La Plata
El menor inimputable del caso Kim Gómez dejará de asistir a la escuela por tensión con los padres
El adolescente inimputable que participó del asesinato de la nena de 7 años pasará a la modalidad virtual luego de que las familias de la Escuela Secundaria N°41 de Abasto rechazaran su presencia en las aulas. La marcha del viernes 24 continúa en pie.
Tensión en La Plata: el menor del caso Kim Gómez irá a clases virtuales
★ Las autoridades de la provincia de Buenos Aires confirmaron este miércoles que el menor acusado de participar en el asesinato de Kim Gómez no continuará asistiendo de manera presencial a la Escuela Secundaria N°41 de la localidad de Abasto, en La Plata.
El adolescente, que tenía 14 años al momento del crimen ocurrido el 25 de febrero de 2025 y que actualmente permanece alojado en el Instituto Araoz Alfaro bajo resguardo judicial, pasará a cursar sus estudios de manera virtual desde el propio instituto.
La decisión llegó después de que el anuncio de su reintegración presencial al establecimiento desatara una reacción inmediata y contundente entre las familias de los estudiantes, quienes denunciaron ausencia de controles, amenazas en redes sociales y situaciones de riesgo concretas dentro de la institución.

«Al chico lo traen y se van»: el testimonio de los padres
La noticia del retorno presencial del menor no tardó en filtrarse entre la comunidad educativa. Una madre identificada como Marisa relató en declaraciones al equipo de Telenoche que había concurrido al colegio por otro motivo relacionado con el mismo adolescente, sin saber de quién se trataba. «Vine a hablar con la directora porque él le mostró a mi hijo que adentro de un fibrón llevaba droga al instituto», explicó.
Fue en la reunión convocada al día siguiente, con la presencia de directivos del colegio y del propio Instituto Araoz Alfaro, donde los padres terminaron de comprender la identidad del estudiante que había llegado al establecimiento. El impacto fue inmediato.
Otra de las madres fue directa: «Lo que pasa es que al chico lo traen del instituto, lo dejan y se van, pero nuestros hijos quedan ahí dentro. Es una cosa de locos lo que hacen». La misma Marisa advirtió sobre el clima de tensión que se generó en torno al colegio: «Los chicos no quieren venir porque tienen miedo. Hay amenazas por redes sociales de gente que, de la indignación de saber que el chico está acá libre en un colegio público, amenaza con venir a buscarlo en la salida».
La madre alertó también sobre la infraestructura del establecimiento: «Esta escuela tiene una puerta para primaria y otra para secundaria. Si se arma el quilombo en la puerta, están más de 30 chicos ahí».
El caso que sacudió al país
Kim Gómez tenía 7 años cuando fue asesinada el 25 de febrero de 2025 en el barrio Altos de San Lorenzo de La Plata. Dos adolescentes, de 17 y 14 años, le robaron el auto a su madre mientras ambas esperaban en el vehículo. La mujer logró escapar, pero la niña quedó atrapada en el asiento del acompañante por el cinturón de seguridad.
Los asaltantes escaparon con el auto en marcha. Kim fue arrastrada durante quince cuadras hasta que los delincuentes chocaron y abandonaron el rodado. Las lesiones traumáticas y fracturas múltiples ocasionadas durante el arrastre le causaron la muerte.
El mayor de los acusados, Tobías Godoy, que tenía 17 años al momento del hecho, fue juzgado bajo el régimen penal juvenil. El Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata, integrado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Mercenaro, lo condenó en marzo de 2026 a 23 años y 4 meses de prisión por el delito de homicidio en ocasión de robo.
El menor, en cambio, tenía 14 años al momento del hecho y fue declarado inimputable por su edad, quedando por fuera del alcance del régimen penal juvenil vigente. La jueza de Garantías María José Lescano lo señaló como coautor del crimen y ordenó su alojamiento en el Instituto Araoz Alfaro, con medidas restrictivas para su libertad.
Desde la familia de Kim, fuentes cercanas a su padre Marcos Gómez confirmaron a Cadena 3 que fueron notificados del cambio de modalidad. «El menor no evolucionó nada en todo este tiempo. Todos los resultados son negativos así que de ninguna manera tiene que salir del instituto», expresaron. «Es muy triste ver que un chico sea así, así que ojalá podamos ayudarlo a recapacitar porque si no lo hacemos estamos seguros de que va a traer futuros problemas», agregaron.
La marcha del viernes sigue en pie
A pesar de que la provincia reconsideró la situación y decidió que el adolescente no se presentará más en la escuela, los padres advirtieron que aún no recibieron ninguna comunicación oficial al respecto. Por eso, mantienen vigente la marcha prevista para el viernes 24 de abril a las 14.30, frente a la Escuela Secundaria N°41, en reclamo de respuestas formales y mayor seguridad para los estudiantes.
El episodio vuelve a instalar en la agenda pública un debate que el caso Kim Gómez ya había puesto sobre la mesa en 2025: los límites de los programas de reinserción para menores inimputables, el peso de los derechos educativos frente a la seguridad de las comunidades escolares, y la comunicación institucional entre los organismos judiciales, los establecimientos educativos y las familias afectadas.
Puntos clave:
- Las autoridades bonaerenses confirmaron que el menor inimputable vinculado al crimen de Kim Gómez pasará a la modalidad virtual desde el Instituto Araoz Alfaro
- El adolescente, hoy de 15 años, había comenzado a asistir presencialmente a la Escuela Secundaria N°41 de Abasto como parte de un plan de reinserción educativa dispuesto por la Justicia
- Los padres denunciaron falta de controles, presunta tenencia de droga dentro del establecimiento y amenazas en redes sociales vinculadas a su presencia en el colegio
- Tobías Godoy, el otro acusado del crimen, fue condenado en marzo de 2026 a 23 años y 4 meses de prisión por el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil N°1 de La Plata
- La marcha del viernes 24 de abril a las 14.30 en la puerta de la escuela sigue en pie porque los padres aún no recibieron comunicación oficial sobre el cambio de modalidad
Espectáculos 🎭
BTS en La Plata: una disputa gremial pone en riesgo los recitales
El sindicato de controladores de admisión levantó las asambleas y la movilización tras un “principio de entendimiento”, luego de que la provincia dictara una conciliación obligatoria. Detrás del conflicto hay un reclamo de fondo: que las empresas contratadas por la productora apliquen el convenio de la actividad y no el de seguridad privada.
La discusión sobre qué convenio colectivo corresponde aplicar a quienes controlan el ingreso del público puso en riesgo, a pocas horas del debut, los tres recitales de BTS en La Plata. Los trabajadores de control de admisión advirtieron que podían tomar medidas de acción directa durante los shows si las empresas contratadas no aplicaban el convenio de su actividad.
El reclamo fue formalizado por el Sindicato Único de Trabajadores de Control de Admisión y Permanencia de la República Argentina (SUTCAPRA), que conduce Leandro Nazarre, mediante un comunicado en el que se declaró en “estado de alerta y movilización”. El gremio apuntó contra GPS Prevención SRL, MGF Seguridad SRL y SAKERHET CORP SA (Tech), empresas contratadas por la productora DF Entertainment SA, a las que acusó de pretender aplicar un convenio de seguridad privada que consideró “ajeno a la actividad de Control de Admisión y Permanencia”. Las presentaciones de la banda surcoreana están previstas el 21, el 23 y el 24 de octubre en el Estadio Diego Armando Maradona, con capacidad para unas 53.000 personas.
Qué reclama el gremio
Según el comunicado, las compañías deberían aplicar el convenio de SUTCAPRA, que, de acuerdo al sindicato, “mejora las condiciones laborales y salariales de los controladores”. El gremio adelantó además la posibilidad de “medidas de acción directa durante los shows” y, en una nota enviada al ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, anticipó “asambleas y movilizaciones en las inmediaciones del estadio” para visibilizar el problema.
El secretario de Prensa de SUTCAPRA, Cristian Rolón Gatti, defendió la representatividad de su organización: “tenemos personería gremial en La Plata”, sostuvo, y afirmó que la UPSRA “no tienen personería en esta actividad”. El gremio se creó en 2004 para representar al personal de Control de Admisión y Permanencia (CAP), una actividad que hasta entonces no estaba nucleada en ningún sindicato, y busca diferenciarse de la seguridad privada.
La respuesta de la UPSRA
La Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA), fundada en 1970 y conducida por Ángel Alberto García, rechazó el planteo. En un comunicado sostuvo que el Convenio Colectivo de Trabajo 507/07 es el “único instrumento legal vigente” para regular las condiciones laborales de los trabajadores de seguridad privada y que es de cumplimiento obligatorio para todas las empresas del sector, “sin excepciones”.
El sindicato fue más lejos: calificó de “inadmisible” que SUTCAPRA intente instalar “un discurso que genera confusión y desconcierto” y advirtió que “no vamos a permitir que se utilicen espacios públicos para desinformar”. La disputa, entonces, enfrenta a dos organizaciones que se reivindican representantes de quienes trabajan en los recitales, con los propios trabajadores en el medio.
La provincia intervino con una conciliación obligatoria
El Ministerio de Trabajo bonaerense, a cargo de Jorge Walter Correa en el gobierno de Axel Kicillof, dictó de manera urgente una conciliación obligatoria con una audiencia virtual convocada para el miércoles a las 10. Rolón Gatti contó que funcionarios de los ministerios de Seguridad y de Trabajo de la provincia se comunicaron con el gremio y dudó de los tiempos: “No sé si estamos a tiempo”, reconoció antes de la audiencia, y reclamó que las empresas comparecieran para aclarar la situación.
Todas las partes acudieron a la cita y, a horas del primer show, el sindicato levantó las asambleas y la movilización que había anunciado. “Hay un principio de entendimiento”, afirmó Rolón Gatti, y aclaró que continúan “en conversaciones y en negociación”. Todavía quedaba por verse si lo acordado se cumplía durante los tres conciertos.
Un conflicto que no es nuevo
Según Rolón Gatti, no es la primera vez que SUTCAPRA y la UPSRA chocan por esta cuestión. El gremio suele convocar al Ministerio de Trabajo bonaerense a las empresas que prestan servicios en los recitales y, amparado en la ley nacional 26.370 y la ley provincial 13.964, intenta demostrar por qué deben aplicar su convenio. El dirigente recordó el antecedente del Lollapalooza: las empresas de control de admisión reconocieron la legitimidad de SUTCAPRA cuando aplicaron el convenio de la actividad y pagaron las acreencias sindicales a la institución.
El episodio expone que cada megaevento reabre la misma discusión, y que la responsabilidad de la productora y de las empresas contratadas frente al marco laboral correspondiente sigue en el centro de la escena. Mientras dos gremios discuten la representación, son los controladores quienes dependen de que se aplique un convenio u otro para definir sus condiciones de trabajo y de salario.
Lo que tenés que saber:
- SUTCAPRA denunció que empresas contratadas por DF Entertainment SA pretendían aplicar un convenio de seguridad privada en los recitales de BTS.
- El gremio se declaró en “estado de alerta y movilización” y anticipó la posibilidad de medidas de acción directa durante los shows.
- La UPSRA respondió que el convenio 507/07 es el único vigente para la seguridad privada y de cumplimiento obligatorio.
- El Ministerio de Trabajo bonaerense dictó una conciliación obligatoria urgente con audiencia virtual el miércoles a las 10.
- SUTCAPRA levantó las asambleas y la movilización por un “principio de entendimiento”, aunque la negociación continúa.
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