Géneros 🟣
El 3J colmó las plazas: «El grito de hartazgo que hace 11 años salió a las calles»
El gobierno libertario recortó el 89% del presupuesto destinado a la atención de la violencia machista desde su asunción.
El documento oficial del movimiento exigió justicia por Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Romero, denunció el vaciamiento de las políticas de género por parte del gobierno de Milei y pidió la renuncia del Ministro de Seguridad de Córdoba. El Gobierno intentó minimizar la movilización.
Una multitud colmó este miércoles 3 de junio las inmediaciones del Congreso de la Nación en la marcha convocada por el movimiento Ni Una Menos, que lleva once años consecutivos de movilización ininterrumpida desde aquella primera jornada que en 2015 transformó el dolor colectivo ante los femicidios en una fuerza política de alcance nacional. El acto central, previsto para las 17, se realizó a las 18:30 con la lectura del documento oficial del movimiento, frente a una plaza que respondió masivamente al llamado.
La marcha se replicó en decenas de ciudades del interior: Córdoba, Mendoza, Santa Fe, Paraná, Neuquén, Bariloche, Posadas y muchas otras localidades del país confirmaron concentraciones propias. Sindicatos, organizaciones estudiantiles, colectivos de derechos humanos y artistas se sumaron a la convocatoria. La movilización se realizó a continuación de la habitual marcha de jubilados del miércoles, pero la multitud arribó a la plaza de los dos congresos luego de las 17.

El documento: tres nombres y un Estado señalado
El texto oficial abrió con una declaración que sintetizó la acumulación de once años de lucha: «El grito de hartazgo que hace once años salió a las calles«. Las organizaciones convocantes dejaron en claro que la urgencia no disminuyó: según el Observatorio de Violencias de Género «Ahora Que Sí Nos Ven», entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género en Argentina, incluyendo 3.144 femicidios directos y vinculados, 46 transfemicidios y travesticidios, y 15 instigaciones al suicidio.
El documento puso en primer plano tres casos recientes que conmocionaron al país en días previos a la marcha: Agostina Vega, de 14 años, hallada muerta en un descampado de Córdoba el 30 de mayo; Dulce María Beatriz Candia, de 17 años, encontrada sin vida en una obra abandonada de Eldorado, Misiones, el 28 de mayo; y Noelia Romero, asesinada en Temperley. «Nos movilizamos cargando la tristeza y la rabia de los femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio más recientes y de todes les que ya no están», expresaron las organizaciones.
Córdoba en el banquillo: piden la renuncia del ministro de Seguridad
El caso de Agostina Vega ocupó un lugar central en el documento, que fue más allá del repudio al femicidio en sí para apuntar contra el aparato institucional que, según denunció el movimiento, falló sistemáticamente en proteger a la adolescente. El texto exigió la renuncia del Ministro de Seguridad cordobés Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por lo que las organizaciones calificaron como «la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad». El documento fue contundente: «Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado».
El único detenido por el crimen, Claudio Gabriel Barrelier, de 33 años, permanece preso con cargos por femicidio mientras la causa continúa bajo instrucción de la justicia provincial.
Antifeminismo de Estado: el ajuste con nombre propio
El documento denunció que el gobierno de Javier Milei «eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género» y señaló la complicidad de la mayoría de los gobiernos provinciales en ese proceso de vaciamiento. La socióloga e integrante del movimiento Luci Cavallero caracterizó el fenómeno como «antifeminismo de Estado», al señalar que los discursos de odio oficiales «habilitan umbrales de pasaje al acto distintos».
Las organizaciones feministas vienen denunciando que el gobierno libertario recortó el 89% del presupuesto destinado a la atención de la violencia machista desde su asunción. Frente a eso, el documento exigió la plena implementación de la Ley de Aborto, la Educación Sexual Integral y el reconocimiento del trabajo comunitario en los barrios populares.
La convocatoria oficial del colectivo articuló esos reclamos con la dimensión económica del ajuste: «Los transfeminismos para derrotar a Milei, al FMI y a sus cómplices» fue una de las consignas centrales de la jornada, que confluyó con los reclamos de jubilados y otros sectores afectados por las políticas de recorte.
El proyecto Losada y las «falsas denuncias»
El documento incluyó un párrafo de repudio expreso al proyecto impulsado por la senadora de la UCR Carolina Losada sobre las «falsas denuncias». Las organizaciones denunciaron que la iniciativa busca «blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian» y reafirmaron su compromiso de acompañar a madres protectoras, sobrevivientes, niños y adolescentes «en los tribunales, en el Congreso y en las calles». Bajo la consigna «No hay falsas denuncias, faltan denuncias«, las manifestantes rechazaron las revinculaciones forzadas y mencionaron casos emblemáticos como el de la niña Arcoiris en La Rioja.

La respuesta del Gobierno
En las horas posteriores a la marcha, voceros del gobierno de Milei intentaron minimizar la movilización al señalar que «no son todos los hombres ni las políticas» las responsables de la violencia de género, en una respuesta que las organizaciones feministas rechazaron de inmediato como un intento de esquivar la responsabilidad estatal que el movimiento lleva once años reclamando.
El cierre del documento condensó el espíritu de la jornada: «Contra el ajuste sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, vivas, libres y desendeudadas nos queremos. Frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; frente a la crueldad, más comunidad. Somos quienes sostenemos la vida y también quienes podemos transformarla. Hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos en las calles».
DDHH
20 años de ESI: Milei desfinancia la Ley que salva vidas
La Ley 26.150 de Educación Sexual Integral fue sancionada el 4 de octubre de 2006 y llega a sus 20 años con un presupuesto de apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
Entre 2017 y 2023, se registraron 15.699 casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en la Argentina, y en 8 de cada 10 casos el agresor pertenecía al círculo familiar o de confianza de la víctima.
Ese dato, relevado por Amnistía Internacional, no es una estadística abstracta: es el argumento más contundente para sostener que la Educación Sexual Integral no es una política optativa, sino una herramienta de protección concreta.
El 4 de octubre de 2026 se cumplen 20 años de la sanción de la Ley 26.150 de ESI, y la fecha llega con una paradoja que define la agenda del gobierno libertario: la ley existe, la demanda social crece, los números prueban su eficacia, y el Estado la desfinancia.
La ley fue sancionada el 4 de octubre de 2006 durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dos décadas después, según datos de ELA y ACIJ, el Presupuesto 2026 asigna a la ESI apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023, en el marco de una caída del 89% en las principales políticas de género desde que asumió Javier Milei.
La ESI salva vidas: los números que el gobierno ignora
Una encuesta de Amnistía Internacional de 2025 señala que el 71% de los jóvenes de entre 16 y 30 años se manifiesta de acuerdo con la ESI. Según la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 85% de los estudiantes de nivel secundario reconoce la ESI como necesaria e importante. Los estudios sobre el impacto de la ley muestran que la ESI contribuyó a reducir en un 49% la tasa de fecundidad en niñas y adolescentes de 10 a 19 años, y que el 80% de los niños, niñas y adolescentes que denunciaron abusos lo hicieron luego de tener una clase de ESI en la escuela.
A eso se suman los datos sobre violencia digital: según UNICEF (2025), más de 107.900 casos de explotación infantil fueron impulsados por inteligencia artificial, y más del 37% de los jóvenes reporta exposición a imágenes obscenas o pornográficas, mientras que un 24% señaló haber accedido a contenido de violencia extrema. Los territorios digitales son ya espacios donde niñeces y adolescencias se vinculan, exploran y también padecen violencias que la ESI todavía no ha terminado de incorporar.
La Guía Ema: cuando una adolescente nos puso de cara a la violencia digital
En ese contexto nació la Guía Ema. La herramienta lleva el nombre de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años que se suicidó luego de que un compañero viralizara imágenes íntimas sin su consentimiento, un caso que sacudió a la comunidad educativa y que impulsó a su familia y a organizaciones sociales a construir una respuesta colectiva. La Guía, elaborada junto a la diputada Mónica Macha, impulsora histórica de la ESI, aporta herramientas para abordar las violencias digitales de género en el ámbito educativo, promoviendo información, consentimiento y vínculos cuidados.
Macha lo sintetizó: «Se cumplen 20 años de la Ley de Educación Sexual Integral. Una ley que vino a transformar y reparar.» Y sumó: «La Guía Ema viene a sumar herramientas a la ESI porque nos permite pensar el consentimiento en los entornos digitales, territorios que también habitan las niñeces y adolescencias. Hoy, y siempre, más escucha y más protección. Y, sobre todo, más ESI para crear otros mundos.»
La herramienta parte de un principio rector: «Una imagen o un video puede haber sido creado con consentimiento, pero su difusión o viralización sin autorización es una forma de violencia.« En ese punto, la Guía Ema articula la Ley Olimpia, que incorporó la violencia digital como modalidad de violencia de género, con la pedagogía de la ESI.
El gobierno que desfinancia y deroga
El contraste entre la demanda social y la decisión política del gobierno de Milei no admite matices. El Presupuesto 2026 no proyecta capacitar a ningún docente en ESI ni brindar asistencia técnica en ninguna provincia. Las metas directamente desaparecieron del texto presupuestario.
En 2025, el gobierno también derogó por decreto el artículo 3° de la Ley 27.234, que establecía la obligatoriedad de realizar al menos una jornada anual de prevención de la violencia de género en los establecimientos educativos. La Línea 144, principal canal de atención a víctimas de violencia, redujo un 45% su planta de trabajadoras luego de perder dos tercios de su presupuesto en 2024.
El propio Milei había anticipado su postura en 2023, cuando definió la ESI como parte de la ideología de género. Sus aliados en el Congreso fueron más lejos: hubo legisladores de La Libertad Avanza que propusieron reemplazarla por pornografía. El resultado político de esa agenda se tradujo en números: las principales políticas destinadas a prevenir y atender la violencia de género cayeron un 89% desde 2023, según el análisis de ELA y ACIJ sobre el Presupuesto 2026.
La ESI es revolucionaria: habilita voces y pone nombre a violencias
Frente al vaciamiento, la demanda crece y la sociedad responde. Los datos de Amnistía (2025) que muestran que el 71% de los jóvenes apoyan la ESI son también una lectura política: el discurso anti-ESI del gobierno no encontró anclaje en quienes más la necesitan. Las organizaciones de derechos humanos, los movimientos feministas y las comunidades educativas celebraron el 20° aniversario con la misma consigna que atraviesa dos décadas de lucha: más ESI, no menos. La ESI es revolucionaria porque habilita voces y pone nombre a violencias invisibilizadas y naturalizadas. Eso, exactamente, es lo que el gobierno de Milei decidió desfinanciar en el año en que la ley cumple su mayoría de edad.
Lo que tenés que saber de la sanción de la ESI
- La Ley 26.150 de ESI cumple 20 años. El Presupuesto 2026 le asigna apenas 30 millones de pesos, el 2% de lo ejecutado en 2023.
- Entre 2017 y 2023 se registraron 15.699 casos de niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual; en 8 de cada 10, el agresor era del entorno familiar o de confianza.
- La diputada Mónica Macha presentó la Guía Ema, herramienta educativa para abordar la violencia digital de género, en memoria de Ema Bondaruk.
- El gobierno de Milei derogó la obligatoriedad de jornadas de prevención de violencia de género en escuelas y las políticas de género cayeron un 89% en el Presupuesto 2026.
- El 85% de los estudiantes secundarios reconoce la ESI como necesaria e importante, y el 80% de quienes denunciaron abusos lo hicieron tras tener una clase de ESI.
Foto: Redes @LLUVIADIBUJA
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