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El desembarco argentino en Malvinas y el preludio de las hostilidades
En medio de un clima de tensión diplomática entre ambos países por los incidentes en las islas Georgias del Sur, navíos argentinos de la Armada zarparon de Puerto Belgrano con destino a las islas.
Tropas argentinas desembarcaron el 2 de abril de 1982 en las islas Malvinas y tras completar con éxito en unas horas la denominada Operación Rosario se interrumpieron 149 años de ilegítima posesión británica sobre el archipiélago y otros territorios del Atlántico Sur.
Cronología del desembarco
El 28 de marzo, en medio de un clima de tensión diplomática entre ambos países por los incidentes en las islas Georgias del Sur, navíos argentinos de la Armada zarparon de Puerto Belgrano con destino a las islas.
Se trataba de efectivos del Regimiento 25 del Ejército y tropas de la Infantería de Marina, a bordo del destructor ARA Santísima Trinidad, el rompehielos Irizar y el transporte Cabo San Antonio.
Las malas condiciones del tiempo, vientos de más de 70 kilómetros por hora que azotaban los mares y el fuerte oleaje que imperaron entre el 29 y 30 de marzo obligaron a posponer el desembarco por unas horas.
Hacía meses que la Armada tenía concebido un plan para la recuperación de las islas que se había denominado como la Operación Azul, pero antes de tocar las islas, los efectivos del Ejército sugirieron renombrarla como Operación Rosario.
Los oficiales del Ejército recordaron que, durante las Invasiones Inglesas, las tropas criollas y españolas se pusieron bajo protección de la virgen del Rosario y así se consensuó en alta mar el cambio de denominación del operativo.
La fecha para iniciar las operaciones fue entonces el 2 de abril, un viernes, y los objetivos eran claros y precisos: desplegarse rápido por Puerto Stanley (la capital de Malvinas); tomar la casa del gobernador británico, Rex Hunt; neutralizar el cuartel de los Royal Marines y ocupar el aeropuerto para facilitar el aterrizaje de los primeros aviones de la Fuerza Aérea que iban a establecer un puente aéreo entre las islas y el continente.
Un día antes, el presidente estadounidense Ronald Reagan llamó al dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri para disuadirlo de ordenar el desembarco.
Reagan le recordó que Gran Bretaña era un aliado “particular” de los Estados Unidos, y, tras cortar la comunicación, le manifestó a Thatcher su apoyo.
En la noche del 1 de abril, comandos navales y buzos tácticos desembarcaron en inmediaciones de Stanley y ocuparon el faro del Cabo San Felipe con apoyo del submarino ARA Santa Fe.
Poco después de las 6 de la mañana, desembarcaron en vehículos anfibios tropas de la infantería de Marina y del Regimiento 25 del Ejército, y poco después de una hora se logró tomar el aeropuerto de la capital de Malvinas.
A las 8.45, un Hércules de la Fuerza Aérea tocaba pista y minutos después, tras algunos tiroteos en la casa del gobernador, la guarnición británica se rendía sin haber sufrido bajas, tal como pretendían los mandos argentinos.
En cambio, hubo un caído entre los efectivos de la Armada: el capitán de corbeta Pedro Giacchino, quien intentó ingresar a la casa del gobernador para intimar la rendición, y recibió un disparo de ametralladora que le ocasionó la muerte.
Poco después, Hunt se rendía ante el contraalmirante Carlos Büsser, el jefe del desembarco argentino y cerca del mediodía, la Unión Jack era arriada en Stanley y se izaba el pabellón celeste y blanco en las islas.
En paralelo, otro grupo de tropas de la Armada ocupaba las islas Georgias del Sur, en un operativo en el que morirían tres soldados conscriptos bajo el fuego de una veintena de marines británicos que se rindieron para ser trasladados un día después a Río Grande y ser llevados a Montevideo.
La recuperación de las islas fue recibida con euforia por parte de la población en Argentina, que en varias ciudades se volcó a las calles a festejar la reincorporación de Malvinas al territorio nacional.
La idea original del plan de recuperación diseñado por la Armada era dejar en las islas una fuerza que realizaría tareas de policía, mientras se llevaba a cabo una negociación diplomática, en la creencia que los británicos no enviarían una flota hasta los remotos mares australes.
Las reacciones internacionales
La reacción del gobierno de Margaret Thatcher no dejó lugar a dudas: Gran Bretaña rompió relaciones diplomáticas con Argentina y dispuso el envío de una fuerza de tareas (Task Force) de la Royal Navy para recuperar las islas.
Además, la Corona impuso sanciones económicas y congeló fondos que Argentina tenía en Londres, algo que la Comunidad Económica Europea siguió poco después.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de urgencia el 3 de abril y emitió la Resolución 502 que ordenó el retiro de las tropas argentinas de Malvinas y el inicio de negociaciones.
Reagan designa a Alexander Haig, secretario de Estado y veterano de las guerras de Corea y Vietnam, como negociador entre ambos países.
El 7 de abril, mientras la flota viajaba con destino hacia el Atlántico Sur, Gran Bretaña declara una zona de exclusión naval de 200 millas alrededor de Malvinas y anuncia que atacará a cualquier embarcación que se encuentre en el área.
Ese mismo día, el general del Ejército Mario Benjamín Menéndez es designado como gobernador militar de Malvinas, cuya capital es rebautizada con el nombre de Puerto Argentino.
Haig se entrevista primero en Londres con Thatcher y luego viaja el 10 a Buenos Aires para reunirse con Galtieri en Casa Rosada.
El funcionario de Washington intenta persuadir una vez a los militares argentinos que no mantengan un gobernador militar en las islas.
Tras la reunión, Galtieri se dirige a una Plaza de Mayo llena de manifestantes que habían sido convocados para reivindicar los derechos soberanos del país sobre Malvinas.
“Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”, remarca el presidente de facto ante una multitud que vitorea la decisión de escalar en el conflicto.
El 25 de abril, Gran Bretaña retoma el control de las Georgias mediante la operación Parequet y entre los militares de la guarnición argentina que se rindieron se encontraba el teniente Alfredo Astiz, un represor de la ESMA.
El submarino nuclear HMS Conqueror de la Royal Navy navegaba desde mediados de abril la zona y había brindado cobertura a las naves que desembarcaron en Georgias y patrullaba las aguas del Atlántico Sur.
La flota británica se encontraba en posición y horas antes del 1 de mayo e intimó por radio la rendición de la guarnición argentina en las islas.
A las 4.45 de ese día, un avión Vulcan proveniente desde la isla de Ascensión, una base británica en el medio del Atlántico, lanzó proyectiles y bombas racimo sobre la pista de Puerto Argentino, donde causó un agujero de unos 20 metros.
Sin embargo, la pista siguió operativa hasta el final del conflicto con la llegada y salida de varias misiones de aviones Hércules que mantuvieron el puente aéreo con el continente.
Pero ese día se repitieron las incursiones aéreas británicas con ataques de cazas bombarderos Harrier y Sea Harrier que fueron contrarrestados por las defensas antiaéreas de la Fuerza Aérea y la Armada.
La Royal Navy abrió fuego naval sobre las islas en horas de la tarde y golpeó las posiciones argentinas para reanudar los ataques por la noche.
Tres aviones Harrier fueron derribados y otros cuatro seriamente averiados y los británicos ya no volverían a incursionar en las islas a baja altura.
Más al oeste del Teatro de Operaciones de Malvinas, el ARA General Belgrano, un buque argentino que en la Segunda Guerra Mundial había servido en la flota estadounidense del Pacífico, navegaba lejos de la zona de exclusión y seguido por el submarino HMS Conqueror.
En horas de la tarde del domingo 2 de mayo, el comandante del sumergible nuclear, Chris Wreford Brown, recibió una orden desde Londres que confirmó en tres oportunidades. Debía hundir al navío argentino.
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Imputabilidad a los 14: qué pasó con el chico que detuvieron en la marcha universitaria
Un adolescente de 14 años fue detenido en la desconcentración de la Marcha Federal Universitaria, a 40 días de la ley que bajó la edad de imputabilidad. Las versiones difieren sobre quién quedó imputado, y el Gobierno denunció atentado al orden constitucional pero los detenidos están acusados solo por resistencia.
Un adolescente de 14 años fue detenido en la desconcentración de la Marcha Federal Universitaria, 40 días después de que entrara en vigencia la ley que bajó de 16 a 14 la edad de imputabilidad.
Ocurrió el jueves 15 de octubre frente al Congreso, al cierre de la quinta marcha en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. El Ministerio de Seguridad, que conduce Alejandra Monteoliva, informó 25 detenidos por fuerzas federales y ocho efectivos heridos; con los seis arrestos de la Policía de la Ciudad, el total llegó a 31. La referente de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, reconstruyó la jornada en La García, el programa de Cynthia García en AM 530.
Qué se sabe del adolescente
Según la Policía de la Ciudad, dos de sus seis detenidos eran menores, de 14 y 17 años, y todos quedaron imputados por atentado y resistencia a la autoridad; el de 14 fue entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. La versión oficial lo señala por haber arrojado piedras contra un móvil policial en la esquina de Montevideo y Bartolomé Mitre, una acusación que deberá acreditarse en el expediente.
Verdú dijo que el chico de 14 años fue imputado por resistencia a la autoridad y liberado después, con la intervención de Correpi, autoridades escolares y familiares, y que los tres menores detenidos recuperaron la libertad ese mismo jueves. La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) informó, en cambio, que el de 14 permaneció retenido dos horas y que el de 17 fue imputado por resistencia. Las versiones difieren sobre cuál de los dos adolescentes quedó formalmente imputado y sobre cuántos menores fueron detenidos.
Verdú sostuvo que los efectivos lanzaron gases mientras el acto seguía y los manifestantes estaban frente al palco. “No tienen interés en disuadir hechos de violencia durante la marcha; el esquema es represivo”, afirmó, y planteó que “estamos viviendo un verdadero cambio de régimen con destrucción de derechos y garantías”.
La ley, a 40 días de su estreno
La Ley 27.801, sancionada el 27 de febrero y publicada el 9 de marzo de 2026, rige desde el 5 de septiembre y reemplazó el régimen de 1980. Fija la responsabilidad penal desde los 14 años, prevé respuestas que van de medidas educativas y reparación del daño hasta penas privativas de la libertad, con un máximo de 15 años, y prohíbe la prisión perpetua. Como los hechos de la marcha ocurrieron después de esa fecha, en principio ambos adolescentes quedan comprendidos por el nuevo régimen.
El día de su entrada en vigencia, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, escribió en X: “Desde hoy no importa la edad: si delinquís, las pagás”. Dos días después, una jueza de Lomas de Zamora suspendió por 60 días su aplicación en la Provincia de Buenos Aires, y el 15 de septiembre la Cámara de Apelación y Garantías de ese departamento judicial revocó la medida y la declaró inadmisible. Un chico de 14 años detenido en una marcha educativa es el tipo de caso que pone la ley a prueba, aunque su situación procesal todavía no está clara.
Los cargos y el relato oficial
Los cuatro adultos que seguían detenidos el viernes 16 están acusados por el artículo 239 del Código Penal, resistencia o desobediencia a un funcionario público, con penas de quince días a un año de prisión. Es un delito excarcelable y uno de los de menor escala del código. Verdú lo resumió así: “O sea, protestar porque los fueron a detener”.
El Ministerio de Seguridad, en cambio, denunció resistencia y atentado a la autoridad, daño agravado y atentado al orden constitucional, y sostuvo que los disturbios ocurrieron mientras el Congreso sesionaba. Según reconstruyó la prensa local, la sesión especial que pedía la oposición se cayó por falta de quórum a las 14.44, los primeros choques empezaron cerca de las 16 y la mayor parte de los incidentes se produjo después del acto de cierre. Hasta el viernes 16, los imputados lo estaban solo por resistencia o desobediencia, y no por atentado al orden constitucional ni por daño agravado.
El jefe de Gabinete, Diego Santilli, dijo que no había que dar quórum para sostener el DNU 70/23, que definió como una de las columnas del Gobierno, y llamó “delincuentes, violentos y energúmenos” a quienes protagonizaron los incidentes. El secretario de Educación, Carlos Torrendell, los describió como “grupos de tareas”, una expresión que remite a las patotas de la última dictadura. Monteoliva habló de “los mismos violentos de siempre”. Manifestantes denunciaron infiltrados, y Torrendell no respondió directamente cuando le preguntaron por esas versiones.
La CPM presentó una denuncia penal contra el Gobierno nacional y las autoridades del Comando Unificado de seguridad nacional y porteña por estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Según su informe, 50 trabajadores de prensa y 15 integrantes de la propia comisión resultaron heridos.
Un patrón conocido
Tras la protesta del 12 de junio de 2024 por la Ley Bases hubo 33 detenidos acusados de delitos contra el orden constitucional; semanas después, la jueza María Servini dictó la falta de mérito para 28 por lo que describió como “orfandad probatoria”. En febrero de 2026, después de los incidentes en la marcha contra la reforma laboral, el Ministerio de Seguridad denunció hechos agravados por finalidad terrorista y difundió nombres y fotos de una veintena de personas. Ocho meses después, la causa quedó reducida a cuatro imputados, ninguno de los cuales figuraba en esa lista.
Lo que tenés que saber:
- Un adolescente de 14 años fue detenido el 15 de octubre en la desconcentración de la Marcha Federal Universitaria.
- La Policía de la Ciudad y Correpi lo dan por imputado; la CPM informó que estuvo retenido dos horas.
- La Ley 27.801 rige desde el 5 de septiembre y fijó la imputabilidad desde los 14 años.
- La denuncia oficial habla de atentado al orden constitucional, pero los imputados lo están solo por resistencia o desobediencia.
- La CPM denunció penalmente a autoridades nacionales y porteñas por estrago, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes.
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