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Deuda externa

Caputo pone AySA a la venta para tapar los agujeros de la deuda que él mismo generó

El Gobierno de Milei planea publicar el llamado a licitación antes de fin de abril para recaudar unos 500 millones de dólares. La Ley Bases habilitó la privatización del 90% de las acciones estatales de la empresa; y el marco regulatorio permite cortar el suministro por mora en el pago.

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El Argentino Diario-Luis Toto Caputo-Dólar anclado.

El agua como moneda de cambio: Milei y Caputo privatizan AySA para pagar la deuda externa

★ El Gobierno libertario acelera la entrega de Agua y Saneamientos Argentinos al sector privado con el objetivo declarado de recaudar hasta 500 millones de dólares, mientras el ministro de Economía, Luis Caputo, teje una red de financiamiento para cubrir vencimientos que este año superan los 9.000 millones de dólares.

La privatización que no arranca

Según fuentes con conocimiento directo del proceso, la Agencia de Transformación de Empresas Públicas trabaja en los últimos detalles del contrato de concesión de AySA para publicarlo antes de fin de mes y llamar a licitación. La operación busca recaudar unos 500 millones de dólares, aunque el proceso lleva meses de demoras: originalmente estaba previsto para antes de fin de 2025, luego se postergó para el primer trimestre de 2026 y ahora se promete para los próximos días.

Una vez publicada la licitación, la adjudicación definitiva no será inmediata. La evaluación de ofertas, el análisis de capacidades técnicas y la solvencia económica de las empresas participantes insumiría al menos tres meses adicionales. Entre los grupos empresariales que el Ejecutivo mencionó como interesados figuran la brasileña Sabesp, la francesa Veolia, el grupo Roggio y un holding con operaciones en Argentina y el exterior.

Una ley para entregar el agua

La privatización de AySA fue habilitada por la Ley Bases, que permite transferir al sector privado el 90% de las acciones que el Estado tiene en la empresa; el 10% restante quedaría en manos de los trabajadores. En una primera etapa se concesionaría el 51% de las acciones estatales; en una segunda, el 39% restante se colocaría en la Bolsa mediante una oferta pública inicial.

La misma ley habilitó la privatización de otras empresas estratégicas: Belgrano Cargas, Corredores Viales, Intercargo, Energía Argentina S.A. (Enarsa), la Sociedad Operadora Ferroviaria S.E. (SOFSE), Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NASA) y el Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

El marco regulatorio aprobado por el Gobierno para la prestación del servicio de agua potable y cloacas en el Área Metropolitana de Buenos Aires incluye una cláusula que permite a la empresa privada que se quede las acciones de AySA cortar el suministro en caso de mora en el pago. Una disposición que, en el contexto de la caída del poder adquisitivo de los sectores populares, representa una amenaza directa sobre el acceso al agua de millones de personas.

El agua como variable de ajuste

La decisión de apurar la privatización de AySA no responde a una lógica de mejora del servicio sino a una urgencia financiera concreta. Durante su participación en las reuniones anuales del FMI y el Banco Mundial en Washington, Caputo reconoció que espera recaudar 2.000 millones de dólares a través de privatizaciones, una cifra que contempla el conjunto de las empresas habilitadas por la Ley Bases.

El compromiso más exigente es el de julio próximo, cuando el Gobierno debe pagar 4.200 millones de dólares a los bonistas. En total, hasta fin de 2026, el Tesoro enfrenta vencimientos en moneda extranjera por cerca de 9.000 millones de dólares, según un informe de la consultora GMA Capital.

Para cubrir ese agujero, el equipo económico negoció garantías de 2.000 millones de dólares con el Banco Mundial y 550 millones con el BID, más aportes esperados de la CAF y emisiones de deuda en dólares en el mercado local. El objetivo de Caputo es reunir unos 10.000 millones de dólares por fuera del mercado internacional, al que califica como todavía «oneroso».

La soberanía del agua en juego

Esta entrega avanza en un contexto geopolítico que este medio analizó en profundidad en enero de 2026, cuando investigadores del Conicet publicaron el estudio más completo sobre las reservas de agua subterránea argentina, con acuíferos que almacenan agua de hasta un millón de años de antigüedad, las más antiguas de Latinoamérica. Aquellas aguas no se renovarán jamás a escala humana.

Ahora, mientras los científicos advierten sobre la necesidad de proteger ese patrimonio irreemplazable y proponen un programa nacional de monitoreo, el Gobierno avanza en la dirección opuesta: privatiza la empresa que gestiona el agua y las cloacas del AMBA, desregula la actividad extractiva y recorta el presupuesto de los organismos científicos que estudian y alertan sobre esos recursos estratégicos.

La lógica del ajuste se aplica con coherencia brutal: lo que el Estado construyó durante décadas para garantizar el acceso al agua como derecho, el Gobierno lo ofrece como activo financiero para cubrir las facturas de una deuda que él mismo generó.

Puntos clave

  • El Gobierno planea publicar el llamado a licitación de AySA antes de fin de abril de 2026 para recaudar unos 500 millones de dólares.
  • El proceso acumula meses de demoras; estaba previsto para antes de fin de 2025 y luego para el primer trimestre de 2026.
  • La Ley Bases habilitó la privatización del 90% de las acciones estatales en AySA; el marco regulatorio permite cortar el suministro por mora en el pago.
  • Caputo busca reunir 2.000 millones de dólares a través de privatizaciones para afrontar vencimientos de deuda que superan los 9.000 millones hasta fin de 2026.
  • El avance sobre AySA contrasta con las advertencias científicas del Conicet sobre la necesidad de proteger las reservas hídricas estratégicas del país.

Buenos Aires

Un fondo (buitre) alemán demandó a la Provincia de Buenos Aires en Nueva York por el canje de deuda de 2021

La firma Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York reclamando el pago de bonos que quedaron fuera de la reestructuración impulsada por el actual gobernador y el ministro Pablo López. El dato que el macrismo prefiere ocultar: esos bonos los tomó María Eugenia Vidal, y Kicillof, además de heredar “tierra arrasada”, se encontró con una bomba de tiempo.

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El Argentino Diario-Axel Kicillof.
La deuda del macrismo vuelve a golpear: un fondo (buitre) alemán demanda a Buenos Aires en Nueva York por bonos de María Eugenia Vidal.

Un nuevo frente judicial se abrió contra la provincia de Buenos Aires en los tribunales de los Estados Unidos. La firma de inversión alemana Daniels Invest GmbH presentó una demanda ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York por bonos que quedaron fuera del canje de deuda que la administración de Axel Kicillof concretó en 2021 bajo jurisdicción extranjera. La acción judicial, que reclama títulos por un valor nominal original de €15,1 millones en bonos en euros y USD 2,6 millones en bonos en dólares, reintroduce el fantasma de los litigios de holdouts. Pero hay un dato que el relato macrista omite sistemáticamente: esos bonos no los tomó Kicillof, los tomó Cambiemos.

La herencia de Vidal: USD 5.000 millones de deuda en dólares

Los títulos que hoy litiga el fondo alemán en Nueva York fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando la provincia de Buenos Aires salió al mercado internacional de capitales por más de USD 5.000 millones, endeudándose en moneda extranjera de manera exponencial e irresponsable para una jurisdicción que recauda en pesos. La administración Cambiemos multiplicó por 5,3 el nivel de deuda pública bonaerense en apenas cuatro años de gestión, según datos del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV. El stock de deuda en moneda extranjera creció un 69%, mientras que las emisiones de bonos en dólares protegidos por tribunales extranjeros aumentaron un 91%.

El impacto sobre las finanzas provinciales fue devastador: el peso de los servicios de deuda sobre los recursos netos de coparticipación se duplicó, pasando del 10% en 2016 al 20% en 2019. El cupón promedio de los bonos en dólares llegó al 8,3%, una tasa insostenible para una provincia cuya ecuación fiscal está atada a la moneda local. Para 2020, cuando Kicillof asumió, el perfil de vencimientos acumulaba compromisos por más de USD 5.600 millones entre 2020 y 2023, a razón de USD 1.400 millones anuales; el 76% de esos vencimientos correspondía a deuda emitida bajo la gestión de Cambiemos. Ese fue el legado concreto que dejó Vidal: una provincia hipotecada en dólares, atada a la justicia de Nueva York, con servicios de deuda que se comían uno de cada cinco pesos de recursos disponibles.

El mismo patrón se reprodujo a nivel nacional. La gestión de Mauricio Macri tomó deuda externa a una velocidad sin precedentes en la historia argentina reciente, culminando con el préstamo del Fondo Monetario Internacional más grande de la historia del organismo, por USD 57.000 millones, firmado en 2018 sin respaldo legislativo suficiente y con fondos que se fugaron del país en tiempo récord. La lógica fue idéntica en la Nación y en la provincia: endeudarse en moneda extranjera, transferir el riesgo cambiario al sector público y dejar la bomba activada para la gestión siguiente.

Lo que hizo Kicillof: ordenar el desastre heredado

Frente a esa herencia, la administración de Kicillof encaró en 2020 y 2021 un proceso de reestructuración de la deuda en moneda extranjera. El resultado fue contundente: la provincia alcanzó una adhesión que permitió canjear el 98% de la deuda alcanzada por la propuesta, equivalente a una deuda elegible de más de USD 7.178 millones más intereses. La operación triplicó los plazos de repago, redujo el costo promedio de la deuda y generó un alivio financiero superior a USD 4.600 millones entre 2021 y 2027, según comunicó la propia Provincia. El ministro de Hacienda y Finanzas, Pablo López, lo definió como el inicio de «un sendero de sostenibilidad y responsabilidad en términos de deuda pública».

En septiembre de 2025, la gestión bonaerense fue incluso más lejos: cerró acuerdos con los bonistas de Nueva York y Alemania que tenían sentencias firmes por los títulos que no habían ingresado al canje de 2021, resolviendo todos los litigios vigentes en condiciones equivalentes a las de la reestructuración original. Fue, en los hechos, el cierre de la última deuda judicial abierta por la gestión Vidal. El nuevo litigio de Daniels Invest, presentado este mes, reabriría un capítulo que el gobierno bonaerense creía cerrado.

El 2% que no entró: un precedente peligroso

Daniels Invest GmbH rechazó voluntariamente la propuesta de canje de 2021 y ahora exige el cobro de 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente. El especialista en deuda soberana Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, describió la maniobra como «el típico proceso litigioso en Estados Unidos contra un subsoberano que tiene una deuda reestructurada que ya cerró y se quedaron algunos holdouts afuera». Según Maril, los holdouts alemanes buscan «copiar la iniciativa que tomaron los primeros» fondos que litigaron y recuperaron cerca de USD 150 millones a comienzos de 2026, «y como hay precedente en la Corte, ellos también quieren cobrar».

El caso funciona además como un test para otros acreedores que tampoco ingresaron al canje y siguen de cerca el expediente, atentos a que la Provincia opte por cerrar el litigio mediante un pago directo. Maril estimó que el proceso será lento, similar al de los litigios previos, pero la incertidumbre sobre la estrategia de defensa provincial y la decisión del juez mantiene el caso abierto.

La Provincia, entre la deuda heredada y el ajuste de la Nación

El nuevo litigio llega en un momento de extrema presión financiera para el gobierno bonaerense, que afronta simultáneamente las secuelas del endeudamiento de Cambiemos y el ahogo que impone la administración de Javier Milei. Según el ministro de Gobierno provincial Carlos Bianco, el Estado nacional acumula una deuda con la provincia que supera los $16,7 billones, producto de transferencias incumplidas, obras paralizadas y programas desfinanciados. La Legislatura provincial declaró la emergencia económica hasta el 31 de diciembre de 2026, atribuyendo la situación a «la profunda recesión y el incumplimiento, default y/o detracción por parte del Estado nacional» de los fondos que le corresponden al distrito.

El cuadro completo es elocuente: la provincia de Buenos Aires paga hoy las consecuencias del endeudamiento irresponsable en dólares que protagonizó Cambiemos entre 2016 y 2019, mientras el gobierno libertario de Milei, heredero político y filosófico de ese mismo ciclo, le retacea recursos, le congela obras y le achica la coparticipación. Los bonistas que litigan en Nueva York son el último eslabón de una cadena de daños que arrancó con Vidal.

Puntos clave

  • Los bonos que reclama Daniels Invest GmbH fueron emitidos durante la gestión de María Eugenia Vidal entre 2016 y 2019, cuando Cambiemos multiplicó por 5,3 la deuda pública bonaerense.
  • Kicillof reestructuró en 2021 la deuda heredada, logrando la adhesión del 98% de los acreedores y un alivio financiero superior a USD 4.600 millones.
  • El fondo alemán rechazó voluntariamente el canje y ahora litiga en Nueva York por 2,5 millones de euros y 866.000 dólares de capital pendiente.
  • El caso sigue el precedente de holdouts que recuperaron USD 150 millones a comienzos de 2026 y funciona como test para otros acreedores que evalúan copiar la estrategia.
  • La provincia afronta el litigio en un contexto de emergencia económica agravada por el recorte sistemático de transferencias nacionales bajo la gestión Milei.

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