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Denuncia

Adorni retoma las conferencias mientras avanza la causa por enriquecimiento ilícito

La Justicia investiga el origen de los fondos para la compra de propiedades de lujo y viajes familiares al exterior. El jefe de Gabinete retoma las conferencias en medio de citaciones a testigos clave y denuncias cruzadas por espionaje.

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El Argentino Diario-Manuel Adorni da la cara en el Congreso.

El patrimonio de Adorni bajo la lupa judicial por inconsistencias

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, regresó este lunes al atril de la Casa Rosada en un clima de extrema tensión judicial. Mientras el Gobierno nacional intentó normalizar la actividad oficial con la reapertura de la sala de periodistas, el fiscal federal Gerardo Pollicita avanzó con nuevas medidas de prueba en la causa que investiga al funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

La jornada estuvo marcada por la declaración testimonial de Matías Tabar, el contratista responsable de las refacciones en la propiedad que Adorni adquirió a fines de 2024 en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. Según fuentes judiciales consultadas, la fiscalía busca determinar el valor real de las mejoras realizadas en la finca y contrastarlas con los ingresos declarados por el funcionario, tras detectarse cifras que resultan difíciles de justificar.

El nexo de las jubiladas y las propiedades de lujo

La investigación, delegada en la fiscalía por el juez Ariel Lijo, puso el foco sobre una ingeniería financiera sospechosa. El miércoles será el turno de declarar para Leandro Miano, señalado como el nexo organizador en la operación del departamento que el jefe de ministros posee en el barrio de Caballito. Esa propiedad, valuada en aproximadamente 230.000 dólares, fue adquirida mediante un préstamo hipotecario del 90 por ciento otorgado por dos jubiladas, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

De acuerdo a las declaraciones previas de las mujeres ante la Justicia, ambas manifestaron no conocer personalmente al funcionario. Los investigadores intentan descifrar cómo dos ciudadanas de ese rango etario terminaron financiando una fortuna a un funcionario público. La sospecha de los peritos de la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) se centra en múltiples inconsistencias patrimoniales detectadas en los últimos meses, donde los gastos y adquisiciones superan holgadamente la capacidad de ahorro declarada.

Vuelos familiares y denuncias por espionaje

A los activos inmobiliarios se sumó un nuevo frente: la ruta de los viajes al exterior y traslados internos. La Justicia investiga gastos superiores a 9 millones de pesos en un reciente viaje familiar a Bariloche, además de otros vuelos de carácter personal. Aunque Adorni aseguró que fueron pagados con fondos propios y se ajustan a la Ley de Ética Pública, el fiscal Pollicita ordenó requerimientos a compañías aéreas para obtener planes de vuelo y medios de pago.

En el plano político, el conflicto escaló tras la intervención del diputado nacional Rodolfo Tailhade, quien cuestionó el uso de custodia y autos oficiales por parte de la esposa del funcionario, Bettina Angeletti, para actividades privadas. Ante esto, el Gobierno anunció que denunciará al legislador por presunto espionaje ilegal, el mismo argumento utilizado para clausurar la sala de prensa de Balcarce 50 durante los últimos diez días.

Pese a los cuestionamientos y la imagen negativa del funcionario que, según algunos sondeos, ya superó el 70 por ciento, el Poder Ejecutivo ratificó su apoyo total al jefe de Gabinete. Sin embargo, el expediente continuará en etapa de instrucción durante todo mayo para determinar si existió una evolución patrimonial injustificada desde su asunción en diciembre de 2023.

Puntos clave:

  • El contratista Matías Tabar declaró ante la fiscalía por las obras en el country Indio Cuá.
  • Se investigan las inconsistencias en el préstamo de 200.000 dólares otorgado por dos jubiladas.
  • La DAFI analiza valores patrimoniales que no coinciden con los haberes del funcionario.
  • La Justicia rastrea el financiamiento de viajes familiares de lujo a Bariloche y al exterior.
  • El Gobierno denunció por espionaje al diputado Rodolfo Tailhade tras sus críticas por el uso de recursos públicos.

Buenos Aires

Provincia rechazó la desregulación de la VTV: “El Estado nacional pone en juego la seguridad de millones”

El gobierno de Axel Kicillof marcó distancia de la reglamentación nacional que habilita a talleres privados a realizar la Verificación Técnica Vehicular y libera los precios del servicio. El ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci, advirtió que la provincia sostendrá los estándares vigentes y cuestionó la coherencia de desregular controles vehiculares mientras las rutas nacionales se deterioran.

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La provincia de Buenos Aires rechazó la desregulación de la VTV y mantendrá sus propios controles.

Rutas rotas y controles sueltos: la peligrosa coherencia del modelo Milei en seguridad vial.

★ El mismo día en que el Gobierno nacional reglamentó los cambios en la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la administración bonaerense salió a marcar diferencias con claridad. A través del ministro de Transporte, Martín Marinucci, la provincia de Buenos Aires anticipó que no seguirá el criterio nacional y que mantendrá los estándares de control vigentes en su territorio para garantizar la seguridad vial.

La medida impulsada por la gestión de Javier Milei establece que los talleres particulares que cumplan condiciones técnicas podrán inscribirse para prestar el servicio de VTV, en una apertura que el Gobierno enmarcó en su política de desregulación y eliminación de «monopolios». La nueva normativa incluye además la liberación de precios del servicio, hasta ahora regulados.

«Una herramienta de prevención que evita tragedias»

El funcionario bonaerense salió a cuestionar el fondo y la forma de la medida. Marinucci subrayó que el debate público giró en torno a quién presta el servicio, pero omitió la pregunta central: cómo se garantiza que los controles mantengan rigor y confiabilidad.

«La VTV está por una ley provincial vigente. Es una herramienta de prevención que permite detectar fallas mecánicas que pueden terminar en tragedias viales. Cuando el Estado relaja controles en nombre de la desregulación, corre el riesgo de poner en juego la seguridad de millones de argentinos», sostuvo Marinucci.

La postura de la Provincia no es nueva ni improvisada. Desde el inicio de la gestión libertaria, el kirchnerismo bonaerense viene resistiendo el avance desregulatorio en materia de servicios públicos, en particular cuando la apertura al sector privado se produce sin mecanismos claros de fiscalización posterior.

La contradicción vial: rutas abandonadas y controles flexibilizados

Marinucci apuntó además a una contradicción que, en términos políticos, resulta difícil de sostener: el mismo gobierno que paralizó obras de infraestructura vial y abandonó el mantenimiento de rutas nacionales pretende al mismo tiempo relajar los controles sobre el estado de los vehículos que circulan por esas vías.

«No deja de llamar la atención que quienes abandonaron la obra pública, paralizaron el mantenimiento de las rutas nacionales y hoy tienen miles de kilómetros deteriorándose, pretendan al mismo tiempo flexibilizar los controles sobre los vehículos. Menos inversión en infraestructura y menos controles nunca puede ser una buena fórmula para la seguridad vial», afirmó.

El señalamiento tiene respaldo en datos concretos. Según el análisis del Foro Economía y Trabajo, el gasto de capital acumuló una caída real del 86% desde diciembre de 2023, y las transferencias destinadas a obra pública registraron un derrumbe histórico bajo la gestión libertaria. En ese marco, extender los plazos de verificación técnica y privatizar el control vehicular aparece como una combinación de alto riesgo para la seguridad de los usuarios de la red vial.

El ministro fue explícito al respecto: «Desde hace más de dos años vemos rutas con baches, banquinas deterioradas, falta de mantenimiento y obras paralizadas. Los conductores saben perfectamente lo que significa circular por gran parte de la red vial nacional. Cuando las rutas están abandonadas, los vehículos sufren mucho más desgaste. En ese contexto, extender los plazos de las verificaciones técnicas parece ir exactamente en sentido contrario a lo que debería hacerse».

Más de 1.000 sitios fraudulentos dados de baja

Más allá del rechazo a la política nacional, Marinucci aprovechó para destacar la acción provincial en materia de fiscalización. A través de un trabajo articulado con la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) correspondiente, la provincia de Buenos Aires logró dar de baja más de 1.000 páginas web y perfiles que ofrecían de manera fraudulenta la obtención de obleas y certificados de VTV sin realizar los controles obligatorios.

La mención no es menor: si en el contexto actual, con controles centralizados, proliferó de esa manera la oferta ilegal, la pregunta sobre qué ocurrirá cuando el servicio se fragmente entre cientos de talleres privados con fiscalización incierta resulta pertinente y urgente.

«Mientras algunos quieren flexibilizar los controles, nosotros trabajamos para erradicar las estafas y garantizar que cada verificación se realice de manera transparente y bajo los estándares de seguridad que corresponden», remarcó Marinucci.

El cierre: una mención que excede lo técnico

El ministro bonaerense eligió cerrar su declaración con una frase que trasciende la discusión técnica sobre la VTV y que apunta directamente al modelo de gestión libertario. «La verdadera discusión no es quién hace la revisión. La verdadera discusión es quién se hace responsable cuando un vehículo en malas condiciones provoca una tragedia en una ruta argentina», expresó.

Y remató con una ironía que no pasó desapercibida: «Está bien que hablen de controles. Los controles son importantes. De hecho, tan importantes que los argentinos todavía estamos esperando algunas explicaciones sobre patrimonios y declaraciones juradas que no terminan de cerrar. La transparencia, como la VTV, debería ser obligatoria para todos».

La referencia a los patrimonios no declarados y las declaraciones juradas con inconsistencias alude directamente al contexto político en el que se inscribe la medida: el mismo Gobierno que desregula los controles vehiculares enfrenta investigaciones judiciales por enriquecimiento ilícito de sus propios funcionarios, entre ellos el Jefe de Gabinete Manuel Adorni, cuyo patrimonio bajo sospecha ya supera los 840.000 dólares según la causa que tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.

Puntos clave

  • La provincia de Buenos Aires rechazó la reglamentación nacional que habilita talleres privados para realizar la VTV y libera precios del servicio.
  • El ministro Marinucci anunció que la Provincia mantendrá sus estándares de control vehicular, amparada en una ley provincial vigente.
  • El funcionario cuestionó la contradicción de flexibilizar controles sobre vehículos mientras las rutas nacionales acumulan más de dos años de abandono y deterioro.
  • El gasto de capital cayó un 86% en términos reales desde diciembre de 2023, según datos del Foro Economía y Trabajo.
  • La provincia dio de baja más de 1.000 sitios fraudulentos que ofrecían certificaciones de VTV falsas.
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