La justicia federal le dio la razón al Estado argentino: el tribunal de segunda instancia anuló el fallo de la jueza Loretta Preska y reconoció que la estatización de YPF en 2012 fue un acto legítimo de soberanía. Una victoria que reivindicó la política energética del kirchnerismo y frustró las ambiciones de Burford Capital, el fondo buitre que compró el litigio por apenas 15 millones de euros apostando a cobrar miles de millones.