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Masacre evitable: tras 96 muertes por fentanilo, familiares exigen una ley ante un Estado deficiente

Lanzan petición ciudadana para que el Congreso sancione controles integrales en toda la cadena de medicamentos tras una tragedia que ya dejó casi un centenar de muertes.

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El Argentino Diario-Fentanilo contaminado.

Familiares de pacientes que perdieron la vida por la aplicación de fentanilo adulterado lanzaron una petición ciudadana para exigir al Congreso Nacional la sanción de una Ley de Trazabilidad Integral de Productos Medicinales y su Comercialización. La iniciativa surge como respuesta a la emergencia sanitaria que ya ocasionó entre 68 y 96 víctimas fatales según distintos relevamientos judiciales, tras la administración de medicamentos contaminados elaborados por los laboratorios HLB Pharma Group S.A. y Ramallo S.A.

El primer informe del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema confirmó que el fentanilo contaminado constituyó un «factor agravante significativo» en la muerte de la mayoría de los pacientes analizados. De las 20 historias clínicas revisadas, en 12 se comprobó que el fármaco adulterado contribuyó directamente al desenlace fatal.

El drama de las familias que perdieron todo

«Cada víctima tiene una historia y una dignidad. No son números de expediente, ni de D.N.I, sino seres humanos que buscaban mejorar su salud», señalaron los familiares en su petición. Con dolor pero firmes en su reclamo, agregaron: «A los que les fue destruido su entorno, su realidad social y las distintas generaciones afectadas al mismo. Necesitamos garantizar que ninguna familia vuelva a atravesar esta masacre evitable».

La tragedia golpeó a pacientes que llegaron a distintas instituciones de salud, tanto públicas como privadas, con cuadros clínicos independientes y que terminaron afectados por el lote 31202, elaborado el 18 de diciembre de 2024 por el laboratorio HLB Pharma, que presentaba contaminación con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii.

Una ley para que no se repita el horror

La propuesta legislativa que impulsan los familiares busca garantizar que cada ampolla o unidad medicinal pueda ser considerada como unidad independiente y rastreada a lo largo de toda la cadena: desde su elaboración bajo normas internacionales de Buenas Prácticas de Manufactura (GMP), hasta su comercialización final.

Los familiares destacaron la labor del juez federal Ernesto Kreplak, quien lleva adelante la investigación, y confirmaron que iniciaron conversaciones con representantes de distintos bloques políticos para dar sustento parlamentario a esta iniciativa.

La petición advierte con contundencia que la ausencia de un sistema de trazabilidad de comercialización «pone en riesgo a toda la sociedad argentina, intraprovincialmente de generación en generación». Una advertencia que cobra especial relevancia cuando del total de 154.530 ampollas del lote bajo investigación, se calcula que 42.502 (27,5%) fueron administradas a pacientes.

Movilización ciudadana contra la impunidad

Los familiares convocaron a la ciudadanía a sumar su apoyo a través de una petición ya disponible en Change.org, que puede firmarse en https://www.change.org/LeyTrazabilidad. La iniciativa busca presionar al Congreso para que trate con urgencia una normativa que evite que vuelvan a circular medicamentos sin los controles adecuados.

Anteriormente, los familiares se habían reunido en el Congreso para reclamar la conformación de una comisión investigadora, evidenciando su determinación de que esta tragedia no quede impune ni se repita.

La propuesta surge en un contexto donde hay 24 individuos vinculados a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo que tienen prohibido salir del país, ante la posibilidad de fuga, según determinó la justicia que investiga el caso.

Un sistema de salud en crisis

La primera marcha de familiares de víctimas se realizó en la puerta del Hospital Italiano de La Plata, donde fallecieron 18 de las personas contempladas en la causa judicial. El caso expuso las graves falencias del sistema de control de medicamentos en el país y la necesidad urgente de reformas estructurales.

La tragedia del fentanilo adulterado no solo dejó decenas de familias destrozadas, sino que también puso en evidencia los vacíos regulatorios que permitieron que medicamentos contaminados llegaran a los pacientes más vulnerables del sistema sanitario argentino.

Puntos clave:

  • Familiares lanzan petición ciudadana por Ley de Trazabilidad Integral de Productos Medicinales
  • La tragedia del fentanilo adulterado dejó entre 68 y 96 víctimas fatales según diferentes relevamientos
  • El lote contaminado contenía bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii
  • Más de 42 mil ampollas del lote defectuoso fueron administradas a pacientes
  • La petición está disponible en Change.org para sumar apoyo ciudadano

Legislativo

Interbloque peronista presentó en el Senado un proyecto para derogar el DNU 70/2023

Los senadores Juliana di Tullio, José Mayans y Fernando Salino impulsan una ley para derogar el artículo 154 del DNU 70/2023 y reponer la Ley 26.737. La iniciativa responde al fallo de la Corte que, por falta de legitimación del CECIM, dejó sin efecto la inconstitucionalidad de la derogación. El Senado ya había rechazado el decreto en 2024; ahora la pelea se traslada a Diputados.

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El Argentino Diario-Karina Milei, Senado, interpelación, Unión por la Patria, ANDIS, Diego Spagnuolo, Mario Lugones, kirchnerismo, escándalo discapacidad, Congreso Nacional,
Ley de Tierras: el peronismo lleva al Senado el debate que la Corte embarró.

El interbloque Popular del Senado firmó un proyecto de ley para borrar el artículo 154 del DNU 70/2023 y devolverle plena vigencia a la Ley de Tierras Rurales, un día después de que la Corte Suprema dejara en pie la derogación que dispuso Javier Milei por decreto.

La iniciativa fue impulsada por los senadores Juliana di Tullio, José Mayans y Fernando Salino, del Bloque Justicialista, y apunta a derogar el artículo 154 del decreto firmado en diciembre de 2023, que eliminó la Ley 26.737 de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de Tierras Rurales, vigente desde 2011.

Lo que la Corte dijo, y lo que dejó sin decir

El máximo tribunal, con las firmas de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, revocó la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que había declarado inconstitucional la derogación. Consideró que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (CECIM) de La Plata, autor del amparo, carecía de legitimación para litigar en defensa de la soberanía territorial.

La Corte aclaró que su decisión «no supone abrir juicio sobre la validez constitucional» del artículo 154. Sin embargo, al dejar sin efecto el fallo de la Cámara, en los hechos volvió a regir la derogación de la Ley de Tierras, sin que ningún tribunal haya analizado si el decreto podía hacerlo.

Los fundamentos del proyecto

En los fundamentos, los senadores sostuvieron que «el suelo no es una mera mercancía» sino un recurso natural estratégico, finito y ligado a la seguridad nacional y a la autodeterminación de los pueblos. Advirtieron que la eliminación de la ley expone al país a la especulación inmobiliaria internacional sobre sus activos más sensibles: las fuentes de agua dulce, las zonas fronterizas y las tierras agrícolas.

Desde la bancada calificaron de «bochorno» la decisión de la Corte y sostuvieron: «Es inaceptable que la Corte le niegue legitimación» a quienes arriesgaron su vida por la Patria. Para los legisladores, ante esa desprotección judicial el Congreso debe asumir su responsabilidad constitucional como garante del dominio público.

Un decreto que el Senado ya rechazó

El proyecto recuerda que la Cámara alta ya rechazó el DNU 70/2023 en marzo de 2024, la primera vez desde el retorno de la democracia que el Senado tumbó un decreto de necesidad y urgencia. El decreto sobrevivió porque nunca logró el mismo rechazo en Diputados, y por eso los senadores instan a esa Cámara a ratificarlo.

En ese sentido, el presidente del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, anunció que pedirá una sesión especial para derogar el decreto, mientras que la diputada Cecilia Moreau planteó que la Cámara baja adopte la misma posición que el Senado. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había calificado el fallo de la Corte como «el fallo de la infamia» en su cuenta oficial de la red social X.

El oficialismo busca blindar el decreto

Del otro lado, según trascendió, el Gobierno analiza cómo sostener el artículo 154 y evalúa reflotar el debate de la Ley de Tierras dentro de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, para negociar con los bloques aliados. Un funcionario consideró que el fallo es «correcto, favorable, pero no definitivo», justamente porque la Corte no resolvió el fondo de la cuestión.

El antecedente inmediato no ayuda al oficialismo: en agosto, el Senado aprobó la ley de propiedad privada por 37 votos a favor y 33 en contra, pero el Gobierno debió retirar el capítulo de Tierras Rurales, que eliminaba los topes de 15% por provincia y municipio y de 1.000 hectáreas por individuo en zona núcleo para compradores extranjeros, tras la movilización del 6 de agosto. Lo que no consiguió en el Congreso, el Gobierno lo conserva hoy por una definición procesal de la Corte, no por un respaldo del Poder Legislativo.

Lo que tenés que saber

  • El interbloque Popular del Senado presentó un proyecto para derogar el artículo 154 del DNU 70/2023 y restituir la Ley 26.737.
  • La Corte revocó el fallo de la Cámara Federal de La Plata por falta de legitimación del CECIM, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo.
  • El proyecto fue impulsado por Juliana di Tullio, José Mayans y Fernando Salino.
  • El Senado ya había rechazado el DNU 70/2023 en marzo de 2024, pero Diputados nunca lo trató de la misma forma.
  • Unión por la Patria anunció que pedirá una sesión especial en Diputados para derogar el decreto.
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