DDHH
El desembarco argentino en Malvinas y el preludio de las hostilidades
En medio de un clima de tensión diplomática entre ambos países por los incidentes en las islas Georgias del Sur, navíos argentinos de la Armada zarparon de Puerto Belgrano con destino a las islas.
Tropas argentinas desembarcaron el 2 de abril de 1982 en las islas Malvinas y tras completar con éxito en unas horas la denominada Operación Rosario se interrumpieron 149 años de ilegítima posesión británica sobre el archipiélago y otros territorios del Atlántico Sur.
Cronología del desembarco
El 28 de marzo, en medio de un clima de tensión diplomática entre ambos países por los incidentes en las islas Georgias del Sur, navíos argentinos de la Armada zarparon de Puerto Belgrano con destino a las islas.
Se trataba de efectivos del Regimiento 25 del Ejército y tropas de la Infantería de Marina, a bordo del destructor ARA Santísima Trinidad, el rompehielos Irizar y el transporte Cabo San Antonio.
Las malas condiciones del tiempo, vientos de más de 70 kilómetros por hora que azotaban los mares y el fuerte oleaje que imperaron entre el 29 y 30 de marzo obligaron a posponer el desembarco por unas horas.
Hacía meses que la Armada tenía concebido un plan para la recuperación de las islas que se había denominado como la Operación Azul, pero antes de tocar las islas, los efectivos del Ejército sugirieron renombrarla como Operación Rosario.
Los oficiales del Ejército recordaron que, durante las Invasiones Inglesas, las tropas criollas y españolas se pusieron bajo protección de la virgen del Rosario y así se consensuó en alta mar el cambio de denominación del operativo.
La fecha para iniciar las operaciones fue entonces el 2 de abril, un viernes, y los objetivos eran claros y precisos: desplegarse rápido por Puerto Stanley (la capital de Malvinas); tomar la casa del gobernador británico, Rex Hunt; neutralizar el cuartel de los Royal Marines y ocupar el aeropuerto para facilitar el aterrizaje de los primeros aviones de la Fuerza Aérea que iban a establecer un puente aéreo entre las islas y el continente.
Un día antes, el presidente estadounidense Ronald Reagan llamó al dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri para disuadirlo de ordenar el desembarco.
Reagan le recordó que Gran Bretaña era un aliado “particular” de los Estados Unidos, y, tras cortar la comunicación, le manifestó a Thatcher su apoyo.
En la noche del 1 de abril, comandos navales y buzos tácticos desembarcaron en inmediaciones de Stanley y ocuparon el faro del Cabo San Felipe con apoyo del submarino ARA Santa Fe.
Poco después de las 6 de la mañana, desembarcaron en vehículos anfibios tropas de la infantería de Marina y del Regimiento 25 del Ejército, y poco después de una hora se logró tomar el aeropuerto de la capital de Malvinas.
A las 8.45, un Hércules de la Fuerza Aérea tocaba pista y minutos después, tras algunos tiroteos en la casa del gobernador, la guarnición británica se rendía sin haber sufrido bajas, tal como pretendían los mandos argentinos.
En cambio, hubo un caído entre los efectivos de la Armada: el capitán de corbeta Pedro Giacchino, quien intentó ingresar a la casa del gobernador para intimar la rendición, y recibió un disparo de ametralladora que le ocasionó la muerte.
Poco después, Hunt se rendía ante el contraalmirante Carlos Büsser, el jefe del desembarco argentino y cerca del mediodía, la Unión Jack era arriada en Stanley y se izaba el pabellón celeste y blanco en las islas.
En paralelo, otro grupo de tropas de la Armada ocupaba las islas Georgias del Sur, en un operativo en el que morirían tres soldados conscriptos bajo el fuego de una veintena de marines británicos que se rindieron para ser trasladados un día después a Río Grande y ser llevados a Montevideo.
La recuperación de las islas fue recibida con euforia por parte de la población en Argentina, que en varias ciudades se volcó a las calles a festejar la reincorporación de Malvinas al territorio nacional.
La idea original del plan de recuperación diseñado por la Armada era dejar en las islas una fuerza que realizaría tareas de policía, mientras se llevaba a cabo una negociación diplomática, en la creencia que los británicos no enviarían una flota hasta los remotos mares australes.
Las reacciones internacionales
La reacción del gobierno de Margaret Thatcher no dejó lugar a dudas: Gran Bretaña rompió relaciones diplomáticas con Argentina y dispuso el envío de una fuerza de tareas (Task Force) de la Royal Navy para recuperar las islas.
Además, la Corona impuso sanciones económicas y congeló fondos que Argentina tenía en Londres, algo que la Comunidad Económica Europea siguió poco después.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de urgencia el 3 de abril y emitió la Resolución 502 que ordenó el retiro de las tropas argentinas de Malvinas y el inicio de negociaciones.
Reagan designa a Alexander Haig, secretario de Estado y veterano de las guerras de Corea y Vietnam, como negociador entre ambos países.
El 7 de abril, mientras la flota viajaba con destino hacia el Atlántico Sur, Gran Bretaña declara una zona de exclusión naval de 200 millas alrededor de Malvinas y anuncia que atacará a cualquier embarcación que se encuentre en el área.
Ese mismo día, el general del Ejército Mario Benjamín Menéndez es designado como gobernador militar de Malvinas, cuya capital es rebautizada con el nombre de Puerto Argentino.
Haig se entrevista primero en Londres con Thatcher y luego viaja el 10 a Buenos Aires para reunirse con Galtieri en Casa Rosada.
El funcionario de Washington intenta persuadir una vez a los militares argentinos que no mantengan un gobernador militar en las islas.
Tras la reunión, Galtieri se dirige a una Plaza de Mayo llena de manifestantes que habían sido convocados para reivindicar los derechos soberanos del país sobre Malvinas.
“Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”, remarca el presidente de facto ante una multitud que vitorea la decisión de escalar en el conflicto.
El 25 de abril, Gran Bretaña retoma el control de las Georgias mediante la operación Parequet y entre los militares de la guarnición argentina que se rindieron se encontraba el teniente Alfredo Astiz, un represor de la ESMA.
El submarino nuclear HMS Conqueror de la Royal Navy navegaba desde mediados de abril la zona y había brindado cobertura a las naves que desembarcaron en Georgias y patrullaba las aguas del Atlántico Sur.
La flota británica se encontraba en posición y horas antes del 1 de mayo e intimó por radio la rendición de la guarnición argentina en las islas.
A las 4.45 de ese día, un avión Vulcan proveniente desde la isla de Ascensión, una base británica en el medio del Atlántico, lanzó proyectiles y bombas racimo sobre la pista de Puerto Argentino, donde causó un agujero de unos 20 metros.
Sin embargo, la pista siguió operativa hasta el final del conflicto con la llegada y salida de varias misiones de aviones Hércules que mantuvieron el puente aéreo con el continente.
Pero ese día se repitieron las incursiones aéreas británicas con ataques de cazas bombarderos Harrier y Sea Harrier que fueron contrarrestados por las defensas antiaéreas de la Fuerza Aérea y la Armada.
La Royal Navy abrió fuego naval sobre las islas en horas de la tarde y golpeó las posiciones argentinas para reanudar los ataques por la noche.
Tres aviones Harrier fueron derribados y otros cuatro seriamente averiados y los británicos ya no volverían a incursionar en las islas a baja altura.
Más al oeste del Teatro de Operaciones de Malvinas, el ARA General Belgrano, un buque argentino que en la Segunda Guerra Mundial había servido en la flota estadounidense del Pacífico, navegaba lejos de la zona de exclusión y seguido por el submarino HMS Conqueror.
En horas de la tarde del domingo 2 de mayo, el comandante del sumergible nuclear, Chris Wreford Brown, recibió una orden desde Londres que confirmó en tres oportunidades. Debía hundir al navío argentino.
CABA
La Justicia porteña frenó la baja de imputabilidad: una jueza sobreseyó a un chico de 14 años
La jueza Laura De Marinis del Juzgado Penal Juvenil N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires declaró inconstitucional el artículo de la Ley 27.801 que habilita el juzgamiento de menores de 14 años y sobreseyó a un adolescente acusado por robo en grado de tentativa. Es el segundo fallo contra la norma impulsada por el Gobierno de Javier Milei en menos de un mes.
Apenas dieciséis días después de que el nuevo Régimen Penal Juvenil entrara en vigencia, la Justicia porteña le asestó su primer golpe dentro de la Ciudad: una magistrada del fuero declaró la inconstitucionalidad de la norma en un caso concreto y liberó a un chico de 14 años que estaba siendo investigado por un robo frustrado junto a otro grupo de adolescentes. El fallo va a contramano de las instrucciones que la propia Cámara de Casación porteña había emitido días antes, ordenando a los jueces locales aplicar la ley sin vacilaciones.
La resolución fue dictada por Laura De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas N.° 3 de la Ciudad de Buenos Aires, quien aclaró expresamente que el fallo aplica únicamente para este caso y no tiene alcance general. La causa se inició el 10 de septiembre de 2026 a partir de una situación de flagrancia en la que habrían participado al menos cuatro adolescentes.
«No podemos castigarlos por lo que no hicimos»
La jueza De Marinis rechazó previamente el planteo de incompetencia formulado por la defensa oficial, que buscaba que la causa fuera remitida a otra jurisdicción, y en cambio avanzó con la declaración de inconstitucionalidad. En su resolución, sostuvo que el adolescente debe ser considerado «no punible» bajo la nueva norma y fundamentó su decisión con una argumentación que pone el eje en la responsabilidad del Estado adulto.
«A lo que apunto es que, como adultos, no podemos castigar a los niños, niñas y adolescentes por lo que no hicimos, por haberlos dejado en desamparo en su primera infancia, por no brindarles una figura normativa que les permita constituirse como sujetos responsables. Castigarlos por las faltas de respuesta del mundo adulto significa inexorablemente desresponsabilizarnos de nuestro rol adulto, del deber de corresponsabilidad que pesa sobre nosotros. No pretendo con estas líneas romantizar la infracción penal juvenil, sólo intento señalar que la incorporación al sistema penal tiene que ser el último recurso y, en algunas trayectorias vitales, lamentablemente es el primero», señaló la magistrada.
Para resolver el planteo de competencia, De Marinis invocó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que estableció que el carácter nacional de los tribunales ordinarios es transitorio, y que ante un conflicto de competencia entre juzgados ordinarios de la Ciudad, debe intervenir el Tribunal Superior de Justicia porteño.
El segundo fallo, pero con un alcance distinto
El precedente inmediato fue la jueza Marta Pascual, del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.° 2 de Lomas de Zamora, que en los primeros días de septiembre suspendió la aplicación de la Ley 27.801 en la provincia de Buenos Aires mediante un habeas corpus colectivo promovido por la Asociación Civil No Seas Pavote, integrante de la Federación Familia Grande Hogar de Cristo. Ese fallo fue revocado el 15 de septiembre por la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, cuyos jueces consideraron inadmisible suspender una ley mediante una medida cautelar.
La diferencia sustancial entre ambos fallos es técnica y políticamente relevante: mientras Pascual suspendió la ley con efectos colectivos mediante un habeas corpus preventivo, De Marinis declaró la inconstitucionalidad en un caso concreto, con efectos limitados al adolescente que tenía frente a ella. Esta modalidad, la declaración de inconstitucionalidad caso por caso, es precisamente la que los jueces de la Cámara bonaerense habían señalado como el único mecanismo válido para neutralizar una ley aprobada por vías constitucionales.
Cámara porteña instruyó a aplicar la ley; la ex ministra Bullrich respondió en X
El trasfondo institucional del fallo de De Marinis es particularmente llamativo. Tres días antes de que se conociera esta resolución, la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteña había emitido el Acuerdo Extraordinario 4/2026, instruyendo a los jueces de la Ciudad a aplicar la Ley 27.801 sin hesitación. El presidente de esa Cámara, Javier Alejandro Buján, afirmó que el Poder Judicial de la Ciudad «no sólo está en condiciones de asumir nuevas competencias penales, sino que está en mejores condiciones de asumirlas».
La reacción política no tardó. La ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, salió a cuestionar el fallo de De Marinis a través de su cuenta en X: «Estos jueces garantistas solo construyen impunidad», escribió. La declaración encaja en el discurso del oficialismo, que impulsó la baja de la edad de imputabilidad como una de sus banderas en materia de seguridad y que logró la aprobación de la ley en el Congreso con el respaldo del PRO, la UCR, MID y bloques provinciales.
La Ley 27.801, sancionada en febrero de 2026, fija en 14 años la edad mínima de punibilidad para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros, con una pena máxima de hasta 15 años de prisión. La norma también establece penas alternativas, como prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico y reparación integral del daño, para los delitos con penas menores a los 10 años.
El fallo de De Marinis abre una nueva instancia de tensión judicial sobre la ley: fuentes del fuero porteño señalaron que si el Ministerio Público Fiscal apela la decisión, la Cámara de Casación porteña, que ya instruyó la aplicación de la norma, muy probablemente revoque la resolución de primera instancia.
Lo que tenés que saber
- La jueza Laura De Marinis, del Juzgado Penal Juvenil N.° 3 de CABA, declaró inconstitucional la Ley 27.801 y sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado por robo en grado de tentativa.
- El fallo tiene alcance restringido al caso concreto; la magistrada aclaró expresamente que no es una decisión de carácter general.
- Es el segundo pronunciamiento judicial contra el nuevo Régimen Penal Juvenil; el primero, dictado por la jueza Marta Pascual en la provincia de Buenos Aires, fue revocado por la Cámara bonaerense el 15 de septiembre.
- La ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich calificó a De Marinis como «garantista» que «solo construye impunidad» a través de su cuenta en X.
- Si el Ministerio Público Fiscal apela, el caso llegaría a la Cámara de Casación porteña, que ya ordenó aplicar la ley sin dudas mediante el Acuerdo Extraordinario 4/2026.
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