Por Agustina Pasaragua

Especialistas y actores destacados del criptomercado anticipan un marcado incremento en la adopción de criptomonedas en la Argentina para el 2024.

Este impulso se respalda en dos factores clave: el halving de Bitcoin, que reduce la emisión de la moneda e impacta en su valor, y la potencial inclusión del fondo de inversión de Bitcoin (ETF) en los mercados de valores de Estados Unidos, que abre nuevas oportunidades para operar con criptomonedas.

«Los inversores y usuarios de criptomonedas en Argentina aguardan con expectación el halving de Bitcoin, programado para abril de 2024 que reduce a la mitad las recompensas para los mineros, siendo un periodo de aumento constante en el precio del activo», afirmó en dialogo con Télam el especialista en criptomonedas, Norberto Giudice.

En los últimos meses el bitcoin ha experimentado un destacado aumento, alcanzando su mejor precio desde abril de 2023, con un valor de 41,438.89 dólares.

Este incremento del 150% en el año se atribuye no sólo al evento del halving que controla la inflación y la oferta de bitcoin sino también a la posible aprobación de un Exchange Traded Fund (ETF) de bitcoin por parte de la SEC (Comisión de Valores y Bolsa).

Este fondo de inversión se negociaría en bolsas de valores y seguiría el precio del bitcoin, de modo que, su aprobación permitiría a los inversores comprar y vender acciones del ETF, impactando indirectamente las transacciones de bitcoin.

Esta situación se determinará el 10 de enero cuando los reguladores estadounidenses aprueben o no el ETF de bitcoin con respaldo físico.

«Este fenómeno sigue la tendencia histórica de alzas en el precio de BTC después de los halvings anteriores (2012, 2016 y 2020), que también impactan positivamente en otras criptomonedas, a su vez, a nivel internacional, se esperan novedades respecto de las monedas digitales estatales (CBDC) y los fondos cotizados (ETF) de Bitcoin», coinciden desde la plataforma Ripio.

En una perspectiva similar, el director de expansión latam de Bitget, Maximiliano Hinz, resaltó que estos eventos tendrán fuerte influencia en la Argentina ya que el país se posiciona como «un mercado de gran relevancia en el sector cripto», gracias a su tamaño y al creciente nivel de adopción de las criptomonedas.

En el caso de Bitget en la Argentina, la compañía obtuvo un crecimiento notable con un aumento del 136% en el número de usuarios activos diarios y un incremento del 202% en el volumen de operaciones en comparación con el año anterior.

Por su parte, el vicepresidente regional de Binance para América Latina, Min Lin, precisó en dialogo con Télam las tendencias en Argentina que se continuaran fortaleciendo, entre ellas, el crecimiento en la capitalización de mercado, «la búsqueda de una regulación más clara y armonizada», y el creciente interés en Web3 e iniciativas institucionales.

No obstante, según el especialista Giudice, el principal desafío en la Argentina, además de la «búsqueda de regulaciones más libres», radica en la necesidad de fomentar la educación financiera sobre el uso y funcionamiento de las criptomonedas debido a su rápida adopción.

Respecto del marco regulatorio, el abogado y presidente de Bitcoin Argentina, Ricardo Mihura, sostuvo que desde la entidad buscan reformar la normativa actual por medio de un proyecto que se presentará al congreso a principios del 2024.

«El anteproyecto de ley tiene por objeto evitar que se sancione el pésimo proyecto que aún tiene estado parlamentario y media sanción, y que plantea la registración y licencia obligatoria para todos los exchanges y quienes presten servicios vinculados con criptoactivos», sostuvo.

Esta iniciativa tiene como fin proteger la propiedad y derechos sobre bitcoin y otros criptoactivos y establece tres categorías para las plataformas de servicios y criptoactivos: descentralizados, centralizados locales dispuestos a colaborar con las autoridades, y centralizados globales.

En el caso de la categoría descentralizados, quedan fuera de la competencia regulatoria de la autoridad de aplicación, ya que «se las considera moneda sin curso legal y se reconoce el derecho de operar con ellas en libertad y desarrollarlas».

Para los centralizados locales se prevé su regulación bajo requisitos y supervisión administrativa convencionales, incentivándolas con acceso al sistema bancario y de pagos, aplicación de normas de responsabilidad civil y la independencia patrimonial de las reservas.

Mientras que a los centralizados globales se les permite operar libremente pero se implementa una «desincentivación al hacer responsables solidarios por sus riesgos a quienes los operen o promuevan, así como a sus administradores», explicaron desde la ONG.

Luego, al ser consultado por el impulso de proyectos de minería de Bitcoin mediante excedentes de gas en Vaca Muerta, el titular de la ONG enfatizó que esta actividad industrial depende del proyecto económico, ya sea estatal o privado.

«Proponer esta actividad industrial requiere considerables inversiones de capital y tecnología. Por lo tanto, la decisión depende de si se cree que los factores de producción deben ser manejados por el Estado o por actores privados».

Sin embargo, para el fundador del exchange descentralizado CryptoMate, Alan Boryszanski, la implementación de contratos privados podría impulsar la evolución de un proyecto al basarse casi exclusivamente en las variables internas del mismo.

«Esta estrategia eliminaría riesgos y restricciones relacionadas con los tipos de cambio, facilitaría la expansión y sinergias con otras áreas industriales y de negocios, y permitiría optimizaciones a lo largo de la cadena de valor de los productos», dijo.

Finalmente, en relación con los desafíos y oportunidades de criptomonedas en la Argentina, Mihura señaló que el proyecto de ley de blanqueo presentado por el presidente Javier Milei podría presentar una alternativa para los poseedores de Bitcoin que buscan regularizar su situación.

«Si bien se contempla la regularización de criptoactivos mediante el pago de impuestos, no se ha considerado la posibilidad de sincerar estos activos mediante su depósito en el sistema bancario, un proceso común para la moneda extranjera, exento de costos si se mantiene en el sistema por dos años», remarcó.

Además, agregó que la incorporación de estos activos al patrimonio del BCRA -no necesariamente para su comercialización- podría servir para la obtención de divisas, «abriendo una interesante opción para explorar», concluyó.