Investigación 🔎
Causa ANDIS: procesaron a Spagnuolo y Garbellini como jefes de la banda y alertan sobre más “complicidades”
La Justicia federal dictó procesamientos por asociación ilícita, fraude y cohecho en la trama de sobrefacturación millonaria en medicamentos para discapacitados. Spagnuolo, Garbellini, Calvete y Atchabahian fueron señalados como jefes de la organización criminal que cooptó la agencia durante los primeros meses del gobierno de Milei. El magistrado alertó que el esquema «no se agotaría» en los hechos probados hasta ahora.
— 🎙️ Resumen de audio generado por IA.
★ El juez federal Sebastián Casanello procesó este lunes a 19 personas en la causa que investiga la trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), según confirmaron fuentes judiciales. La resolución judicial señala a cuatro imputados como jefes de una organización ilícita que, durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei, cooptó la agencia para desviar fondos públicos mediante compras direccionadas de medicamentos con sobreprecios millonarios.
Diego Spagnuolo, primer director de ANDIS bajo la gestión libertaria, fue procesado por asociación ilícita, cohecho activo (cobro de sobornos), fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública. Junto a él, el magistrado identificó como jefes de la banda a Daniel Garbellini (exnúmero dos de la agencia), Miguel Ángel Calvete y Pablo Atchabahian, estos últimos descriptos por el fiscal Franco Picardi como «jefes paraestatales» que controlaban ANDIS desde afuera.
El fallo de Casanello es contundente en su diagnóstico: durante los primeros meses del gobierno de Milei se montó «un entramado de corrupción institucional que tuvo su núcleo en el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad, con operadores externos y funcionarios que ocupaban los cargos de máxima autoridad actuando en forma mancomunada en contra del interés general y a favor de negocios privados ilícitos».
La advertencia del juez sobre «otro nivel de complicidades»
Lo más revelador del procesamiento no está en los hechos probados hasta ahora, sino en la advertencia que Casanello dejó al final de su resolución. El magistrado señaló que el esquema delictivo «pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados».
Según el texto del fallo, el juez afirmó: «Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores (…). A todo esto, la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados».
La mención a «otro nivel de complicidades» y al «desenfado» con que operaba la organización resulta particularmente significativa en el contexto de los audios filtrados en agosto pasado, donde una voz atribuida a Spagnuolo mencionaba que el 3% de las coimas sería «para Karina» (en aparente alusión a la hermana de Javier Milei, secretaria general de la Presidencia) y que el jefe de Estado había sido advertido por él de lo que estaba ocurriendo.
Sin embargo, ni el fiscal Picardi ni el juez Casanello utilizaron estos audios como prueba en el expediente. Las defensas de los imputados han sostenido que se trata de grabaciones de origen ilícito y han solicitado la nulidad total de la causa. Este lunes, Casanello rechazó formalmente esos planteos de nulidad.
Cómo funcionaba la organización ilícita según la Justicia
El fallo de Casanello describe con precisión el funcionamiento del esquema delictivo. Según el magistrado, «la Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad».
La investigación del fiscal Picardi había demostrado que las compras de medicamentos de alto costo fueron fraccionadas en 21 compulsas abreviadas que beneficiaron casi exclusivamente a cuatro droguerías: Profarma S.A., Droguería Génesis S.A., New Farma y Floresta, que concentraron el 93,11% de las adjudicaciones por más de $30.300 millones.
Pero la fiscalía descubrió que estas cuatro droguerías operaban como pantallas vacías. Cuando fueron allanadas, se encontró «ausencia en sus depósitos y oficinas de medicamentos e insumos médicos que justificaran el volumen millonario de adjudicaciones». La hipótesis de la acusación es que quien realmente suministraba los medicamentos era Suizo Argentina, el laboratorio que aparece mencionado reiteradamente en los audios atribuidos a Spagnuolo.
Los datos oficiales respaldan esta teoría: la suma total pagada a Suizo Argentina S.A. desde 2020 hasta julio de 2024, solo en medicamentos de alto costo de ANDIS, ascendió a $36.728 millones. Más revelador aún, en 2024 Suizo Argentina absorbió más de la mitad de las órdenes de medicamentos de alto costo de ANDIS. De 381 pedidos otorgados, solo en 131 tuvo competencia. En el 65% de los casos fue adjudicataria sin otro oferente.
El crecimiento bajo el gobierno de Milei fue exponencial: Suizo Argentina pasó de $3.898 millones en contratos con el Estado en 2024 a $108.299 millones en 2025, un incremento del 2.678%, según datos oficiales.
Los roles de cada procesado
Si bien Casanello no detalló públicamente los roles específicos de los 15 procesados restantes (además de los cuatro jefes), la investigación previa del fiscal Picardi había identificado la existencia del «Grupo Museo», un chat de WhatsApp donde Garbellini, Atchabahian y Calvete coordinaban supuestamente decisiones sobre contrataciones y pagos.
Roger Grant, uno de los imputados que sí declaró ante la Justicia en noviembre, apuntó directamente contra Garbellini, diciendo que «consultaba todo» con él, según trascendió. La mayoría de los otros imputados, incluidos Spagnuolo, Garbellini, Calvete y Atchabahian, se negaron a declarar en las indagatorias.
Entre las evidencias incautadas por la Justicia figuran celulares, documentación contable, registros de visitas al country donde vive Garbellini y 700 mil dólares hallados en la casa de Ornella Calvete, hija de Miguel Calvete.
El descargo de Garbellini y la estrategia de las defensas
Apenas una semana antes del procesamiento, el 23 de diciembre, Garbellini había presentado un extenso descargo de 32 páginas donde intentó revertir completamente la narrativa judicial. En ese escrito, Garbellini sostiene que fue el propio Spagnuolo quien lo llamó personalmente para contratarlo en mayo de 2024, y que el exdirector «asumió la suma del poder en la ANDIS, quedándose para sí con la facultad de hacer y deshacer siguiendo su criterio en todo lo relativo al manejo de la Agencia».
El operador negó tener capacidad real de decisión sobre compras y pagos, argumentando que carecía de firma digital para aprobar gastos y que su función se limitaba a aspectos administrativos formales. La ironía es notoria: en los audios filtrados, Spagnuolo había dicho exactamente lo contrario, asegurando que las compras cuestionadas «dependen exclusivamente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cuyo titular ni siquiera fue designado por mí».
El procesamiento de Casanello desmonta esta defensa al señalar a Garbellini como uno de los cuatro jefes de la organización ilícita, ubicándolo en el mismo nivel de responsabilidad que Spagnuolo.
Garbellini: 17 años operando compras de medicamentos del Estado
El escándalo de ANDIS no es el primer capítulo donde aparece Daniel Garbellini. Una reconstrucción de su trayectoria muestra un patrón persistente: especializarse en áreas de compras de medicamentos y obras sociales, siempre en gestiones del PRO y aliados.
Su carrera en el Estado comenzó en 2007 como Director Administrativo y Legal del Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires durante la gestión de Jorge Telerman, cargo que ocupó hasta el 28 de diciembre de 2007, justo cuando Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno porteño.
Durante el macrismo en CABA, Garbellini fue Gerente de Asuntos Sociales de la Corporación Buenos Aires Sur y, hasta 2012, Gerente General del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC). Entre 2016 y 2018 fue Subsecretario de Administración y Recursos del Ministerio de Salud bonaerense con María Eugenia Vidal, donde trabajaba bajo las órdenes de Pablo Atchabahian, el mismo que ahora fue procesado junto a él como jefe de asociación ilícita.
Durante el gobierno de Macri a nivel nacional, entre 2018 y 2020, ya trabajó en el programa Incluir Salud de ANDIS, coincidiendo nuevamente con Atchabahian, hasta que fue desplazado al inicio de la gestión del Frente de Todos.
Lo más revelador de sus antecedentes es su vínculo previo con Suizo Argentina. En noviembre de 2022, Garbellini promovió un contrato entre OSPSIP (Obra Social del Personal de Seguridad Privada) y Suizo Argentina durante la intervención de esa obra social. Fuentes del sector farmacéutico consultadas por ese medio lo veían como «un empleado del laboratorio», en alusión a su cercanía con la empresa de los Kovalivker.
La relación entre Garbellini y Atchabahian no es casual. Atchabahian fue jefe de Garbellini en al menos dos cargos: en el Ministerio de Salud provincial con Vidal y en la propia ANDIS durante el macrismo. Ambos se fueron juntos el último día del gobierno de Macri en 2019, y ambos volvieron juntos en 2024 bajo el gobierno de Milei.
El contexto político del procesamiento
El procesamiento llega en un momento de particular tensión política para el gobierno de Milei. El escándalo de ANDIS estalló públicamente el año pasado, cuando se difundieron los audios atribuidos a Spagnuolo donde mencionaba que Eduardo «Lule» Menem (tío del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem) le había «metido» a Garbellini «para chorear» y que el 3% de las coimas era «para Karina».
Aunque el gobierno rápidamente desplazó a Spagnuolo de la dirección de ANDIS, nunca se pronunció públicamente sobre las acusaciones que involucraban a miembros de la familia presidencial. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia y figura clave en la toma de decisiones del gobierno, tampoco fue convocada a declarar ni figura como imputada en la causa.
La advertencia de Casanello sobre «otro nivel de complicidades» y su llamado a profundizar la investigación sugiere que el expediente podría escalar hacia responsabilidades políticas más altas. El magistrado dejó en claro que «la extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado» con que operaba la organización indican que «no se trató de algo encapsulado».
El secreto de sumario fue levantado en septiembre, y desde entonces la causa avanza con allanamientos, pericias contables y el análisis de los contratos firmados entre 2023 y 2024. El procesamiento de 19 personas marca un nuevo capítulo en esta trama, donde cada imputado ha intentado despegarse de las acusaciones señalando a otro, pero donde la Justicia ahora señala a cuatro de ellos como jefes de una estructura criminal que utilizó el Estado para el enriquecimiento personal.
La pregunta que el fallo de Casanello deja planteada es si estos 19 procesados son todos los responsables, o si, como sugiere el magistrado, hay «otro nivel de complicidades» que aún resta investigar.
Puntos clave:
• El juez Casanello procesó a 19 personas por asociación ilícita, fraude y cohecho en la causa ANDIS, identificando a Spagnuolo, Garbellini, Calvete y Atchabahian como jefes de la organización criminal
• El magistrado advirtió que el esquema «podría tener otro nivel de complicidades» y que la investigación no debería agotarse en los hechos probados hasta ahora
• Las compras direccionadas desviaron más de $30.000 millones mediante cuatro droguerías que operaban como pantallas de Suizo Argentina
• Garbellini tiene 17 años de trayectoria operando en compras de medicamentos del Estado, exclusivamente en gestiones del PRO, y ya había promovido contratos con Suizo Argentina en 2022
• Casanello rechazó los planteos de nulidad por los audios y construyó el caso con otras evidencias (celulares, documentación, transferencias y testimonios) ★
Investigación 🔎
Domiciliaria para Leal: el ex titular de ARSAT sale de la cárcel por adicción
El juez Sebastián Ramos concedió la prisión domiciliaria al ex funcionario detenido hace dos meses con 2,5 millones de dólares en efectivo y drogas. El fallo se apoyó en un dictamen del fiscal Guillermo Marijuán que relativizó la imputación por comercialización y en informes médicos que desaconsejaron el encierro carcelario para tratar su adicción. La Cámara Federal de San Martín aún puede revertir la medida.
Facundo Leal, ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), dejó la cárcel de Ezeiza para cumplir la prisión preventiva en su departamento del barrio de Palermo. La resolución, firmada por el juez Sebastián Ramos en carácter de subrogante del juzgado que tramita la causa por tenencia de estupefacientes, se sustentó en la imposibilidad del Servicio Penitenciario Federal de brindar el tratamiento de rehabilitación que el propio imputado requiere. Leal lleva dos meses detenido, desde los allanamientos de mayo de 2026 en los que se secuestraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína y, en simultáneo, 650.000 dólares en su domicilio porteño y 1,7 millones de dólares en una propiedad mendocina.
El argumento: adicción de «alta clase» y encierro contraproducente
El fallo de Ramos reprodujo una definición que circuló con incomodidad entre los pasillos de Comodoro Py: la del jefe de la División Precursores Químicos de la Policía Federal, quien al evaluar a Leal sostuvo que «para mí, la persona es un consumidor de alta clase». Esa caracterización fue retomada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien emitió el dictamen sobre el que se apoyó la resolución judicial. Para Marijuán, las cantidades de sustancias halladas no eran compatibles con una finalidad de comercialización, lo que tornaba «endeble» la calificación jurídica adoptada al momento del procesamiento. «Nos encontramos en la encrucijada con una persona adicta con síntomas y manifestaciones de ansiedad y abstinencia a quien el Servicio Penitenciario Federal no puede brindar la asistencia médica y psicológica», señaló el fiscal en su dictamen.
La resolución también citó al experto del Cuerpo Médico Forense que sostuvo que «frente a una problemática de esa índole, el encierro carcelario es a la vez inadecuado y contraproducente, no atiende la dependencia, la agrava y desatiende el deber estatal de procurar asistencia». Los informes del Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza describieron que Leal «presenta ansiedad e insomnio por su situación actual». Sobre esa base, el juez Ramos consideró que el tratamiento debía realizarse fuera de la cárcel.
La ironía no tardó en circular dentro de los propios tribunales: «¿Qué pasaría si fuera un consumidor de baja clase?», preguntó un funcionario de Comodoro Py al conocer el fallo. La pregunta no es retórica. La abrumadora mayoría de las personas detenidas en causas por drogas presentan cuadros de adicción, y rara vez obtienen el beneficio de cumplir su preventiva o condena en el hogar. La expresión «alta clase», aclararon especialistas consultados, refiere a que Leal no habría cometido delitos para financiar su consumo ni bajo sus efectos, pero la desigualdad de trato sigue siendo el elefante en la sala.
Las otras causas: millones, contratos y espionaje
La domiciliaria alcanza exclusivamente a la causa por tenencia de estupefacientes que tramita en el juzgado federal porteño de Daniel Rafecas. Pero Leal enfrenta un frente judicial mucho más amplio. El fiscal federal Fernando Domínguez, en el juzgado de San Isidro de Lino Mirabelli, conduce la investigación de fondo: el expediente que comenzó con el faltante de equipamiento tecnológico en el depósito de ARSAT en San Fernando y escaló hasta detectar el presunto direccionamiento de contratos a la empresa Argentina Logistic Services (ALS) y el cobro de coimas. Domínguez también abrió un expediente separado por presunto enriquecimiento ilícito.
Domínguez había solicitado la detención de Leal por esas causas, pero el juez Mirabelli señaló que el imputado ya se encontraba detenido por la justicia federal porteña. Ante la domiciliaria, Domínguez y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), que avanza en la pesquisa patrimonial, apelaron la medida. Esa apelación debe resolverla la Cámara Federal de San Martín, lo que abre la posibilidad de que Leal sea devuelto a una cárcel común si el tribunal así lo dispone.
Un tercer flanco, igualmente relevante, fue cubierto por este medio en julio de 2026: la Comisión Bicameral de Inteligencia citó al secretario de Inteligencia del Estado, Cristian Auguadra, en parte para indagar sobre equipamiento de espionaje que apareció vinculado a la red de Leal durante los allanamientos, junto a los dólares y las drogas. La acumulación de causas sobre un mismo imputado describe un mapa de poder que trasciende el consumo personal de sustancias.
Las condiciones de la domiciliaria y el perfil del domicilio
La Dirección de Asistencia de Personas bajo Vigilancia Electrónica del Ministerio de Seguridad Nacional evaluó el inmueble donde Leal cumplirá la medida: un departamento en la calle Ortiz de Ocampo, en Palermo, que alquila desde hace cuatro años. El informe lo describió como una «localización urbana de tipo barrial residencial» con «gran afluencia de medios de transporte público, espacios comerciales y gastronómicos» y próximo al Parque Las Heras. Leal deberá usar tobillera electrónica, solo podrá salir por «razones de urgencia médica» con notificación previa al tribunal y tiene prohibida la salida del país. Su pareja, Julieta Griffa Berro, quien convive con él desde hace un año y medio, se ofreció como garante.
El propio imputado declaró ante el tribunal su disposición a someterse al tratamiento y mencionó a otros familiares como «soportes afectivos». Su defensor, el abogado Marcelo Rochetti, fue quien peticionó la medida. La ironía del escenario es difícil de soslayar: el departamento de Palermo donde Leal cumplirá su domiciliaria es el mismo que fue allanado en mayo, aquel donde los investigadores encontraron 650.000 dólares en efectivo, drogas y aparatos de escucha.
Un funcionario que sobrevivió a dos gobiernos y ahora enfrenta tres causas
El caso Leal condensa en un solo expediente varias de las patologías más persistentes del Estado argentino: la continuidad de operadores en posiciones estratégicas más allá de los cambios de gobierno, la opacidad en la adjudicación de contratos en empresas públicas clave como ARSAT, y la acumulación de fortunas sin explicación en efectivo en moneda extranjera. Leal fue presidente de ARSAT durante la gestión de Alberto Fernández y luego fue trasladado a la conducción de ORSNA bajo Javier Milei, manteniéndose en la órbita del Estado hasta el momento de su detención.
Que un funcionario de esa trayectoria obtenga la domiciliaria por sus problemas de salud mientras enfrenta investigaciones por corrupción, enriquecimiento ilícito y espionaje encendió señales de alarma dentro del propio sistema judicial. La Cámara Federal de San Martín tendrá la última palabra, al menos por ahora.
Puntos clave
- El juez Sebastián Ramos concedió la prisión domiciliaria a Facundo Leal, ex titular de ARSAT y ORSNA, detenido desde mayo de 2026.
- El fiscal Guillermo Marijuán relativizó en su dictamen la imputación por comercialización de drogas, considerando que las cantidades halladas no la justificaban.
- El Cuerpo Médico Forense y peritos del SPF avalaron que el tratamiento por adicción debía realizarse fuera del ámbito carcelario.
- La Procuraduría de Investigaciones Administrativas y el fiscal Domínguez apelaron la medida; la Cámara Federal de San Martín puede revocarla.
- Leal enfrenta además causas separadas por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción en contratos de ARSAT ante la justicia federal de San Isidro.
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