El Gobierno prohibió el ingreso de toda la prensa acreditada a la Casa Rosada

★ El gobierno del presidente Javier Milei prohibió este jueves el ingreso de todos los periodistas acreditados a la Casa Rosada. La medida se comunicó a través de un mensaje de difusión escueto: «Se decidió quitar las huellas dactilares a los periodistas acreditados de manera preventiva por el espionaje ilegal». La decisión se tomó un día después de que la Casa Militar presentara una denuncia penal contra dos periodistas del canal Todo Noticias (TN) por presunto espionaje al grabar pasillos e interiores del palacio de gobierno.

La denuncia que desencadenó el veto masivo

La denuncia judicial fue firmada por el jefe de la Casa Militar, el general de Brigada Sebastián Ignacio Ibáñez, y apunta contra la conductora Luciana Geuna y el periodista acreditado Ignacio Salerno, del programa «¿Y mañana qué?», emitido el domingo 19 de abril. En ese programa se exhibió un informe con recorridos por pasillos y despachos del palacio de gobierno, presuntamente realizados con dispositivos ocultos, sin autorización oficial. La acusación señala posibles infracciones a los artículos 222 y 223 del Código Penal, que contemplan penas de uno a seis años de prisión por obtención o revelación de secretos políticos o militares. La presentación también incluyó a productores y directivos del canal. La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, del Juzgado Federal N°4 de Comodoro Py.

El Gobierno calificó el trabajo periodístico como una «intromisión ilegítima» y afirmó que la difusión del material en televisión y redes sociales representó una «amenaza para la seguridad de la Nación», según el texto de la denuncia.

Un patrón que se repite y se agrava

La medida de este jueves no es un hecho aislado: es el eslabón más reciente de una cadena de restricciones a la prensa que el gobierno de La Libertad Avanza viene ejecutando desde principios de abril. Como informó este medio en aquella oportunidad, el 6 de abril el Poder Ejecutivo revocó las acreditaciones de periodistas de siete medios de comunicación, entre ellos El Destape, A24, Ámbito Financiero, FM La Patriada y Tiempo Argentino, bajo el pretexto de su presunta vinculación con una supuesta campaña de espionaje ruso coordinada por el grupo «La Compañía». Esa medida también se extendió a la Cámara de Diputados, bajo la presidencia de Martín Menem, mientras que el Senado, a cargo de la vicepresidenta Victoria Villarruel, se negó a replicarla.

La diferencia con aquel episodio es que ahora el veto ya no se limita a medios seleccionados: abarca a todos los periodistas acreditados en Balcarce 50, sin distinción. La Casa Rosada condicionó la continuidad de los permisos al avance de la causa judicial contra los periodistas de TN.

Milei, en Israel, insultó a los periodistas en redes

El presidente Javier Milei, que se encontraba de viaje en Israel cuando se publicó el material de TN, se hizo eco del caso a través de sus redes sociales con un mensaje que calificó a los periodistas como «basuras repugnantes» y «delincuentes». La expresión presidencial, lejos de cualquier encuadre institucional, reflejó el tono con el que la administración libertaria gestiona su relación con la prensa crítica: no como un derecho a garantizar, sino como un problema a controlar.

El contexto político que rodea la medida

La escalada contra la prensa se produce en un momento de particular fragilidad para el Gobierno. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, enfrenta una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito. La causa $LIBRA salpica al presidente Milei, quien fue indagado. El Banco Nación otorgó créditos millonarios a legisladores, funcionarios y militantes de La Libertad Avanza, en una operatoria que concentra sospechas de irregularidades. En ese marco, la restricción al periodismo acreditado en la sede del poder ejecutivo adquiere una dimensión que excede la seguridad: opera como un mecanismo de control de la información en un momento en que la información resulta políticamente costosa para el oficialismo.

Puntos clave

• El Gobierno revocó las huellas dactilares de todos los periodistas acreditados en Casa Rosada como medida «preventiva».
• La decisión se tomó tras la denuncia penal de la Casa Militar contra periodistas de TN, Luciana Geuna e Ignacio Salerno, por presunto espionaje al grabar los pasillos del palacio de gobierno el 19 de abril.
• La causa judicial recayó en el juez federal Ariel Lijo y se encuadra en los artículos 222 y 223 del Código Penal, con penas de hasta seis años de prisión.
• El episodio se inscribe en una ofensiva sostenida contra la prensa crítica que en abril ya había vedado el acceso a cronistas de siete medios bajo el pretexto de la supuesta «trama rusa».
• El presidente Milei calificó desde Israel a los periodistas de TN como «basuras repugnantes» y «delincuentes» en sus redes sociales.