La Cámara de Diputados de la Nación aprobó, en votación general y particular, el proyecto de reforma del Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La iniciativa, que obtuvo 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, introduce cambios críticos en la definición de las áreas protegidas, limitando la salvaguarda ambiental únicamente a aquellos glaciares que cumplan con dimensiones específicas y funciones hídricas actualmente verificadas.

Durante la sesión, la diputada Natalia Zaracho (Unión por la Patria) manifestó un rechazo tajante a la medida, denunciando que la reforma responde a intereses corporativos por sobre la seguridad hídrica de las provincias. La legisladora enfatizó que esta votación pone en riesgo el recurso estratégico del agua para favorecer proyectos de inversión minera, señalando una contradicción entre el discurso de soberanía y la entrega de recursos naturales no renovables.

Entre la inversión y el riesgo hídrico

El punto de mayor conflicto radica en la modificación de la zona periglacial. Según denunciaron organizaciones socioambientales y organismos de derechos humanos, el nuevo texto permite actividades industriales en suelos congelados que antes estaban estrictamente resguardados. Fuentes parlamentarias consultadas por este medio indicaron que la presión de los gobernadores de provincias cordilleranas fue determinante para inclinar la balanza a favor del sector extractivo.

Zaracho, de origen cartonero y referente de los movimientos populares, vinculó la reforma con un modelo de país que sacrifica el futuro ambiental por beneficios económicos inmediatos. En su intervención, advirtió que las consecuencias de la degradación de los glaciares afectarán principalmente a las comunidades más vulnerables, que dependen de las cuencas hídricas para su subsistencia básica.

Antecedentes de una ley amenazada

La Ley 26.639, sancionada originalmente en 2010, fue producto de una larga lucha de asambleas ciudadanas. Esta reforma representa el intento más severo de desmantelar sus principios rectores. Se investiga si la implementación de estos cambios entrará en colisión directa con tratados internacionales de protección climática firmados por la Argentina, lo que podría derivar en futuras presentaciones ante la Justicia Federal por inconstitucionalidad.