América Latina
Causa Cerimedo: las causas penales, la cuenta que no cierra y un nuevo perfil bajo
El exasesor de Javier Milei enfrenta en Bolivia acusaciones por tentativa de feminicidio, violencia familiar, legitimación de ganancias ilícitas y presunta cobertura al narcotráfico. Desde la cárcel de Palmasola ensaya su nueva estrategia: negar que actuó en nombre de nadie, aunque los documentos judiciales demuestran lo contrario.
Fernando Cerimedo, el hombre que supo jactarse de operar en las sombras de los gobiernos de derecha latinoamericanos, ahora prefiere el anonimato.
Detenido en el penal de Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, publicó esta semana desde la cárcel: «Jamás actué en nombre de nadie». La frase es la síntesis de una estrategia defensiva que procura lo inverso de lo que alguna vez buscó; ya no quiere figurar como operador de presidentes, sino desaparecer del mapa político para no incomodar a quienes lo amparan. El problema es que los expedientes judiciales no cooperan con esa versión.
Cuatro causas y una declaración que no cierra
La justicia boliviana abrió al menos cuatro expedientes contra el exasesor del presidente boliviano Rodrigo Paz. El primero y más grave es la causa por tentativa de feminicidio, por la que ya cumple 180 días de prisión preventiva al ser señalado como el autor intelectual del ataque a balazos que sufrió Nadia Beller, su expareja, el 17 de agosto pasado. En su teléfono celular se encontraron anotaciones vinculadas a eliminar «la Nadia«.
El segundo expediente, por violencia familiar, analiza conductas previas al intento de asesinato; en las conversaciones de WhatsApp halladas en el dispositivo de Cerimedo quedaron registradas referencias a episodios de violencia física, que Beller también relató públicamente en distintas entrevistas. En esa causa se abstuvo de declarar esta semana.
El tercer expediente es por legitimación de ganancias ilícitas, iniciado a partir de hallazgos de dinero en efectivo en los allanamientos. Ante la fiscalía, Cerimedo sostuvo que no cobraba dinero del Estado y que vivía de lo que facturaban sus empresas de consultoría y comunicación radicadas en Argentina y Estados Unidos, con ingresos de alrededor de un millón de dólares mensuales durante 2025 y 2026.
La cuarta causa, iniciada de oficio por el fiscal Alexander Mendoza, investiga una presunta cobertura al narcotráfico en el Departamento de Beni, zona amazónica fronteriza con Brasil, donde también se detectaron pistas de aterrizaje ilegales. La maniobra habría incluido la colocación de GPS en aeronaves para monitorearlas mientras sobrevolaban suelo boliviano.
El auto con sirena y los contactos en inteligencia policial
Los allanamientos realizados en La Paz aportaron elementos que refuerzan las sospechas sobre los vínculos institucionales del asesor. Entre los objetos secuestrados se encontró un automóvil equipado con sirena y una placa de la policía boliviana.
Además, el senador boliviano Leonardo Roca afirmó esta semana en Radio 10 que Cerimedo participaba habitualmente de reuniones con altos mandos policiales y militares. En consonancia con eso, en su teléfono celular se hallaron intercambios por WhatsApp con una persona agendada como ECG, que se investiga si podría ser Érik Correa González, un teniente coronel que se desempeña como jefe de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, quien además habría estado vinculado a los movimientos en torno al Swiss Hotel la noche del ataque contra Beller.
Paz lo desautoriza; Beller lo desmiente con fotos
El presidente Rodrigo Paz publicó un video en el que intentó reducir el perfil de Cerimedo: lo describió como un contacto de campaña que nunca tuvo un vínculo formal con su gobierno. La respuesta llegó de inmediato desde la cuenta de Facebook de Nadia Beller, quien publicó fotografías de Cerimedo participando de reuniones de alto nivel junto al mandatario. La imagen más elocuente lo muestra en un encuentro con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, que el propio Departamento de Estado difundió en marzo pasado. La contradicción entre el relato presidencial y la evidencia fotográfica es el nudo central del caso político que se teje alrededor de la causa judicial.
En paralelo, Beller continúa aportando información a la justicia boliviana. Tras sobrevivir al ataque y recibir el alta médica, denunció un nuevo intento de atentado en su contra. Embarazada, sostuvo que está dispuesta a declarar también en Argentina y que ya no encuentra motivos para proteger a quien intentó asesinarla.
El operador que ahora niega haber operado
La paradoja de Cerimedo es que su defensa se apoya en negar aquello de lo que antes hacía gala. El hombre que fue responsable tecnológico de la campaña de La Libertad Avanza en las primarias de agosto de 2023 y que firmó documentos en nombre del equipo de Milei para designar a la empresa Latin American Advisory Group como agente de lobby en los Estados Unidos ahora sostiene que jamás actuó en nombre de nadie. Eso surge de documentos judiciales revelados por el periodista Andrés Lerner en el programa Minuto Uno por C5N. Su caso demuestra, precisamente, que no hacen falta firma ni cargo para tener poder; algo que Cerimedo, especialista en manipulación a través de redes sociales y lobbying, sabe mejor que nadie.
Lo que tienes que saber sobre Cerimedo
- Cerimedo cumple 180 días de prisión preventiva en Palmasola acusado de ser el autor intelectual del intento de asesinato de Nadia Beller.
- Se investigan cuatro causas penales en Bolivia: tentativa de feminicidio, violencia familiar, legitimación de ganancias y cobertura al narcotráfico.
- En los allanamientos se secuestró un auto con sirena y placa policial; su celular registra contactos con inteligencia antinarcóticos.
- Beller refutó con fotos el relato del presidente Paz, quien intentó minimizar el vínculo con el asesor argentino.
- Documentos judiciales lo identifican como responsable tecnológico de la campaña de LLA en 2023 y firmante de contratos de lobby en nombre del equipo Milei.
Defensa
Nuevas bases, aviones y naves antárticas: la apuesta militar de Chile en Magallanes
El ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, anunció nuevas bases militares en el extremo sur, reemplazo de aviones de combate y un plan de modernización hasta 2043. Su cartera quedó afuera del recorte del 3% que alcanzó al resto del gabinete de Kast, tras semanas de fricción con la Argentina por la soberanía del Estrecho de Magallanes.
Mientras en la Argentina el ajuste alcanza también a las Fuerzas Armadas, del otro lado de la cordillera la defensa del sur se volvió política de Estado. Chile construirá nuevas bases militares en los sectores de la Región de Magallanes que hoy no tienen cobertura, renovará sus aviones de combate y reforzará su presencia antártica, en un plan que involucra a las tres ramas de sus Fuerzas Armadas y se proyecta hasta 2043.
El anuncio lo hizo el ministro de Defensa chileno, Fernando Barros, desde la Base Aérea de Chabunco, en Magallanes, acompañado por los comandantes de las Fuerzas Armadas. Allí detalló un paquete de compras militares destinado a fortalecer la presencia del país en el extremo austral y a garantizar el control del espacio aéreo entre Campos de Hielo y el Polo Sur. «La defensa nacional no se improvisa, se planifica y se construye con años de antelación y visión de Estado», sostuvo.
El dato político no es menor: según consignó la agencia italiana ANSA, Barros descartó que su cartera sufra el recorte del 3% que el Gobierno de José Antonio Kast había instruido inicialmente para todos los ministerios. En un gobierno de derecha que ajusta en todas las áreas, la defensa del sur quedó a salvo de la tijera. «Queremos asegurar que Chile cuente con las capacidades para resguardar su soberanía, integridad territorial y seguridad de sus habitantes», afirmó el ministro.
Aviones, helicópteros, tanques y naves antárticas
El plan incluye el reemplazo, en el corto plazo, de los aviones F5 de la Fuerza Aérea de Chile por aeronaves de cuarta o quinta generación. También prevé sustituir los helicópteros Bell UH-1H y renovar el transporte aéreo estratégico, hoy a cargo de los C-130 Hércules, fundamentales para el sostenimiento de la base antártica y para la atención de emergencias.
Para 2027, Barros anunció la incorporación de cuatro aeronaves de patrullaje de largo alcance para la vigilancia naval y de otras cinco naves destinadas al servicio antártico. En el plano terrestre, se actualizará la tecnología de los tanques blindados Leopard 1, en paralelo a la renovación progresiva de otros equipos desplegados en la región. El ministro mencionó además la incorporación de «sistemas no tripulados, guerra electrónica, comunicaciones seguras, protección de fuerza y nuevas capacidades de observación y respuesta».
«La soberanía no solo se declara, se ejerce»
Barros explicó el valor estratégico que Santiago le asigna a Magallanes. «Es nuestra puerta natural hacia la Antártica y un territorio donde convergen el continente, nuestras islas, el Estrecho de Magallanes, extensos espacios marítimos, rutas internacionales… Cuando decimos que Chile es tricontinental, aquí parte el concepto», señaló.
En ese marco, insistió en que «la soberanía no solo se declara, se ejerce» y encuadró los anuncios en una «estrategia integral para fortalecer nuestra presencia terrestre, aérea y marítima», que abarca infraestructura, logística, proyección hacia la Antártida y presencia permanente del Estado en el extremo sur. La frase funciona como un mensaje hacia adentro, pero también como una señal hacia Buenos Aires.
El ruido con la Argentina que encendió la alarma
El anuncio llega después de semanas de tensión bilateral. A fines de agosto, el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, brigadier general Gustavo Javier Valverde, incluyó al estrecho en una referencia a la soberanía argentina: «Magallanes, el sur, el (Pasaje de) Drake, todo eso es soberanía», dijo en una entrevista, y habló de una «llave bioceánica». Los dichos provocaron una rápida reacción en Santiago.
Días después, el jefe del Estado Mayor General de la Armada, Juan Carlos Romay, se refirió en una entrevista con Infobae al «Estrecho de Magallanes, que pertenece a Chile», en lo que del otro lado de la cordillera se leyó como una rectificación. El episodio reactivó antecedentes recientes, como el Decreto 457 de 2021, que según la interpretación chilena presentaba al estrecho como un espacio de control compartido y derivó en una nota de protesta de la Cancillería trasandina.
La respuesta política argentina llegó el 3 de septiembre, en La Moneda. Tras la reunión entre Javier Milei y Kast, un comunicado conjunto estableció que ambos mandatarios coincidieron en la soberanía total de Chile sobre el estrecho, en el marco del Tratado de Límites de 1881 y del Tratado de Paz y Amistad de 1984, que según el texto «se encuentran plenamente vigentes y revisten carácter definitivo para ambos Estados». A cambio, Kast reiteró el respaldo de su gobierno a los derechos argentinos sobre Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes.
Pero en Chile el tema no se cerró con la foto presidencial. El 21 de septiembre, una delegación transversal del Senado encabezada por su presidenta, Paulina Núñez, viajó a Punta Arenas para la ceremonia por el 183° aniversario de la toma de posesión del estrecho y emitió una declaración en la que se comprometió a reflejar en el Presupuesto 2027 la necesidad de fortalecer las capacidades estratégicas para la vigilancia de los espacios soberanos. Esta misma semana también pasó por el sur el propio Kast.
Dos países, dos maneras de mirar el sur
El contraste con la Argentina es elocuente. En mayo, a una semana del lanzamiento del Plan ARMA de modernización militar, el Gobierno de Milei publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, que recortó casi 49.000 millones de pesos en partidas de Defensa. El mayor ajuste nominal recayó sobre la Fuerza Aérea, que perdió 16.500 millones de pesos en bienes de uso y equipamiento militar dentro de su programa de alistamiento operativo.
Para el año próximo, el ministro de Defensa argentino, Carlos Presti, informó que el Gobierno proyecta destinar alrededor de 350 millones de dólares a las obras de la Base Naval Integrada de Ushuaia y de la Base Antártica Conjunta Petrel, sumando recursos de 2026 y 2027. El proyecto de Presupuesto 2027 también pide autorización al Congreso para tomar deuda por hasta 3.500 millones de dólares destinada a submarinos y fragatas, en el mismo texto que prevé una caída real de los fondos para Educación. Mientras Chile financia su despliegue austral con presupuesto propio y un horizonte de dos décadas, la Argentina libertaria recorta primero y promete reequipar después, con endeudamiento.
La diferencia de enfoque dice mucho sobre la idea de soberanía de cada gobierno. Del otro lado de la cordillera, la ocupación efectiva del territorio se planifica como una política que trasciende gestiones; de este lado, la presencia del Estado en el sur queda atada a la lógica del ajuste permanente.
Lo que tenés que saber:
- El ministro de Defensa de Chile, Fernando Barros, anunció nuevas bases militares en sectores sin cobertura de Magallanes, dentro de un plan de modernización con horizonte en 2043.
- Chile reemplazará los aviones F5, los helicópteros Bell UH-1H y los C-130 Hércules, e incorporará en 2027 cuatro aeronaves de patrullaje naval y cinco naves antárticas.
- La cartera de Defensa chilena quedó excluida del recorte del 3% instruido inicialmente para todos los ministerios.
- El 3 de septiembre, Milei y Kast firmaron un comunicado que reconoce la soberanía total de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, tras los dichos del jefe de la Fuerza Aérea Argentina.
- En mayo, el Gobierno argentino recortó casi 49.000 millones de pesos en Defensa mediante la Decisión Administrativa 20/2026.
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