La Justicia liquidó SanCor y el Gobierno libertario no movió un dedo para salvarla

★ El Juzgado de Primera Instancia de Distrito 5 en lo Civil y Comercial de la Cuarta Nominación de Rafaela, a cargo del juez Marcelo Germán Gelcich, declaró este martes la quiebra de SanCor Cooperativas Unidas Limitada, poniendo fin a casi 88 años de historia de una de las empresas más emblemáticas de la industria láctea argentina.

La resolución judicial confirmó lo que el propio Consejo de Administración de la cooperativa había solicitado días antes, tras reconocer un estado de «cesación de pagos, impotencia e insolvencia patrimonial general y definitiva», según la comunicación oficial de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra).

El tribunal declaró expresamente la inaplicabilidad del procedimiento de salvataje establecido en el artículo 48 de la Ley de Concursos y Quiebras (24.522), cerrando la última puerta a cualquier posibilidad de rescate judicial. La sindicatura, integrada por los contadores Ignacio Martín Pacheco Huber y Juan Luis Tomat, continuará actuando en el proceso con la obligación de informar en cinco días qué plantas seguirán operativas durante la etapa de transición, hasta la venta de los activos.

Una crisis que se incubó durante años

SanCor no llegó a la quiebra de un día para el otro. La cooperativa, que en su mejor momento procesó más de 4,6 millones de litros de leche diarios y empleó a más de 4.000 trabajadores, arrastraba un deterioro sostenido desde la segunda mitad de los años 2000. Para 2017 ya producía 4 millones de litros diarios; en la actualidad, esa cifra se redujo a menos de 500.000 litros.

En ese recorrido influyeron factores múltiples: decisiones empresariales fallidas, conflictos gremiales que paralizaron las plantas entre octubre de 2023 y agosto de 2024, la deuda irrecuperable con Venezuela (estimada en unos 18 millones de dólares remanentes de acuerdos bilaterales de la era Chávez-Kirchner que colapsaron con el default venezolano de 2017), y una estructura cooperativa que no logró adaptarse a las transformaciones del mercado.

En febrero de 2025, la empresa se presentó formalmente a concurso preventivo de acreedores ante el mismo juzgado de Rafaela. En ese momento, fuentes del sector advirtieron que era «el principio de una quiebra». Nada de lo que vino después cambió ese diagnóstico. En diciembre de 2025, el juez Gelcich ya había intervenido la cooperativa y designado a la contadora Lucila Inés Prono como coadministradora, ante incumplimientos reiterados y falta de información contable.

El ajuste Milei como contexto que aceleró el derrumbe

La crisis de SanCor tiene raíces propias, pero el contexto macroeconómico del gobierno de Javier Milei operó como acelerador del colapso. Según un análisis publicado por el portal Infoalimentación, las tarifas energéticas escalaron de forma sostenida, el costo financiero se volvió insostenible y el poder adquisitivo del mercado interno, base de la demanda de productos lácteos, cayó de manera estructural durante 2024 y 2025.

El gobierno nacional no ofreció ninguna herramienta de asistencia: no hubo refinanciación de deudas fiscales, no hubo crédito subsidiado para cooperativas en crisis, no hubo mesa de negociación articulada desde el Estado nacional. Mientras el Ministerio de Economía celebraba el superávit fiscal, el entramado productivo del interior del país se apagaba planta por planta.

Los datos sectoriales confirman ese diagnóstico. El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) registró una caída del 5% en el volumen comercializado de productos lácteos durante el primer bimestre de 2026, equivalente a una reducción superior al 6% en litros. La facturación del sector retrocedió un 9,1% en pesos y casi un 11,5% en dólares en términos interanuales durante febrero. El precio recibido por los productores cayó alrededor del 19% en pesos constantes. En el último año, el número de tambos operativos en el país se redujo un 2,5%, con el cierre de unos 234 establecimientos desde inicios de 2025, según datos del OCLA relevados por el portal de análisis económico Economía.com.py.

La quiebra de SanCor no ocurre de manera aislada. En el mismo período, la cadena de electrodomésticos Garbarino también fue declarada en quiebra por el Juzgado Nacional en lo Comercial N.º 7. Según un informe de la organización Fundar basado en registros de la Seguridad Social, desde la llegada de Milei al gobierno se cerraron más de 24.000 empresas en la Argentina, con una reducción del número de empleadores de 512.357 a 488.177 unidades productivas.

Los trabajadores, los más golpeados

El impacto humano de la quiebra es devastador. De los más de 4.000 empleados que tuvo SanCor en 2017, hoy quedan menos de 850 operarios, muchos de los cuales llegaron al cierre sin cobrar un solo sueldo en ocho meses. En enero de 2025, la empresa ya había despedido a 300 trabajadores en plantas de Córdoba y Santa Fe (Gálvez, Sunchales, La Carlota y Balnearia) bajo el argumento de «fuerza mayor».

Atilra denunció públicamente que la cooperativa se sostuvo en sus últimas etapas con el patrimonio de los propios trabajadores: fondos del sindicato cubrieron la cobertura de salud ante la falta de aportes patronales, y los trabajadores absorbieron el costo de una empresa que no podía pagar ni los sueldos ni los aguinaldos. La deuda laboral preconcursal fue estimada en 69.000 millones de pesos, más otros 14.000 millones en obligaciones con la obra social OSPIL, la mutual AMPIL y el propio sindicato, según datos aportados por la propia asamblea extraordinaria de los trabajadores que, meses antes, había pedido la quiebra con continuidad laboral.

Pese a la gravedad del cuadro, el gremio mantuvo una postura que apuesta al futuro. En su comunicado, Atilra sostuvo que la quiebra «no constituye un final sino el comienzo de una nueva etapa donde la marca SanCor, despojada de las estructuras que la llevaron al borde de su extinción, debe volver a florecer». El gremio también presentó una propuesta de «cooperativización» para que los propios trabajadores puedan asumir parte del control en la etapa de liquidación.

¿Qué sigue?

El fallo dispone que las plantas que mantengan actividad productiva continuarán operando de forma transitoria, especialmente aquellas con contratos en curso. Los sueldos generados durante esta etapa serán considerados gastos del concurso, con prioridad de pago. La sindicatura deberá informar en cinco días qué establecimientos continuarán funcionando, con un análisis técnico por cada unidad productiva.

El ministro de Trabajo de Santa Fe, Roald Báscolo, señaló que la situación se volvió «insostenible» y que «si el proceso se da con celeridad, podría ser la solución para que entren posibles nuevos inversores». Confirmó que hay interesados de capitales nacionales, aunque no brindó precisiones sobre su identidad. En paralelo, la venta de activos incluiría también la marca SanCor, una de las más reconocidas de la industria alimentaria argentina.

Lo que queda claro es que el Estado nacional brilló por su ausencia en cada etapa de la agonía. Y que 88 años de cooperativismo, de productores tamberos, de obreros lácteos del interior profundo, terminaron en un expediente judicial en Rafaela mientras el gobierno libertario seguía contando los dólares del supuesto “superávit”.

Puntos clave:

• La Justicia de Rafaela declaró la quiebra de SanCor, la histórica cooperativa láctea fundada en 1938, con una deuda superior a los 120 millones de dólares.
• La empresa acumula ocho meses de salarios impagos para sus 850 trabajadores restantes y una deuda laboral estimada en más de 83.000 millones de pesos.
• El fallo declaró inaplicable el procedimiento de salvataje y dispuso la continuidad transitoria de las plantas productivas hasta la venta de activos.
• El sector lácteo registró una caída del consumo superior al 5% en el primer bimestre de 2026, en el marco de políticas del gobierno de Milei que no incluyeron ninguna herramienta de asistencia para la cooperativa.
• Desde diciembre de 2023, más de 24.000 empresas cerraron en Argentina, según un informe de la organización Fundar basado en registros de la Seguridad Social.