Bullrich y Milei usaron el Ni Una Menos para atacar al feminismo con datos cuestionables

★ A once años de la primera histórica movilización del 3 de junio de 2015, y en un contexto marcado por los recientes asesinatos de Agostina Vega (14 años, Córdoba), Dulce María Beatriz Candia (Misiones) y Noelia Carolina Romero (Temperley, Buenos Aires), miles de personas marcharon este miércoles hacia el Congreso Nacional bajo la consigna «Vivas, libres y desendeudadxs nos queremos». La CGT, la CTA y el Bloque Sindical Feminista se sumaron a la convocatoria, junto a decenas de organizaciones feministas, sociales y de derechos humanos.

El gobierno de Javier Milei eligió responder a la movilización desde X, en un movimiento que dice mucho sobre su relación con la calle y con el movimiento de mujeres.

El número que el Gobierno eligió mostrar, y el que prefiere ocultar

La senadora y jefa del bloque libertario Patricia Bullrich publicó en su cuenta personal de X que «desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios», al tiempo que reivindicó la creación del Registro de ADN para Violadores y el fortalecimiento del sistema penitenciario. Milei citó ese tuit y lo catalogó como una «MASTERCLASS». La Oficina de Respuesta Oficial del Ejecutivo, por su parte, difundió un comunicado que habla de «homicidios de mujeres», evitando deliberadamente la figura jurídica del femicidio que el propio gobierno busca eliminar del ordenamiento penal, y atribuyó los resultados al gobierno sin necesitar, según el texto oficial, «un Ministerio de la Mujer ni del millonario gasto en inútiles políticas de género».

El problema con esa narrativa es que los números no son tan simples. El Registro Nacional de Femicidios de la Justicia Argentina, dependiente de la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema, registró 200 víctimas directas de femicidio en 2025, frente a 228 en 2024, una reducción del 12,3%. Con las 19 víctimas de femicidio vinculado incluidas, el total asciende a 219 casos. Esta es la fuente que el Gobierno cita con entusiasmo.

Pero ese mismo año, el Observatorio Lucía Pérez, que trabaja con un universo metodológico más amplio que incluye femicidios vinculados al narcotráfico y criterios distintos de clasificación, registró 271 femicidios y transfemicidios. La organización MuMaLá (Mujeres de la Matria Latinoamericana) contabilizó 262 casos. La brecha entre los datos judiciales y los observatorios independientes llega al 35%.

Como señaló la directora del Observatorio Lucía Pérez, Claudia Acuña, existe un subregistro en las estadísticas oficiales porque la Corte contabiliza únicamente víctimas incorporadas a causas judiciales con esa tipificación específica, lo que deja afuera una parte significativa de la violencia femicida real. El Observatorio calificó en su informe anual publicado en enero de 2026 lo ocurrido durante el año anterior como «el año del negacionismo de Estado».

Los datos que nadie en el Gobierno quiere mencionar

El mismo gobierno que celebra la baja en las estadísticas de femicidios promueve activamente la eliminación del femicidio como figura del Código Penal. El presidente Milei sostuvo que hay que derogar el concepto porque «las muertes son todas iguales», una posición que organizaciones de derechos humanos calificaron de regresiva y funcional al encubrimiento institucional.

Para la ministra de Mujeres bonaerense, Estela Díaz, la eventual reducción registrada en la provincia de Buenos Aires no tiene origen en las políticas nacionales sino en la acción provincial. «La atención sobre violencia por razones de género está a cargo de cada una de las provincias y si hay reducción de las cifras es porque las provincias siguen presentes, asistiendo y dando respuestas, en las peores condiciones que les genera el Gobierno Nacional», declaró Díaz durante el acto del 3J. La funcionaria bonaerense también advirtió que los intentos de femicidio y la violencia extrema en las relaciones interpersonales están creciendo.

La nota anterior de este medio sobre las estadísticas criminales 2025 ya documentó que la tendencia a la baja de homicidios en Argentina es anterior a la gestión Milei y comenzó al menos en 2014, según investigaciones académicas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP. Parte de la reducción de 2024 estuvo traccionada por la provincia de Santa Fe, bajo la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro (UCR), ajena a la órbita nacional.

El caso Agostina Vega: una tragedia que desafía el relato oficial

La marcha de este 3 de junio estuvo atravesada por la conmoción del femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció en Córdoba el 23 de mayo y cuyo cuerpo fue hallado una semana después en un descampado del barrio Ampliación Ferreyra. El único imputado es Claudio Barrelier, de 33 años, cuya situación procesal fue agravada a femicidio, delito que en el Código Penal prevé prisión perpetua. La autopsia confirmó que la adolescente murió por asfixia.

En su publicación en X, Bullrich mencionó el caso directamente y señaló que «hay un asesino con nombre y apellido», argumentando que la responsabilidad «es individual», no «de todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo». El colectivo Ni Una Menos respondió con una declaración en la que denunció «una desidia organizada» en el tratamiento institucional del caso antes del hallazgo del cuerpo.

El caso tiene además una arista política: el concejal peronista Ricardo Moreno debió dejar su banca en el Concejo Deliberante de Córdoba por su vínculo con Barrelier, a quien había conseguido empleo en la Municipalidad de la capital provincial y a quien había representado legalmente en una causa previa de privación ilegítima de la libertad.

La marcha que el Gobierno no logra desactivar

Desde que se inició el movimiento el 3 de junio de 2015, el Observatorio «Adriana Marisel Zambrano» documentó 3.424 víctimas por violencia de género, una cada 30 horas. En lo que va de 2026, la organización Mumalá relevó 105 femicidios, uno cada 35 horas. El Observatorio «Ahora Que Sí Nos Ven» contabilizó 83 casos entre enero y el 24 de mayo de este año, y advirtió que el 85% de los agresores pertenecía al círculo íntimo de las víctimas y que el 63% de los crímenes ocurrió en el domicilio de la víctima o en uno compartido con el agresor. Un dato especialmente alarmante: el 17% de las mujeres asesinadas había realizado denuncias previas contra su agresor y el 10% contaba con medidas judiciales de protección vigentes al momento del crimen.

La respuesta del Gobierno no alcanza para desactivar esa realidad. Mientras Patricia Bullrich reivindica los logros de su gestión en seguridad, el Estado nacional desmanteló el ex Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, recortó programas de asistencia a víctimas e impulsa una legislación que borraría del mapa jurídico la categoría que permite identificar y tipificar estos crímenes como lo que son: femicidios.

Puntos clave

• Bullrich reclamó una baja del 25% en femicidios desde diciembre de 2023; los datos judiciales confirman una reducción del 12,3% solo en 2025 respecto del año anterior.
• El Observatorio Lucía Pérez registró 271 femicidios y transfemicidios en 2025, contra las 200 reconocidas por la Justicia, una brecha de hasta el 35%.
• En lo que va de 2026, MuMaLá documentó 105 femicidios, uno cada 35 horas; el 17% de las víctimas había denunciado previamente a su agresor.
• El Gobierno que celebra la baja de femicidios impulsa simultáneamente eliminar esa figura jurídica del Código Penal.
• La marcha del 11° aniversario del Ni Una Menos tuvo como epicentro el Congreso Nacional, con adhesión de la CGT, la CTA y decenas de organizaciones feministas y de derechos humanos.