Por Silvina Oranges

El ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, mantendrá esta semana una ronda de reuniones con intendentes del conurbano bonaerense para avanzar en la organización de la auditoría que realizarán universidades públicas sobre el funcionamiento del programa Potenciar Trabajo, con la intención de reordenar los planes sociales.

La semana última, al presentar sus primeras medidas al frente del Palacio de Hacienda, el nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, ratificó que el Gobierno nacional avanzará en un reordenamiento de los planes en un proceso a desplegar durante los próximos 12 meses, que comenzará el próximo 15 de agosto con el inicio de la auditoría.

La idea de la cartera de Zabaleta es diseñar operativos masivos por etapas en todo el país, similares a los que se realizaron al inicio de la gestión de Alberto Fernández para distribuir las Tarjetas Alimentar entre la población más vulnerable, informaron fuentes oficiales.

En principio, el ministro, acompañado por su vice Gustavo Aguilera y por el titular de la Unidad Ejecutora del Programa Potenciar Trabajo, Pablo País, encarará en los próximos días una serie de reuniones de articulación con jefes comunales de diferentes signos políticos, pertenecientes a la Primera y Tercera sección electoral de la provincia de Buenos Aires.

En esos encuentros, se comenzará a diseñar un operativo que incluirá lugares y convocatorias específicas a los beneficiarios del plan a través de la APP Mi Argentina, entre otras herramientas de comunicación.

Los beneficiarios del programa deberán concurrir personalmente a esos lugares para ser encuestados por estudiantes universitarios, quienes completarán un formulario web en tiempo real que consta de una treintena de preguntas que recogerá información sociodemográfica de cada persona y datos sobre las actividades que realiza dentro y fuera del programa.

Se les preguntará sobre su situación habitacional, socio educativa, y se los consultará puntualmente por la unidad de gestión a la que reportan.

Las Unidades de Gestión o Certificación son las responsables de constatar la participación del beneficiario en el programa y verificar el cumplimiento de la contraprestación obligatoria; y pueden ser gubernamentales (como municipios y provincias) o no gubernamentales, como organizaciones sociales, asociaciones civiles, federaciones o cooperativas.

En paralelo, Zabaleta avanza con sus pares de las provincias para la implementación del operativo en todo el país: el último viernes -por ejemplo- se reunió con su colega de Misiones, Fernando Meza, y el subsecretario de Abordaje Territorial de San Juan, Cristian Morales, para analizar la puesta en marcha de las auditorías y trabajar en forma articulada con las universidades nacionales que la llevarán adelante.

«Vamos a tener mayor claridad sobre las distintas prestaciones de servicio y tendremos más datos que tienen que ver con la promoción humana: niveles educativos, procesos de relevamiento de prestaciones de servicios, cuáles son las unidades de gestión y la cobertura territorial», explicó Meza tras ese encuentro.

Las provincias «harían la parte de la logística para la convocatoria y disponer de las herramientas necesarias para que se pueda desarrollar en un marco de normalidad, y la universidad aportaría el recurso humano. Es un diseño estratégico y lo vamos a diseñar en conjunto en territorio, para que todos puedan acceder a las fechas que se van a establecer en un cronograma de trabajo», explicó, por su parte, el representante de San Juan.

A la par de estas reuniones, el Ministerio de Desarrollo Social ultima los detalles legales de la firma de los convenios específicos con cada universidad; entre ellas la de Buenos Aires (UBA), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), la Universidad Nacional de La Plata, la de Hurlingham, la de los Comechingones, de Moreno y de La Pampa, entre otras.

En su primera rueda de prensa tras asumir esta semana, Massa puso el reordenamiento de los planes sociales entre los ejes de su gestión con «foco en 3 ejes: vuelta al mercado de trabajo, fortalecimiento de trabajo asociativo y cooperativo y protección de los argentinos que viven en situaciones de vulnerabilidad», según anunció en conferencia de prensa.

A partir de esa información a relevar, el ministro de Economía aseguró que «quien no cumpla» con los requisitos y compromisos que impone cada programa «recibirá la suspensión del plan y, en paralelo, la liquidación se cruzará con las bases de datos de la Anses».

«Nuestra idea de país es que el plan sea la emergencia, y el trabajo lo permanente», afirmó el ministro luego de prestar juramento en la Casa Rosada.

A mediados de julio, se supo que el Gobierno incorporaría a las universidades en la evaluación de la aplicación del programa Potenciar Trabajo en todo el país, con el objetivo de «certificar las actividades y el fortalecimiento» de los proyectos puestos en marcha y que involucran a trabajadores de la economía popular.

«Es más rol del Estado y más control sobre los programas que tiene el Ministerio para acompañar a las y los argentinos que la están pasando mal», dijo Zabaleta, quien selló un convenio junto a su par de Educación, Jaime Perczyk, y presentó la iniciativa ante directivos de siete universidades del país.

Otra de las claves de lo acordado apunta a que el Estado pueda «diseñar estrategias que permitan fortalecer las distintas actividades: socio productivas, comunitarias, laborales, de terminalidad educativa y formación laboral que realizan las y los titulares del Programa Potenciar Trabajo».

Para eso, el Gobierno resolvió conformar «unidades de evaluación en todo el territorio nacional» e incorporar a las universidades nacionales para que formen parte de la «certificación de las actividades y el fortalecimiento de los proyectos».

Se trata entonces, según explicaron voceros oficiales, de «relevar información sobre las y los titulares del Programa Potenciar Trabajo para conocer su situación socio laboral, productiva y certificar la realización de actividades bajo programa en el marco del vínculo con las Unidades de Gestión».

El Potenciar Trabajo es una herramienta desarrollada por el Gobierno para impulsar proyectos socio-productivos, socio-comunitarios, socio-laborales y la terminalidad educativa, con el fin de «promover la inclusión social plena y la autonomía económica para personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad».