Denuncia
Adorni, el gremialista narco: se afilió al sindicato de delivery con una empresa fantasma de un procesado
El jefe de Gabinete declaró trabajar como repartidor en Tesir SRL en 2019, cuando ya era panelista de La Nación+. El fundador de esa firma, Jacinto Gómez Bogado, había sido detenido en Ezeiza en 2012 por tráfico de estupefacientes. El mismo año de su afiliación, Adorni ya ejercía como Secretario Adjunto del sindicato.
Adorni se afilió a un gremio de delivery con una empresa fantasma fundada por un procesado por narcotráfico
★ Un nuevo capítulo se abre en torno a la figura de Manuel Adorni, jefe de Gabinete del gobierno de Javier Milei, cuya trayectoria previa al cargo acumula interrogantes que la justicia federal ya comenzó a examinar. Un informe del programa Telenueve Denuncia reveló que en 2019, cuando Adorni era panelista estable de La Nación+, se afilió al Sindicato Argentino de Empleados de Delivery y Afines (SAEDA) declarando trabajar como repartidor en una empresa llamada Tesir SRL, firma que no registra facturación, no tiene empleados activos y fue fundada por un ciudadano paraguayo que había sido procesado y detenido por narcotráfico.
El dato no es menor. Adorni enfrenta ya una causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita ante el juez federal Ariel Lijo (Juzgado Federal N°4) y el fiscal Gerardo Pollicita (Fiscalía Federal N°11), que investiga propiedades no declaradas, vuelos privados pagados por terceros y vínculos comerciales con el periodista Marcelo Grandio. Y en el marco del caso $LIBRA, el querellante Martín Romeo lo identificó como uno de los 16 imputados a quienes solicitó llamar a indagatoria ante el fiscal federal Eduardo Taiano. Este nuevo capítulo agrega otra capa a un perfil que el gobierno no logra limpiar.
Una empresa sin empleados ni facturación
Según la documentación verificada por Telenueve Denuncia, Tesir SRL fue constituida el 26 de abril de 2018 tal como consta en el Boletín Oficial de la República Argentina. Su fundador fue Jacinto Gómez Bogado, de nacionalidad paraguaya. Lo que también consta, pero esta vez en registros judiciales, es que en diciembre de 2012 Gómez Bogado fue procesado y detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza por actividades en infracción a la ley 23.737, la norma argentina que regula el tráfico y la comercialización de estupefacientes.
La investigación judicial describió una operación de venta de cocaína de alto volumen en un departamento ubicado en Tucumán 730, en pleno centro de la Ciudad de Buenos Aires. Testimonios incorporados al expediente dieron cuenta de colas que llegaban a la escalera del edificio y de una mecánica de entrega a través de una mirilla en el primer piso. Al momento de su detención, a Gómez Bogado se le incautó dinero en efectivo y siete teléfonos celulares.
La cronología es determinante. Cuando Adorni declaró trabajar como repartidor para Tesir SRL, el proceso judicial contra Gómez Bogado todavía no había concluido. El hombre que figuraba como su empleador era, al momento de esa declaración, un imputado activo en una causa por narcotráfico.
Panelista de televisión afiliado como delivery
El contraste resulta difícil de ignorar. En 2019, Adorni no era un trabajador informal en busca de cobertura sindical. Era un economista y comunicador con presencia diaria en pantalla en uno de los canales informativos más visibles del país. Sin embargo, declaró ante el SAEDA trabajar como repartidor en Tesir SRL, una empresa que, según la verificación realizada por el citado programa de Telenueve, no registra facturación ante los organismos de recaudación, no figura como empleadora en ARCA (ex AFIP), no tiene empleados registrados y su última aseguradora de riesgos del trabajo, Federación Patronal, le rescindió el vínculo por falta de pago.
Dos años después de haberse anotado como repartidor, Adorni aparecía como Secretario Adjunto del mismo sindicato. El recorrido es, cuanto menos, inusual para alguien sin trayectoria gremial previa ni vinculación documentada con el sector del delivery. No hay registro público de actividad sindical anterior ni de vínculo orgánico de Adorni con ese mundo antes de este episodio.
Dos empresas, un mismo domicilio y la misma escribana
El informe de Telenueve Denuncia también detectó que el domicilio legal de Tesir SRL, en el departamento 6°C de la calle Pasteur 734 de la Ciudad de Buenos Aires, coincide con la sede registrada de otra empresa: Delivery Grupal Entrega SRL. Esta segunda firma comparte el mismo objeto social que Tesir, fue fundada por un socio de nacionalidad peruana y una ciudadana paraguaya de apellido Gómez Bogado, con alta probabilidad de ser familiar del fundador de Tesir, y tampoco registra actividad ni CUIT activo. Para cerrar el círculo, el acta de constitución de Delivery Grupal Entrega SRL fue certificada por la misma escribana que refrendó los estatutos de Tesir SRL.
Esa escribana es Adriana Nechevenko, nombre que ya había aparecido en la causa por enriquecimiento ilícito que instruye el juez Lijo. Nechevenko salió a defender públicamente a Adorni cuando comenzaron a circular las primeras versiones sobre sus propiedades irregulares. Lo que no se mencionó en ese momento es que la escribana tiene su propio antecedente en causas vinculadas al crimen organizado: actuó como testigo de parte en un juicio en el que sus clientes fueron condenados por tráfico de efedrina, el precursor químico utilizado en la producción de metanfetaminas. No es una condena sobre Nechevenko; en ese proceso actuó en calidad de testigo. Pero es un dato que completa un cuadro donde los vínculos entre el entorno del jefe de Gabinete y causas penales vinculadas a sustancias controladas se repiten con una frecuencia que difícilmente pueda atribuirse a la casualidad.
Sin respuesta pública
Adorni no respondió públicamente por qué declaró trabajar como repartidor siendo panelista de televisión, qué funciones cumplía realmente en Tesir SRL, qué vínculo real tuvo con esa empresa, cómo alcanzó en dos años la Secretaría Adjunta del SAEDA sin antecedentes gremiales, ni qué sabía, o debería haber sabido, sobre los antecedentes penales del hombre que figuraba como su empleador.
El silencio del funcionario contrasta con el volumen de evidencia documental disponible. Todos los datos enumerados en este artículo son verificables en fuentes públicas: el Boletín Oficial, los registros judiciales, los organismos de recaudación y los registros mercantiles. Lo que no consta en ninguno de esos registros es una explicación.
Puntos clave:
- En 2019, Manuel Adorni declaró trabajar como repartidor en Tesir SRL para afiliarse al sindicato de delivery SAEDA, pese a ser panelista de La Nación+.
- El fundador de Tesir, Jacinto Gómez Bogado, fue procesado y detenido en 2012 en Ezeiza por infracción a la ley de narcotráfico 23.737; su causa aún no había concluido cuando Adorni declaró trabajar para él.
- Tesir SRL no registra facturación, no tiene empleados activos y su aseguradora le rescindió el contrato por falta de pago; es, en los hechos, una empresa fantasma.
- Tesir y otra firma sin actividad real, Delivery Grupal Entrega SRL, comparten el mismo domicilio legal, los mismos apellidos entre sus fundadores y la misma escribana: Adriana Nechevenko, quien ya figura en la causa por enriquecimiento ilícito de Adorni.
- Adorni no dio ninguna explicación pública sobre su vínculo con Tesir ni sobre su rápido ascenso a Secretario Adjunto del SAEDA.
Denuncia
El jefe del ARCA ocultó propiedades en Miami por más de dos millones de dólares
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por omitir tres inmuebles en Estados Unidos y una red de sociedades offshore en sus declaraciones juradas. La ironía no es menor: el máximo responsable del organismo recaudador del país usó las mismas maniobras que debería controlar.
El jefe del ARCA ocultó propiedades en Miami por más de US$ 2 millones
★ El funcionario que conduce la agencia estatal encargada de recaudar impuestos y controlar el comercio exterior es, según una investigación judicial en curso, el mismo que omitió declarar tres propiedades en Miami valuadas en 2,1 millones de dólares y una trama de sociedades offshore radicadas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, pidió formalmente la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el propio organismo que dirige. El caso tramita ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien este lunes ordenó nuevas medidas de prueba para ampliar la pesquisa, en simultáneo con la defensa pública que el Gobierno libertario hizo del funcionario.
Un patrón que se repite en el oficialismo
El caso Vázquez no es el primero ni el único en la constelación de funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) con activos no declarados en el exterior. A fines de abril, https://elargentinodiario.com.ar/politica/22/04/2026/denuncian-a-carlos-frugoni-por-propiedades-en-miami-sin-declarar/«>este medio informó sobre la renuncia del exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, quien también omitió declarar departamentos de lujo en Miami y sociedades comerciales en Estados Unidos. El escándalo Vázquez repite la misma arquitectura: propiedades en Florida, pantallas societarias offshore y números que no cierran frente a los ingresos declarados. La diferencia es que Vázquez encabeza precisamente el organismo cuya función institucional es detectar y perseguir ese tipo de maniobras.
Tres inmuebles, dos pantallas panameñas y una holding en las Islas Vírgenes
Según el dictamen de Rodríguez, al que accedió Página/12, Vázquez es el titular beneficiario final de las sociedades «Alcorta Corp.», «Pompeya Group Corp.» (ambas panameñas) y «Galanthus Capital Limited» (radicada en las Islas Vírgenes Británicas), que controla a las dos primeras. Los nombres de las firmas guardarían relación con el Club Atlético Huracán: Alcorta es la avenida sobre la que se ubica el estadio del club; Pompeya, el barrio.
A través de esa estructura, el funcionario habría adquirido tres inmuebles:
- En enero de 2013, «Alcorta Corp.» compró la unidad 3504 del complejo Icon Brickell en la avenida Brickell 495 de Miami por 710.000 dólares, y un día después adquirió la unidad 2811 en la misma avenida (número 1060) por entre 350.000 y 400.000 dólares, según fuentes abiertas consultadas por la PIA.
- En 2015, «Pompeya Group Corp.» compró la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Collins 17.475, Sunny Isles, por 980.000 dólares.
Desde 2021, las autoridades formales de las dos sociedades panameñas son las hijas de Vázquez, Milagro y María Eva, además de «Galanthus». Ante el estudio de abogados Trident Trust, que instrumentó los trámites, el propio Vázquez consignó su domicilio en la calle Julieta Lanteri en Puerto Madero, su mail y su pasaporte argentino. El bufete lo calificó como Políticamente Expuesto. Además, su nombre figura como pagador de impuestos inmobiliarios de esas propiedades, su domicilio aparece asociado a las operaciones y él y su expareja recibieron un cheque de reembolso por devolución de impuestos. Sus hijas viven en el condominio Chateau Beach, edificado por el mismo grupo desarrollador de Chateau Puerto Madero, donde reside Vázquez.
Los números que no cierran
La PIA realizó un análisis patrimonial que concluye en una «manifiesta desproporción» entre los ingresos declarados y las compras realizadas. Cuando adquirió los dos primeros departamentos en enero de 2013, Vázquez declaraba disponibilidades totales de apenas 40.349 dólares en cuentas bancarias, entre Argentina y Miami. Un año antes, en 2012, su liquidez total no superaba esa misma cifra. Frente a una inversión aproximada de 1,1 millón de dólares en un solo mes, la brecha es, según el dictamen, inexplicable a partir de los ingresos registrados.
La situación se repite en 2015: cuando «Pompeya» compró la suite en Sunny Isles por casi un millón de dólares, Vázquez tenía declarados 250.000 pesos en bancos argentinos, 700.000 pesos en efectivo y 14.813 dólares en Estados Unidos.
El dictamen también observa una operación inmobiliaria en Buenos Aires que llamó la atención de los investigadores. En diciembre de 2018, Vázquez compró un inmueble de 318 metros cuadrados en Juana Manso 1124 (edificio Los Molinos Building, de Faena Properties) a un valor declarado equivalente a 225.906 dólares. La empresa vendedora, Acontec SRL, lo había adquirido en 2015 por 777.518 dólares, lo que implicaría una pérdida patrimonial llamativa para la empresa. Para la PIA, el valor real del inmueble en 2018 rondaba los 2 millones de dólares; la diferencia entre el precio de mercado y el precio de escritura configuraría, según los investigadores, una posible maniobra para «encubrir el origen y/o destino de fondos».
La consultora que se prestaba plata a sí misma
En el andamiaje local, la PIA identificó a la Consultora San Andrés como otra pieza del esquema. La sociedad no tiene empleados, funciona en un inmueble del propio Vázquez por el que él mismo se paga un alquiler y tiene facturaciones al Casino de Buenos Aires, firma que el funcionario habría representado en al menos una inspección. La consultora habría otorgado un préstamo para la compra del departamento en Puerto Madero en 2010 y habría financiado también la adquisición de cinco vehículos entre 2010 y 2015, entre ellos un BMW X5 3.0 blindado. Para la Procuraduría, es dudoso que el préstamo haya existido realmente y señala que, según criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los autopréstamos de fondos de origen incierto son un indicador de posible lavado de activos en el sector inmobiliario.
El Gobierno defendió al funcionario mientras el juez avanzaba
Este lunes, en simultáneo con las nuevas medidas ordenadas por Martínez de Giorgi, el Gobierno de Javier Milei salió a defender públicamente a Vázquez esgrimiendo que había sido sobreseído en una causa anterior. En efecto, en 2007 el funcionario, entonces en la AFIP, figuró en un listado de personas que habrían movido fondos en negro a través de una cueva del BNP Paribas en Buenos Aires, con cuentas asociadas en Curazao y Luxemburgo. Fue sobreseído en 2022 por falta de respuesta de autoridades extranjeras. Pero, como señala el dictamen, aquella investigación no contemplaba los bienes y sociedades en Estados Unidos que son el objeto de la pesquisa actual.
La investigación fue revelada inicialmente en 2024 por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación y derivó en diversas denuncias que confluyeron en el Juzgado de Martínez de Giorgi y la Fiscalía de Marijúan. Las nuevas medidas ordenadas incluyen pedidos de informes a la propia ARCA sobre la Consultora San Andrés, al Colegio de Escribanos, al Registro de la Propiedad Automotor y al Banco Central. También se libraron exhortos internacionales para obtener información del Bank of America, el PNC Bank y el Wells Fargo Bank en Estados Unidos, además de requerimientos a la Embajada norteamericana y a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas.
Puntos clave
- La PIA pidió la indagatoria de Andrés Vázquez, jefe del ARCA, por omitir tres propiedades en Miami valuadas en 2,1 millones de dólares y una red de sociedades offshore en sus declaraciones juradas.
- El análisis patrimonial de la Procuraduría detecta una «manifiesta desproporción» entre los ingresos declarados y las compras realizadas: en enero de 2013 tenía menos de 41.000 dólares disponibles y compró inmuebles por 1,1 millón de dólares.
- La trama incluye dos sociedades panameñas y una holding en las Islas Vírgenes Británicas cuyos beneficiarios finales serían Vázquez y sus hijas.
- El Gobierno defendió al funcionario invocando un sobreseimiento de 2022 en una causa distinta, mientras el juez Martínez de Giorgi ordenaba nuevas medidas de prueba.
- El caso reproduce el patrón de otros funcionarios LLA con activos en Miami no declarados, como el exsecretario Carlos Frugoni, que renunció tras una denuncia similar.
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