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Educación

Cuarta Marcha Federal Universitaria: reclamos, columnas y cortes en el centro porteño

El Consejo Interuniversitario Nacional, la FUA y el Frente Sindical convocaron para este martes a estudiantes, docentes y no docentes a marchar hacia Plaza de Mayo, en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada se desarrolla un día después de que el Gobierno publicara un nuevo recorte de casi 79.000 millones de pesos en educación.

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Cuarta Marcha Federal Universitaria: movilización masiva en defensa de la educación pública

★ La cuarta Marcha Federal Universitaria concentra este martes a miles de personas en el centro porteño, con epicentro en Plaza de Mayo, en una jornada que promete ser multitudinaria y que vuelve a poner en el centro del debate el desfinanciamiento sistemático del sistema universitario público bajo la gestión de Javier Milei.

La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, y se extiende con movilizaciones simultáneas en distintas ciudades del país.

El reclamo: una ley votada, ratificada y sistemáticamente incumplida

El eje central de la protesta no varió desde la primera marcha del 23 de abril de 2024: exigir que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso Nacional en octubre de 2025 y ratificada con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras el 17 de septiembre de ese mismo año. La norma fue además respaldada en dos instancias judiciales: la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó su plena vigencia a fines de marzo de 2026.

La ley establece la actualización por inflación del presupuesto universitario, los salarios docentes y no docentes, y las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno no la implementó. Más aún: recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario para evitar aplicar las actualizaciones salariales que dos fallos judiciales le ordenaron.

Los números del deterioro son contundentes. Según datos del sector universitario, las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Los salarios docentes cayeron un 34% en términos reales desde diciembre de 2023, ubicándose en los niveles más bajos de los últimos 23 años. Para recomponer ese deterioro, los haberes deberían aumentar un 50,6%, ya que la inflación acumuló un 293% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, mientras los sueldos solo subieron un 160% en el mismo período.

Un recorte en vísperas de la movilización

La víspera de la marcha trajo una nueva medida de ajuste. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, el Gobierno recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación. La medida incluye una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para obras de infraestructura que afecta a 13 universidades nacionales, y un recorte de $35.288.051.713 sobre el Plan Nacional de Alfabetización.

La comunidad universitaria interpretó el timing como una señal deliberada. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, convocó públicamente a acompañar la marcha y declaró en diálogo con Radio Mitre: «Confío que mañana sea una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto. No que apoye a la UBA, sino que apoye al país.» Gelpi advirtió que el ajuste «afecta directamente las cursadas, los salarios de docentes y no docentes, así como el funcionamiento de los hospitales universitarios» y que la pérdida de recursos humanos calificados ya genera consecuencias irreversibles: «Se está yendo la gente de las universidades y de los laboratorios, hay números.»

Los hospitales en crisis: deuda acumulada de 20.000 millones

La disputa se extendió en las últimas semanas a los hospitales universitarios. Autoridades de la UBA denunciaron en una conferencia de prensa del 5 de mayo en el Hospital de Clínicas que la gestión de Milei no transfirió los fondos operativos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2026, lo que genera una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Esos recursos, aprobados en el Presupuesto 2026, son imprescindibles para insumos, mantenimiento y servicios básicos. Los directores de hospitales alertaron que varios centros de salud podrían dejar de funcionar. Los hospitales universitarios de la UBA atienden aproximadamente 700.000 pacientes por año.

El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó esas denuncias y las calificó de «falsas». Sostuvo que los fondos ordinarios ya fueron transferidos y que el reclamo corresponde a una partida «extraordinaria» aún no desembolsada. En paralelo, la misma cartera intimó a los rectores a «informar las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación» frente a los paros gremiales.

Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), su secretaria general Laura Carboni, respondió sin rodeos: «No tienen cara; el gobierno lleva 189 días de incumplimiento de una ley votada en cinco oportunidades en el Congreso y ratificada dos veces en la justicia.»

El mapa de la movilización en Buenos Aires

La marcha en la Ciudad de Buenos Aires se organiza en cuatro columnas que confluirán en Plaza de Mayo. La columna del sur y La Plata parte desde Constitución y avanza por Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. La columna de Ciencias Económicas, Medicina y facultades del área norte se concentra desde las 16 en Córdoba y Junín, para marchar por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo. La columna de Psicología, Filosofía y Letras ingresa por Entre Ríos y Rivadavia. La UTEP concentra desde las 14 en Belgrano y Diagonal Sur.

Entre los puntos de encuentro confirmados se destacan: la intersección de Avenida Callao y Bartolomé Mitre (Ciencias Exactas UBA, desde las 13), Plaza Houssay con convocatoria de ADUBA (Facultad de Medicina, 14 horas), la sede de la UTN en calle Medrano (14:30), y las intersecciones de Diagonal Sur y Bolívar con Avenida de Mayo y Tacuarí (CGT, CONADU y FEDUN, desde las 15).

La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores concentran desde las 15 en Diagonal Norte y San Martín; CONADU Histórica junto a organizaciones del FreSU, desde las 15 en Piedras y Avenida de Mayo. La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) iniciará su protesta al mediodía en el campus de Bernal para sumarse luego a la columna central en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen.

El acto central está previsto para las 17 horas en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. El perímetro del microcentro porteño estará afectado por cortes totales y parciales en Avenida de Mayo, Avenida Callao, Diagonal Norte, Diagonal Sur, Bernardo de Yrigoyen, Bartolomé Mitre, Bolívar, Tacuarí, Piedras y Salta, así como en los entornos de Plaza Houssay y calle Medrano. Se recomienda a los conductores evitar el área entre las 13 y las 19 horas.

Cuatro marchas, ninguna respuesta

La convocatoria de este martes es la cuarta de una serie que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se movilizaron en la Avenida de Mayo. La segunda tuvo lugar el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, el mismo día en que el Congreso ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.

El Ejecutivo insiste en que la ley no prevé en forma expresa su fuente de financiamiento y que su aplicación plena «afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país». Ante la nueva jornada de protesta, el Gobierno anunció que abrirá una instancia de diálogo con las universidades después de la marcha; desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que se analiza la creación de una comisión con rectores de universidades que cuentan con hospitales para discutir el esquema de distribución de recursos. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había acusado a los rectores de impulsar una «extorsión política». Gelpi lo rechazó: «Lo que estamos pidiendo para los estudiantes y para los hospitales es lo mismo que se pedía el año pasado.»

Puntos clave

  • La cuarta Marcha Federal Universitaria se realiza este martes con acto central en Plaza de Mayo a las 17 horas, convocada por el CIN, la FUA y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
  • El reclamo central es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, votada y ratificada por el Congreso y avalada en dos instancias judiciales, que el Gobierno se niega a implementar.
  • El día anterior a la marcha, el Gobierno recortó $78.768 millones en educación mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por Adorni y Caputo.
  • Los salarios docentes universitarios acumulan una caída real del 34% desde diciembre de 2023, los más bajos en 23 años.
  • Los hospitales universitarios de la UBA denuncian una deuda de 20.000 millones de pesos en fondos operativos no transferidos desde enero de 2026.

Educación

Desfinanciamiento universitario: más de 10 docentes renuncian por día

En el Día del Docente Universitario, el sistema de educación superior pública argentina atraviesa su peor crisis desde 1989. Con salarios por debajo de los niveles de la poscrisis de 2001, un recorte presupuestario del 37,3% desde diciembre de 2023 y un Gobierno que se niega a cumplir la Ley de Financiamiento Universitario, la deserción docente avanza a un ritmo de entre 10 y 12 renuncias diarias en todo el país.

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La academia en éxodo: más de 10 docentes universitarios renuncian por día

La comunidad académica argentina eligió el 15 de mayo, Día del Docente Universitario, para volver a poner en el centro del debate la crisis estructural que atraviesa el sistema universitario público.

Lejos de los anuncios oficiales de «equilibrio macroeconómico», la realidad de más de 60 universidades nacionales distribuidas en todo el territorio revela un desmantelamiento sistemático que sus propios protagonistas describen, sin eufemismos, como un plan deliberado.

«Un plan de destrucción por goteo»

Rodrigo Quiroga, doctor en Ciencias Químicas y docente con 15 años de experiencia en la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), cuantificó el fenómeno con datos concretos: entre 10 y 12 docentes renuncian por día a nivel nacional. La causa es, en todos los casos, la misma: la imposibilidad de sostenerse económicamente con los ingresos que ofrece la actividad académica.

Para Quiroga, la situación no es producto de la inercia ni de una mala coyuntura. «El Gobierno está poniendo excusas para no cumplir la ley porque efectivamente lo que buscan, creo, es un plan de destrucción de las universidades nacionales por goteo«, declaró el investigador. En esa línea, advirtió que son los propios docentes quienes vienen subsidiando el déficit de financiamiento con mayor dedicación personal, aunque ese esfuerzo tiene un límite humano y económico infranqueable.

El cargo docente más bajo del sistema universitario nacional, el de Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación simple, percibe actualmente apenas 260.000 pesos mensuales, una cifra que, en la Argentina de mayo de 2026, no alcanza siquiera para cubrir los gastos de transporte y alimentación necesarios para asistir al trabajo.

El peor momento en décadas

Pablo Bolcatto, doctor en Física y profesor con 38 años de trayectoria en la Universidad Nacional del Litoral (UNL), describió el presente como «el peor momento de mi vida profesional«. El testimonio de Bolcatto permite comprender la dimensión humana de una crisis que las estadísticas no alcanzan a capturar por sí solas.

«Ahora lo que se está dando es que un investigador o un profesor lo que hace es hacer Uber o empezar a vender empanadas», señaló Bolcatto, en alusión directa al fenómeno de pluriempleo al que se ven empujados quienes eligieron la docencia universitaria como vocación. Para este profesor, la elección de seguir en las aulas es un acto de convicción: «dar clases es una vocación; de enseñar, transmitir conocimiento y correr la frontera un poquito más allá», en referencia a la actividad científica que la crisis también amenaza.

La actitud del Gobierno Nacional fue caracterizada por Bolcatto como «profundamente ideológica», lo que para el docente explica la persistencia de la crisis más allá de cualquier argumento técnico.

Los números del desmantelamiento

Los datos recopilados por el grupo EPC y difundidos por Quiroga en redes sociales trazan un mapa preciso del ajuste:

  • Las universidades nacionales acumulan una caída presupuestaria del 37,3% desde diciembre de 2023.
  • En 2026 se proyecta el presupuesto universitario más bajo desde 1989 en relación al PBI, con apenas el 0,428%.
  • Los salarios docentes perdieron 33,7 puntos de poder adquisitivo desde noviembre de 2023, acumulando 17 meses consecutivos de caída.
  • Días antes de la última Marcha Federal Universitaria, el Gobierno recortó más de 5.300 millones de pesos destinados a infraestructura en la UNLP, UNSAM, UNL y UNNE, entre otras casas de altos estudios.
  • El salario real docente es actualmente más bajo que el que tenían en la poscrisis de 2001.

Estas cifras se inscriben en un contexto más amplio que ya documentamos en esta redacción: desde el inicio de la gestión libertaria, las transferencias a universidades acumularon un recorte real superior al 20%, según datos del Foro Economía y Trabajo; y el propio organismo de verificación Chequeado señaló que el financiamiento universitario sufrió recortes reales de hasta el 31,6% en los primeros tramos de la gestión Milei.

Un dato adicional que aporta dimensión social al conflicto: según la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), dos tercios de los estudiantes de la universidad pública pertenecen al 60% más pobre de la sociedad. El ajuste sobre la educación superior no golpea a una élite; golpea, en su inmensa mayoría, a los sectores populares.

La ley existe, el Gobierno no la cumple

El reclamo del sector docente tiene un núcleo jurídico concreto: la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya vigencia los propios tribunales ratificaron con fallos favorables al sector. Si esa norma se aplicara, un docente que hoy cobra 260.000 pesos pasaría a percibir 400.000 pesos, lo que equivaldría a pasar de 6.800 pesos a 10.200 pesos por hora de clase, según los cálculos difundidos por Quiroga.

Frente a las excusas esgrimidas por la administración Milei, como la exigencia de auditorías previas a cualquier recomposición salarial, Quiroga recordó que las auditorías ya existen y funcionan: las facultades de Económicas, Derecho y Medicina de la UBA fueron auditadas en 2024 y sus informes aprobados por unanimidad. Además, «muchas otras universidades firmaron convenios con SIGEN», precisó el investigador.

El argumento del cobro de aranceles a estudiantes extranjeros también fue desactivado con datos: los estudiantes extranjeros representan aproximadamente 83.000 personas, apenas el 4% de la matrícula total. La cifra es marginal frente al déficit estructural de financiamiento.

Un punto central que los propios docentes subrayan para despejar confusiones es el siguiente: no son las universidades las que pagan los sueldos, sino el Estado Nacional. Y los salarios representan el 90% del presupuesto total de las universidades. Quien decide los aumentos, quien los frena, es el Gobierno de Javier Milei.

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