Investigación 🔎
Humo, espejos y SIDE: la estrategia oficial para tapar la corrupción en ANDIS
Mientras se acumulan las pruebas sobre las coimas en el organismo de discapacidad, el oficialismo monta una operación de distracción señalando responsables fantasma y al propio servicio de inteligencia que maneja de las filtraciones.
El escándalo de corrupción en la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad) que involucra al titular Diego Spagnuolo y un entramado de coimas millonarias encontró al Gobierno de Javier Milei en una posición incómoda. En lugar de investigar a fondo las denuncias y tomar medidas concretas, la administración libertaria optó por una estrategia conocida: crear cortinas de humo y señalar culpables alternativos para desviar la atención del verdadero problema.
La última jugada en esta operación de distracción tuvo como protagonista a la diputada Marcela Pagano, quien durante un intercambio con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, puso el foco sobre la SIDE y apuntó contra José Luis Vila, secretario de Estrategia Nacional y veterano de la inteligencia argentina.
La teoría del enemigo interno
Pagano, convertida en piedra en el zapato del oficialismo tras su alejamiento del bloque libertario, interrogó a Francos sobre la posible participación de Vila en la filtración de los audios comprometedores. La diputada preguntó específicamente si el funcionario había trabajado con Oscar Parrilli, si intervino en la causa Nisman y si confrontó con la cúpula de inteligencia macrista, para finalmente consultar si estuvo involucrado en la difusión de los audios de Spagnuolo.
La respuesta de Francos fue reveladora en su evasiva: confirmó que Vila «en algún momento, hace algunos años» participó en la SIDE, pero alegó desconocimiento sobre su rol en los hechos cuestionados. Sin embargo, brindó un respaldo contundente al funcionario, describiéndolo como «uno de los especialistas más importantes que tiene la Argentina en inteligencia».
El perfil de Vila: un espía que surfea gobiernos
José Luis Vila representa el arquetipo del funcionario de inteligencia que logra mantenerse en el poder atravesando administraciones de distinto signo político. Surgido durante el alfonsinismo bajo el ala de Enrique ‘Coti’ Nosiglia, Vila construyó una carrera que lo llevó desde el menemismo hasta la actualidad, siempre con perfil bajo pero posiciones estratégicas.
Su paso por Washington durante los gobiernos kirchneristas resultó clave para establecer vínculos con quienes hoy integran el núcleo duro del mileísmo. Según revelan Manu Jove y Maia Jastreblansky en «El Monje», allí conoció a Rodrigo Lugones, socio de Santiago Caputo, quien años después lo recomendaría para la reforma que volvió a transformar la AFI en SIDE.
El propio Caputo reconoció públicamente el rol de Vila como ideólogo de la nueva Secretaría de Inteligencia, afirmando en julio de 2024 que «fue fundamental el aporte de José Luis Vila» en el diseño de la reestructuración del sistema de inteligencia.
La estrategia de señalar sospechosos
Las acusaciones del Gobierno contra Pagano y otros diputados «rebeldes» como supuestos autores de la filtración forman parte de una operación más amplia de desvío de responsabilidades. Fuentes oficialistas señalan también al esposo de la diputada, Franco Bindi, descripto como un abogado con «vínculos aceitados con Comodoro Py y el sistema mediático del kirchnerismo».
Esta estrategia de crear enemigos internos y externos busca instalar la idea de que el verdadero problema no son las coimas en la ANDIS, sino una conspiración para dañar al Gobierno. Es el manual clásico de la distracción política: cuando no se puede negar el escándalo, se cambia el foco hacia quién lo denunció.
Los hechos que no se pueden ocultar
Mientras el oficialismo monta su operación de señalamientos, los hechos centrales del escándalo ANDIS permanecen intactos. Los audios de Spagnuolo revelan un entramado de corrupción que involucra millones de pesos en coimas, tráfico de influencias y el uso de un organismo destinado a personas con discapacidad como herramienta de enriquecimiento personal.
La gravedad de estas denuncias amerita una investigación profunda y medidas inmediatas, no especulaciones sobre quién filtró la información. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad sobre cómo se manejan los recursos públicos destinados a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
La contradicción libertaria
Resulta paradójico que un gobierno que llegó al poder prometiendo transparencia y lucha contra la «casta» recurra a las mismas prácticas de distracción y señalamiento que caracterizaron a las administraciones que criticó. La creación de teorías conspirativas para evitar asumir responsabilidades es precisamente lo que los libertarios denunciaban en la política tradicional.
La gestión de Milei enfrenta una disyuntiva clara: puede seguir alimentando especulaciones y buscando culpables alternativos, o puede demostrar coherencia con su discurso inicial tomando medidas concretas contra la corrupción en sus propias filas.
Puntos clave:
- El Gobierno monta una operación de distracción frente al escándalo ANDIS señalando supuestos responsables de las filtraciones
- José Luis Vila, veterano de la inteligencia, aparece en el centro de las especulaciones por su rol en la reestructuración de la SIDE
- Las acusaciones contra Marcela Pagano y otros diputados buscan desviar la atención del verdadero problema de corrupción
- Los hechos centrales del escándalo permanecen sin respuesta mientras se multiplican las teorías conspirativas
- La estrategia contradice el discurso inicial de transparencia que llevó a Milei al poder
Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
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