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Judiciales ⚖️

La Justicia evalúa sumar a la investigación la compra del departamento vecino de Cristina Kirchner

El inmueble fue adquirido por la sindicalista y militante de La Cámpora María Soledad Calle. El fiscal Eduardo Taiano analiza si la operación tiene relación con la causa por presuntos desvíos de fondos en la UOM bajo la gestión de Abel Furlán.

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El Argentino Diario-Cristina Fernández de Kirchner.
La Justicia evalúa incorporar a la causa UOM la compra del departamento ubicado debajo del de Cristina Kirchner.

El fiscal federal Eduardo Taiano analiza si la compra del departamento de San José 1111, en el barrio porteño de San Cristóbal, tiene vinculación con la investigación que tramita en el juzgado federal de Julián Ercolini por presunta administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de dinero en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). El inmueble fue adquirido por María Soledad Calle, sindicalista y militante de La Cámpora, por un monto de US$ 190.000. Su relevancia procesal radica en que se encuentra ubicado en el piso inmediatamente inferior al departamento donde la expresidenta cumple su condena en la causa Vialidad.

La causa que suma un nuevo frente

La investigación sobre los fondos de la UOM se originó en una denuncia contra la conducción de Abel Furlán. En 2023, el gremio suscribió un contrato con la empresa Unión de Seccionales Metalúrgicas (USEM), ligada a Calle, que quedó a cargo de la administración de los fondos sindicales. Esa operación es el núcleo de la pesquisa, que ya tiene a Furlán y a otros dirigentes imputados por los delitos de administración fraudulenta, asociación ilícita y lavado de dinero.

Fuentes judiciales informaron que Taiano evalúa si el origen de los fondos utilizados para adquirir el departamento en San José 1111 puede rastrearse hasta los presuntos desvíos investigados en la causa madre. La incorporación de este hecho al expediente dependerá de los resultados de las diligencias pendientes, entre ellas el allanamiento solicitado por la querella.

La querella pidió allanar el inmueble

La semana pasada, el abogado Yamil Castro Bianchi, representante de los gremialistas Ángel Derosso y Gerardo Piva que actúan como querellantes en la causa, solicitó al juez Ercolini que ordene el allanamiento del departamento de San José 1111 para avanzar en la determinación del origen de los fondos. La medida, si se concreta, implicaría una intervención judicial en las inmediaciones directas de la residencia donde cumple arresto la expresidenta.

El kirchnerismo y organizaciones de derechos humanos alertaron en reiteradas oportunidades sobre lo que califican como un patrón de hostigamiento judicial sistemático contra figuras del espacio. La utilización de causas penales para generar cerco territorial sobre el domicilio de Cristina Fernández de Kirchner es leída en ese contexto como una operación política con cobertura judicial, impulsada desde sectores del denominado partido judicial de Comodoro Py. La causa UOM, con Taiano al frente y Ercolini como magistrado, concentra dos figuras que el kirchnerismo identifica como protagonistas recurrentes de esa maquinaria.

El entramado entre el gremio y la causa

Según surge del expediente, el vínculo entre Calle y la UOM se habría consolidado a través del contrato entre el sindicato y USEM, empresa que la querella acusa de haber sido utilizada para derivar fondos gremiales fuera del circuito transparente. La naturaleza de ese vínculo, y su posible proyección hacia la compra del inmueble, es uno de los ejes que el fiscal intenta esclarecer antes de decidir si amplía los alcances de la causa.

Por el momento, la situación de Calle no tiene carácter de imputada en la causa principal, aunque su nombre aparece en el expediente como vinculada a la empresa investigada. La decisión de Taiano de evaluar la incorporación de la compra del departamento como hecho conexo supone un escalón procesal con implicancias políticas de primer orden, dado el perfil de la vecina más célebre del edificio.

Puntos clave

  • El fiscal Taiano analiza si la compra de un departamento por US$ 190.000 en San José 1111 tiene relación con la causa por presuntos desvíos en la UOM.
  • La adquirente del inmueble, ubicado debajo del departamento de Cristina Fernández de Kirchner, es la sindicalista y militante de La Cámpora María Soledad Calle.
  • La causa madre involucra el contrato firmado en 2023 entre la UOM de Furlán y la empresa USEM, ligada a Calle, por la administración de fondos sindicales.
  • La querella solicitó al juez Ercolini el allanamiento del inmueble para determinar el origen de los fondos.
  • El kirchnerismo encuadra la maniobra como parte del hostigamiento judicial sistemático contra sus referentes, orquestado desde el partido judicial de Comodoro Py.

DDHH

Represión en la Marcha Federal Universitaria: gases, balas de goma y decenas de detenidos

La quinta marcha llenó en paz la plaza y las calles del centro para exigir que Milei cumpla la ley, y terminó bajo gases, hidrantes y balas de goma. Asistentes denunciaron infiltrados. La oposición habló de «violencia estatal»; el Gobierno, de «los mismos violentos de siempre».

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Columna de la AGD UBA en la Marcha Federal Universitaria rumbo al Congreso

La universidad pública volvió a desbordar las calles y el Gobierno respondió con represión. La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso para exigir que el Gobierno cumpla la Ley de Financiamiento Universitario, y sobre el final de la tarde las fuerzas de seguridad la dispersaron con gases, hidrantes y balas de goma, en una jornada que terminó con decenas de detenidos.

El vicerrector de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Emiliano Yacobitti, describió en declaraciones a la prensa una «movilización ciudadana en la que cientos de miles de personas se movilizaron, con columnas de más de veinte cuadras por la avenida Corrientes», y aseguró que «más de un millón de personas en todo el país» se movilizó. Horas antes, adentro del Palacio Legislativo, la oposición no había conseguido el quórum para tratar la derogación del DNU 70/23, como informó este diario.

Cómo empezó la represión

La marcha se desarrollaba sin inconvenientes hasta pasadas las 15.30. A esa hora, un grupo reducido de personas con el rostro cubierto rompió baldosas y bancos de cemento de la plaza y arrojó los restos hacia el vallado del Palacio Legislativo, según las imágenes difundidas durante la jornada. La Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de la Ciudad activaron el protocolo de dispersión y avanzaron sobre la plaza con gases lacrimógenos, gas pimienta, camiones hidrantes y disparos con balas de goma. El operativo alcanzó a quienes se manifestaban de manera pacífica: los gases llegaron hasta el escenario del acto central y hasta el Anexo de Diputados, donde afectaron a empleados del edificio. Los focos se extendieron por Entre Ríos, Rivadavia y Callao, y la lluvia que empezó minutos después terminó de desconcentrar la plaza.

Las organizaciones convocantes hicieron igual el acto central. «El acto se hizo por completo, hablaron todos los oradores. Al final del acto una minoría protagonizó hechos violentos. La policía debería identificarlos. Nos tuvimos que ir del acto porque recibimos gases abajo del escenario donde había estudiantes, docentes, investigadores, trabajadores no docentes», relató Yacobitti.

La denuncia de infiltrados

Asistentes a la marcha denunciaron que los encapuchados eran infiltrados ajenos a la movilización. El canal C5N registró en vivo a un hombre con el rostro cubierto que sacaba bolsas de una mochila en el centro de la plaza: cuando el movilero Adrián Salonia intentó entrevistarlo, el hombre golpeó en la cara al camarógrafo Carlos Sjodin, que sufrió un corte en el labio. Una manifestante aclaró frente a la cámara que el agresor no era estudiante, y otro joven dijo que «la Policía empezó a reprimir y entró otro grupo que no tiene nada que ver con la movilización». Hasta el momento no se informó la identidad ni la pertenencia de esas personas.

Heridos y detenidos

Según el Ministerio de Seguridad de la Nación, resultaron heridos con elementos contundentes cuatro gendarmes, dos policías federales y dos efectivos de Prefectura. El SAME asistió a un hombre que no necesitó traslado, a una mujer de 57 años con sospecha de ACV, que fue llevada al Hospital Ramos Mejía, y se pidió una ambulancia para otra mujer con dificultad respiratoria. Entre los manifestantes también hubo personas golpeadas por cápsulas de gas.

Hasta las 19, la Policía de la Ciudad había informado seis detenidos en las inmediaciones del Congreso, entre ellos un chico de 14 años que fue imputado y entregado al Consejo de Niños, Niñas y Adolescentes. De acuerdo con La Nación, el adolescente fue detenido cerca de las 17.15 en Montevideo y Bartolomé Mitre, acusado de arrojar piedras contra un móvil policial cuando la marcha ya había terminado. El Ministerio de Seguridad de la Nación informó además otros 25 detenidos en las cabeceras ferroviarias. Con esas dos cifras oficiales, el total llegó a al menos 31. La cartera anticipó una denuncia penal por resistencia y atentado a la autoridad, atentado al orden constitucional y daño agravado.

«La violencia es estatal»

La oposición apuntó directamente contra el operativo. «Hubo una provocación», planteó ante la prensa el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, que bajó del recinto. «La marcha venía normal. Sabemos el accionar de la policía. Deberían ser los responsables de garantizar la marcha y no sucede. ¿Por qué cuando no está la Policía no hay problemas? Al final, toda manifestación termina con represión», agregó.

«Cuando un gobierno se impone a fuerza de DNU y represión, es claramente AUTORITARIO. La violencia es estatal y no hay por qué aceptarla, hay que defender el derecho a la protesta», escribió en X la diputada del Frente de Izquierda Myriam Bregman. El diputado Esteban Paulón (Provincias Unidas) resumió la jornada: «Adentro, los aliados del Gobierno no dieron quórum para tratar el DNU 70. Afuera, Gendarmería tiraba gases, balas de goma e hidrante sobre la Marcha Federal Universitaria». Y sentenció: «Un Gobierno que no cumple la ley y reprime a quienes le piden que la cumpla». Pablo Juliano, de la misma bancada, contó que «terminó gaseado todo el personal de la Cámara de Diputados» y opinó: «El Gobierno necesita construir una escena negativa».

«Soy estudiante de la Universidad Nacional de La Plata, nosotros vinimos a manifestarnos de manera pacífica y la policía empezó a reprimir. Esto no puede seguir así», dijo una persona que participó de la marcha.

La respuesta oficial

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, difundió un video con imágenes de los encapuchados y, sin distinguir entre ellos y la multitud que marchaba, afirmó que «los mismos violentos de siempre quieren imponer el caos». «El derecho a manifestarse no es un permiso para ejercer la violencia», sostuvo, y cerró: «En Argentina, nadie está por encima de la ley». El asesor presidencial Santiago Caputo fue más lejos en X: apuntó contra «los zurdos», dijo que «la única táctica que tienen es infundir terror» y agregó: «Pero ya ni capacidad de daño tienen. El curso de los acontecimientos es inalterable. Tiemblen zurdos, la libertad avanza».

Yacobitti le contestó a la ministra con sus propias palabras: «Comparto, ministra. Nadie está por encima de la ley, tampoco el Presidente. Por eso, tiene la obligación de cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. Los violentos no son parte del sistema universitario, son una minoría y la policía debería poder identificarlos». El vicerrector puso el foco donde el Gobierno no quiere: «El Presidente de la Nación, que es la persona que más poder tiene, no cumple la ley. ¿Qué se puede esperar del resto?».

El documento: «la universidad pública no es el problema»

En el acto se leyó un documento firmado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otras organizaciones, bajo la consigna «la educación, la soberanía y la democracia». El texto advirtió que las universidades «están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene», denunció que el proyecto de Presupuesto 2027 es el más bajo de la historia, con menos del 1% del PBI, y respaldó la propuesta del CIN, que plantea un incremento del 33,4% sobre el proyecto oficial.

También denunció el congelamiento de las Becas Progresar en $35.000 desde 2024, rechazó el DNU 70/23 y reivindicó la gratuidad, la autonomía, el cogobierno y el ingreso irrestricto. «Tenemos la profunda convicción de que la universidad pública argentina no es el problema de nuestro país; es, sin lugar a dudas, una parte fundamental de la solución», concluyó.

La foto que el Gobierno eligió difundir fue la de las piedras; la que dejó la jornada fue la de una multitud pacífica que, por quinta vez, salió a pedir que se cumpla una ley y terminó bajo los gases. En plena marcha, además, la Cámara frenó la multa diaria que el juez Martín Cormick le había fijado al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por ese incumplimiento, como informó este diario.

Lo que tenés que saber:

  • La quinta Marcha Federal Universitaria reunió a una multitud que se movilizó en paz frente al Congreso; la UBA habló de «cientos de miles» de personas.
  • Pasadas las 15.30, las fuerzas de seguridad reprimieron con gases, hidrantes y balas de goma, tras los destrozos de un grupo reducido de encapuchados.
  • Asistentes denunciaron que esos encapuchados eran infiltrados; uno de ellos golpeó a un camarógrafo de C5N.
  • La Ciudad informó seis detenidos, entre ellos un chico de 14 años, y Nación otros 25; Seguridad reportó ocho efectivos heridos.
  • La oposición habló de «violencia estatal»; Monteoliva culpó a «los mismos violentos de siempre».
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