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Cinco años de impunidad: familiares de Santiago Maldonado señalan a Cambiemos

Santiago Maldonado desapareció en el marco de una represión de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) a una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut, por el reclamo de tierras ancestrales del Grupo Benetton ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut.

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Por Marina Jiménez Conde

A cinco años del hallazgo del cuerpo sin vida de Santiago Maldonado, su hermano Sergio volvió a denunciar que Gendarmería actuó «avalada por el propio Gobierno» de Cambiemos durante la desaparición del joven y remarcó que la causa que investiga lo ocurrido «está paralizada desde marzo de 2020».

Además, destacó el aporte de una nueva testigo que declaró en febrero pasado frente al fiscal de Esquel, Federico Baquioni, al asegurar que, a raíz de ese testimonio, los implicados tendrán que «dar muchas explicaciones».

Santiago Maldonado desapareció en el marco de una represión de Gendarmería Nacional Argentina (GNA) a una protesta de la comunidad mapuche de la Pu Lof Cushamen en Chubut, por el reclamo de tierras ancestrales del Grupo Benetton ubicadas entre la ruta 40 y el río Chubut.

El cuerpo de Santiago fue encontrado sin vida en el río Chubut, 400 metros río arriba de donde había sido visto por última vez, en una zona que, tal como denunció la familia Maldonado varias veces, ya había sido rastrillada en tres oportunidades por helicópteros, drones y perros rastreadores, sin hallar nada.

La ministra de Seguridad del por entonces gobierno de Cambiemos, Patricia Bullrich, había salido a respaldar a la fuerza que tenía a su cargo: «No hay ningún indicio de que haya sido la Gendarmería. Y la fuerza no reporta ningún detenido».

También desde ese Gobierno habían negado la presencia de Santiago en la zona el día del operativo que culminó en la desaparición, en un hecho que tuvo que ser probado por la propia familia que aportó fotos y un video en el que reconocieron la presencia del joven el día anterior a la represión.

«Es el primer caso de una desaparición forzada en donde participa una fuerza federal y es avalada por el propio Gobierno. Nadie se atrevió a tanto en lo que tiene que ver a desaparecidos en democracia», señaló Sergio Maldonado, hermano de Santiago.

A la vez, en los 78 días que van del 1° de agosto, fecha en la que ocurrió la desaparición de Maldonado, y el 17 de octubre, surgieron varias hipótesis que circularon por la prensa que aseguraban que el joven estaba vivo.

En una de ellas, se llegó a difundir un video donde aparentemente se veía a Maldonado en una tienda de Entre Ríos, a raíz de una denuncia que un camionero había hecho frente a la policía local, asegurando que había trasladado a un joven de las mismas características de Santiago en la ruta nacional 12.

También Elisa Carrió, que en aquel momento se encontraba en medio de la campaña como candidata a diputada nacional de Vamos Juntos por la ciudad de Buenos Aires -elección que ganó con el 50% de los votos-, afirmaba que había «un 20% de posibilidades de que Santiago Maldonado esté en Chile con la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche)».

Desde el lado de la Justicia, en septiembre de 2017 el primer juez de la causa, Guido Otranto, fue apartado del caso tras ser señalado por la querella por «parcialidad», y se designó en su lugar al magistrado Gustavo Lleral.

En noviembre de 2017, el juez Lleral cerró la causa y en su fallo subrayó que Maldonado murió por ahogamiento y que estaba solo cuando se sumergió en las aguas del río Chubut, en Cushamen.

A la vez, dictó el sobreseimiento del único imputado de la causa, el gendarme Emmanuel Echazú, quien había participado del operativo de represión el 1 de agosto.

Entre las cuestiones que Lleral dejó sin investigar, se encuentran una serie de mensajes y llamadas entre el jefe de Gendarmería de El Bolsón, Fabián Méndez, y el entonces jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad, Pablo Noceti.

A través de peritajes hechos al celular de Méndez, y que constan en el expediente, Noceti había sido informado de las tareas que realizaba Gendarmería ese 1 de agosto, y se presume que hasta estuvo en la zona de la desaparición de Maldonado el mismo día.

El intercambio de mensajes demuestra también que fueron comentando entre sí el desarrollo del caso, y que hasta pudo haber avisos de parte del funcionario sobre peritajes que luego la Justicia terminó ordenando, así como también surge evidencia del espionaje ilegal a los celulares de la familia Maldonado.

Cuando todavía tenía a cargo la causa, Otranto había pedido la intervención de las líneas telefónicas del entorno de Santiago Maldonado.

Luego del cierre del expediente a fines de 2017, la familia apeló la medida ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, que en septiembre de 2019 respondió ordenando la reapertura del caso.

Desde noviembre de 2019 hasta enero de 2020, y tras una serie de apelaciones por parte de la familia Maldonado, el expediente recayó en tres oportunidades en el juez Lleral, quien volvió a quedar al frente de la causa pese haber sido recusado varias veces.

«La causa madre que tiene que ver con la desaparición forzada está paralizada desde marzo de 2020 y no se hizo ninguna investigación desde fines de noviembre de 2018 hasta la fecha», remarcó Sergio Maldonado.

La familia presentó en marzo de 2020 dos recursos frente a la Corte Suprema de Justicia, y tras más de dos años, el 4 de octubre de 2022 el máximo tribunal respondió rechazando los pedidos y argumentó que no podía pronunciarse debido a que no había previamente «una sentencia definitiva».

La abogada defensora de la familia, Verónica Herrera, consideró que esa respuesta «demuestra la mentira instalada durante todos estos años de que ya estaba todo resuelto, que Santiago se había ahogado solo».

«No hay nada resuelto y esto es lo que acaba de decir la Corte Suprema», completó.

La abogada señaló que la nueva testigo declaró frente al fiscal Baquioni en febrero pasado y que en esa ocasión «dijo que vio al gendarme Emanuel Echazú el 1 de agosto del año 2017, a las 13, en Gendarmería de Esquel».

«Esto tira por la borda el acta que firmó Echazú a 100 kilómetros de Esquel«, aseguró la letrada sobre la contradicción en la información brindada por Gendarmería.

«Todas las personas que nombra ella tendrían que dar muchas explicaciones de qué pasó con Santiago», afirmó Sergio Maldonado sobre el aporte del nuevo testimonio.

Además, confió que «ella afirma que lo tuvieron (a Santiago) en la estancia de Benetton en donde funciona el destacamento de escuadrón de Gendarmería y ahí lo tenían para ir quitándole información».

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«Fallido experimento de sufrimiento humano»: cierra la cárcel migrante de Trump

Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Litigios judiciales, denuncias de tratos inhumanos y un gasto superior a los mil millones de dólares forzaron el cierre del experimento más emblemático de la política migratoria trumpista.

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Cierra «Alligator Alcatraz»: el fracaso del campo de detención migrante de Trump

El gobierno del estado de Florida confirmó esta semana el cierre del centro de detención para migrantes conocido como «Alligator Alcatraz», emplazado en la pista del Aeropuerto Dade-Collier, en plena zona de los Everglades. El desmantelamiento se producirá a principios de junio, según la notificación oficial cursada a las empresas operadoras. En la actualidad, el predio alberga a casi 1.400 personas que serán reubicadas progresivamente en otras dependencias gubernamentales.

El símbolo de la política antimigrante que no pudo sostenerse

Inaugurado el 3 de julio de 2025 bajo el impulso directo de Donald Trump, «Alligator Alcatraz» se convirtió rápidamente en el emblema de la política migratoria más agresiva del gobierno republicano. El nombre, una combinación del reptil que habita los Everglades y la célebre prisión de la Bahía de San Francisco, condensaba la lógica punitiva del proyecto: aislar, humillar y disuadir a quienes intentaran ingresar o permanecer en el territorio estadounidense sin documentación.

La decisión de cerrarlo no respondió a un cambio de criterio político, sino a la acumulación de tres factores que terminaron siendo insostenibles: los litigios judiciales impulsados por organizaciones de derechos civiles, la escalada de costos operativos que superaron los mil millones de dólares, y las sistemáticas denuncias por condiciones inhumanas que se multiplicaron desde el primer día de funcionamiento.

El gobernador republicano Ron DeSantis, uno de los principales aliados de Trump en materia migratoria, admitió el cierre en conferencia de prensa con una frase que resume la lógica del proyecto más que cualquier crítica opositora: «Si cerramos mañana, podremos decir que cumplió su propósito».

Un legislador demócrata: «Fallido experimento de sufrimiento humano»

El legislador demócrata Alexander Frost fue uno de los más duros en su evaluación. Cuestionó el impacto ambiental del centro, su emplazamiento en una zona ecológicamente sensible y el dispendio de recursos públicos que implicó. «Ahora, tras malgastar millones de dólares de los contribuyentes y enfrentar constantes demandas ambientales, este fallido experimento de sufrimiento humano finalmente cierra sus puertas», afirmó Frost.

La definición no fue retórica. Las organizaciones de derechos civiles que litigaron contra el centro documentaron desde sus primeros meses de funcionamiento condiciones que incluyeron temperaturas extremas, falta de acceso a sueño y alimentación adecuada, y tratos degradantes en la rutina cotidiana de los detenidos.

El caso argentino que expuso la crisis humanitaria

Entre los miles de casos que transitaron por «Alligator Alcatraz», el del argentino Fernando Artese tuvo especial repercusión. Detenido por su estatus migratorio vencido, Artese fue derivado al centro de los Everglades, y su esposa denunció públicamente las condiciones a las que fue sometido: frío extremo, duchas forzadas de madrugada y privación de sueño por falta de alimento.

La pareja expuso además el régimen de seguridad interna del predio. «Deben caminar con las manos en la nuca para salir de su celda, como si fueran criminales peligrosos. Muchos no cometieron delitos. En el caso de Fernando, creó una empresa y contribuyó al país, pero hoy está encerrado como si fuera lo peor», declaró.

El caso de Artese no fue una excepción: fue la cara visible de un sistema diseñado para castigar la condición migratoria con métodos propios de los regímenes penitenciarios de alta seguridad, aplicados en su mayoría a personas sin antecedentes penales.

La lógica del miedo y sus límites

El cierre de «Alligator Alcatraz» no implica un abandono de la política migratoria represiva de la administración Trump. Los casi 1.400 detenidos no serán liberados, sino trasladados a otras instalaciones. Sin embargo, la clausura del centro más emblemático del proyecto expone sus límites concretos: inviabilidad económica, vulnerabilidad judicial y costo humanitario insostenible.

Lo que quedó en evidencia es que la lógica del miedo tiene un precio que, en este caso, los propios impulsores del proyecto no estuvieron dispuestos a seguir pagando.

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