Legislativo
¿La fragmentación domina el escenario político argentino?
Por Damián Juárez
La oposición no peronista al Gobierno de Javier Milei presenta, a días de cumplirse un mes de gestión, un escenario de gran fragmentación, sin una conducción unificada a la hora de fijar una postura ante el DNU de desregulación económica y la ley ómnibus que impulsa el Poder Ejecutivo, aunque el grupo de diez gobernadores de Juntos por el Cambio (JxC) comienza a forjar un nuevo eje de poder político.
El mejor ámbito para ver esta falta de unidad en la oposición es el Congreso Nacional, el ámbito que debe tratar tanto el decreto de necesidad y urgencia 70 que desregula la economía, como la ley ómnibus de «Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos».
La Coalición Cívica (CC) fue la primera formación en despedirse formalmente de JxC, y se alió en el Parlamento con Miguel Ángel Pichetto y su Peronismo Republicano, además de sumar a los peronistas cordobeses de Juan Schiaretti.
De esta unión surgió «Hacemos Coalición Federal», el nuevo bloque legislativo que mantiene una postura de respaldo crítico a las iniciativas del presidente Javier Milei.
«Veo que la ley es posible. Estamos dispuestos a iniciar esta semana un debate. Pero algunas cosas son disparatadas, lo que denota también que ha habido varios autores y se ha hecho un corte y pegue», señaló Pichetto esta semana, resumiendo el espíritu de lo que piensa el nuevo grupo de 23 legisladores que integran la bancada que encabeza en la Cámara baja.
Quienes están más cercanos a las posturas libertarias son los referentes del PRO, y sus diputados destacan en sus intervenciones la necesidad de que el Presidente Milei tenga las «herramientas» que necesita para gobernar.
En la Cámara baja, el bloque del partido fundado por el expresidente Mauricio Macri está conformado por 37 diputados, que desempeñarán un rol clave a la hora de dar los debates y respaldos al proyecto de ley de «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» que el Ejecutivo presentó en el parlamento.
Uno de estos legisladores, Damián Arabia, sintetizaba en los últimos días la postura de este grupo: «En este momento tan importante hay que acompañar al Gobierno, hay que darle las herramientas necesarias, porque Argentina está en una situación critica, y el Gobierno necesita herramientas para salir de la crisis», explicó el legislador, cercano políticamente a la ministra de Seguridad y aún titular del partido, Patricia Bullrich.
El radicalismo, en tanto, sostendrá las reformas de Milei, pero insistirá en que en el camino se respete la institucionalidad.
El senador nacional de la UCR por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, aseguró en estos días –resumiendo la postura del partido centenario ante la actual coyuntura que atraviesa el país– , que «una política de shock no puede anular la República».
El legislador radical aclaró que «el shock no implica que se va a lesionar la República, o que en una emergencia uno de los poderes quiera suplantar al otro, shock no implica un DNU que puede ser tachado de inconstitucional».
Fuentes del radicalismo aseguraron a esta agencia que «frente al Gobierno de Milei hay un sector del PRO que está dispuesto a aprobar cualquier cosa, mientras que pese a que formalmente aparezcan en distintos espacios, hay una coordinación política entre los gobernadores, la Coalición Cívica y la UCR para analizar tanto el DNU como la ley de «Bases», también denominada como «ómnibus».
En este sentido, en este contexto de disgregación opositora, y donde muchos aseguran que JxC no seguirá existiendo tal como funcionó en el pasado, el bloque de diez gobernadores no peronistas surge, por ahora, como el eje más afianzado de unidad opositora ante la administración de Milei.
En estos días, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, adelantó que los nueve gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos integrantes de Juntos por el Cambio (JxC), harán un «frente común» de cara al debate de la «ley ómnibus».
El mandatario provincial aseguró que esta entente de mandatarios unificarán la «respuesta ante las decisiones del Gobierno nacional», ya que encontraron «problemas que se dan» en las regiones, y anticipó que determinarán en conjunto «cómo manejarse ante la incertidumbre macroeconómica nacional».
Fuentes vinculadas a este grupo de gobernadores afirmaron a Télam que «tanto los mandatarios del PRO como también el titular del Ejecutivo cordobés, Martín Llaryora, están dispuestos a aprobar gran parte de las leyes que requiere Milei, aunque le pedirán cambios».
Pese a las divisiones formales en bloques legislativos, existe, según las fuentes, «una coordinación entre el radicalismo, el nuevo bloque de Pichetto y los gobernadores con el propósito de convenir los puntos (de la ley ómnibus) que tendrán el visto bueno y aquellos que serán vetados».
En este sentido, indicaron que «esta semana que pasó se le planteó al Gobierno la cuestión del rechazo a los cambios en la Ley de Pesca», y la luego «habrá reparos que se plantearán en torno a otros aspectos, como la suba a las retenciones a las economías regionales y al campo, la cuestión de las facultades extraordinarias y las privatizaciones de YPF y el Banco Nación».
Legislativo
Emergencia en discapacidad: Milei impulsa una reforma que recorta derechos y pensiones
Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.
El ajuste libertario: Desregulación y supuesto fin de la emergencia
El proyecto que el gobierno de Milei envió al Congreso encendió las alarmas en el colectivo de personas con discapacidad. Bajo el título “Contra el fraude de pensiones por invalidez”, la iniciativa propone cambios de fondo en el sistema de protección vigente y ya generó una convocatoria a movilizarse frente al Ministerio de Salud.
Con Mario Lugones al frente de la cartera, la reforma apunta a modificar la Ley de Emergencia en Discapacidad y redefinir tanto el acceso como el financiamiento de las prestaciones. Organizaciones, familias y especialistas denuncian un retroceso que pone en riesgo derechos adquiridos.
Empadronamiento obligatorio y amenaza de baja automática
El eje central del proyecto es un reempadronamiento masivo de todas las personas que perciben pensiones por discapacidad. La medida implica:
- Revalidar condición médica, situación económica y antecedentes laborales.
- Someter la información a cruces de datos con organismos estatales.
- Enfrentar suspensiones preventivas ante cualquier inconsistencia.
El punto más cuestionado: si no se cumple con los plazos, la pensión se suspende automáticamente y puede darse de baja sin mayores instancias de revisión.
Pensiones más bajas y sin adicionales
La iniciativa fija el haber en el 70% de la jubilación mínima, pero elimina herramientas de compensación que hoy permiten contemplar situaciones particulares:
- Se suprimen adicionales por invalidez laboral.
- Se eliminan plus por zona desfavorable.
- Se limita la capacidad del Ejecutivo de otorgar aumentos extraordinarios.
Además, la actualización deja de ser mensual por inflación y pasa a un esquema trimestral, lo que implica una pérdida frente a la suba de precios.
Uno de los puntos más regresivos del proyecto es la prohibición absoluta de compatibilizar pensión con empleo formal.
- Quienes tengan trabajo registrado perderán automáticamente el beneficio.
- Se eliminan programas de inclusión laboral.
- Se desincentiva la contratación en empresas.
El mensaje es claro: trabajar implica quedar fuera del sistema de protección.
Desregulación y supuesto fin de la emergencia
El texto también propone derogar artículos clave de la Ley 27.793, lo que en la práctica vacía de contenido la Emergencia en Discapacidad, que fue aprobada este año y es gobierno libertario insiste es incumplir.
- Se habilita a Nación, provincias y CABA a negociar fondos sin un esquema unificado.
- Se desarma el nomenclador nacional de prestaciones.
- Se abre la puerta a mayor discrecionalidad de obras sociales y prepagas.
La respuesta no tardó en llegar. Referentes del sector, familias y figuras públicas expresaron su repudio. La actriz Lola Berthet fue una de las voces más duras: advirtió que la orientación del proyecto “atenta contra la dignidad y los derechos básicos”.
Este miércoles a las 11, organizaciones convocaron a una marcha bajo la consigna “La discapacidad no puede esperar”. La protesta apunta directamente al Ministerio de Salud y busca frenar el avance legislativo.
El ajuste de Milei
Más allá de los detalles técnicos, el proyecto marca un giro en la concepción del sistema: de un enfoque de derechos hacia uno de control, ajuste y restricción del acceso.
En ese marco, la discusión en el Congreso no será sólo sobre números, sino sobre el lugar que el Estado decide ocupar frente a uno de los sectores más vulnerados.
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