Una multitud colmó este miércoles 3 de junio las inmediaciones del Congreso de la Nación en la marcha convocada por el movimiento Ni Una Menos, que lleva once años consecutivos de movilización ininterrumpida desde aquella primera jornada que en 2015 transformó el dolor colectivo ante los femicidios en una fuerza política de alcance nacional. El acto central, previsto para las 17, se realizó a las 18:30 con la lectura del documento oficial del movimiento, frente a una plaza que respondió masivamente al llamado.

La marcha se replicó en decenas de ciudades del interior: Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Paraná, Neuquén, Bariloche, Posadas y muchas otras localidades del país confirmaron concentraciones propias. Sindicatos, organizaciones estudiantiles, colectivos de derechos humanos y artistas se sumaron a la convocatoria. La movilización se realizó a continuación de la habitual marcha de jubilados del miércoles, pero la multitud arribó a la plaza de los dos congresos luego de las 17.

El documento: tres nombres y un Estado señalado

El texto oficial abrió con una declaración que sintetizó la acumulación de once años de lucha: «El grito de hartazgo que hace once años salió a las calles«. Las organizaciones convocantes dejaron en claro que la urgencia no disminuyó: según el Observatorio de Violencias de Género «Ahora Que Sí Nos Ven», entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina, incluyendo 3.144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 instigaciones al suicidio.

El documento puso en primer plano tres casos recientes que conmocionaron al país en días previos a la marcha: Agostina Vega, de 14 años, hallada muerta en un descampado de Córdoba el 30 de mayo; Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, encontrada sin vida en una obra abandonada de Eldorado, Misiones, el 28 de mayo; y Noelia Romero, asesinada en Temperley. «Nos movilizamos cargando la tristeza y la rabia de los femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio más recientes y de todes les que ya no están», expresaron las organizaciones.

Córdoba en el banquillo: piden la renuncia del ministro de Seguridad

El caso de Agostina Vega ocupó un lugar central en el documento, que fue más allá del repudio al femicidio en sí para apuntar contra el aparato institucional que, según denunció el movimiento, falló sistemáticamente en proteger a la adolescente. El texto exigió la renuncia del Ministro de Seguridad cordobés Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por lo que las organizaciones calificaron como «la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad». El documento fue contundente: «Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado».

El único detenido por el crimen, Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, permanece preso con cargos por femicidio mientras la causa continúa bajo instrucción de la justicia provincial.

Antifeminismo de Estado: el ajuste con nombre propio

El documento denunció que el gobierno de Javier Milei «eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género» y señaló la complicidad de la mayoría de los gobiernos provinciales en ese proceso de vaciamiento. La socióloga e integrante del movimiento Luci Cavallero caracterizó el fenómeno como «antifeminismo de Estado», al señalar que los discursos de odio oficiales «habilitan umbrales de pasaje al acto distintos».

Las organizaciones feministas vienen denunciando que el gobierno libertario recortó el 89% del presupuesto destinado a la atención de la violencia machista desde su asunción. Frente a eso, el documento exigió la plena implementación de la Ley de Aborto, la Educación Sexual Integral y el reconocimiento del trabajo comunitario en los barrios populares.

La convocatoria oficial del colectivo articuló esos reclamos con la dimensión económica del ajuste: «Los transfeminismos para derrotar a Milei, al FMI y a sus cómplices» fue una de las consignas centrales de la jornada, que confluyó con los reclamos de jubilados y otros sectores afectados por las políticas de recorte.

El proyecto Losada y las «falsas denuncias»

El documento incluyó un párrafo de repudio expreso al proyecto impulsado por la senadora de la UCR Carolina Losada sobre las «falsas denuncias». Las organizaciones denunciaron que la iniciativa busca «blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian» y reafirmaron su compromiso de acompañar a madres protectoras, sobrevivientes, niños y adolescentes «en los tribunales, en el Congreso y en las calles». Bajo la consigna «No hay falsas denuncias, faltan denuncias«, las manifestantes rechazaron las revinculaciones forzadas y mencionaron casos emblemáticos como el de la niña Arcoiris en La Rioja.

La respuesta del Gobierno

En las horas posteriores a la marcha, voceros del gobierno de Milei intentaron minimizar la movilización al señalar que «no son todos los hombres ni las políticas» las responsables de la violencia de género, en una respuesta que las organizaciones feministas rechazaron de inmediato como un intento de esquivar la responsabilidad estatal que el movimiento lleva once años reclamando.

El cierre del documento condensó el espíritu de la jornada: «Contra el ajuste sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; frente a la crueldad, más comunidad. Somos quienes sostenemos la vida y también quienes podemos transformarla. Hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos en las calles».