Investigación 🔎
Cómo es el entramado que conecta a Espert con Fred Machado y una red narco de US$550 millones
La condena a 16 años de prisión de la socia estadounidense del empresario argentino detenido reveló la dimensión internacional de una trama que involucró aviones, drogas y financiamiento político en 2019.
Mientras Federico «Fred» Machado espera su extradición a Estados Unidos desde una custodia domiciliaria en Río Negro, su socia comercial Debra Lynn Mercer-Erwin fue condenada el 20 de noviembre pasado a 16 años de prisión federal por su participación en una red de narcotráfico y un esquema Ponzi que manejó hasta US$550 millones. La sentencia en Texas desentrañó los alcances de una organización criminal que, según la acusación, utilizaba aeronaves registradas en Estados Unidos para traficar cocaína y operó ventas ficticias de aviones para lavar dinero.
La conexión argentina de esta trama internacional tiene nombre y apellido: José Luis Espert. El actual diputado nacional y precandidato presidencial utilizó en su campaña de 2019 fondos y servicios logísticos proporcionados por Machado, incluido el uso libre de una aeronave privada. Lo que comenzó como una colaboración política se transformó en una investigación judicial que cuestiona la transparencia del financiamiento electoral y expone vínculos entre la política argentina y redes criminales internacionales.
La red que se desenredó en Texas
Debra Lynn Mercer-Erwin, de 60 años, fue declarada culpable de conspiración para el tráfico de cocaína, lavado de dinero y fraude electrónico en conexión con un esquema Ponzi en el que los inversores perdieron al menos US$240 millones. Los fiscales del Distrito Este de Texas describieron durante el juicio una ingeniería criminal que combinaba el registro masivo de aeronaves con operaciones financieras opacas.
Entre 2010 y 2020, Mercer-Erwin registró más de 1.000 aeronaves para extranjeros a través de sus dos empresas en Onalaska, Texas, un pueblo sin aeropuerto. La particularidad del sistema radicaba en que muchas de estas naves terminaban siendo utilizadas para el transporte de drogas antes de ser abandonadas o destruidas cuando las autoridades sudamericanas las interceptaban junto a «multi-toneladas» de cocaína.
Durante el proceso judicial trascendió que Mercer-Erwin había transferido US$75 millones a su socio argentino, identificado como Federico Machado. El dinero formaba parte de las ganancias del esquema que combinaba ventas ficticias de hasta 100 aviones con el facilitamiento de operaciones de narcotráfico.
El empresario que «bancaba» a Espert
La detención de Machado en Argentina, en abril de 2021, puso sobre la mesa una red de vínculos que la política prefirió mantener en las sombras. Según fuentes con conocimiento directo consultadas por ElDiarioAR, Machado aportó fondos y proveyó una nave de libre uso para la campaña presidencial de Espert en 2019. El acuerdo, según estas fuentes, se selló en «un encuentro en un avión estacionado en el aeropuerto de San Fernando».
Un informe periodístico posterior reveló que Machado habría sido el «principal aportante» de la campaña presidencial de Espert, información que se vio confirmada por mensajes de WhatsApp entre operadores políticos tras el arresto del empresario. En esos intercambios, a los que accedió la prensa, un operador preguntaba: «¿Qué sabés del tema Fred Machado?», y obtenía como respuesta: «Aportó a la campaña de JLE. Fue el principal aportante. Le prestó el avión privado y la camioneta blindada».
Los registros de vuelos confirman al menos cuatro ingresos de Machado a Argentina durante la campaña de 2019, entre marzo and julio, utilizando un Bombardier Challenger con matrícula N28FM. Los archivos de campaña incluso conservan un agradecimiento público de Espert por «el excelente vuelo».
Los bienes que no figuran en las declaraciones
Además del avión, Machado habría proporcionado otros servicios logísticos a la campaña de Espert. Una Jeep Cherokee blindada utilizada por el candidato durante 2019 figuraba a nombre de Claudio Ciccarelli, primo de Machado. El vehículo cobró notoriedad cuando sufrió un incidente con piedras o disparos días antes de las PASO, lo que motivó que Espert devolviera inmediatamente las llaves.
La existencia de estos aportes «en especie» —el avión y el vehículo blindado— plantea interrogantes sobre su declaración en las rendiciones oficiales de campaña. La legislación electoral argentina obliga a registrar todas las contribuciones, incluidos los servicios prestados sin costo, pero la complejidad de las estructuras societarias utilizadas por Machado podría haber facilitado el ocultamiento de estos apoyos.
La extradición que se dilata
Machado permanece detenido en Argentina desde 2021, con autorización judicial para su extradición a Estados Unidos, pero diversos recursos y planteos de su defensa han postergado el envío efectivo. Mientras tanto, el empresario cumple prisión domiciliaria bajo custodia en jurisdicciones patagónicas, según los registros judiciales.
La situación procesal genera tensiones entre las autoridades argentinas and estadounidenses. Estados Unidos busca juzgar a Machado como parte de la misma organización criminal por la que fue condenada Mercer-Erwin, acusándolo de generar fondos para obtener aeronaves registradas en Estados Unidos que eran utilizadas para transportar drogas and dinero.
El silencio de la política
Desde que trascendió públicamente su vínculo con Machado, Espert ha evitado brindar explicaciones detalladas sobre el financiamiento de su campaña de 2019. El actual diputado nacional y precandidato presidencial, que forma parte del espacio político de Javier Milei, «sigue sin explicar nada» sobre su relación con el empresario investigado.
La investigación judicial en Argentina avanza en paralelo a la causa penal internacional. La fiscalía electoral indaga si existieron aportes no declarados o encubrimiento en el financiamiento de la campaña de 2019, mientras que en Comodoro Py se investigan posibles irregularidades en las declaraciones patrimoniales and de campaña.
El caso Machado exhibe las dificultades del sistema argentino para controlar el financiamiento político when se cruza con redes criminales internacionales. La condena en Texas contra Mercer-Erwin confirma la existencia de una ingeniería criminal probada, pero en Argentina las respuestas judiciales definitivas continúan dilatándose entre recursos procesales and jurisdicciones múltiples.
Mientras la justicia estadounidense ejecuta sentencias and la prensa internacional documenta operaciones de medio billón de dólares, en Buenos Aires persisten las preguntas sin respuesta sobre cómo la política argentina se financió con dinero que, según los tribunales de Texas, provenía de redes dedicadas al narcotráfico and el lavado de activos.
Puntos clave:
- Debra Mercer-Erwin, socia de Fred Machado, fue condenada a 16 años por narcotráfico y un esquema Ponzi de US$550 millones
- Machado financió la campaña presidencial de José Luis Espert en 2019 con aviones and vehículos
- El empresario argentino permanece detenido esperando su extradición a Estados Unidos desde 2021
- La investigación revela posibles irregularidades en el registro de aportes de campaña
- Espert evita dar explicaciones sobre el financiamiento de su campaña de 2019
Espionaje
La Cámara Federal blindó a Macri, Arribas y Majdalani: rechazó llevar el espionaje a Casación
Por dos votos contra uno, la Sala I de la Cámara Federal porteña cerró la puerta para que la Cámara de Casación revise el sobreseimiento de los ex jefes de la AFI macrista y del propio ex presidente, acusados de infiltrar ilegalmente los correos electrónicos de políticos, sindicalistas y periodistas. La causa, iniciada a partir de un disco rígido recuperado durante la intervención del organismo, sigue con la amenaza de un recurso directo ante la instancia previa a la Corte Suprema.
Dos magistrados con historia de fallos favorables al macrismo volvieron a proteger a los ex integrantes de la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). La Sala I de la Cámara Federal rechazó el recurso presentado por los querellantes para que la Cámara de Casación revise la confirmación del sobreseimiento de Gustavo Arribas, Silvia Majdalani y el ex presidente Mauricio Macri en la causa por la supuesta infiltración ilegal en correos electrónicos de dirigentes políticos, sindicales y periodistas. La decisión fue adoptada por mayoría, con el único voto disidente del juez Pablo Bertuzzi, quien consideró que los requisitos para habilitar la instancia superior estaban acreditados.
La causa tiene origen en una denuncia presentada por Cristina Caamaño, ex interventora de la AFI durante el gobierno de Alberto Fernández, quien sostuvo que en el marco de la intervención del organismo se encontró un disco rígido con rastros de haber sido utilizado para almacenar información de inteligencia sobre políticos, periodistas, dirigentes y fuerzas policiales. La información había sido eliminada, aunque no de manera segura, lo que permitió recuperarla y dar sustento a la denuncia. La investigación quedó en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien dictó los sobreseimientos de Macri, Arribas, Majdalani y del ex jefe de Gabinete de la AFI, Dario Biorci.
El argumento de los sobreseimientos: la cadena de custodia como escudo
La Sala I había confirmado los sobreseimientos a principios de septiembre pasado con el voto de los jueces Mariano Llorens y Pablo Yadarola, argumentando que los discos rígidos en cuestión no habían sido preservados con los recaudos mínimos que garanticen su autenticidad e integridad. El argumento era técnico en su forma pero político en sus consecuencias: si la prueba no puede garantizarse, no hay delito que perseguir. «La ausencia de recaudos mínimos de preservación no puede ser suplida por la mera afirmación de que no se detectó adulteración, máxime cuando el propio peritaje reconoció que las modificaciones eran técnicamente posibles», habían sostenido los camaristas al confirmar los sobreseimientos.
Frente a esa decisión, los querellantes, la ex diputada nacional Gabriela Troiano y el ex senador bonaerense Gustavo Traverso, presentaron un recurso para que la Cámara de Casación revisara los sobreseimientos. La respuesta fue el rechazo.
Llorens y Yadarola cierran la puerta; Bertuzzi disiente
El juez Llorens sostuvo que la fundamentación del recurso de Casación resulta insuficiente y que los querellantes «evidencian un intento de reeditar una discusión que ha tenido respuesta fundada por parte de esta Sala». En el mismo sentido se pronunció el juez Pablo Yadarola, quien señaló que los argumentos esgrimidos no configuran «una crítica especial orientada a poner en crisis el razonamiento que sustenta el fallo atacado».
Bertuzzi, en cambio, quedó en minoría. El magistrado consideró que los requisitos para habilitar la revisión de Casación sobre los sobreseimientos de Macri, Arribas, Majdalani, Biorci y dos agentes de identidad reservada estaban efectivamente acreditados. Su disidencia abre un interrogante sobre la solidez del blindaje construido por la mayoría.
Un patrón que se repite: la misma Sala, el mismo resultado
La decisión de la Sala I no es un hecho aislado, sino parte de un patrón que los sectores críticos del Poder Judicial denominan lawfare. Días antes de este fallo, la misma Sala I había rechazado el pedido de los ex querellantes en la causa $Libra para ser reincorporados a esa investigación, con idéntica argumentación: ninguno de los damnificados habría demostrado una aplicación errónea de la ley o una supuesta arbitrariedad que habilite la discusión en Casación. Bertuzzi, Llorens y Yadarola actuaron de manera coordinada también en ese caso.
La causa de espionaje nació en el contexto de la intervención de la AFI ordenada por Alberto Fernández al asumir la presidencia, una decisión que buscó auditar el aparato de inteligencia heredado del macrismo. Lo que encontraron los interventores fue un organismo con prácticas de vigilancia política activa sobre opositores, periodistas y dirigentes sindicales. Que la justicia federal haya optado por concentrar el debate en la cadena de custodia de los soportes informáticos, antes que en la gravedad de los hechos denunciados, habla menos de garantías procesales y más de protección política.
¿Qué sigue?
Con el recurso de Casación rechazado, los apelantes evalúan recurrir directamente a la instancia previa a la Corte Suprema de Justicia, una opción que aún está abierta y que definirán en los próximos días. Si se concreta ese paso, la discusión sobre la validez de la prueba digital y la legalidad de las operaciones de inteligencia de la AFI macrista llegará al tribunal de mayor jerarquía antes de la Corte, con todo lo que eso implica en términos políticos y judiciales.
Lo que tenés que saber:
- La Sala I de la Cámara Federal rechazó por mayoría el recurso para que Casación revise el sobreseimiento de Macri, Arribas, Majdalani y Biorci en la causa por espionaje ilegal.
- El único voto disidente fue el del juez Bertuzzi, quien consideró que el recurso debía ser admitido.
- La causa se originó en el hallazgo de un disco rígido con registros de inteligencia política durante la intervención de la AFI en el gobierno de Alberto Fernández.
- La misma Sala I también rechazó recientemente el pedido de reincorporación de querellantes en la causa $Libra, con idénticos argumentos.
- Los querellantes evalúan recurrir directamente a la instancia previa a la Corte Suprema.
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