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Santa Fe

Otra balacera en Rosario: asesinaron a un joven y hieren a otras 5 personas

Este hecho ocurrió cerca de donde el jueves a la noche se produjo otro tiroteo en el marco de una presunta guerra entre grupos antagónicos que se disputan el control del territorio.

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El joven fue asesinado a balazos y otras cinco personas, entre ellas un niño, sufrieron heridas al quedar en medio de un tiroteo en la ciudad santafesina de Rosario, informaron este domingo fuentes judiciales.

El hecho ocurrió anoche, cerca de las 21, en Vélez Sarsfield y Magallanes, en el barrio Ludueña, en el noroeste rosarino, donde se produjo un ataque a tiros contra un punto de venta de drogas.

Según las fuentes, la balacera provocó la muerte de Esteban Fernando «Chuchu» Cuenca, un joven que integraba un grupo que vendía empanadas para participar del Mundial de Potrero que se disputa en la ciudad santiagueña de Pinto.

A su vez, otras cinco personas resultaron heridas, entre ellas un niño de 9 años que recibió un roce de bala en un tobillo.

Las fuentes señalaron que Cuenca ingresó fallecido al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), donde los médicos constataron que presentaba impactos de bala en tórax e ingle; mientras que cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital Alberdi y el menor al Hospital de Niños Zona Norte.

Lo ocurrido es investigado por el fiscal de Homcidios Adrián Spelta y la principal hipótesis de la pesquisa apunta a que la balacera se desencadenó cuando una banda repelió el ataque a tiros contra el punto de ventas, y que las personas baleadas no tenían nada que ver con esa disputa.

Este hecho ocurrió cerca de donde el jueves a la noche se produjo otro tiroteo en el marco de una presunta guerra entre grupos antagónicos que se disputan el control del territorio.

Santa Fe

El Gobierno recurre al FBI para encuadrar la violencia juvenil como un fenómeno tecnológico

Tras el crimen escolar en Santa Fe, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva descartó el factor del bullying y apuntó a la existencia de grupos juveniles misantrópicos. Con el respaldo del FBI, el oficialismo busca encuadrar la tragedia en un fenómeno de criminalidad digital mientras se debate la baja de la edad de imputabilidad.

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San Cristóbal: el Gobierno agita el fantasma de las culturas subdigitales

★ En una conferencia de prensa brindada este miércoles en Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que la investigación sobre el tiroteo en una escuela de San Cristóbal permitió detectar la presencia de culturas subdigitales ligadas a conductas violentas en Argentina. La funcionaria, acompañada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que estos grupos no responden a dinámicas de acoso escolar tradicional sino a pautas de admiración por asesinatos y tiroteos masivos, con un fuerte componente de misantropía y voluntad de ejecución de actos violentos.

El diagnóstico oficial y la sombra del FBI

Según los datos aportados por la ministra, el análisis exhaustivo realizado por la Policía Federal en conjunto con el FBI permitió identificar 15 casos similares en los últimos dos años, sumados a otros cuatro que actualmente se encuentran bajo estudio. El Gobierno sostiene que estos jóvenes integran comunidades virtuales donde se analizan masacres previas y se fomenta el odio generalizado hacia la sociedad.

Esta caracterización técnica ocurre apenas días después de que la justicia santafesina confirmara la detención de un segundo adolescente por el encubrimiento del tiroteo. Como ya se informó en este medio, la causa se expandió rápidamente a otras ciudades a medida que las pericias sobre los dispositivos electrónicos revelaron conexiones más allá de los límites de la provincia de Santa Fe.

La inimputabilidad y el vacío de políticas públicas

El foco puesto en la tecnología por parte de la cartera de Seguridad parece eludir un debate que el Ministro de Justicia santafesino ya puso sobre la mesa (el adolescente responsable del ataque no es punible bajo el régimen legal vigente). Al catalogar el hecho como un fenómeno de cultura subdigital, el discurso oficial tiende a desplazar la responsabilidad del entorno social y las carencias del sistema educativo para detectar señales de alerta temprana.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que, si bien el uso de plataformas como Discord facilitó la coordinación o el intercambio de material violento, el problema de fondo sigue siendo la ausencia de un Estado eficiente que garantice la contención de menores en situación de vulnerabilidad psicológica. La insistencia del Gobierno en resaltar la cooperación con organismos extranjeros como el FBI refuerza una narrativa de seguridad nacional sobre un hecho que, para diversos especialistas en niñez, requiere un abordaje integral de derechos sociales y laborales.

Antecedentes y derivaciones de la causa

El caso de San Cristóbal se suma a una serie de incidentes que el Ministerio de Seguridad intenta agrupar bajo una misma lógica criminalística. Sin embargo, el análisis crítico de estos hechos revela que la focalización en la violencia digital suele ser utilizada para justificar medidas de vigilancia más estrictas sobre la juventud, omitiendo el impacto de la crisis económica y el sobreendeudamiento de las familias en la salud mental de los adolescentes.

Mientras la investigación avanza, queda claro que la etiqueta de cultura subdigital será el eje de la estrategia oficial para pedir reformas en el código penal, alejando el foco de la soberanía educativa y la inversión en políticas de prevención que el sector libertario ha desmantelado sistemáticamente bajo la premisa del ajuste fiscal.

Puntos clave:

  • La ministra Alejandra Monteoliva descartó que el caso de San Cristóbal sea un episodio de bullying.
  • Se detectaron 15 casos de conductas violentas ligadas a grupos digitales en los últimos dos años.
  • La Policía Federal y el FBI colaboran en el análisis de las redes de los adolescentes implicados.
  • El Gobierno utiliza el concepto de culturas subdigitales para explicar la admiración por tiroteos masivos.
  • La justicia santafesina mantiene el debate sobre la no punibilidad de los involucrados debido a su edad.

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