Soberanía energética
Soberanía energética: el mensaje de Cristina por la causa YPF
Reivindicó que la defensa argentina sostuvo que ninguna norma privada puede imponerse sobre la Constitución.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un mensaje en el que destacó el rol del estudio jurídico Sullivan & Cromwell LLP en la defensa del Estado argentino en la causa por la expropiación de YPF tramitada en tribunales de Nueva York. Pero el texto fue más allá del agradecimiento formal: funcionó como una reafirmación política y jurídica de una de las decisiones más emblemáticas de su gobierno.
La Constitución por encima del mercado
En su mensaje, la ex mandataria puso el foco en un punto central: la primacía del orden jurídico nacional frente a normas de carácter privado o estatutario. En términos jurídicos, lo que se discutió (y se sigue discutiendo) es si el estatuto de una sociedad puede condicionar decisiones soberanas de un Estado.
Reivindicó que la defensa argentina sostuvo que ninguna norma privada puede imponerse sobre la Constitución
Subrayó el concepto de soberanía estatal como eje del derecho público
Enmarcó el caso dentro de una disputa más amplia entre intereses corporativos y decisiones democráticas
La afirmación no es menor: coloca el conflicto en un plano estructural, donde lo jurídico y lo político se entrelazan.
Un respaldo que cruza gobiernos
Otro de los puntos destacados fue el apoyo que, según señaló, recibió la posición argentina por parte de EEUU, tanto bajo administraciones demócratas como republicanas. La mención no es casual: busca desarmar la idea de aislamiento internacional y, al mismo tiempo, reforzar la legitimidad del planteo argentino en el exterior.
Expropiación y legalidad
Fernández de Kirchner también fue categórica al sostener que la expropiación de YPF se realizó conforme a derecho y con fines de utilidad pública. En ese sentido, volvió sobre un argumento clásico del kirchnerismo: la recuperación de la empresa no fue un acto arbitrario sino una decisión respaldada por el marco legal vigente.
La expropiación se presentó como una política de Estado Se vinculó con la necesidad de recuperar control sobre recursos estratégicos Se defendió su legalidad frente a cuestionamientos judiciales
Vaca Muerta como símbolo
El cierre del mensaje apuntó a los resultados. La ex presidenta vinculó directamente la recuperación de YPF con el desarrollo de Vaca Muerta y el actual superávit energético.
Se trata de una narrativa que busca consolidar la idea de soberanía energética como política exitosa, en contraste con modelos de gestión orientados a la privatización.
Más que un fallo
El mensaje de Fernández de Kirchner no se limitó a un expediente judicial. Reinstaló una discusión de largo aliento: quién decide sobre los recursos estratégicos de un país y bajo qué reglas.
En tiempos donde la energía vuelve a ser un factor geopolítico central, la causa YPF aparece como algo más que un litigio en Nueva York. Es, otra vez, un campo de batalla donde se cruzan derecho, economía y poder.
Desregulación
El Gobierno entregó Transener: adiós a la soberanía eléctrica
La resolución de Caputo transfirió la participación estatal en la principal transportista de energía del país a un consorcio con estrechos vínculos con el entorno del poder libertario. La operación, por US$356 millones, se inscribe en el proceso de desguace del Estado energético que el FMI demanda al Gobierno.
La red eléctrica del país en manos privadas: quiénes son los socios del poder que se quedaron con Transener
★ El Gobierno de Javier Milei formalizó este lunes la privatización de Transener, la principal empresa de transporte de energía eléctrica en alta tensión del país, mediante una resolución del Ministerio de Economía firmada por el ministro Luis Caputo. La operación transfirió la totalidad de la participación estatal, que el Estado ejercía a través de ENARSA en la sociedad controlante Citelec S.A., al consorcio integrado por Genneia y Edison Energía, por un monto de US$356.174.811.
Con este acto, el Estado nacional completó su salida definitiva de la estructura accionaria de la compañía que opera aproximadamente el 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país.
Un activo estratégico que genera más de US$200 millones anuales
Transener no es una empresa cualquiera: es la columna vertebral del Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Administra más de 12.600 kilómetros de líneas de alta tensión en 500 kV que recorren el territorio nacional desde Jujuy hasta Santa Cruz, a los que se suman los 6.228 kilómetros de su controlada Transba, empresa de transporte eléctrico de la provincia de Buenos Aires. Opera bajo concesiones de largo plazo de hasta 95 años, es el único operador de alta tensión del país y, según datos de ENARSA, presenta una disponibilidad operativa superior al 99,7%.
Desde el punto de vista financiero, la empresa registra un EBITDA superior a los US$200 millones anuales, lo que la convirtió, paradójicamente, en uno de los activos más rentables que el Estado resignó en este proceso.
La licitación recibió tres ofertas, con un precio base fijado en US$206 millones. El consorcio Genneia-Edison Energía resultó ganador con US$356.174.811, superando las propuestas de Central Puerto (US$301 millones) y Edenor (US$230 millones).
La suma total de las tres ofertas alcanzó los US$887 millones, superando ampliamente el piso establecido por el fisco. Llamativamente, a pesar de las expectativas del Gobierno, no se registró participación de capitales de inversión extranjeros en el proceso.
Los socios del poder detrás del consorcio ganador
La identidad de los actores detrás del consorcio ganador no es un dato menor. Según información difundida por Energía Online y otros medios especializados, Genneia está liderada por Jorge Brito, presidente y accionista del Banco Macro. Del lado de Edison Energía participan los hermanos Patricio y Juan Neuss, reconocidos como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo, socios del fondo Inverlat, junto a Carlos Giovanelli, Damián Pozzoli, Guillermo Stanley y Federico Salvai, propietario de Havanna y Aspro.
Completan el cuadro los empresarios Rubén Cherñajovsky y Luis Galli, dueños de Newsan. La operación posiciona al consorcio como co-controlante de Citelec junto a Pampa Energía, el holding liderado por Marcelo Mindlin, que ya poseía el otro 50% de la sociedad controlante y previamente renunció a sus derechos de preferencia para facilitar la transacción.
El marco legal y la lógica del desguace
El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025, que dispuso la venta de las acciones que ENARSA poseía en Citelec, en el marco de la Ley Bases (27.742), que habilitó la privatización de activos energéticos bajo control estatal. La operación se suma a la venta previa de las represas hidroeléctricas del Comahue, que según datos del propio Gobierno ingresó US$700 millones a las reservas internacionales. Para 2026, el Ejecutivo proyecta recaudar al menos US$2.000 millones mediante privatizaciones, en el marco de los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional.
Según un análisis de especialistas del sector, la privatización de Transener se inscribe en un proceso de creciente concentración del sistema energético en manos de grandes grupos económicos locales, impulsado tanto por la presión de esos mismos grupos como por las exigencias del FMI, que «recomienda» la venta de empresas públicas como parte de sus metas de ajuste fiscal. El paralelismo con la experiencia de los años 90 resulta inevitable: en aquella etapa, la venta de activos estratégicos derivó en falta de inversión y expansión que luego dificultó el proceso de reindustrialización iniciado en 2003.
La obra que se canceló y el proyecto que no llegó
Un dato revelador del contexto en el que se produce esta privatización: el Gobierno canceló el proyecto AMBA I, que iba a expandir el sistema de transmisión en el área metropolitana en conjunto con la empresa china State Grid, líder global en líneas de alta tensión. En su lugar, el Ejecutivo habilitó la inversión privada mediante el Decreto 921/25, pero hasta la fecha, según consignan fuentes del sector, no se registraron avances concretos en nuevas inversiones. La infraestructura crítica se transfiere sin garantías públicas de que el sector privado vaya a expandirla.
Puntos clave
- El Ministerio de Economía formalizó este lunes la privatización de Transener mediante resolución firmada por Luis Caputo, transfiriendo la participación estatal al consorcio Genneia-Edison Energía por US$356.174.811.
- Transener opera más del 85% de la red troncal de transmisión eléctrica del país, con más de 12.600 km de líneas de alta tensión, y genera un EBITDA anual superior a US$200 millones.
- El proceso se encuadra en el Decreto 286/2025 y la Ley Bases (27.742), enmarcado en las metas de privatización acordadas con el FMI.
- Detrás del consorcio ganador figuran Jorge Brito (Banco Macro/Genneia) y los hermanos Neuss, identificados como cercanos al asesor presidencial Santiago Caputo.
- No hubo inversión extranjera en el proceso y el Gobierno canceló previamente el proyecto de expansión AMBA I con China (State Grid), sin que la inversión privada lo reemplazara.
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