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El desembarco argentino en Malvinas y el preludio de las hostilidades
En medio de un clima de tensión diplomática entre ambos países por los incidentes en las islas Georgias del Sur, navíos argentinos de la Armada zarparon de Puerto Belgrano con destino a las islas.
Tropas argentinas desembarcaron el 2 de abril de 1982 en las islas Malvinas y tras completar con éxito en unas horas la denominada Operación Rosario se interrumpieron 149 años de ilegítima posesión británica sobre el archipiélago y otros territorios del Atlántico Sur.
Cronología del desembarco
El 28 de marzo, en medio de un clima de tensión diplomática entre ambos países por los incidentes en las islas Georgias del Sur, navíos argentinos de la Armada zarparon de Puerto Belgrano con destino a las islas.
Se trataba de efectivos del Regimiento 25 del Ejército y tropas de la Infantería de Marina, a bordo del destructor ARA Santísima Trinidad, el rompehielos Irizar y el transporte Cabo San Antonio.
Las malas condiciones del tiempo, vientos de más de 70 kilómetros por hora que azotaban los mares y el fuerte oleaje que imperaron entre el 29 y 30 de marzo obligaron a posponer el desembarco por unas horas.
Hacía meses que la Armada tenía concebido un plan para la recuperación de las islas que se había denominado como la Operación Azul, pero antes de tocar las islas, los efectivos del Ejército sugirieron renombrarla como Operación Rosario.
Los oficiales del Ejército recordaron que, durante las Invasiones Inglesas, las tropas criollas y españolas se pusieron bajo protección de la virgen del Rosario y así se consensuó en alta mar el cambio de denominación del operativo.
La fecha para iniciar las operaciones fue entonces el 2 de abril, un viernes, y los objetivos eran claros y precisos: desplegarse rápido por Puerto Stanley (la capital de Malvinas); tomar la casa del gobernador británico, Rex Hunt; neutralizar el cuartel de los Royal Marines y ocupar el aeropuerto para facilitar el aterrizaje de los primeros aviones de la Fuerza Aérea que iban a establecer un puente aéreo entre las islas y el continente.
Un día antes, el presidente estadounidense Ronald Reagan llamó al dictador argentino Leopoldo Fortunato Galtieri para disuadirlo de ordenar el desembarco.
Reagan le recordó que Gran Bretaña era un aliado “particular” de los Estados Unidos, y, tras cortar la comunicación, le manifestó a Thatcher su apoyo.
En la noche del 1 de abril, comandos navales y buzos tácticos desembarcaron en inmediaciones de Stanley y ocuparon el faro del Cabo San Felipe con apoyo del submarino ARA Santa Fe.
Poco después de las 6 de la mañana, desembarcaron en vehículos anfibios tropas de la infantería de Marina y del Regimiento 25 del Ejército, y poco después de una hora se logró tomar el aeropuerto de la capital de Malvinas.
A las 8.45, un Hércules de la Fuerza Aérea tocaba pista y minutos después, tras algunos tiroteos en la casa del gobernador, la guarnición británica se rendía sin haber sufrido bajas, tal como pretendían los mandos argentinos.
En cambio, hubo un caído entre los efectivos de la Armada: el capitán de corbeta Pedro Giacchino, quien intentó ingresar a la casa del gobernador para intimar la rendición, y recibió un disparo de ametralladora que le ocasionó la muerte.
Poco después, Hunt se rendía ante el contraalmirante Carlos Büsser, el jefe del desembarco argentino y cerca del mediodía, la Unión Jack era arriada en Stanley y se izaba el pabellón celeste y blanco en las islas.
En paralelo, otro grupo de tropas de la Armada ocupaba las islas Georgias del Sur, en un operativo en el que morirían tres soldados conscriptos bajo el fuego de una veintena de marines británicos que se rindieron para ser trasladados un día después a Río Grande y ser llevados a Montevideo.
La recuperación de las islas fue recibida con euforia por parte de la población en Argentina, que en varias ciudades se volcó a las calles a festejar la reincorporación de Malvinas al territorio nacional.
La idea original del plan de recuperación diseñado por la Armada era dejar en las islas una fuerza que realizaría tareas de policía, mientras se llevaba a cabo una negociación diplomática, en la creencia que los británicos no enviarían una flota hasta los remotos mares australes.
Las reacciones internacionales
La reacción del gobierno de Margaret Thatcher no dejó lugar a dudas: Gran Bretaña rompió relaciones diplomáticas con Argentina y dispuso el envío de una fuerza de tareas (Task Force) de la Royal Navy para recuperar las islas.
Además, la Corona impuso sanciones económicas y congeló fondos que Argentina tenía en Londres, algo que la Comunidad Económica Europea siguió poco después.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de urgencia el 3 de abril y emitió la Resolución 502 que ordenó el retiro de las tropas argentinas de Malvinas y el inicio de negociaciones.
Reagan designa a Alexander Haig, secretario de Estado y veterano de las guerras de Corea y Vietnam, como negociador entre ambos países.
El 7 de abril, mientras la flota viajaba con destino hacia el Atlántico Sur, Gran Bretaña declara una zona de exclusión naval de 200 millas alrededor de Malvinas y anuncia que atacará a cualquier embarcación que se encuentre en el área.
Ese mismo día, el general del Ejército Mario Benjamín Menéndez es designado como gobernador militar de Malvinas, cuya capital es rebautizada con el nombre de Puerto Argentino.
Haig se entrevista primero en Londres con Thatcher y luego viaja el 10 a Buenos Aires para reunirse con Galtieri en Casa Rosada.
El funcionario de Washington intenta persuadir una vez a los militares argentinos que no mantengan un gobernador militar en las islas.
Tras la reunión, Galtieri se dirige a una Plaza de Mayo llena de manifestantes que habían sido convocados para reivindicar los derechos soberanos del país sobre Malvinas.
“Si quieren venir que vengan, les presentaremos batalla”, remarca el presidente de facto ante una multitud que vitorea la decisión de escalar en el conflicto.
El 25 de abril, Gran Bretaña retoma el control de las Georgias mediante la operación Parequet y entre los militares de la guarnición argentina que se rindieron se encontraba el teniente Alfredo Astiz, un represor de la ESMA.
El submarino nuclear HMS Conqueror de la Royal Navy navegaba desde mediados de abril la zona y había brindado cobertura a las naves que desembarcaron en Georgias y patrullaba las aguas del Atlántico Sur.
La flota británica se encontraba en posición y horas antes del 1 de mayo e intimó por radio la rendición de la guarnición argentina en las islas.
A las 4.45 de ese día, un avión Vulcan proveniente desde la isla de Ascensión, una base británica en el medio del Atlántico, lanzó proyectiles y bombas racimo sobre la pista de Puerto Argentino, donde causó un agujero de unos 20 metros.
Sin embargo, la pista siguió operativa hasta el final del conflicto con la llegada y salida de varias misiones de aviones Hércules que mantuvieron el puente aéreo con el continente.
Pero ese día se repitieron las incursiones aéreas británicas con ataques de cazas bombarderos Harrier y Sea Harrier que fueron contrarrestados por las defensas antiaéreas de la Fuerza Aérea y la Armada.
La Royal Navy abrió fuego naval sobre las islas en horas de la tarde y golpeó las posiciones argentinas para reanudar los ataques por la noche.
Tres aviones Harrier fueron derribados y otros cuatro seriamente averiados y los británicos ya no volverían a incursionar en las islas a baja altura.
Más al oeste del Teatro de Operaciones de Malvinas, el ARA General Belgrano, un buque argentino que en la Segunda Guerra Mundial había servido en la flota estadounidense del Pacífico, navegaba lejos de la zona de exclusión y seguido por el submarino HMS Conqueror.
En horas de la tarde del domingo 2 de mayo, el comandante del sumergible nuclear, Chris Wreford Brown, recibió una orden desde Londres que confirmó en tres oportunidades. Debía hundir al navío argentino.
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Abuelas de Plaza de Mayo alerta por la suspensión de entregas de kits de ADN en el exterior
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
La política de derechos humanos volvió a quedar en discusión tras la denuncia de Abuelas de Plaza de Mayo: el Gobierno habría suspendido el envío de kits de ADN a consulados argentinos en el exterior, una herramienta clave para avanzar en la identificación de hijos de desaparecidos.
La medida impacta directamente sobre personas que viven fuera del país y que sospechan haber sido apropiadas durante la última dictadura. Sin esos kits, queda interrumpida la posibilidad de realizar pruebas de filiación sin viajar a la Argentina.
Un canal de búsqueda bloqueado
Desde la Red Internacional de Abuelas en Europa señalaron que el sistema funcionaba desde hace años sin inconvenientes. A través de consulados, las muestras se tomaban bajo supervisión oficial y eran enviadas para su análisis.
El argumento oficial, según trascendió, apunta a dificultades en la custodia de las muestras. Pero desde la organización lo rechazan de plano: sostienen que el mecanismo tenía validez y respaldo institucional desde hace casi dos décadas.
Impacto en el derecho a la identidad
La decisión golpea uno de los pilares del trabajo de Abuelas: el derecho a la identidad. Se estima que alrededor de 400 bebés fueron apropiados durante el terrorismo de Estado y aún falta restituir la identidad de muchos de ellos.
Organismos advierten que la suspensión de estos dispositivos ralentiza o directamente paraliza investigaciones que dependen de la voluntad de quienes viven en el exterior para iniciar el proceso.
Denuncias de desarticulación
Referentes del espacio también apuntaron contra la falta de articulación estatal. Señalan que la CONADI y áreas vinculadas a Cancillería quedaron debilitadas, lo que repercute en la continuidad de políticas públicas construidas durante años.
Las críticas no se limitaron a lo operativo: también denunciaron un retroceso en la política de memoria, verdad y justicia, con cuestionamientos a la falta de diálogo con los organismos.
El envío de kits de ADN no es un trámite administrativo más: es una herramienta concreta para restituir identidades. Su interrupción abre un conflicto que excede lo técnico y vuelve a poner en tensión el rol del Estado frente a los crímenes de la dictadura.
En ese terreno, la denuncia de Abuelas marca algo más profundo: no sólo un problema de gestión, sino una disputa sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la agenda libertaria..
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