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★ Maximiliano Pullaro es uno de los gobernadores más fervientes impulsores de la baja de edad de imputabilidad en Argentina. Desde su lugar como mandatario de Santa Fe, ha declarado en reiteradas oportunidades que «un chico de 14 o 15 años sabe perfectamente lo que hace» y que «el que comete un delito tiene que pagar», como arenga Patricia Bullrich, “el que las hace las paga”, sin importar su edad.

Sin embargo, la biografía del gobernador radical esconde un episodio que contradice brutalmente su postura actual: a los 14 años, Maximiliano Pullaro mató a su amigo Javier Romero, de 13 años, de un balazo en la cabeza mientras jugaban a la ruleta rusa en su casa de Hughes, provincia de Santa Fe. Nunca fue investigado, nunca fue juzgado, nunca pagó por ese crimen.

El caso que Pullaro mantiene en silencio

El 6 de septiembre de 1989, en el pueblo de Hughes, Maximiliano Pullaro tenía 14 años cuando Javier Romero murió de un disparo en la cabeza. Según la investigación publicada por Revista Anfibia en agosto de 2024, firmada por el periodista Osvaldo Aguirre, Pullaro sacó un revólver calibre 22, lo cargó con una bala y se puso a jugar a la ruleta rusa con su amigo.

Silvina Romero, hermana de Javier, relató a Anfibia los detalles de aquel día: «Fue después del almuerzo. Mi hermano estaba con un nene de su misma edad, Pedro Torres, y salieron a tomar un helado. En la heladería se encontraron con Pullaro, quien los invitó a jugar en su casa con videojuegos».

Según el testimonio de Pedro Torres, el único testigo del hecho, Pullaro «sacó un arma que estaba sobre un ropero, un revólver calibre 22, y lo cargó con una bala. Se puso a jugar a la ruleta rusa con mi hermano y gatilló varias veces hasta que salió la bala y quedó alojada en la cabeza de Javier».

Javier Romero falleció en el Sanatorio Delta de Rosario. Lo que siguió fue un encubrimiento sistemático: no hubo reconstrucción del hecho, no hubo autopsia y, lo más turbio, el certificado de defunción consignó que la muerte se produjo «por una enfermedad».

La madre de Javier, María Cristina Mighetto, firmó poco después un documento en el que renunció a ejercer derechos e iniciar acciones, en el marco de un juicio civil rápidamente cerrado entre abogados de ambas familias.

«Le dijeron a mi mamá que el juicio no iba a prosperar porque el certificado de defunción decía muerte por enfermedad y le pagaron una indemnización con la que ella hizo nueve nichos en el cementerio de Hughes, uno para mi hermano y los otros para el resto de la familia», contó Silvina Romero a Anfibia.

Amalia Granata hizo público el caso

En marzo de 2025, la diputada provincial Amalia Granata llevó el caso a la televisión durante una entrevista en el programa de Daniela Ballester en C5N, en pleno debate sobre la baja de la edad de imputabilidad.

Granata expuso la contradicción: Pullaro impulsa una ley que lo habría condenado a varios años de prisión por un hecho que él mismo cometió a los 14 años y por el que nunca rindió cuentas.

El gobernador respondió escuetamente en una entrevista con Radio EME en abril de 2025: «Son cosas que se dicen para herir» y «prefiero no responder agravios, la política debe mirar hacia adelante». O sea, nunca desmintió categóricamente el episodio.

La postura inflexible de Pullaro: «tiene que pagar»

A pesar de su historia personal, Pullaro se ha convertido en uno de los principales voceros de la mano dura contra menores que delinquen. Sus declaraciones recientes no dejan lugar a dudas.

Tras el asesinato de Jeremías Monzón en enero de 2026, Pullaro declaró: «Estoy completamente de acuerdo (con la baja). Lo vengo planteando desde que fui ministro de Seguridad. Nosotros pensamos que el que comete un delito lo tiene que pagar. Este chico tiene que pagar, no puede quedar impune lo que hizo».

En rueda de prensa del 23 de enero de 2026, el gobernador reforzó su postura: “No podemos evaluar que un chico de catorce o quince años no comprende las acciones que va a llevar adelante”. “El juzgamiento o la pena tiene que ver principalmente con el delito cometido y no con la edad de quien comete ese tipo de delito”, sostuvo Pullaro con certeza.

En entrevista con Infobae (29 de enero de 2026), Pullaro planteó: «Como ministro de Seguridad tuve el caso de un chico de 13 años que tenía en su haber cinco asesinatos. Un chico de 13 años con 5 asesinatos, ¿qué hacemos?«

Según sus propias palabras, desde hace 6 o 7 años (2018-2019, cuando era ministro de Seguridad del gobierno de Lifschitz) impulsa esta postura, aunque «fui muy criticado por todo lo que era el sistema garantista judicial y político que había en la República Argentina».

La lógica del proyecto: «el delito, no la edad»

Los impulsores de la baja de edad de imputabilidad sostienen que los menores son utilizados por bandas criminales para cometer delitos graves aprovechando la inimputabilidad que les otorga la ley actual.

El argumento central es que un menor de 14 o 15 años «comprende perfectamente» la gravedad de un homicidio, un robo con armas o una violación, y que por lo tanto debe responder penalmente por esos actos.

Los proyectos en discusión en el Congreso Nacional proponen:

• Bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años (algunos proyectos a 13)
• Juzgar según el delito cometido, no según la edad
• Establecer un régimen penal juvenil especial con penas reducidas
• Crear establecimientos especiales de detención para menores

Pablo Cococcioni, ministro de Justicia y Seguridad de Pullaro, fue más allá en enero de 2026: «Creemos que, respecto de los proyectos oficiales que están en discusión, deberíamos ir más lejos para habilitar la imputabilidad de menores, perforando el piso de los 14 años» para delitos aberrantes.

Pullaro se ha alineado políticamente con Patricia Bullrich, Javier Milei, Jorge Macri y Alfredo Cornejo en el impulso de este proyecto. El gobernador confirmó que si lo convocan al Congreso para el debate, «voy a estar presente» y va a plantear su posición.

La condena que Pullaro nunca cumplió

Si la ley que el gobernador impulsa hubiera estado vigente en 1989, Maximiliano Pullaro habría sido imputado y condenado por el homicidio de Javier Romero.

Según el análisis jurídico del caso, la carátula habría sido: Homicidio simple con dolo eventual agravado por uso de arma de fuego (Artículos 79 y 41 bis del Código Penal argentino).

El dolo eventual se configura cuando el autor se representa como posible el resultado muerte, acepta ese riesgo y actúa con total indiferencia. En el caso de la ruleta rusa, la doctrina penal argentina es unánime: constituye dolo eventual de homicidio, cuya pena en el régimen de adultos va de 10 años y 6 meses a 25 años de prisión.

Aunque en el proyecto libertario la pena probable consensuada en el régimen juvenil, según la iniciativa en discusión, establece una reducción de penas para menores: 5 a 12 años en establecimientos especiales.

Algunos juristas incluso podrían haber argumentado la figura de homicidio agravado por alevosía (Art. 80 inc. 2 CP), dado que la víctima estaba en situación de indefensión y confianza, lo que habría elevado la pena a prisión perpetua (reducida a 15-20 años en régimen juvenil).

La ironía es brutal: Pullaro impulsa una ley que, aplicada a su propio caso, lo habría condenado a varios años de prisión por un hecho que él cometió a los 14 años y por el que nunca rindió cuentas.

Mano dura con los menores, mano dura con los policías

La inflexibilidad de Pullaro no se limita a su postura sobre menores que delinquen. El gobernador también ha mostrado mano dura con los reclamos de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario provincial, que en los últimos días protagonizaron protestas por mejoras salariales y condiciones laborales.

Agentes activos y retirados de la Brigada Motorizada y Orden Público se manifestaron este lunes y martes frente a la Casa de Gobierno en la capital santafesina y en Rosario, con cortes de tránsito y quema de cubiertas en reclamo de incrementos salariales.

La respuesta del gobierno provincial fue contundente: el ministro Pablo Cococcioni anunció que 20 policías serán pasados a disponibilidad «con retiro de arma y de chaleco antibala», acusándolos de «abandono de servicio», «acciones violentas» y vínculos con «sectores desplazados» de la policía vinculados a «delitos de corrupción gravísimos».

El abogado de los policías autoconvocados se presentó en la Casa de Gobierno sin cita previa y fue atendido por una funcionaria de segunda línea, mientras Pullaro se reunía con el gobernador. No hubo propuesta salarial concreta ni medidas específicas para atender los reclamos.

Los efectivos policiales trabajan en uno de los distritos más peligrosos de Argentina, con la tasa de homicidios más alta del país hasta hace poco tiempo. Exponen su vida a diario en las calles de Rosario, una ciudad que durante años fue devastada por el narcotráfico y la violencia armada.

Sin embargo, el gobierno de Pullaro respondió a sus reclamos con sanciones disciplinarias en lugar de diálogo, en una muestra de que la mano dura que pregona el gobernador no distingue entre delincuentes y trabajadores que exigen mejoras.

Puntos clave:

• Pullaro impulsa la baja de imputabilidad a 14 años sosteniendo que «un chico de esa edad sabe lo que hace y tiene que pagar»

• A los 14 años, Pullaro mató a su amigo Javier Romero (13) jugando a la ruleta rusa y nunca fue investigado ni juzgado

• Si la ley que impulsa hubiera estado vigente en 1989, Pullaro habría sido condenado a entre 5 y 12 años de prisión

• El caso fue documentado por Revista Anfibia en agosto de 2024 y expuesto públicamente por Amalia Granata en marzo de 2025

• Pullaro también muestra mano dura con los policías santafesinos que reclaman mejoras salariales: pasó a disponibilidad a 20 agentes sin ofrecer propuestas concretas ★