— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.

★ El juez Federico Güerri, titular del Juzgado Comercial N° 29, decretó la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la empresa que desde 2016 gestionaba la unidad de postres y yogures de SanCor. La resolución ordenó la liquidación total de activos, la inhibición de bienes y el embargo de fondos de la firma, y formalizó el despido de casi 400 trabajadores que prestaban servicios en las plantas de Lincoln (provincia de Buenos Aires) y Monte Cristo (provincia de Córdoba).

Con el fallo desaparecen del mercado marcas que formaron parte de la heladera de generaciones enteras de argentinos: Shimmy, Yogs, Sancorito y Sublime, productos que dejaron de estar en las góndolas mucho antes de que la Justicia pusiera el sello final.

De SanCor a Vicentin, de Vicentin a Maralac: traspasos sin futuro

La historia de ARSA es la de una empresa que pasó de mano en mano sin que ninguno de sus propietarios lograra, o intentara seriamente, sostenerla. Creada en 2016 para gestionar la unidad de postres y yogures de SanCor, la firma quedó inicialmente bajo la órbita de un holding vinculado al Grupo Vicentin y posteriormente pasó a manos de la firma venezolana Maralac S.A., el mismo grupo que también controlaba La Suipachense, la empresa láctea de Suipacha cuya quiebra fue decretada por el Juzgado Civil y Comercial N° 7 de Mercedes en noviembre de 2025, con 140 trabajadores despedidos.

Las promesas de modernización que acompañaron cada traspaso nunca se materializaron. La realidad de los últimos dos años estuvo marcada por deudas acumuladas con transportistas, proveedores y el servicio de energía eléctrica, sumado a un vaciamiento operativo progresivo que fue sacando las marcas de las góndolas antes de que la Justicia interviniera. Representantes gremiales y analistas del sector apuntan a negligencia patronal y a un concurso preventivo que, lejos de buscar un rescate genuino, funcionó como la antesala planificada de una liquidación.

Trabajadores con 30 años de antigüedad peleando por cobrar

La situación de los casi 400 trabajadores despedidos es de extrema vulnerabilidad. Muchos contaban con más de 30 años de antigüedad y hoy se ven forzados a recurrir a la Justicia mediante presentaciones de «Pronto Pago Laboral Colectivo» para intentar cobrar indemnizaciones, preavisos y salarios adeudados que la empresa dejó de abonar mucho antes del fallo judicial. Que los empleados deban apelar a esa vía para cobrar lo que legalmente les corresponde desde antes de la quiebra habla de la magnitud del abandono patronal que precedió al cierre formal.

El consumo que no volvió: ocho años de salarios destruidos

El colapso de ARSA no puede leerse sin el contexto de una demanda interna que lleva ocho años en retroceso. Un informe del economista Nadin Argañaraz establece que entre 2017 y 2025 un trabajador formal del sector privado perdió el equivalente a 20% de su poder adquisitivo, es decir, 16 salarios mensuales de 2017. Para un empleado público, el retroceso es aún más pronunciado: 34% menos de poder de compra respecto a 2017, equivalente a 21 sueldos perdidos. Los trabajadores informales, que representan el 43,3% de la fuerza laboral según el mismo informe, resignaron el equivalente a 29 salarios mensuales.

La desinflación que el Gobierno de Javier Milei presentó como logro central de su gestión no se tradujo en mejoras concretas para los trabajadores. Un informe de la propia Secretaría de Trabajo establece que en diciembre de 2025 el salario promedio del empleo registrado privado sufrió un retroceso real, acumulando cuatro meses consecutivos de reducción. Entre septiembre y diciembre de 2025, la caída acumulada llegó al 2,4%. Solo 6 de los 27 convenios colectivos con mayor cantidad de trabajadores lograron pactar incrementos que igualaron o superaron la inflación en el último mes del año, según el mismo informe oficial.

Ese deterioro sostenido del poder de compra tiene una consecuencia directa sobre la industria de alimentos: menos plata en el bolsillo de los trabajadores significa menos consumo, y menos consumo significa góndolas que no rotan, stocks que se acumulan y empresas que no tienen a quién venderle. El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) lo documentó con precisión: el consumo de lácteos cayó un 9,7% en 2024, con bajas particularmente pronunciadas en leches. La recuperación parcial de 2025 (un incremento del 5,2% en volumen acumulado) no alcanzó para compensar ese derrumbe ni para sostener a las empresas más débiles del sector.

Un modelo sin política industrial

El cierre de ARSA se produce en el mismo mes en que Fate bajó la persiana en San Fernando con 920 despidos, luego de que la apertura importadora inundara el mercado con cubiertas asiáticas que la empresa no pudo competir en precio. Se produce semanas después de la quiebra de La Suipachense con 140 despidos. Y se produce con Lácteos Verónica en situación crítica, con 700 puestos de trabajo en riesgo.

La Unión Industrial Argentina (UIA) alertó en su comunicado del 18 de febrero de 2026 que la industria argentina acumula 65.000 empleos perdidos en los últimos dos años, con corte a noviembre de 2025, un número que no incluye los despidos de Fate ni los de ARSA. La entidad reclamó «igualdad de condiciones para competir» e identificó como urgentes un esquema impositivo razonable, financiamiento accesible y un marco macroeconómico que acompañe la producción nacional.

Ninguna de esas condiciones fue provista por el Gobierno. Lo que sí proveyó fue la Resolución 172/2026, firmada por el ministro Luis Caputo el mismo día de la audiencia por Fate, que eliminó el derecho antidumping del 28% sobre el foil de aluminio chino, abriendo otro sector de la industria nacional a la competencia sin regulación de origen asiático. Y lo que proveyó también fue el silencio: ante cada cierre, ante cada quiebra, ante cada lote de trabajadores que pierden su empleo, el Ejecutivo no anunció ninguna medida concreta de asistencia, reconversión o política productiva de reemplazo.

El propio Javier Madanes Quintanilla, dueño de Fate y uno de los empresarios industriales más importantes del país, lo había dicho en mayo de 2024 con una claridad que hoy resuena con más fuerza: «A veces siento un cierto menosprecio al capital nacional.» Calificó el ajuste de Milei como «el más duro de la historia» y lo comparó con 2001, aunque «más profundo.» Nadie le respondió desde el Gobierno. Ocho meses después, cerró su fábrica.

Puntos clave

• El juez Federico Güerri del Juzgado Comercial N° 29 decretó la quiebra de ARSA con liquidación total de activos; casi 400 trabajadores de Lincoln y Monte Cristo perdieron su empleo, muchos con más de 30 años de antigüedad.
• Según informe del economista Nadin Argañaraz, entre 2017 y 2025 un trabajador privado formal perdió 20% de poder adquisitivo (16 salarios) y un empleado público 34% (21 salarios); los informales resignaron el equivalente a 29 sueldos mensuales.
• La Secretaría de Trabajo confirmó que entre septiembre y diciembre de 2025 el salario promedio del sector privado registrado acumuló una caída real del 2,4%, con solo 6 de 27 convenios superando la inflación en diciembre.
• El sector lácteo perdió un 9,7% de consumo en 2024 (OCLA) y Lácteos Verónica enfrenta una situación crítica con 700 puestos en riesgo, según el material de base.
• La UIA documentó 65.000 empleos industriales perdidos en dos años (corte noviembre 2025); los despidos de Fate (920) y ARSA (400) no están incluidos en ese registro.