Créditos del BNA: la Cámara Federal desplazó a Lijo y entregó la causa a Capuchetti

★ La Cámara Federal porteña resolvió este martes que el Juzgado Federal 5, a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, concentre todas las causas relacionadas con los créditos hipotecarios otorgados por el Banco de la Nación Argentina (BNA) a funcionarios y legisladores del gobierno libertario. La decisión desplazó al Juzgado Federal 4 del juez Ariel Lijo, quien hasta entonces sostenía su competencia en una de las causas derivadas de las denuncias presentadas en abril pasado.

El fallo de Farah y la denuncia sin «lógica»

El camarista Eduardo Farah firmó la resolución que determinó que las distintas presentaciones judiciales investigaban «los aspectos fácticos de un mismo suceso» y que, en consecuencia, correspondía aplicar las reglas de conexidad establecidas en la Acordada 4/2017 de la Cámara Federal. Bajo ese criterio, la causa debía radicarse en el juzgado que recibió la primera «denuncia válida», identificada como el expediente 1364/2026 que tramita ante Capuchetti.

El fallo enumeró a los cuatro denunciantes: Daniel Sarwer, Mónica Frade, Alejandro Díaz Pascual y Fernando Miguez, cuyas presentaciones ingresaron por correo electrónico entre el 2 y el 13 de abril de este año. Sin embargo, el aspecto más resonante de la resolución fue el juicio crítico sobre la denuncia de Sarwer, que había dado origen a la causa radicada en el juzgado de Lijo. Farah sostuvo que esa presentación «no sólo carece» de los requisitos mínimos previstos en el Código Procesal, «sino también de un mínimo de lógica». El camarista además recordó antecedentes en los que había convalidado el archivo de denuncias formuladas por Sarwer con características similares.

De esa manera, el juzgado de Capuchetti quedó al frente de los expedientes 1364/2026, 1353/2026 y sus acumulados.

El escándalo de los créditos: quiénes se beneficiaron y qué se investiga

El origen del conflicto judicial se remonta a comienzos de abril, cuando el sitio web Cuánto Deben reveló la lista de funcionarios y legisladores del oficialismo que accedieron a préstamos hipotecarios del BNA por montos que, según denunciantes y legisladores opositores, no se condicen con sus perfiles patrimoniales e ingresos reales.

Entre los beneficiarios se encuentran Federico Furiase, actual secretario de Finanzas; Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE); Juan Pedro Inchauspe, director del Banco Central, quien habría recibido un crédito por el equivalente a US$ 345.492; Juan Pablo Carreira, a cargo de la Oficina de Respuesta Oficial; y Sharif Menem, director general de la secretaría privada de la Cámara de Diputados. La lista se extiende también a Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, María Frías y Alejandro Carrancio, entre otros.

Las denuncias apuntan a posibles delitos de defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, e investigan si existieron «privilegios indebidos» desde la entidad bancaria a la hora de otorgar esos préstamos. La diputada Mónica Frade (CC-ARI) y el legislador socialista Esteban Paulón argumentaron, en su presentación judicial, que los funcionarios «se hicieron de una acreencia financiera que no se condecía con su perfil patrimonial o ingresos reales».

Ante el escándalo, el propio presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo salieron a defender públicamente la operatoria. El BNA, por su parte, se presentó ante la Justicia para poner a disposición su documentación y aseguró que «no se detectó una sola irregularidad» en la entrega de los créditos. Funcionarios como Furiase y Núñez insistieron, en declaraciones públicas, en que accedieron a los préstamos en igualdad de condiciones con cualquier cliente del banco.

Mientras la disputa de competencia llegaba a la Cámara, el juez Lijo había avanzado con medidas de prueba concretas: ordenó una auditoría a la Auditoría General de la Nación (AGN) para determinar si existieron beneficios indebidos, y solicitó al BNA la entrega de los legajos completos de los créditos investigados, los registros de ingreso de los beneficiarios y las evaluaciones crediticias realizadas.

El expediente llega a manos de una jueza cuestionada

La decisión de la Cámara no es un dato menor en términos políticos y judiciales. La jueza Capuchetti acumula un historial de resoluciones que generaron fuertes controversias, en particular por su actuación en la investigación del intento de magnicidio contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

En esa causa, Capuchetti archivó la pista que apuntaba al diputado del PRO Gerardo Milman, sin lograr esclarecer el contexto político del ataque. A su vez, el teléfono del atacante Fernando Sabag Montiel fue reseteado luego de su detención y su contenido nunca pudo recuperarse, lo que motivó una denuncia disciplinaria del kirchnerismo ante el Consejo de la Magistratura. Esa denuncia fue finalmente desestimada en abril de 2026 por la Comisión de Disciplina del organismo, en una votación dividida y con el kirchnerismo insistiendo en la gravedad de los hechos.

Sectores de la oposición y el entonces ministro de Justicia Martín Soria denunciaron en 2022, con documentación registrada, la cercanía de Capuchetti con el espacio de Cambiemos: se detectaron en registros públicos múltiples ingresos de la magistrada a la ex Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la gestión de Mauricio Macri, bajo las conducciones de Sergio Arribas y Silvia Majdalani.

Que sea precisamente esta jueza la que ahora concentre la investigación sobre los créditos del BNA a funcionarios del gobierno de Milei no pasa inadvertido para quienes siguen de cerca la política judicial argentina.

Puntos clave

• La Cámara Federal asignó a Capuchetti todos los expedientes por los créditos del BNA a funcionarios y legisladores del gobierno de Milei, desplazando al juez Lijo.
• El camarista Farah descalificó la denuncia que originó la causa ante Lijo por carecer de «un mínimo de lógica».
• Entre los beneficiarios investigados figuran funcionarios del área de Luis Caputo, con créditos de hasta US$ 345.492.
• Lijo había ordenado una auditoría de la AGN y solicitado documentación al BNA antes de ser desplazado de la causa.
• Capuchetti acumula cuestionamientos por su actuación en la causa del atentado a CFK, incluido el archivo de la pista que apuntaba al macrismo.