Por Demetrio Iramain

A través de una entrevista que concedió a Radio Mitre, emisora de AM del Grupo Clarín, el ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti, tomó el guante, se hizo cargo de la masiva movilización popular del martes 1° de febrero, y respondió a los cuestionamientos sobre el funcionamiento del Poder Judicial. Era hora.

El declarante –no olvidemos- es juez de la Corte Suprema desde 2004 y fue su titular desde 2006 y hasta septiembre de 2018, cuando debido a un golpe palaciego fue desplazado de la presidencias por Carlos Rosenkrantz, primero, y Horacio Rosatti el año pasado.

Que la respuesta haya sido a través de una de las plataformas mediáticas del mayor emporio empresarial que tutela la vida democrática del país desde hace décadas, es parte del mensaje. La Corte «debe ser independiente», «aplicar la Constitución» y «ser serenos», dijo. Ajá.

Además de cuestionar la movilización, lo que demuestra la incomodidad que provoca en grupos espesos de poder que el debate sobre el estado en el que se encuentra el sistema judicial avance en la agenda pública, Lorenzetti negó la existencia del lawfare en los tribunales argentinos, porque, según el juez, él ha “dictado fallos con una línea de principios que sigo sosteniendo ahora, no voy a cambiar mi opinión por una coyuntura política”. Yo, argentino.

Apenas asumió Mauricio Macri, en diciembre de 2015, y mientras Lorenzetti era presidente de la Corte, el flamante gobierno de Cambiemos quitó de la Procuración General de la Nación, entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó (enemiga pública número 1 de Macri), el área de interceptaciones telefónicas en causas judiciales, y traspasó su competencia al Máximo Tribunal, que creó la DAJUDECO.

Esa sensible modificación jurisdiccional provocó el descalabro que sucedió a partir de entonces: la filtración en los medios de comunicación, radiales y televisivos, de las conversaciones privadas que los dirigentes de la oposición al macrismo tenían en sus ámbitos domésticos.

Mientras la sociedad democrática asistía azorada a la difusión de las llamadas telefónicas entre Oscar Parrilli y Cristina Fernández de Kirchner, Lorenzetti guardaba silencio sobre su responsabilidad institucional ante semejante aberración jurídica, política y moral. ¿Ni siquiera pudor sintió? ¿Habría sido suficiente?

El juez, oriundo de la ciudad de Rafaela, en Santa Fe, puede llamarlo como quiera. Si no le gusta el término anglosajón que describe esta desviación latinoamericana, puede hablar de “guerra jurídica” o referir la conversión del Poder Judicial en una patrulla destinada a perseguir, procesar, encarcelar y entorpecer el ejercicio de la función pública a dirigentes que cuestionan los intereses económicos más concentrados. Pero que las hay, las hay.

El lawfare (que Lorenzetti lo llame como quiera) no era ajeno a la manipulación mediática. Y en ese aspecto, la difusión de audios privados resultó clave. La estigmatización de las víctimas resultó condición necesaria para la comisión de las arbitrariedades judiciales. Los jueces y fiscales que protagonizaron la “guerra jurídica”, se sintieron libres de actuar al margen de la ley porque antes hubo una sociedad manipulada hasta el hartazgo, dispuesta a consumir sus fallos y dictámenes como si fueran actos justicieros, contra personajes malditos. El tristemente célebre juez Bonadio (que Cristina llamaba “el pistolero”) llegó al extremo de teorizar esta barbaridad institucional con el pomposo nombre de “Derecho procesal creativo”.

Algún día Lorenzetti deberá dar explicaciones sobre el descalabro en el que se sumió el Poder Judicial en estos últimos años. O revelar las razones que lo llevaron a brindar en la embajada norteamericana cada 4 de julio, junto a Bonadio y el ex juez Moro, de Brasil, que encarceló y proscribió a Lula, y así frustró su seguro triunfo electoral, y que apenas llegó Bolsonaro al gobierno asumió como su Ministro de Justicia y Seguridad Pública.

Porque cada ciudadano es libre de brindar con quien quiere, pero si es juez de la Corte Suprema al menos no debe dejar dudas sobre la independencia de sus actos privados y la marcha de los poderes públicos que dirige, y en ese punto Lorenzetti dejó mucho que desear.

Mientras tanto, podría ir devolviendo al Tesoro Nacional, para que el gobierno haga escuelas y hospitales, rutas y puentes, el dinero que la Corte Suprema, por idea suya, guarda en el hiper millonario Fondo Anticíclico del Poder Judicial (creado en 2008), mitad en moneda extranjera, distribuido en gruesos plazos fijos bancarios que rinden mes a mes.

Ese dinero no es de la Corte; es del pueblo. Ningún artículo de la Constitución faculta a la Corte Suprema a ser un potentado actor financiero.

Por lo demás, que ese dinero se utilice en obras de utilidad pública sería un destino más honroso que dilapidarlo en onerosas operaciones de prensa. Aunque al juez no le provoque ningún beneficio inmediato.