Judiciales ⚖️
Revés para Larreta: el Banco Mundial retira financiamiento y suspenden obra en Parque Saavedra
El organismo internacional informó la decisión a través de una carta enviada al movimiento barrial desde su Servicio de Atención a Reclamos, adonde se elevó en julio pasado una nota que expresó el «rechazo generalizado» a la propuesta oficial al considerar que no tenía como principal objetivo la prevención de inundaciones.
El Banco Mundial (BM) anunció que no financiará la obra prevista por el Gobierno porteño para generar un reservorio del Arroyo Medrano en el Parque Saavedra, tras una demanda presentada ante el organismo internacional por un grupo de vecinas y vecinos que solicitaron la cancelación del proyecto.
El organismo internacional informó la decisión a través de una carta enviada al movimiento barrial desde su Servicio de Atención a Reclamos, adonde se elevó en julio pasado una nota que expresó el «rechazo generalizado» a la propuesta oficial al considerar que no tenía como principal objetivo la prevención de inundaciones.
La suspensión de la obra, en tanto, fue confirmada por el Gobierno porteño, que señaló que «lamentablemente los plazos que maneja el Banco Mundial no pudieron adaptarse al desarrollo del reservorio».
«Por el momento, el proyecto queda en stand by», agregaron las fuentes respecto de la iniciativa de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta para crear un reservorio de 400 metros de extensión que atravesaría el Parque Saavedra para mitigar inundaciones en la zona.
El curso de agua preveía sitios de almacenamiento, retención y conducción de los excedentes hídricos que superen la capacidad de conducción del Arroyo Medrano, que permanece entubado y va por debajo del espacio verde.
La obra estaba encuadrada en el Plan Hidráulico, que contempla otros reservorios y que cuenta con financiamiento del BM de 200 millones de dólares; no obstante, en el caso del Parque Saavedra aún no contaba con el llamado a licitación.
«Acusamos recibo de la documentación adicional enviada al Banco en relación con el proyecto de apoyo a la gestión del riesgo de inundaciones en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires», informó la entidad internacional en el texto remitido por correo electrónico a Jorge Marchini, presidente de la Biblioteca Popular y Asociación Vecinal Cornelio Saavedra.
Además, señaló que «luego de los comentarios recibidos durante el proceso de consulta sobre la intervención en Parque Saavedra y de las preocupaciones expresadas en su nota, el Gobierno de la Ciudad nos ha manifestado la necesidad de continuar con el proceso de participación vinculado a la intervención, ampliando así el plazo previsto para dicho proceso, decisión con la cual el Banco Mundial está de acuerdo».
«La necesidad de ampliar el plazo se vuelve incompatible con los plazos del proyecto financiado por el Banco Mundial que finaliza en septiembre de 2023, razón por la cual no se utilizarán fondos del préstamo del Banco Mundial para ninguna actividad vinculada a esta intervención», consignó.
Por último, indicó que trasladaron las «preocupaciones» del grupo barrial a la gestión porteña «para que puedan ser tenidas en cuenta en el desarrollo de las estrategias de participación asociadas a la implementación de esta y otras intervenciones».
La decisión del BM fue celebrada por las asociaciones vecinales de Saavedra, las cuales organizaron una campaña de oposición al proyecto en 2021, poco después del anuncio oficial del proyecto, y que incluyó la realización de festivales y marchas, así como la colocación en los frentes de las viviendas de la zona de carteles con la leyenda «No al Arroyo Artificial».
También, forzaron a la gestión porteña a realizar una audiencia pública, que se extendió por cinco jornadas, destinada a escuchar la opinión de la ciudadanía, en la cual la mayoría de las personas que participó se expresó en contra de «una zanja a cielo abierto» en el parque.
Paralelamente, el grupo recurrió al Servicio de Atención a Reclamos del BM, el cual recibe las quejas «de las personas y comunidades» que consideren «que un proyecto respaldado por la entidad ha tenido o es probable que tenga efectos adversos para ellas el medio ambiente», según se explica en el sitio oficial del organismo, que precisa que procesa una 125 demandas por año.
Allí, enviaron documentación vinculada a la obra y los motivos por los cuales consideraban que iba a perjudicar al espacio verde, además de advertir al BM que no contemplaba impactos ambientales y sociales, por lo cual, dijeron, «resultará una utilización irracional del financiamiento otorgado».
«Es un triunfo vecinal», evaluaron desde la asamblea de Saavedra tras recibir la respuesta a su demanda, en tanto que remarcaron que «la lucha vecinal y la resistencia del barrio pusieron límite a un proyecto absolutamente ineficiente, sin sentido e inconsulto».
En un principio, la obra refería a la reapertura de un tramo del arroyo Medrano, que permanece entubado desde 1942 y atraviesa el espacio verde, pero fue modificada por la gestión porteña durante los meses siguientes a la presentación debido a la ola de rechazos.
Posteriormente, apuntó a la regeneración del arroyo, para concluir en la propuesta del reservorio como aliviador de inundaciones dado que la zona de Saavedra, lindante al parque, registró casos de anegamientos severos, como en abril de 2013, cuando fallecieron seis personas por las inundaciones tras un temporal de lluvias.
Al respecto, en la carta al BM, los vecinos sugirieron que los recursos previstos para la obra en el Parque Saavedra «se vuelquen inmediatamente a la realización de un segundo reservorio» en el Parque Sarmiento, que -según consideraron- «tendría una mayor capacidad potencial de depósito de agua», lo cual auxiliaría en las jornadas de lluvias intensas
«Tendría mayor capacidad potencial de depósito de agua: unos 200.000 metros cúbicos Parque Sarmiento 2 contra solo 50.000 metros cúbicos del proyecto del Parque Saavedra», precisaron.
Investigación 🔎
Allanamientos por Tandanor: secuestran US$ 367.110 por presuntas coimas
La Policía Federal realizó cinco procedimientos ordenados por Sebastián Casanello. La investigación busca establecer si un exgerente del astillero ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
La Policía Federal secuestró US$ 367.110 en cinco allanamientos vinculados a una investigación por presuntas coimas en el astillero estatal Tandanor. Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata, según informaron fuentes judiciales y policiales.
El expediente puso bajo la lupa a Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor. La Justicia busca determinar si le exigió dinero al empresario Antonio Alejandro Napoleone, titular de Lucrimar SA, a cambio de condonar una deuda que la compañía mantenía con el astillero estatal.
La hipótesis que sigue la Justicia
La deuda rondaba los USD200.000. De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, Gallé habría ofrecido hacerla desaparecer a cambio de un pago. La maniobra bajo análisis alcanzaría al menos los USD220.000, aunque la pesquisa todavía debe reconstruir el circuito del dinero y establecer las responsabilidades de cada involucrado.
El dinero fue encontrado entre un domicilio particular y una caja de seguridad ubicada en el microcentro porteño. En los procedimientos también aparecieron un recibo manuscrito por USD100.000 y otro por $12,7 millones, además de cartas documento, extractos bancarios, comprobantes de transferencias y contratos.
Una denuncia nacida dentro del astillero
La causa se inició luego de una auditoría interna realizada en Tandanor tras un cambio de autoridades. Las irregularidades detectadas derivaron en una denuncia presentada por la propia empresa, un dato que ahora queda en el centro de la trama judicial y que deberá ser contrastado con la documentación secuestrada.
Además del dinero y los comprobantes, los investigadores secuestraron una notebook, una computadora, una tablet y tres teléfonos celulares. El material será analizado para determinar si respalda la hipótesis de los pagos exigidos y cómo se habría desplegado el vínculo entre el exgerente y el empresario.
El juez delegó la pesquisa en una unidad anticorrupción
Casanello delegó en mayo la investigación en la unidad especializada contra la corrupción de la Policía Federal. Esa dependencia intenta reconstruir el circuito de los pagos bajo sospecha, mientras el expediente avanza sobre una pregunta incómoda para la administración de una empresa estatal: si una deuda podía convertirse, según la hipótesis acusatoria, en la puerta de entrada a un pedido de dinero.
Puntos clave
- La Policía Federal secuestró USD367.110 durante cinco allanamientos ordenados por el juez Sebastián Casanello.
- Los procedimientos se realizaron en cuatro domicilios de la Ciudad de Buenos Aires y uno de Mar del Plata.
- La Justicia investiga si Julio Eduardo Gallé, exgerente comercial de Tandanor, ofreció condonar una deuda a cambio de dinero.
- La pesquisa también incorporó un recibo manuscrito por USD100.000 y $12,7 millones, junto con documentación y dispositivos electrónicos.
- La causa surgió de una auditoría interna de Tandanor y fue denunciada por la propia empresa.
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