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Santa Fe

El Gobierno recurre al FBI para encuadrar la violencia juvenil como un fenómeno tecnológico

Tras el crimen escolar en Santa Fe, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva descartó el factor del bullying y apuntó a la existencia de grupos juveniles misantrópicos. Con el respaldo del FBI, el oficialismo busca encuadrar la tragedia en un fenómeno de criminalidad digital mientras se debate la baja de la edad de imputabilidad.

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San Cristóbal: el Gobierno agita el fantasma de las culturas subdigitales

★ En una conferencia de prensa brindada este miércoles en Buenos Aires, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, confirmó que la investigación sobre el tiroteo en una escuela de San Cristóbal permitió detectar la presencia de culturas subdigitales ligadas a conductas violentas en Argentina. La funcionaria, acompañada por el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, afirmó que estos grupos no responden a dinámicas de acoso escolar tradicional sino a pautas de admiración por asesinatos y tiroteos masivos, con un fuerte componente de misantropía y voluntad de ejecución de actos violentos.

El diagnóstico oficial y la sombra del FBI

Según los datos aportados por la ministra, el análisis exhaustivo realizado por la Policía Federal en conjunto con el FBI permitió identificar 15 casos similares en los últimos dos años, sumados a otros cuatro que actualmente se encuentran bajo estudio. El Gobierno sostiene que estos jóvenes integran comunidades virtuales donde se analizan masacres previas y se fomenta el odio generalizado hacia la sociedad.

Esta caracterización técnica ocurre apenas días después de que la justicia santafesina confirmara la detención de un segundo adolescente por el encubrimiento del tiroteo. Como ya se informó en este medio, la causa se expandió rápidamente a otras ciudades a medida que las pericias sobre los dispositivos electrónicos revelaron conexiones más allá de los límites de la provincia de Santa Fe.

La inimputabilidad y el vacío de políticas públicas

El foco puesto en la tecnología por parte de la cartera de Seguridad parece eludir un debate que el Ministro de Justicia santafesino ya puso sobre la mesa (el adolescente responsable del ataque no es punible bajo el régimen legal vigente). Al catalogar el hecho como un fenómeno de cultura subdigital, el discurso oficial tiende a desplazar la responsabilidad del entorno social y las carencias del sistema educativo para detectar señales de alerta temprana.

Fuentes judiciales consultadas por este medio indicaron que, si bien el uso de plataformas como Discord facilitó la coordinación o el intercambio de material violento, el problema de fondo sigue siendo la ausencia de un Estado eficiente que garantice la contención de menores en situación de vulnerabilidad psicológica. La insistencia del Gobierno en resaltar la cooperación con organismos extranjeros como el FBI refuerza una narrativa de seguridad nacional sobre un hecho que, para diversos especialistas en niñez, requiere un abordaje integral de derechos sociales y laborales.

Antecedentes y derivaciones de la causa

El caso de San Cristóbal se suma a una serie de incidentes que el Ministerio de Seguridad intenta agrupar bajo una misma lógica criminalística. Sin embargo, el análisis crítico de estos hechos revela que la focalización en la violencia digital suele ser utilizada para justificar medidas de vigilancia más estrictas sobre la juventud, omitiendo el impacto de la crisis económica y el sobreendeudamiento de las familias en la salud mental de los adolescentes.

Mientras la investigación avanza, queda claro que la etiqueta de cultura subdigital será el eje de la estrategia oficial para pedir reformas en el código penal, alejando el foco de la soberanía educativa y la inversión en políticas de prevención que el sector libertario ha desmantelado sistemáticamente bajo la premisa del ajuste fiscal.

Puntos clave:

  • La ministra Alejandra Monteoliva descartó que el caso de San Cristóbal sea un episodio de bullying.
  • Se detectaron 15 casos de conductas violentas ligadas a grupos digitales en los últimos dos años.
  • La Policía Federal y el FBI colaboran en el análisis de las redes de los adolescentes implicados.
  • El Gobierno utiliza el concepto de culturas subdigitales para explicar la admiración por tiroteos masivos.
  • La justicia santafesina mantiene el debate sobre la no punibilidad de los involucrados debido a su edad.

Actualidad

Santa Fe recaudó $1.645 millones con bienes incautados

La sexta subasta provincial reunió 224 lotes y 8.796 inscriptos el 16 de octubre. El resultado superó la estimación previa; el Gobierno informó que los fondos se destinarán a víctimas, políticas sociales y el funcionamiento de la Aprad.

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Autos incautados exhibidos en la Estación Belgrano de Santa Fe antes de la subasta de la APRAD

La sexta subasta de bienes incautados de Santa Fe recaudó $1.645.810.000, según el balance oficial. El resultado superó la previsión de entre $700 millones y $800 millones que el Gobierno provincial había difundido antes del remate.

La actividad se realizó el viernes 16 de octubre en la Estación Belgrano de la capital santafesina y su apertura fue encabezada por el gobernador Maximiliano Pullaro. Los bienes son administrados por la Agencia Provincial de Registro, Administración y Destino de Bienes y Derechos Patrimoniales (Aprad). La convocatoria reunió 8.796 inscriptos y comprendió 224 lotes.

Qué se vendió

La oferta incluyó motocicletas, vehículos, dos lanchas, bicicletas, un inmueble en Rosario y máquinas arcade retro para restaurar. El balance difundido por la Provincia el 17 de octubre informó que el inmueble se adjudicó por $76 millones y que una de las máquinas arcade se vendió por $130.000.

La denominación de bienes incautados no implica que todos los lotes tengan idéntico estado judicial. La Aprad administra bienes secuestrados o alcanzados por otras medidas judiciales; por eso no corresponde presentar cada adjudicación como la venta de un bien con decomiso definitivo.

El destino informado para los fondos

El Gobierno provincial indicó que lo recaudado se destinará a reparar a víctimas de delitos, financiar políticas sociales y sostener el funcionamiento de la Aprad. La convocatoria previa mencionó programas vinculados con escuelas, salud mental y adicciones.

El balance del remate no acredita que los fondos ya hayan sido distribuidos. El monto informado corresponde al resultado de las adjudicaciones y debe distinguirse de la posterior aplicación de esos recursos a sus destinatarios.

Lo que tenés que saber

  • La sexta subasta se realizó el 16 de octubre en la Estación Belgrano de Santa Fe.
  • El balance oficial informó $1.645.810.000 de recaudación.
  • La convocatoria comprendió 224 lotes y reunió 8.796 inscriptos.
  • El inmueble de Rosario se adjudicó por $76 millones y una arcade por $130.000.
  • La Provincia informó destinos de reparación a víctimas, políticas sociales y funcionamiento de la Aprad, no una distribución ya realizada.
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