organizado bajo la consigna «el peronismo banca a Cristina».

Denuncia

Kicillof exigió investigar a los autores intelectuales del atentado contra Cristina: “La causa no arrojó ningún resultado”

El gobernador bonaerense cuestionó desde sus redes sociales la falta de avances judiciales en la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que se investigue a los responsables ideológicos. Mientras los autores materiales cumplen condena, la pregunta sobre quién ordenó el ataque permanece sin respuesta judicial a cuatro años del hecho.

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El Argentino Diario-Axel Kicillof.
Kicillof, a cuatro años del intento de magnicidio contra Cristina, cuestionó que “la investigación no arrojó ningún resultado sobre los autores intelectuales”.

Al cumplirse cuatro años del intento de asesinato contra Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, calificó de «realmente grave» que la investigación judicial no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque. A través de una publicación en la red social X, el mandatario bonaerense vinculó la impunidad del atentado con la actual situación de la expresidenta, que cumple prisión domiciliaria en el barrio porteño de Constitución por su condena en la causa Vialidad.

«Es realmente grave que a cuatro años del intento de asesinato a Cristina Kirchner la investigación no haya arrojado ningún resultado sobre los autores intelectuales. Hoy Cristina continúa injustamente detenida y el intento de asesinato que sufrió sigue impune. Son dos caras de una misma moneda: un plan para disciplinar al campo popular y amedrentar a todos los que quieran representar a nuestro pueblo«, sostuvo Kicillof en su publicación.

Un atentado con condenas parciales y una causa trunca

El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, entonces vicepresidenta de la Nación, y accionó el gatillo frente a su domicilio en el barrio de Recoleta. El disparo no se produjo por una falla en la munición; el arma estaba apta para el disparo, según confirmó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP). Sabag Montiel fue reducido por civiles presentes en la concentración.

En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal N° 6, integrado por los jueces Adrián Grünberg, Ignacio Fornari y Sabrina Namer, condenó a Sabag Montiel a 10 años de prisión como autor material del intento de homicidio; pena que, unificada con condenas previas, ascendió a 14 años. Su entonces pareja, Brenda Uliarte, recibió 8 años como partícipe necesaria, elevados a 8 años y 2 meses por unificación. Un tercer acusado, Gabriel Nicolás Carrizo, fue absuelto. Las fiscales Gabriela Baigún y Mariela Labozzetta recurrieron la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, reclamando penas de 15 y 14 años respectivamente, y solicitando la aplicación de la agravante de femicidio, que ese tribunal deberá definir.

Lo que el juicio oral no resolvió, sin embargo, es lo que la política sigue reclamando: quiénes pudieron haber instigado el ataque, si existió financiamiento externo y cuál fue el entramado que hizo posible que un arma cargada llegara a 20 centímetros del rostro de la entonces vicepresidenta. Una de las líneas que mayor repercusión alcanzó durante la investigación fue la denominada «pista Milman», vinculada al exdiputado Gerardo Milman; pero esa hipótesis quedó fuera del debate oral y no fue acreditada judicialmente en las condenas dictadas.

«Dos caras de una misma moneda»

La lectura política de Kicillof anuda dos situaciones que considera parte de un mismo proceso: el atentado y la condena judicial de Fernández de Kirchner. La expresidenta cumple prisión domiciliaria en su departamento de San José 1111, en el barrio de Constitución, por la sentencia a seis años e inhabilitación perpetua dictada en la causa Vialidad, una condena que el kirchnerismo y amplios sectores del campo popular califican como resultado del lawfare, es decir, la utilización del sistema judicial como herramienta de persecución política.

Kicillof no participó del acto de conmemoración organizado frente al domicilio de la expresidenta, donde el principal orador fue Máximo Kirchner, en el marco de una jornada en la que más de veinte fuerzas políticas firmaron un documento conjunto titulado «La democracia no admite la eliminación del adversario». Su adhesión al aniversario se circunscribió al mensaje publicado en sus redes sociales, en el que concluyó: «Seguimos exigiendo que se haga justicia».

La pregunta que la Justicia no responde

El planteo de Kicillof apunta al corazón de una causa que, cuatro años después, sigue abierta en su tramo más sensible. Los responsables materiales fueron juzgados y condenados; la existencia de una estructura política o económica detrás del ataque no quedó acreditada judicialmente, aunque tampoco fue descartada de manera concluyente por la instrucción. La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece sin avances concretos y sin imputados en ese tramo de la causa.

En ese contexto, el reclamo que confluye desde el campo popular en este cuarto aniversario no es solo por el esclarecimiento de un hecho del pasado: es también una advertencia sobre la impunidad como señal política, sobre qué mensaje envía una democracia que condena al ejecutor pero no investiga con la misma energía a quienes pudieron haberlo enviado.

Puntos clave

  • El 1° de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel apuntó y accionó el gatillo de una pistola Bersa calibre .32 a centímetros de la cabeza de Cristina Fernández de Kirchner; el disparo no se produjo por una falla en la munición.
  • El Tribunal Oral Federal N° 6 condenó en octubre de 2025 a Sabag Montiel a 14 años de prisión (unificados) y a Brenda Uliarte a 8 años y 2 meses; Carrizo fue absuelto.
  • Kicillof calificó de «realmente grave» que cuatro años después la causa no haya determinado quiénes fueron los autores intelectuales del ataque.
  • La Cámara Federal de Casación Penal debe resolver el recurso de la fiscalía, que pide elevar las penas y aplicar la agravante de femicidio.
  • La investigación sobre eventuales instigadores o financistas del atentado permanece abierta y sin imputados concretos en ese tramo.
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