Educación
Cuarta Marcha Federal Universitaria: reclamos, columnas y cortes en el centro porteño
El Consejo Interuniversitario Nacional, la FUA y el Frente Sindical convocaron para este martes a estudiantes, docentes y no docentes a marchar hacia Plaza de Mayo, en reclamo de la aplicación plena de la Ley de Financiamiento Universitario. La jornada se desarrolla un día después de que el Gobierno publicara un nuevo recorte de casi 79.000 millones de pesos en educación.
Cuarta Marcha Federal Universitaria: movilización masiva en defensa de la educación pública
★ La cuarta Marcha Federal Universitaria concentra este martes a miles de personas en el centro porteño, con epicentro en Plaza de Mayo, en una jornada que promete ser multitudinaria y que vuelve a poner en el centro del debate el desfinanciamiento sistemático del sistema universitario público bajo la gestión de Javier Milei.
La convocatoria fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de Universidades Nacionales, y se extiende con movilizaciones simultáneas en distintas ciudades del país.
El reclamo: una ley votada, ratificada y sistemáticamente incumplida
El eje central de la protesta no varió desde la primera marcha del 23 de abril de 2024: exigir que el Poder Ejecutivo cumpla la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, aprobada por el Congreso Nacional en octubre de 2025 y ratificada con mayoría agravada de dos tercios en ambas cámaras el 17 de septiembre de ese mismo año. La norma fue además respaldada en dos instancias judiciales: la Sala III de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó su plena vigencia a fines de marzo de 2026.
La ley establece la actualización por inflación del presupuesto universitario, los salarios docentes y no docentes, y las becas estudiantiles. Sin embargo, el Gobierno no la implementó. Más aún: recurrió a la Corte Suprema mediante un recurso extraordinario para evitar aplicar las actualizaciones salariales que dos fallos judiciales le ordenaron.
Los números del deterioro son contundentes. Según datos del sector universitario, las transferencias a las universidades nacionales acumulan una caída real del 45,6% entre 2023 y 2026. Los salarios docentes cayeron un 34% en términos reales desde diciembre de 2023, ubicándose en los niveles más bajos de los últimos 23 años. Para recomponer ese deterioro, los haberes deberían aumentar un 50,6%, ya que la inflación acumuló un 293% entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, mientras los sueldos solo subieron un 160% en el mismo período.
Un recorte en vísperas de la movilización
La víspera de la marcha trajo una nueva medida de ajuste. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo, el Gobierno recortó $78.768.179.759 en programas de la Secretaría de Educación. La medida incluye una poda de $5.303.000.000 en transferencias de capital para obras de infraestructura que afecta a 13 universidades nacionales, y un recorte de $35.288.051.713 sobre el Plan Nacional de Alfabetización.
La comunidad universitaria interpretó el timing como una señal deliberada. El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, convocó públicamente a acompañar la marcha y declaró en diálogo con Radio Mitre: «Confío que mañana sea una marcha pacífica, multitudinaria y que la gente apoye esto. No que apoye a la UBA, sino que apoye al país.» Gelpi advirtió que el ajuste «afecta directamente las cursadas, los salarios de docentes y no docentes, así como el funcionamiento de los hospitales universitarios» y que la pérdida de recursos humanos calificados ya genera consecuencias irreversibles: «Se está yendo la gente de las universidades y de los laboratorios, hay números.»
Los hospitales en crisis: deuda acumulada de 20.000 millones
La disputa se extendió en las últimas semanas a los hospitales universitarios. Autoridades de la UBA denunciaron en una conferencia de prensa del 5 de mayo en el Hospital de Clínicas que la gestión de Milei no transfirió los fondos operativos correspondientes a enero, febrero, marzo y abril de 2026, lo que genera una deuda acumulada de aproximadamente 20.000 millones de pesos. Esos recursos, aprobados en el Presupuesto 2026, son imprescindibles para insumos, mantenimiento y servicios básicos. Los directores de hospitales alertaron que varios centros de salud podrían dejar de funcionar. Los hospitales universitarios de la UBA atienden aproximadamente 700.000 pacientes por año.
El Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello, rechazó esas denuncias y las calificó de «falsas». Sostuvo que los fondos ordinarios ya fueron transferidos y que el reclamo corresponde a una partida «extraordinaria» aún no desembolsada. En paralelo, la misma cartera intimó a los rectores a «informar las medidas que tomaron para asegurar el derecho a la educación» frente a los paros gremiales.
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD UBA), su secretaria general Laura Carboni, respondió sin rodeos: «No tienen cara; el gobierno lleva 189 días de incumplimiento de una ley votada en cinco oportunidades en el Congreso y ratificada dos veces en la justicia.»
El mapa de la movilización en Buenos Aires
La marcha en la Ciudad de Buenos Aires se organiza en cuatro columnas que confluirán en Plaza de Mayo. La columna del sur y La Plata parte desde Constitución y avanza por Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo. La columna de Ciencias Económicas, Medicina y facultades del área norte se concentra desde las 16 en Córdoba y Junín, para marchar por Callao, Rivadavia y Avenida de Mayo. La columna de Psicología, Filosofía y Letras ingresa por Entre Ríos y Rivadavia. La UTEP concentra desde las 14 en Belgrano y Diagonal Sur.
Entre los puntos de encuentro confirmados se destacan: la intersección de Avenida Callao y Bartolomé Mitre (Ciencias Exactas UBA, desde las 13), Plaza Houssay con convocatoria de ADUBA (Facultad de Medicina, 14 horas), la sede de la UTN en calle Medrano (14:30), y las intersecciones de Diagonal Sur y Bolívar con Avenida de Mayo y Tacuarí (CGT, CONADU y FEDUN, desde las 15).
La CTA Autónoma y la CTA de los Trabajadores concentran desde las 15 en Diagonal Norte y San Martín; CONADU Histórica junto a organizaciones del FreSU, desde las 15 en Piedras y Avenida de Mayo. La Universidad Nacional de Quilmes (UNQ) iniciará su protesta al mediodía en el campus de Bernal para sumarse luego a la columna central en Avenida de Mayo y Bernardo de Yrigoyen.
El acto central está previsto para las 17 horas en Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada. El perímetro del microcentro porteño estará afectado por cortes totales y parciales en Avenida de Mayo, Avenida Callao, Diagonal Norte, Diagonal Sur, Bernardo de Yrigoyen, Bartolomé Mitre, Bolívar, Tacuarí, Piedras y Salta, así como en los entornos de Plaza Houssay y calle Medrano. Se recomienda a los conductores evitar el área entre las 13 y las 19 horas.
Cuatro marchas, ninguna respuesta
La convocatoria de este martes es la cuarta de una serie que comenzó el 23 de abril de 2024, cuando más de medio millón de personas se movilizaron en la Avenida de Mayo. La segunda tuvo lugar el 2 de octubre de 2024, frente al Congreso, en rechazo al veto presidencial a la ley de financiamiento. La tercera se realizó el 17 de septiembre de 2025, el mismo día en que el Congreso ratificó la norma con mayoría agravada de dos tercios. En ninguno de esos tres casos el Gobierno modificó su postura.
El Ejecutivo insiste en que la ley no prevé en forma expresa su fuente de financiamiento y que su aplicación plena «afecta la estabilidad económica y la macroeconomía del país». Ante la nueva jornada de protesta, el Gobierno anunció que abrirá una instancia de diálogo con las universidades después de la marcha; desde el Ministerio de Capital Humano señalaron que se analiza la creación de una comisión con rectores de universidades que cuentan con hospitales para discutir el esquema de distribución de recursos. El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había acusado a los rectores de impulsar una «extorsión política». Gelpi lo rechazó: «Lo que estamos pidiendo para los estudiantes y para los hospitales es lo mismo que se pedía el año pasado.»
Puntos clave
- La cuarta Marcha Federal Universitaria se realiza este martes con acto central en Plaza de Mayo a las 17 horas, convocada por el CIN, la FUA y el Frente Sindical de Universidades Nacionales.
- El reclamo central es la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, votada y ratificada por el Congreso y avalada en dos instancias judiciales, que el Gobierno se niega a implementar.
- El día anterior a la marcha, el Gobierno recortó $78.768 millones en educación mediante la Decisión Administrativa 20/2026, firmada por Adorni y Caputo.
- Los salarios docentes universitarios acumulan una caída real del 34% desde diciembre de 2023, los más bajos en 23 años.
- Los hospitales universitarios de la UBA denuncian una deuda de 20.000 millones de pesos en fondos operativos no transferidos desde enero de 2026.
Educación
Con cautelar firme y multas en puerta, el Gobierno apeló otra vez antes de pagar los salarios docentes
El juez federal Martín Cormick intimó al Ejecutivo a cumplir de manera total con la cautelar firme que ordena aplicar los artículos 5° y 6° de la Ley 27.795, con recomposición salarial docente y actualización de becas. El Gobierno apeló, pero ya acumula derrota judicial sobre derrota judicial desde diciembre de 2025.
El Decreto 759/2025, la herramienta con la que el gobierno de Javier Milei intentó bloquear la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, suma un nuevo rechazo judicial. El juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, intimó al Estado Nacional a cumplir en cinco días con la medida cautelar que declaró inaplicable la suspensión de la ley, advirtiendo que, de no hacerlo, se activarán multas diarias por cada jornada de demora. El Ejecutivo volvió a apelar.
La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 y, tras el veto presidencial, el Parlamento insistió con mayorías de dos tercios, conforme al artículo 83 de la Constitución Nacional. Pese a esa insistencia legislativa, el Ejecutivo emitió el Decreto 759/2025, mediante el cual condicionó la aplicación de la norma a que el Congreso determinara las fuentes de financiamiento e incorporara las partidas al presupuesto. El CIN (Consejo Interuniversitario Nacional), la Universidad de Buenos Aires y sindicatos docentes presentaron amparos y la causa tramita en el expediente 39.475/2025.
Un mecanismo que choca con la Constitución
En diciembre de 2025, Cormick hizo lugar a la medida cautelar y declaró inaplicable el decreto presidencial en cuanto suspendía la ejecución de la ley. En su fallo, señaló que la insistencia legislativa del Congreso no admitiría otra solución que la efectiva aplicación de la norma sancionada, y calificó la maniobra oficial como contraria al principio de división de poderes. El magistrado precisó, además, que el Ejecutivo había fundado la suspensión en el artículo 5° de la ley 24.629, una norma de jerarquía inferior al mandato constitucional expreso del artículo 83.
El Estado apeló esa resolución, pero en marzo de 2026 la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal, con voto de los jueces Sergio Fernández y Eduardo Morán, confirmó la cautelar de primera instancia. La Cámara introdujo un argumento de peso: una ley posterior del Congreso puede válidamente desplazar a una norma anterior, incluso en materia presupuestaria, por lo que no era admisible que el Ejecutivo paralizara su aplicación invocando la ley 24.629. Los argumentos de la administración Milei, según el propio fallo, no merecieron consideración alguna por su falta de seriedad.
Recusaciones rechazadas y una cautelar que no se cumple
El gobierno ensayó una última estrategia procesal: intentó apartar al propio Cormick de la causa, recusándolo por su condición de docente en las universidades nacionales de Avellaneda y José C. Paz. También impugnó al juez de Cámara Sergio Fernández por su actividad en la Universidad de Lomas de Zamora. La Corte Suprema, con la firma de los jueces Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, rechazó todas las recusaciones en junio de 2026, señalando que la sola condición de profesor universitario no alcanza para apartar a un magistrado de un expediente.
Con las recusaciones descartadas y la cautelar firme, el expediente siguió su curso. En septiembre de 2026, Cormick revisó una presentación del Ministerio de Capital Humano y la Secretaría de Educación y concluyó que no existía cumplimiento total de la medida. Intimó al Estado a acatar la cautelar en cinco días y anticipó que aplicaría multas diarias por cada jornada adicional de demora. El Ejecutivo volvió a apelar ante la Cámara y analiza si pedirá efecto suspensivo al recurso.
Lo que está en juego: salarios y becas bajo presión
La Ley 27.795 exige actualizar los presupuestos universitarios por inflación y recomponer los salarios de docentes y no docentes según el Índice de Precios al Consumidor, además de actualizar las becas estudiantiles. Los artículos 5° y 6° de la norma, los que ordena aplicar la cautelar, son precisamente los que regulan esa recomposición. La Oficina de Presupuesto del Congreso estableció que el costo total de la ley representa el 0,23% del PBI, un dato que el propio Cormick puso sobre la mesa para cuestionar la proporcionalidad del argumento fiscal esgrimido por la Casa Rosada.
El deterioro salarial del sector docente universitario es parte del diagnóstico que el propio decreto 759/2025 reconoció en sus considerandos, lo que fue utilizado por la Justicia como evidencia del peligro en la demora. Mientras la causa continúa hacia su resolución de fondo sobre la constitucionalidad del decreto, el Estado lleva más de diez meses resistiendo el cumplimiento de una ley que el Congreso sancionó dos veces.
Lo que tenés que saber:
- El juez Martín Cormick intimó al gobierno a cumplir en cinco días con la cautelar sobre la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario, bajo apercibimiento de multas diarias.
- La cautelar, que declara inaplicable el Decreto 759/2025 en cuanto suspende la ley, fue confirmada por la Cámara en marzo de 2026 y es firme.
- La Corte Suprema rechazó en junio de 2026 los intentos del Ejecutivo de recusar al juez Cormick y a magistrados de Cámara por su condición de docentes universitarios.
- La Ley 27.795 fue aprobada por el Congreso en agosto de 2025 e insistida con dos tercios tras el veto de Milei; su costo equivale al 0,23% del PBI según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
- El Gobierno apeló la nueva resolución de Cormick ante la Cámara y analiza solicitar efecto suspensivo.
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