Investigación 🔬
Coimas en ANDIS: chats revelan «asociación ilícita» y un video compromete a Spagnuolo
La causa por corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad suma pruebas contundentes contra el exdirector Diego Spagnuolo. El fiscal Franco Picardi investiga una trama de pagos millonarios direccionados, mensajes sobre «cinco palos» en efectivo y las imágenes de cámaras de seguridad que muestran al funcionario entrando a la casa del empresario Miguel Ángel Calvete con una mochila al hombro.
★ La investigación judicial sobre presuntos actos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) incorporó nuevas pruebas que complican severamente la situación del exdirector Diego Spagnuolo y su entorno. Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, el fiscal Franco Picardi identificó una estructura que operaba como una «asociación ilícita» dedicada a usar fondos estatales para gestionar intereses particulares vinculados a empresas farmacéuticas.
El núcleo de la investigación se centra en un grupo de WhatsApp creado el 15 de febrero de 2022 por Daniel María Garbellini, señalado como la «mano derecha» de Spagnuolo. En ese chat participaban Pablo Atchabahian —cuya detención fue ordenada el viernes—, «Pato Country» (Patricio Rama) y Mariano Caballi, ambos vinculados al empresario Miguel Ángel Calvete. La confianza era tal que Atchabahian escribió en el grupo: «somos familia».
Una ventanilla de pagos millonarios
Picardi determinó que este grupo «se encontraba en la búsqueda de un organismo público para desarrollar sus actividades en conjunto». Los mensajes revelan que, una vez que Spagnuolo y Garbellini asumieron en ANDIS, Atchabahian —quien había trabajado en la agencia en 2018— pasó a dar órdenes directas a Garbellini sobre «a quiénes pagar y a quiénes no», qué personal despedir e incluso cómo incorporar empresas al sistema de pagos SIIPFIS.
El fiscal resumió que la agencia «fungió como una ventanilla de pagos millonarios, permanentes y direccionados», con «sobreprecios» y «co-gestionada por agentes externos» vinculados a droguerías. La investigación detectó irregularidades graves: una empleada de la farmacéutica Roche S.A., Luciana Ferrari, tuvo acceso al sistema SIIPFIS «desde afuera». Garbellini le otorgó un usuario y contraseña —a nombre de otro empleado, Walter Martínez— por pedido de Atchabahian.
Los «cinco palos» y el video de la mochila
Una de las pruebas más contundentes es un diálogo entre Spagnuolo y Miguel Ángel Calvete sobre una entrega de dinero antes de un supuesto viaje del funcionario a Israel. En un audio, Calvete le dice: «mañana a primera hora te lo manda a donde le digas o mandále un fercho, ponen algún lugar disimulado».
En otra conversación, Calvete le pidió a su esposa «cinco palos» —millones de pesos— en efectivo para «El boludo del pelado que viaja a Israel». Para el fiscal Picardi, cobran relevancia las imágenes del sistema de monitoreo de la casa de Calvete, que «forman parte de las pruebas» y muestran a Spagnuolo «ingresando al domicilio (…) con una mochila al hombro».
«Bocón y ladri»
La periodista Camila Dolabjian se refirió al caso en su programa «Código Dolabjian» por Radio Rivadavia. Según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, Dolabjian señaló que las pruebas contra Spagnuolo son «contundentes y muy fuertes», y sentenció: «Parecía ser que Spagnuolo además de ser ‘bocón’ era ‘ladri'». Este nivel de prueba permitió el levantamiento del secreto de sumario y el pedido de indagatoria.
La periodista advirtió, sin embargo, que el proceso está «lejos de terminarse» y que surgieron «nuevos casos de corrupción» que no deben ser ignorados. En cuanto a otros personajes mencionados en la trama, como Karina Milei, Martín Menem o la familia Kovalivker —dueños de la Suizo Argentina—, Dolabjian comentó que la mención en esta etapa no es tan «contundente». No obstante, aclaró que sí aparece un Kovalivker «como una suerte intermediario que daba o pretendía dar, no daba órdenes en la ANDIS (…) en relación con los medicamentos».
El poder detrás de la trama
Los chats también mencionan a Karina Milei como «la que define todo» y a Spagnuolo como «quien habría pedido la ANDIS». Un informe de la periodista Vanesa Petrillo reveló estos nuevos mensajes que, según el fiscal Franco Picardi, demuestran la existencia de una «asociación ilícita» que buscaba usar una «caja estatal» para gestionar intereses particulares.
La trama involucra, por un lado, a funcionarios públicos y, por otro, a operadores de laboratorios, a los que se sumarían «algunos financistas que eran los que presuntamente grababan la guita», según Dolabjian.
El fiscal Picardi solicitó la detención de Diego Spagnuolo y otras cinco personas por supuestos «graves hechos de corrupción» en ANDIS. En total, se citó a indagatoria a quince personas, entre exfuncionarios y representantes del sector privado. Spagnuolo deberá presentarse a declarar el próximo miércoles.
Puntos clave:
• El fiscal Franco Picardi investiga una «asociación ilícita» que operaba en ANDIS como «ventanilla de pagos millonarios» con sobreprecios y co-gestión de agentes externos vinculados a droguerías
• Un grupo de WhatsApp creado por Daniel Garbellini en febrero de 2022 reveló órdenes directas de Pablo Atchabahian sobre pagos, despidos e incorporación de empresas al sistema SIIPFIS
• Conversaciones entre Spagnuolo y el empresario Miguel Ángel Calvete mencionan «cinco palos» en efectivo para un viaje a Israel, con imágenes de cámaras de seguridad que muestran a Spagnuolo ingresando a la casa de Calvete con una mochila
• Se detectó acceso irregular al sistema SIIPFIS por parte de una empleada de Roche S.A. desde afuera de la agencia
• El fiscal solicitó la detención de seis personas y citó a indagatoria a quince, entre funcionarios y empresarios del sector farmacéutico
Investigación 🔬
Tres pedidos de juicio político contra la jueza que frenó la ley penal juvenil
Las presentaciones contra Marta Pascual fueron firmadas por Manuel Passaglia, Guillermo Montenegro y Alfredo Drocchi, luego de la cautelar que suspendió por 60 días el nuevo régimen penal juvenil en la provincia.
La suspensión por 60 días de la Ley Nacional 27.801 abrió un nuevo frente institucional en la provincia de Buenos Aires: tres sectores presentaron pedidos de juicio político contra la jueza que dictó la medida cautelar.
Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2 de Lomas de Zamora, frenó preventivamente la aplicación del nuevo régimen en todo el territorio bonaerense. Las presentaciones fueron impulsadas por el diputado provincial Manuel Passaglia, de Hechos, el senador Guillermo Montenegro, del PRO, y el abogado Alfredo Drocchi.
La cautelar que disparó las presentaciones
La resolución fue dictada el 7 de septiembre en la causa “Federación Familia Grande Hogar de Cristo s/ Habeas Corpus Preventivo Colectivo”. Pascual suspendió la aplicación de la Ley Nacional 27.801, que establece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La magistrada también convocó a una audiencia para el 16 de septiembre a las 10. Funcionarios bonaerenses de las áreas de Seguridad, Justicia y Niñez deberán informar qué medidas adoptaron y cuáles prevén para implementar el nuevo régimen.
La norma había sido sancionada en febrero por iniciativa del Gobierno nacional y contemplaba un período de transición de 180 días para que las jurisdicciones adaptaran sus estructuras destinadas al alojamiento de adolescentes.
Los argumentos contra la jueza
Los pedidos ingresaron en la mesa de entradas de la Secretaría Permanente de Enjuiciamiento y plantearon un supuesto “mal desempeño en sus funciones”. Sus impulsores cuestionaron que una jueza de primera instancia suspendiera en toda la provincia una ley aprobada por el Congreso Nacional.
También objetaron el alcance de la cautelar y la fundamentación vinculada con las condiciones de los centros de alojamiento. La medida judicial se originó en un habeas corpus preventivo presentado para evitar que adolescentes fueran derivados a institutos que no cumplirían con estándares mínimos.
El miércoles anterior, la ONG Usina de la Justicia había denunciado penalmente a Pascual por supuesta “usurpación funcional y abuso de autoridad”. La entidad pidió además intervenir como amicus curiae en el expediente y calificó la resolución como “absolutamente arbitraria y contraria a Derecho”.
Según la organización, la jueza construyó su decisión sobre “una hipótesis de futuro”, al advertir sobre un posible aumento de adolescentes detenidos y problemas de alojamiento.
Otro fallo expuso la tensión entre tribunales
El contrapunto judicial apareció en el conurbano oeste. El Juzgado de Garantías del Joven de Moreno-General Rodríguez, encabezado por la magistrada Mirta Guarino, desestimó el alcance de la medida cautelar y ratificó la vigencia de la normativa en su jurisdicción, según informó Agencia NA.
Para ese tribunal, la falta de recursos físicos, las deficiencias edilicias o las restricciones presupuestarias no constituyen razones jurídicas para suspender una ley. La resolución sostuvo que esas falencias obligan a los poderes Ejecutivo y Judicial a garantizar su cumplimiento.
El choque entre ambas decisiones dejó expuesta una disputa que excede la situación de una sola jueza. La implementación del régimen penal juvenil quedó atravesada por diferencias sobre los límites de la Justicia, las responsabilidades del Estado y la protección de los derechos de adolescentes.
La discusión política detrás del expediente
Después de la cautelar, sectores del oficialismo nacional y dirigentes bonaerenses apuntaron contra el gobernador Axe l Kicillof. La presentación de los tres pedidos de juicio político sumó una herramienta institucional a una disputa que ya había escalado en declaraciones públicas.
El expediente combina una discusión sobre la aplicación de una ley nacional con una pulseada política por el alcance de las decisiones judiciales. Los pedidos no implican la destitución de Pascual, sino el inicio de un trámite cuya continuidad deberá ser evaluada por los órganos competentes.
Lo que tenés que saber:
- Tres personas presentaron pedidos de juicio político contra Marta Pascual.
- La jueza suspendió por 60 días la aplicación de la Ley Nacional 27.801 en la provincia de Buenos Aires.
- La norma baja de 16 a 14 años la edad de imputabilidad.
- El Juzgado de Garantías del Joven de Moreno-General Rodríguez rechazó el alcance de la cautelar en su jurisdicción.
- La ONG Usina de la Justicia denunció penalmente a Pascual por supuesta usurpación funcional y abuso de autoridad.
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