Investigación 🔎
Causa ANDIS: procesaron a Spagnuolo y Garbellini como jefes de la banda y alertan sobre más “complicidades”
La Justicia federal dictó procesamientos por asociación ilícita, fraude y cohecho en la trama de sobrefacturación millonaria en medicamentos para discapacitados. Spagnuolo, Garbellini, Calvete y Atchabahian fueron señalados como jefes de la organización criminal que cooptó la agencia durante los primeros meses del gobierno de Milei. El magistrado alertó que el esquema «no se agotaría» en los hechos probados hasta ahora.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a 19 personas en la causa que investiga la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), según confirmaron fuentes judiciales. La resolución judicial señala a cuatro imputados como jefes de una organización ilícita que, durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei, cooptó la agencia para desviar fondos públicos mediante compras direccionadas de medicamentos con sobreprecios millonarios.
Diego Spagnuolo, primer director de ANDIS bajo la gestión libertaria, fue procesado por asociación ilícita, cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Junto a él, el magistrado identificó como jefes de la banda a Daniel Garbellini (exnúmero dos de la agencia), Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, estos últimos descriptos por el fiscal Franco Picardi como «jefes paraestatales» que controlaban ANDIS desde afuera.
El fallo de Casanello es contundente en su diagnóstico: durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó «un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos».
La advertencia del juez sobre «otro nivel de complicidades»
Lo más revelador del procesamiento no está en los hechos probados hasta ahora, sino en la advertencia que Casanello dejó al final de su resolución. El magistrado señaló que el esquema delictivo «pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados».
Según el texto del fallo, el juez afirmó: «Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (…). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados».
La mención a «otro nivel de complicidades» y al «desenfado» con que operaba la organización resulta particularmente significativa en el contexto de los audios filtrados en agosto pasado, donde una voz atribuida a Spagnuolo mencionaba que el 3% de las coimas sería «para Karina» (en aparente alusión a la hermana de Javier Milei, secretaria general de la Presidencia) y que el jefe de Estado había sido advertido por él de lo que estaba ocurriendo.
Sin embargo, ni el fiscal Picardi ni el juez Casanello utilizaron estos audios como prueba en el expediente. Las defensas de los imputados han sostenido que se trata de grabaciones de origen ilícito y han solicitado la nulidad total de la causa. Este lunes, Casanello rechazó formalmente esos planteos de nulidad.
Cómo funcionaba la organización ilícita según la Justicia
El fallo de Casanello describe con precisión el funcionamiento del esquema delictivo. Según el magistrado, «la Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad».
La investigación del fiscal Picardi había demostrado que las compras de medicamentos de alto costo fueron fraccionadas en 21 compulsas abreviadas que beneficiaron casi exclusivamente a cuatro droguerías: Profarma S.A., Droguería Génesis S.A., New Farma y Floresta, que concentraron el 93,11% de las adjudicaciones por más de $30.300 millones.
Pero la fiscalía descubrió que estas cuatro droguerías operaban como pantallas vacías. Cuando fueron allanadas, se encontró «ausencia en sus depósitos y oficinas de medicamentos e insumos médicos que justificaran el volumen millonario de adjudicaciones». La hipótesis de la acusación es que quien realmente suministraba los medicamentos era Suizo Argentina, el laboratorio que aparece mencionado reiteradamente en los audios atribuidos a Spagnuolo.
Los datos oficiales respaldan esta teoría: la suma total pagada a Suizo Argentina S.A. desde 2020 hasta julio de 2024, solo en medicamentos de alto costo de ANDIS, ascendió a $36.728 millones. Más revelador aún, en 2024 Suizo Argentina absorbió más de la mitad de las órdenes de medicamentos de alto costo de ANDIS. De 381 pedidos otorgados, solo en 131 tuvo competencia. En el 65% de los casos fue adjudicataria sin otro oferente.
El crecimiento bajo el gobierno de Milei fue exponencial: Suizo Argentina pasó de $3.898 millones en contratos con el Estado en 2024 a $108.299 millones en 2025, un incremento del 2.678%, según datos oficiales.
Los roles de cada procesado
Si bien Casanello no detalló públicamente los roles específicos de los 15 procesados restantes (además de los cuatro jefes), la investigación previa del fiscal Picardi había identificado la existencia del «Grupo Museo», un chat de WhatsApp donde Garbellini, Atchabahian y Calvete coordinaban supuestamente decisiones sobre contrataciones y pagos.
Roger Grant, uno de los imputados que sí declaró ante la Justicia en noviembre, apuntó directamente contra Garbellini, diciendo que «consultaba todo» con él, según trascendió. La mayoría de los otros imputados, incluidos Spagnuolo, Garbellini, Calvete y Atchabahian, se negaron a declarar en las indagatorias.
Entre las evidencias incautadas por la Justicia figuran celulares, documentación contable, registros de visitas al country donde vive Garbellini y 700 mil dólares hallados en la casa de Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete.
El descargo de Garbellini y la estrategia de las defensas
Apenas una semana antes del procesamiento, el 23 de diciembre, Garbellini había presentado un extenso descargo de 32 páginas donde intentó revertir completamente la narrativa judicial. En ese escrito, Garbellini sostiene que fue el propio Spagnuolo quien lo llamó personalmente para contratarlo en mayo de 2024, y que el exdirector «asumió la suma del poder en la ANDIS, quedándose para sí con la facultad de hacer y deshacer siguiendo su criterio en todo lo relativo al manejo de la Agencia».
El operador negó tener capacidad real de decisión sobre compras y pagos, argumentando que carecía de firma digital para aprobar gastos y que su función se limitaba a aspectos administrativos formales. La ironía es notoria: en los audios filtrados, Spagnuolo había dicho exactamente lo contrario, asegurando que las compras cuestionadas «dependen exclusivamente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cuyo titular ni siquiera fue designado por mí».
El procesamiento de Casanello desmonta esta defensa al señalar a Garbellini como uno de los cuatro jefes de la organización ilícita, ubicándolo en el mismo nivel de responsabilidad que Spagnuolo.
Garbellini: 17 años operando compras de medicamentos del Estado
El escándalo de ANDIS no es el primer capítulo donde aparece Daniel Garbellini. Una reconstrucción de su trayectoria muestra un patrón persistente: especializarse en áreas de compras de medicamentos y obras sociales, siempre en gestiones del PRO y aliados.
Su carrera en el Estado comenzó en 2007 como Director Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Jorge Telerman, cargo que ocupó hasta el 28 de diciembre de 2007, justo cuando Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno porteño.
Durante el macrismo en CABA, Garbellini fue Gerente de Asuntos Sociales de la Corporación Buenos Aires Sur y, hasta 2012, Gerente General del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Entre 2016 y 2018 fue Subsecretario de Administración y Recursos del Ministerio de Salud bonaerense con María Eugenia Vidal, donde trabajaba bajo las órdenes de Pablo Atchabahian, el mismo que ahora fue procesado junto a él como jefe de asociación ilícita.
Durante el gobierno de Macri a nivel nacional, entre 2018 y 2020, ya trabajó en el programa Incluir Salud de ANDIS, coincidiendo nuevamente con Atchabahian, hasta que fue desplazado al inicio de la gestión del Frente de Todos.
Lo más revelador de sus antecedentes es su vínculo previo con Suizo Argentina. En noviembre de 2022, Garbellini promovió un contrato entre OSPSIP (Obra Social del Personal de Seguridad Privada) y Suizo Argentina durante la intervención de esa obra social. Fuentes del sector farmacéutico consultadas por ese medio lo veían como «un empleado del laboratorio», en alusión a su cercanía con la empresa de los Kovalivker.
La relación entre Garbellini y Atchabahian no es casual. Atchabahian fue jefe de Garbellini en al menos dos cargos: en el Ministerio de Salud provincial con Vidal y en la propia ANDIS durante el macrismo. Ambos se fueron juntos el último día del gobierno de Macri en 2019, y ambos volvieron juntos en 2024 bajo el gobierno de Milei.
El contexto político del procesamiento
El procesamiento llega en un momento de particular tensión política para el gobierno de Milei. El escándalo de ANDIS estalló públicamente el año pasado, cuando se difundieron los audios atribuidos a Spagnuolo donde mencionaba que Eduardo «Lule» Menem (tío del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem) le había «metido» a Garbellini «para chorear» y que el 3% de las coimas era «para Karina».
Aunque el gobierno rápidamente desplazó a Spagnuolo de la dirección de ANDIS, nunca se pronunció públicamente sobre las acusaciones que involucraban a miembros de la familia presidencial. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave en la toma de decisiones del gobierno, tampoco fue convocada a declarar ni figura como imputada en la causa.
La advertencia de Casanello sobre «otro nivel de complicidades» y su llamado a profundizar la investigación sugiere que el expediente podría escalar hacia responsabilidades políticas más altas. El magistrado dejó en claro que «la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado» con que operaba la organización indican que «no se trató de algo encapsulado».
El secreto de sumario fue levantado en septiembre, y desde entonces la causa avanza con allanamientos, pericias contables y el análisis de los contratos firmados entre 2023 y 2024. El procesamiento de 19 personas marca un nuevo capítulo en esta trama, donde cada imputado ha intentado despegarse de las acusaciones señalando a otro, pero donde la Justicia ahora señala a cuatro de ellos como jefes de una estructura criminal que utilizó el Estado para el enriquecimiento personal.
La pregunta que el fallo de Casanello deja planteada es si estos 19 procesados son todos los responsables, o si, como sugiere el magistrado, hay «otro nivel de complicidades» que aún resta investigar.
Puntos clave:
• El juez Casanello procesó a 19 personas por asociación ilícita, fraude y cohecho en la causa ANDIS, identificando a Spagnuolo, Garbellini, Calvete y Atchabahian como jefes de la organización criminal
• El magistrado advirtió que el esquema «podría tener otro nivel de complicidades» y que la investigación no debería agotarse en los hechos probados hasta ahora
• Las compras direccionadas desviaron más de $30.000 millones mediante cuatro droguerías que operaban como pantallas de Suizo Argentina
• Garbellini tiene 17 años de trayectoria operando en compras de medicamentos del Estado, exclusivamente en gestiones del PRO, y ya había promovido contratos con Suizo Argentina en 2022
• Casanello rechazó los planteos de nulidad por los audios y construyó el caso con otras evidencias (celulares, documentación, transferencias y testimonios) ★
Investigación 🔎
El entramado de 15 años con el que el jefe del ARCA ocultó su patrimonio
La Fiscalía detalló ante el juez Martínez de Giorgi el esquema de dos capas societarias que usó Andrés Vázquez para disimular propiedades en Miami y Buenos Aires: una consultora sin empleados en Argentina y una red offshore en Panamá y las Islas Vírgenes. Los «autopréstamos», la subvaluación de un triplex en Puerto Madero y un desarrollador inmobiliario que conecta ambos países.
Autopréstamos, offshore y triplex subvaluado: el manual de evasión que usó el titular del ARCA
★ No fue un descuido ni una omisión involuntaria en un formulario. La tesis central de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), según el dictamen del fiscal Sergio Rodríguez al que accedió La Nación, es que el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), Andrés Vázquez, construyó durante 15 años un sistema patrimonial cuyo único propósito fue ocultar que él era el dueño y beneficiario final de una red de bienes inmuebles y sociedades en Argentina y Estados Unidos. El mecanismo tuvo dos capas superpuestas: una local y una offshore, ambas conectadas entre sí y ambas omitidas en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el propio ARCA.
Esta es la tercera entrega de la cobertura de este medio sobre el caso. En las ediciones anteriores de esta jornada se informó sobre el pedido de indagatoria de la PIA y sobre la decisión del juez Marcelo Martínez de Giorgi de admitir una docena de medidas de prueba para ampliar la pesquisa, pese al intento del oficialismo de dar el caso por cerrado invocando una resolución de «cosa juzgada».
Dos capas, un mismo objetivo
La capa local del esquema giró en torno a la Consultora San Andrés SA, una sociedad sin empleados de la que Vázquez es el principal accionista y que funciona en un inmueble de su propiedad, por el que él mismo se cobra un alquiler. La consultora registra facturación al Casino de Buenos Aires, firma que el propio Vázquez habría representado en al menos una inspección. Desde esa estructura, Rodríguez identificó dos usos concretos: otorgar un supuesto préstamo para comprar propiedades y adquirir vehículos que el funcionario y su familia usaron. El fiscal plantea, en su dictamen, una pregunta que no tiene respuesta lógica: «¿Qué servicios puede prestar esta firma si no posee empleados?».
La capa offshore operó a través de dos sociedades panameñas, Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., controladas desde las Islas Vírgenes Británicas por Galanthus Capital Limited, con las hijas de Vázquez, Milagro y María Eva, como autoridades formales. Para los investigadores, la superposición de estructuras responde a un diseño deliberado para dificultar la identificación del beneficiario final, lo que demuestra un «plus intencional» que excede el error administrativo. Los nombres elegidos para las panameñas, lejos de ser neutrales, remiten al Club Atlético Huracán: «Alcorta» alude a la avenida Amancio Alcorta, donde se ubica el estadio; «Pompeya», al barrio que lo rodea.
Las compras que no cierran
El esquema se materializó en una serie de operaciones inmobiliarias que la PIA rastreó en detalle.
En octubre de 2010, Vázquez compró el 50% de un departamento en la torre Chateau Puerto Madero Residence (Julieta Lanteri al 1300); la otra mitad quedó a nombre de su entonces pareja y madre de sus hijas, Silvia Ivone Rodríguez, también funcionaria de ARCA, con dinero que Vázquez declaró haberle donado. La operación se escrituró en 335.000 dólares, pero para la PIA su valor real rondaba los 742.000 dólares. El financiamiento provino de un autopréstamo de la Consultora San Andrés, maniobra que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) identifica como indicador de posible lavado de activos en el sector inmobiliario. La misma consultora fue usada para comprar cinco vehículos entre 2010 y 2015: dos Volkswagen Vento 2.0, un BMW X6 3.0 blindado, un Mini Cooper y una Ford Ecosport Titanium.
En enero de 2013, Alcorta Corp. adquirió dos departamentos en la avenida Brickell de Miami en dos días consecutivos: la unidad 3504 del Icon Brickell por 710.000 dólares el 9 de enero y la unidad 2811 en la misma avenida por 400.000 dólares el 10 de enero. En ese momento, Vázquez declaraba activos líquidos por apenas 44.000 dólares, frente a una inversión de 1,1 millón de dólares en 48 horas.
En julio de 2015, Pompeya Group Corp. compró la suite 904 del Chateau Beach Residences en Sunny Isles por 980.000 dólares. La PIA verificó que tanto Vázquez como su entorno familiar pagaron impuestos sobre esos inmuebles y recibieron reintegros fiscales a su nombre, lo que acredita el ejercicio efectivo de la propiedad más allá de la titularidad formal.
Una venta en Miami que financió un triplex en Puerto Madero
Los investigadores hallaron un dato que conecta las operaciones en ambos países. El 22 de marzo de 2018, Alcorta Corp. vendió el segundo de los inmuebles de la avenida Brickell (el de la unidad 2811) por 350.000 dólares. Apenas nueve meses después, el 6 de diciembre de 2018, Vázquez compró un triplex de 318 metros cuadrados en el edificio Los Molinos Building de Faena Properties (Juana Manso 1124, Puerto Madero) a un precio escriturado equivalente a 225.906 dólares, es decir, menos de 710 dólares el metro cuadrado. La empresa vendedora, Acontec SRL, lo había comprado en 2015 por entre 461.712 y 777.518 dólares según la cotización utilizada. En otros términos: la sociedad habría sufrido una pérdida de entre 235.000 y 551.000 dólares en la operación. El valor real del triplex, según la PIA, rondaba los 2,1 millones de dólares. Para los investigadores, la diferencia entre el precio de mercado y el precio de escritura configura una maniobra para encubrir el origen de fondos.
Hay además un detalle que los investigadores señalaron como significativo: el mismo grupo desarrollador que construyó el Chateau de Puerto Madero es el que le vendió a Vázquez el departamento en Miami donde hoy viven sus hijas. Ambas operaciones con el Chateau Group se concretaron próximas a la finalización de las obras, circunstancia que la PIA calificó como digna de mayor indagación.
El fiscal pidió ampliar la causa a tres delitos
Con ese cuadro, el fiscal Rodríguez solicitó al juez Martínez de Giorgi la indagatoria de Vázquez por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas, y recomendó al fiscal federal Guillermo Marijuán ampliar la investigación a los delitos de enriquecimiento ilícito, evasión tributaria y lavado de activos derivados del cobro de dádivas. En sus conclusiones, la PIA describió la operatoria como «un mecanismo integrado de colocación, estratificación e integración de activos orientado a conferir apariencia lícita al producto de dádivas indebidas, mediante la utilización instrumental de una persona jurídica controlada por el propio funcionario».
Puntos clave
- La PIA reconstruyó un esquema de 15 años con dos capas societarias: la Consultora San Andrés en Argentina y las firmas panameñas Alcorta Corp. y Pompeya Group Corp., controladas desde las Islas Vírgenes Británicas.
- En enero de 2013, Vázquez invirtió 1,1 millón de dólares en dos inmuebles en Miami mientras declaraba activos líquidos de apenas 44.000 dólares.
- Un venta en Miami en 2018 se conecta temporalmente con la compra subvaluada de un triplex en Puerto Madero: el mismo desarrollador (Chateau Group) aparece en operaciones de ambos países.
- La PIA calificó los autopréstamos desde la Consultora San Andrés como un indicador de posible lavado de activos según criterios de la OCDE.
- El fiscal pidió ampliar la causa a tres delitos: enriquecimiento ilícito, lavado de activos y evasión tributaria.
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