Judiciales ⚖️
Tras el revés judicial, el Gobierno pone en marcha su ofensiva
El Gobierno mantiene las esperanzas de alcanzar los votos que le permitan avanzar legislativamente y, para ello, tiende puentes con dirigentes y legisladores que puedan sumar voluntades para la aprobación de las iniciativas que impulsa el Ejecutivo
La Casa Rosada pone en marcha una estrategia de apelaciones que, de ser necesario, podrían escalar hasta la Corte Suprema y, al mismo tiempo, los funcionarios del Ejecutivo se muestran expectantes ante el debate parlamentario del proyecto de Ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», que antes de empezar a ser tratado en el Congreso, tuvo esta semana las primeras enmiendas.
En un contexto signado por los primeros reveses judiciales contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 para desregular la economía, el Gobierno nacional se apresta a encarar esta semana.
El jefe de Estado había terminado el año reiterando la magnitud de la crisis en curso y asegurando que podría alcanzar dimensiones «bíblicas», si las reformas propuestas naufragaban en terreno judicial y, especialmente, en el Congreso Nacional, algo que sería, desde la óptica oficial, un claro síntoma de una «casta» que defiende sus propios intereses.
Sin embargo, el Gobierno mantiene las esperanzas de alcanzar los votos que le permitan avanzar legislativamente y, para ello, tiende puentes con dirigentes y legisladores que puedan sumar voluntades para la aprobación de las iniciativas que impulsa el Ejecutivo, aunque eso signifique tener que «abrir» el paquete de la Ley de «Bases», también denominada como «Ómnibus».
Aunque los voceros gubernamentales aclaran que el proyecto enviado «es correcto; que ha sido trabajado y que encarna las reformas necesarias para el proyecto de país soñado por el liberal-libertarianismo», en los últimos días han aclarado que el oficialismo mantiene «el diálogo abierto», según indicó esta semana el vocero presidencial Manuel Adorni, en las habituales conferencias de prensa que ofrece en la Casa Rosada.
En esa disyuntiva entre lo deseado e inamovible y lo negociable se moverán los armadores políticos oficialistas y puede darse el diálogo para introducir cambios, como sucedió días atrás en los artículos de la «Ley Ómnibus» referidos a la industria pesquera.
El jueves pasado fue el ministro del Interior, Guillermo Francos, quién debió reunirse con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, para moderar las inquietudes que ese mandatario y sus colegas patagónicos habían hecho públicas el 2 de enero sobre el futuro de la actividad pesquera.
Luego del encuentro, del que también participó el intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, Francos, aseguró que se realizarán «clarificaciones» a los artículos del proyecto, pero aclaró que no serán modificaciones.
En medio de este panorama, el Congreso comenzó su trabajo designando, no sin polémica, a las autoridades de las comisiones legislativas que deberán dictaminar sobre este megaproyecto que el oficialismo ambiciona tratar sin extender las sesiones extraordinarias más allá del 31 de enero.
Milei mantuvo una reunión con buena parte de los diputados de La Libertad Avanza (LLA), el miércoles pasado, y siguió activamente la designación de autoridades en las Comisiones de la Cámara baja que analizarán la ley «ómnibus».
Según trascendió, el Presidente se mostró satisfecho con el trabajo realizado por el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, en el armado de estas instancias parlamentarias.
En ese sentido, el mandatario había expresado públicamente sus felicitaciones al diputado nacional José Luis Espert, designado titular de la comisión de Presupuesto y, según pudo saberse, tuvo palabras de elogio para la intervención de la exgobernadora bonaerense y actual legisladora, María Eugenia Vidal, quién reprendió a los diputados de Unión por la Patria (UxP) por quejarse de la composición de la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja.
El jefe de Estado le envió un mensaje a Vidal a través de un colaborador y la ex mandataria provincial le respondió que «acompañará con convicción en todo lo que crea que está bien».
Sobre las impugnaciones judiciales al DNU, en Casa Rosada afirman que «eran esperables» y ayer viernes, el propio Adorni afirmó que las «decisiones judiciales van a ser apeladas».
«No hay nada que haya ocurrido que no hubiese sido esperado por nosotros. El Gobierno seguirá analizando paso a paso no solo el trámite judicial y el legislativo», señaló Adorni en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
Mientras tanto, el fin de semana y el comienzo de la próxima traerá novedades económico financieras: el Banco Central fue autorizado a emitir letras por US$ 3.200 millones a diez años ante «la proximidad de los vencimientos de los compromisos de deuda», mientras que el Gobierno negocia con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Según pudo saberse, ayer y hoy se realizaron «reuniones de equipos técnicos» y el lunes será el turno de los funcionarios: «Ahí estarán (el jefe de Gabinete) Nicolás Posse y (el ministro de Economía) Luis Caputo, ese será el broche de oro», señaló un funcionario.
Buenos Aires
Mientras Milei recorta, Morón apuesta por el Estado presente frente a la violencia escolar
El municipio que conduce Lucas Ghi convocó a la Provincia, las fuerzas de seguridad y el sistema de salud para articular respuestas frente a la ola de violencia que sacude las aulas de todo el país.
Morón toma la iniciativa: acción conjunta con la Provincia para blindar las escuelas
★ En un contexto marcado por una preocupante escalada de amenazas y hechos de violencia en escuelas de todo el país, el municipio de Morón tomó la iniciativa y convocó una reunión de trabajo junto a representantes del área de Educación de la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad bonaerenses y distintas áreas del gabinete local, con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención y abordaje en el ámbito escolar.
La jornada, impulsada por el intendente Lucas Ghi, fue encabezada por la inspectora jefa regional Eliana González Di Martino; la inspectora jefa regional de la Dirección de Educación de Gestión Privada (DIEGEP), Elva Pereira; y la inspectora jefa distrital Natalia Díaz. Del encuentro también participaron el secretario de Seguridad Damián Cardoso, el secretario de Salud Jacobo Netel, el concejal José María Ghi y la subsecretaria de Educación municipal Lorelei Arnaudin, junto a otros miembros del gabinete.
El Estado municipal frente a una crisis que el Gobierno nacional ignora
La reunión se inscribe en un momento de alta tensión en las escuelas argentinas. El tiroteo del 3 de abril en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, donde un alumno de 15 años mató a su compañero Ian Cabrera e hirió a otros ocho estudiantes, abrió una crisis que desde entonces se propagó como un reguero de pólvora: en las semanas siguientes, se multiplicaron las amenazas en escuelas de Tucumán, Mendoza, Córdoba, Neuquén, Entre Ríos, La Pampa y otras provincias.
Frente a ese escenario, el gobierno de Axel Kicillof instruyó a las autoridades escolares bonaerenses para que intervengan ante hechos graves y pidió a estudiantes y docentes que no viralicen los mensajes intimidatorios. La Dirección General de Cultura y Educación provincial reconoció la existencia de una comunidad digital que exalta este tipo de ataques y señaló que el Ministerio de Seguridad la mantiene bajo monitoreo.
En Morón, la respuesta fue dar un paso más: en lugar de limitarse a instrucciones protocolares, el municipio convocó una mesa de articulación interinstitucional con actores concretos, capaz de generar «respuestas rápidas y efectivas ante situaciones de conflicto», según informó el propio municipio.
«Mi Escuela Segura»: convivencia, diálogo y responsabilidad comunitaria
El encuentro se enmarca en la campaña municipal «Mi Escuela Segura», una iniciativa que apunta a generar conciencia sobre la importancia de la convivencia, el diálogo y la responsabilidad en la comunidad educativa, y que busca dotar a docentes, familias y estudiantes de herramientas concretas de intervención ante situaciones de conflicto.
Durante la jornada se compartieron recursos de intervención y se avanzó en la articulación de acciones conjuntas entre el nivel municipal y el provincial. El enfoque adoptado contrasta con las propuestas que circularon desde el Gobierno nacional, que en los últimos años privilegió el recorte presupuestario en áreas de contención escolar por sobre la inversión en equipos de salud mental, orientación y acompañamiento en las aulas.
El gremio docente SUTEBA ya había alertado, en el pico de la crisis posterior al tiroteo de San Cristóbal, que «estos hechos son la expresión de un clima social atravesado por la violencia, el corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades y el debilitamiento de las políticas destinadas a las niñeces y adolescencias». La articulación que pone en marcha Morón responde, al menos en el plano local, exactamente a ese reclamo.
Un municipio que apuesta por el Estado presente
La iniciativa de Morón refuerza una concepción de la gestión pública que privilegia la intervención temprana y el trabajo conjunto sobre la respuesta punitiva. Mientras el debate nacional oscila entre propuestas de mayor seguridad física en los edificios escolares y proyectos que elevan penas para delitos cometidos en instituciones educativas, el municipio del oeste bonaerense elige el camino de la prevención con base comunitaria.
La articulación con la Provincia, la presencia de fuerzas de seguridad con un rol de coordinación y no solo de control, y la incorporación del área de salud como parte de la respuesta dan cuenta de un abordaje integral que reconoce la complejidad del problema.
Puntos clave:
- El municipio de Morón convocó una reunión interinstitucional con la Provincia de Buenos Aires, fuerzas de seguridad y áreas de salud para fortalecer la prevención de la violencia escolar.
- La iniciativa fue impulsada por el intendente Lucas Ghi y se enmarca en la campaña «Mi Escuela Segura».
- El encuentro se produce en un contexto de ola de amenazas de tiroteos en escuelas de todo el país, tras el trágico caso de San Cristóbal, Santa Fe.
- El gobierno de Kicillof instruyó a autoridades bonaerenses para actuar ante hechos graves y monitorear comunidades digitales que exaltan este tipo de ataques.
- El SUTEBA denunció que la violencia escolar es consecuencia del «corrimiento del Estado nacional de sus responsabilidades» en materia de niñeces y adolescencias.
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