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El caso YPF no cierra: Burford va al CIADI para revertir el fallo favorable a la Argentina

El fondo buitre Burford Capital, financista de los fondos Petersen y Eton Park, confirmó su intención de llevar el litigio por la expropiación de YPF al tribunal de arbitral del Banco Mundial. La movida abre un nuevo frente internacional que podría extenderse entre cinco y diez años, y reaviva la disputa por la soberanía energética argentina.

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El Argentino Diario-YPF.

Caso YPF: Burford va al CIADI y el litigio se extenderá hasta una década más

★ El litigio por la expropiación de YPF entró esta semana en una nueva fase. Tras el fallo del 27 de marzo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que anuló la condena de más de 16.100 millones de dólares contra la Argentina, los demandantes confirmaron que recurrirán al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), el tribunal arbitral del Banco Mundial, para intentar revertir ese resultado favorable al país.

Según medios especializados en derecho internacional, los fondos Petersen Energía Inversora y Eton Park, financiados por el fondo de litigios de origen inglés Burford Capital, ya pusieron en marcha los mecanismos legales para escalar la causa a la arena arbitral internacional. La confirmación de esta vía representa un cambio de tablero que extiende el conflicto al menos entre cinco y diez años, según advirtieron especialistas en litigios internacionales.

El CIADI: un terreno históricamente adverso para la Argentina

El CIADI es el organismo de arbitraje comercial del Banco Mundial y tiene una particularidad relevante para este caso: sus resoluciones se limitan exclusivamente a compensaciones monetarias, sin posibilidad de embargos ni transferencias de activos. Eso eliminaría, al menos en esta instancia, la amenaza de que Argentina pierda el control accionario de YPF, como sí ocurrió en la etapa del juicio neoyorquino bajo la jueza Loretta Preska, quien en junio de 2025 llegó a ordenar la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera como pago parcial de la condena, antes de que la propia Cámara de Apelaciones suspendiera esa medida.

Sin embargo, el historial argentino en el CIADI genera alertas. El especialista en litigios internacionales Sebastián Maril advirtió que la Argentina tiene «un historial bastante nefasto» ante ese tribunal, y citó como antecedente el caso de la expropiación de Aerolíneas Argentinas, donde el CIADI falló en contra del país por violación de un tratado de comercio con España.

En el caso YPF, existe además un antecedente que complica la posición argentina: cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner expropió el 51% de la petrolera en 2012, la española Repsol presentó una demanda ante el CIADI por expropiación discriminatoria por 10.500 millones de dólares. Ese proceso nunca llegó a un laudo; en 2014, cuando Axel Kicillof era ministro de Economía, se cerró mediante un acuerdo político por unos 5.000 millones de dólares en títulos de deuda. Para algunos analistas, ese cierre por vía política y no judicial podría dejar tecnicismos abiertos para nuevas demandas.

Burford Capital: los pasos previos al CIADI

Antes de confirmar la vía del CIADI, Burford Capital ejecutó otras movidas procesales. El 7 de abril solicitó a la Cámara de Apelaciones de Nueva York una prórroga de 28 días, hasta el 8 de mayo de 2026, para presentar una solicitud de rehearing en banc, es decir, una revisión del fallo por parte de los 13 jueces del tribunal en pleno, en lugar de los tres que lo resolvieron originalmente. El voto fue dividido: dos jueces fallaron a favor de Argentina y uno, el juez José Cabranes, votó en disidencia sosteniendo que los estatutos de YPF sí constituían un contrato exigible.

Esa disidencia se convirtió en el argumento central de Burford para insistir con la revisión. En su comunicado posterior al fallo, el CEO de la firma, Christopher Bogart, reconoció que la decisión fue «muy decepcionante» y que representa «un notable abandono de los derechos de los accionistas minoritarios». Al mismo tiempo, aclaró que el propio fondo siempre contempló el riesgo de litigar en tribunales norteamericanos y que la vía del CIADI estuvo siempre dentro de su estrategia. «Desde hace tiempo contamos con King & Spalding, reconocida como la firma de arbitraje líder en el mundo, trabajando en este camino a seguir», precisó Burford en el mismo comunicado.

Los expertos consultados por distintos medios coinciden en que las probabilidades de éxito de una revisión en banc son mínimas, dado que la Corte de Apelaciones rara vez acepta ese recurso. En paralelo, acudir a la Corte Suprema de Estados Unidos también luce como una vía de muy bajo pronóstico: ese tribunal acepta aproximadamente el 1% de los casos que le llegan, según explicó Maril.

El fallo que Argentina celebró, pero que no cerró el caso

El fallo del 27 de marzo de la Cámara de Apelaciones fue celebrado transversalmente en la política argentina. Tanto Javier Milei como la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y el gobernador bonaerense Axel Kicillof festejaron la decisión. Milei no tardó en intentar apropiarse del resultado y, en un gesto llamativamente confrontativo, atacó a los dirigentes kirchneristas: «Lo voy a decir con nombre y apellido, hablo de Cristina Fernández de Kirchner y del inefable Axel Kicillof. Nada puede estar más lejos de la verdad. Es una afrenta a los argentinos que pretendan apropiarse de este resultado».

Sin embargo, más allá de los festejos y las disputas de relato político, el litigio estaba lejos de cerrarse. El fallo dejó en claro que la Cámara de Apelaciones anuló la condena porque consideró que, bajo el derecho civil argentino, el estatuto de YPF no constituye un contrato que genere una obligación de indemnizar; y que, aun si lo hiciera, los reclamos quedarían subordinados al derecho público argentino que regula los procesos de expropiación. La propia Cámara reconoció que Argentina violó el estatuto de YPF al no ofrecer a los accionistas minoritarios la posibilidad de vender su participación, aunque descartó que eso generara una obligación de pagar daños. Esa contradicción es precisamente el punto de apoyo que los demandantes intentarán explotar ante el CIADI.

Un litigio que podría extenderse hasta 2036

El escenario más probable, según los especialistas consultados por distintos medios, es que Burford Capital avance simultáneamente en dos frentes: el pedido de revisión en banc ante la Cámara, y la presentación formal ante el CIADI. Esta segunda vía no requiere agotar las instancias estadounidenses, lo que le da al fondo litigante la posibilidad de abrir el frente arbitral internacional de manera independiente y en paralelo.

El proceso ante el CIADI podría extenderse entre cinco y diez años, según Maril, con el Estado argentino como demandado exclusivo, dado que YPF quedó definitivamente excluida del litigio en la resolución de la Cámara de Apelaciones. El gobierno de Milei declaró que mantiene sus equipos legales en alerta y que, ante cualquier nueva instancia, la defensa sostendrá los mismos argumentos que avaló la mayoría de la Cámara: que los reclamos contractuales no son válidos bajo la ley argentina y que el accionar del Estado queda amparado por el derecho público soberano de expropiación.

Puntos clave

  • Los fondos Petersen y Eton Park, financiados por Burford Capital, confirmaron que irán al CIADI para intentar revertir el fallo favorable a Argentina.
  • El CIADI es el tribunal arbitral del Banco Mundial y solo puede imponer compensaciones monetarias; no puede ordenar embargos ni transferencias de activos.
  • Burford solicitó también una extensión de plazo hasta el 8 de mayo para presentar una revisión del fallo ante el pleno de la Cámara de Apelaciones de Nueva York.
  • El proceso ante el CIADI podría extenderse entre cinco y diez años, según el especialista Sebastián Maril.
  • La Argentina arrastra antecedentes adversos en el CIADI, incluyendo el caso de Aerolíneas Argentinas y el previo reclamo de Repsol por la expropiación de YPF, que se resolvió por acuerdo político en 2014.

DDHH

Aberrante: el ministro israelí Ben Gvir propuso matar entre 30 y 40 palestinos por noche en Gaza

El ministro de Seguridad Nacional israelí, Itamar Ben Gvir, llamó públicamente al asesinato sistemático de palestinos en un podcast y sostuvo que los habitantes de Gaza «ni siquiera son personas». Sus declaraciones se suman a otras ya presentadas ante la Corte Internacional de Justicia como evidencia de intención genocida.

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"Ni siquiera son personas": el ministro israelí que pide matar palestinos en serie cada noche.

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, propuso públicamente que fuerzas israelíes lleven adelante «asesinatos selectivos» de entre 30 y 40 palestinos cada noche en Gaza. Las declaraciones fueron realizadas en el podcast «8 de octubre», conducido por Rom Braslavski, ex rehén de Hamas y la Yihad Islámica, y encendieron la alarma internacional por su carácter explícitamente eliminacionista.

«Creo que deberían llevarse a cabo asesinatos selectivos en Gaza, eliminando entre 30 y 40 personas cada noche», afirmó Ben Gvir. Y agregó, sin ambages: «Hay personas allí que no merecen vivir. No deberían vivir. Ni siquiera son personas.» El funcionario aclaró que su propuesta no se limitaría a quienes representen «una amenaza inmediata», lo que amplía el blanco a la población civil en general.

Un ministro de ultraderecha con historia de extremismo

Ben Gvir integra el gobierno ultraderechista de Benjamín Netanyahu desde 2022. Su trayectoria política está atravesada por el extremismo: fue miembro del movimiento Kach, fundado por el rabino Meir Kahane en la década de 1970, que propugnaba la expulsión masiva de la población árabe de Israel y la imposición de una teocracia basada en la ley judía ortodoxa. Ese movimiento fue declarado organización terrorista por el propio Estado de Israel, y la pertenencia de Ben Gvir al grupo le valió quedar excluido del servicio militar obligatorio.

Pese a ese pasado, Ben Gvir escaló hasta controlar la cartera de Seguridad Nacional, que tiene bajo su órbita a la Policía nacional israelí y el sistema carcelario, donde numerosas organizaciones de derechos humanos denuncian casos sistemáticos de tortura contra detenidos palestinos, tanto de Cisjordania como de Gaza.

Declaraciones que llegan a La Haya como prueba de genocidio

Las expresiones de Ben Gvir no son un episodio aislado. Se enmarcan en una serie de posicionamientos racistas y eliminacionistas de funcionarios israelíes que ya fueron presentados ante la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas como evidencia de lo que organismos internacionales califican como «intención genocida». La causa fue iniciada por Sudáfrica y tiene como objeto determinar si Israel está violando la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza.

Además de sus posturas eliminacionistas, Ben Gvir es uno de los colonos israelíes que reside en la Cisjordania ocupada, desde donde construyó su carrera política exigiendo la «migración masiva de palestinos» en Gaza para instalar asentamientos judíos en la Franja. «Considero que toda Gaza es nuestra. Deberíamos tener asentamientos no solo en Gush Katif, sino en toda Gaza, fomentando la mayor emigración posible, enviándolos a sus países de origen, y para los terroristas, nada de emigración, simplemente matarlos uno por uno», declaró.

Oposición interna a la «pausa» en Gaza y provocaciones internacionales

Dentro del propio gobierno de Netanyahu, Ben Gvir es uno de los funcionarios que se expresó abiertamente en contra de la reducción de los ataques en Gaza impulsada como parte del «plan de paz» del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Su posición extrema tensiona incluso la frágil coalición interna del gobierno israelí.

Uno de sus últimos gestos de provocación internacional fue la difusión de un video en que aparecía sonriente, ondeando una bandera israelí, mientras los activistas de la Flotilla Global Sumud, detenidos en Israel, permanecían esposados, hacinados y arrodillados en el suelo. El episodio generó repudio en múltiples países y fue denunciado como una flagrante violación del derecho internacional humanitario.

Armas para civiles y un ministerio bajo sospecha

Desde que asumió la cartera de Seguridad Nacional, Ben Gvir implementó una política de ampliación masiva del acceso civil a armas de fuego. Bajo su gestión, las licencias de armas para ciudadanos israelíes aumentaron un 126 por ciento, una decisión que especialistas en seguridad y organismos de derechos humanos critican como una militarización de la sociedad civil en un contexto de escalada bélica.

El conjunto de sus acciones, declaraciones y posicionamientos configura un patrón que va mucho más allá de la retórica electoral. Ben Gvir es la cara más visible de un ala del gobierno israelí que no solo respalda la ofensiva en Gaza sino que impulsa su radicalización, desafiando abiertamente los límites del derecho internacional y los pronunciamientos de los organismos multilaterales.

Puntos clave

  • Ben Gvir propuso públicamente «asesinatos selectivos» de entre 30 y 40 palestinos por noche en Gaza, aclarando que no se limitarían a combatientes.
  • Sus declaraciones se suman a otras ya presentadas ante la Corte Internacional de Justicia como evidencia de intención genocida por parte de funcionarios israelíes.
  • Ben Gvir fue miembro de Kach, movimiento declarado terrorista por Israel, lo que le impidió cumplir el servicio militar obligatorio.
  • Desde su llegada al gobierno, las licencias de armas para civiles israelíes aumentaron un 126 por ciento.
  • El ministro difundió un video humillando a activistas humanitarios de la Flotilla Global Sumud mientras permanecían detenidos y esposados.
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