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Fractura de nariz y celular confiscado: denuncian a futbolista de Independiente por violencia de género

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 83 de Buenos Aires ordenó medidas de protección urgentes para J.S., una joven platense de 21 años que acusó a Nicolás Tomás Garrido Aparicio de agredirla durante más de dos horas en su departamento porteño. La OVD calificó la situación como de «riesgo alto».

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El nombre de Nicolás Tomás Garrido Aparicio, defensor central de 20 años que integra la Reserva del Club Atlético Independiente, quedó al centro de una causa judicial de violencia de género tras la denuncia presentada ante la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por una joven de 21 años, identificada en el expediente como J.S., estudiante universitaria platense que cursa en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE).

Los equipos interdisciplinarios de la OVD evaluaron la situación como de «riesgo alto». La causa fue remitida al Juzgado Nacional en lo Civil Nº 83 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que actuó con celeridad y resolvió dictar medidas cautelares urgentes y provisorias en el marco de las leyes de Violencia Familiar y de Protección Integral de las Mujeres (Ley 26.485).

Una madrugada de celos y violencia

Según el relato aportado por la denunciante al expediente judicial, los hechos se desencadenaron durante la madrugada del sábado, luego de que ambos coincidieran en un local bailable. La joven se retiró antes y se dirigió al departamento del jugador, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, mientras él permanecía en el boliche.

En ese lapso, de acuerdo con su testimonio, Garrido Aparicio comenzó a enviarle mensajes acusándola de supuestas infidelidades y de haberse dirigido a una fiesta posterior, algo que la joven negó. Una vez que el jugador regresó al departamento, se desató la agresión. El expediente judicial consigna que uno de los episodios violentos estuvo vinculado a los celos y a lo que el informe calificó como un «arranque irascible» del denunciado.

La joven declaró haber sido sometida a una golpiza que se extendió por más de dos horas, que le provocó una fractura de tabique nasal. Según surge de la denuncia, el acusado le sustrajo el teléfono celular para impedirle solicitar ayuda. Luego del episodio, la víctima informó a su familia, radicó la denuncia correspondiente y quedó bajo protección judicial.

La respuesta judicial: seis meses de restricción

El Juzgado Nacional en lo Civil Nº 83 consideró acreditados, de manera preliminar, los requisitos de verosimilitud del derecho y peligro en la demora, y resolvió dictar de inmediato medidas de protección provisorias. Las disposiciones incluyen una prohibición de acercamiento de 200 metros por seis meses, que alcanza el domicilio de la víctima en La Plata, la sede de la UADE donde cursa estudios y cualquier otro lugar donde J.S. se encuentre.

El juez prohibió además todo contacto por teléfono, mensajes de texto, redes sociales o cualquier otro medio electrónico, y ordenó la continuidad del botón antipánico que ya había sido entregado a la joven durante el fin de semana. Según surge del expediente Garrido Aparicio juega en la reserva del club de Avellaneda pero ya firmó contrato con el primer equipo, con vínculo vigente hasta diciembre de 2028.

Independiente, otra vez

El caso se suma a un contexto de preocupación creciente en torno a la conducta de jugadores del club fuera de la cancha. La denuncia se conoce semanas después de que el propio Club Atlético Independiente debiera presentarse ante la Fiscalía Nº 2 de Avellaneda para formalizar una denuncia por casos de grooming en sus divisiones inferiores, en mayo de 2026, tras una alerta generada por el padre de uno de los futbolistas menores.

La acumulación de situaciones graves en el entorno institucional del club reaviva el debate sobre los protocolos de conducta y los mecanismos de contención y formación de valores en el fútbol profesional argentino, en un país donde la violencia de género sigue siendo una crisis estructural sin resolver.

DDHH

20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas

La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.

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Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.

Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.

El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.

La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.

La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora

Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.

A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.

La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital

En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.

Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»

La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.

El gobierno que desfinancia y deroga

El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.

En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.

El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.

La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias

Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.

Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI

  • La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
  • Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
  • La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
  • El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
  • El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.

Foto: Redes @LLUVIADIBUJA

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