Denuncia
El jefe del ARCA ocultó propiedades en Miami por más de dos millones de dólares
La Procuraduría de Investigaciones Administrativas pidió la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, por omitir tres inmuebles en Estados Unidos y una red de sociedades offshore en sus declaraciones juradas. La ironía no es menor: el máximo responsable del organismo recaudador del país usó las mismas maniobras que debería controlar.
El jefe del ARCA ocultó propiedades en Miami por más de US$ 2 millones
★ El funcionario que conduce la agencia estatal encargada de recaudar impuestos y controlar el comercio exterior es, según una investigación judicial en curso, el mismo que omitió declarar tres propiedades en Miami valuadas en 2,1 millones de dólares y una trama de sociedades offshore radicadas en Panamá y las Islas Vírgenes Británicas. La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal Sergio Rodríguez, pidió formalmente la indagatoria de Andrés Vázquez, titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por omisión maliciosa en sus declaraciones juradas ante la Oficina Anticorrupción (OA) y el propio organismo que dirige. El caso tramita ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien este lunes ordenó nuevas medidas de prueba para ampliar la pesquisa, en simultáneo con la defensa pública que el Gobierno libertario hizo del funcionario.
Un patrón que se repite en el oficialismo
El caso Vázquez no es el primero ni el único en la constelación de funcionarios de La Libertad Avanza (LLA) con activos no declarados en el exterior. A fines de abril, https://elargentinodiario.com.ar/politica/22/04/2026/denuncian-a-carlos-frugoni-por-propiedades-en-miami-sin-declarar/«>este medio informó sobre la renuncia del exsecretario de Coordinación de Infraestructura Carlos María Frugoni, quien también omitió declarar departamentos de lujo en Miami y sociedades comerciales en Estados Unidos. El escándalo Vázquez repite la misma arquitectura: propiedades en Florida, pantallas societarias offshore y números que no cierran frente a los ingresos declarados. La diferencia es que Vázquez encabeza precisamente el organismo cuya función institucional es detectar y perseguir ese tipo de maniobras.
Tres inmuebles, dos pantallas panameñas y una holding en las Islas Vírgenes
Según el dictamen de Rodríguez, al que accedió Página/12, Vázquez es el titular beneficiario final de las sociedades «Alcorta Corp.», «Pompeya Group Corp.» (ambas panameñas) y «Galanthus Capital Limited» (radicada en las Islas Vírgenes Británicas), que controla a las dos primeras. Los nombres de las firmas guardarían relación con el Club Atlético Huracán: Alcorta es la avenida sobre la que se ubica el estadio del club; Pompeya, el barrio.
A través de esa estructura, el funcionario habría adquirido tres inmuebles:
- En enero de 2013, «Alcorta Corp.» compró la unidad 3504 del complejo Icon Brickell en la avenida Brickell 495 de Miami por 710.000 dólares, y un día después adquirió la unidad 2811 en la misma avenida (número 1060) por entre 350.000 y 400.000 dólares, según fuentes abiertas consultadas por la PIA.
- En 2015, «Pompeya Group Corp.» compró la suite 904 del condominio Chateau Beach Residences, en Collins 17.475, Sunny Isles, por 980.000 dólares.
Desde 2021, las autoridades formales de las dos sociedades panameñas son las hijas de Vázquez, Milagro y María Eva, además de «Galanthus». Ante el estudio de abogados Trident Trust, que instrumentó los trámites, el propio Vázquez consignó su domicilio en la calle Julieta Lanteri en Puerto Madero, su mail y su pasaporte argentino. El bufete lo calificó como Políticamente Expuesto. Además, su nombre figura como pagador de impuestos inmobiliarios de esas propiedades, su domicilio aparece asociado a las operaciones y él y su expareja recibieron un cheque de reembolso por devolución de impuestos. Sus hijas viven en el condominio Chateau Beach, edificado por el mismo grupo desarrollador de Chateau Puerto Madero, donde reside Vázquez.
Los números que no cierran
La PIA realizó un análisis patrimonial que concluye en una «manifiesta desproporción» entre los ingresos declarados y las compras realizadas. Cuando adquirió los dos primeros departamentos en enero de 2013, Vázquez declaraba disponibilidades totales de apenas 40.349 dólares en cuentas bancarias, entre Argentina y Miami. Un año antes, en 2012, su liquidez total no superaba esa misma cifra. Frente a una inversión aproximada de 1,1 millón de dólares en un solo mes, la brecha es, según el dictamen, inexplicable a partir de los ingresos registrados.
La situación se repite en 2015: cuando «Pompeya» compró la suite en Sunny Isles por casi un millón de dólares, Vázquez tenía declarados 250.000 pesos en bancos argentinos, 700.000 pesos en efectivo y 14.813 dólares en Estados Unidos.
El dictamen también observa una operación inmobiliaria en Buenos Aires que llamó la atención de los investigadores. En diciembre de 2018, Vázquez compró un inmueble de 318 metros cuadrados en Juana Manso 1124 (edificio Los Molinos Building, de Faena Properties) a un valor declarado equivalente a 225.906 dólares. La empresa vendedora, Acontec SRL, lo había adquirido en 2015 por 777.518 dólares, lo que implicaría una pérdida patrimonial llamativa para la empresa. Para la PIA, el valor real del inmueble en 2018 rondaba los 2 millones de dólares; la diferencia entre el precio de mercado y el precio de escritura configuraría, según los investigadores, una posible maniobra para «encubrir el origen y/o destino de fondos».
La consultora que se prestaba plata a sí misma
En el andamiaje local, la PIA identificó a la Consultora San Andrés como otra pieza del esquema. La sociedad no tiene empleados, funciona en un inmueble del propio Vázquez por el que él mismo se paga un alquiler y tiene facturaciones al Casino de Buenos Aires, firma que el funcionario habría representado en al menos una inspección. La consultora habría otorgado un préstamo para la compra del departamento en Puerto Madero en 2010 y habría financiado también la adquisición de cinco vehículos entre 2010 y 2015, entre ellos un BMW X5 3.0 blindado. Para la Procuraduría, es dudoso que el préstamo haya existido realmente y señala que, según criterios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), los autopréstamos de fondos de origen incierto son un indicador de posible lavado de activos en el sector inmobiliario.
El Gobierno defendió al funcionario mientras el juez avanzaba
Este lunes, en simultáneo con las nuevas medidas ordenadas por Martínez de Giorgi, el Gobierno de Javier Milei salió a defender públicamente a Vázquez esgrimiendo que había sido sobreseído en una causa anterior. En efecto, en 2007 el funcionario, entonces en la AFIP, figuró en un listado de personas que habrían movido fondos en negro a través de una cueva del BNP Paribas en Buenos Aires, con cuentas asociadas en Curazao y Luxemburgo. Fue sobreseído en 2022 por falta de respuesta de autoridades extranjeras. Pero, como señala el dictamen, aquella investigación no contemplaba los bienes y sociedades en Estados Unidos que son el objeto de la pesquisa actual.
La investigación fue revelada inicialmente en 2024 por el periodista Hugo Alconada Mon en La Nación y derivó en diversas denuncias que confluyeron en el Juzgado de Martínez de Giorgi y la Fiscalía de Marijúan. Las nuevas medidas ordenadas incluyen pedidos de informes a la propia ARCA sobre la Consultora San Andrés, al Colegio de Escribanos, al Registro de la Propiedad Automotor y al Banco Central. También se libraron exhortos internacionales para obtener información del Bank of America, el PNC Bank y el Wells Fargo Bank en Estados Unidos, además de requerimientos a la Embajada norteamericana y a las autoridades de las Islas Vírgenes Británicas.
Puntos clave
- La PIA pidió la indagatoria de Andrés Vázquez, jefe del ARCA, por omitir tres propiedades en Miami valuadas en 2,1 millones de dólares y una red de sociedades offshore en sus declaraciones juradas.
- El análisis patrimonial de la Procuraduría detecta una «manifiesta desproporción» entre los ingresos declarados y las compras realizadas: en enero de 2013 tenía menos de 41.000 dólares disponibles y compró inmuebles por 1,1 millón de dólares.
- La trama incluye dos sociedades panameñas y una holding en las Islas Vírgenes Británicas cuyos beneficiarios finales serían Vázquez y sus hijas.
- El Gobierno defendió al funcionario invocando un sobreseimiento de 2022 en una causa distinta, mientras el juez Martínez de Giorgi ordenaba nuevas medidas de prueba.
- El caso reproduce el patrón de otros funcionarios LLA con activos en Miami no declarados, como el exsecretario Carlos Frugoni, que renunció tras una denuncia similar.
Consumo
Más de 7 millones de argentinos podrían recuperar plata que Mercado Pago cobró de más con tasas excesivas
Una demanda colectiva que tramita en el Juzgado N° 24 de Buenos Aires apunta al gigante fintech por el cobro de intereses que superarían el 1300% anual. Si la justicia falla a favor de los consumidores, la restitución podría alcanzar a unos siete millones de usuarios en todo el país.
Tasas de interés que superan el 1300% anual, pagadas por millones de argentinos que recurrieron a la plataforma para financiar gastos cotidianos. Eso es lo que denuncia la Asociación de Consumidores Financieros de la República Argentina (ACFRA) en una demanda colectiva contra Mercado Pago que ya tiene expediente abierto en la justicia porteña y que podría derivar en la mayor restitución de fondos en la historia del sistema fintech local.
La acción judicial fue impulsada por el abogado Diego Espasandín, fundador de ACFRA, y tramita ante el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires. La entidad midió las tasas aplicadas por la empresa en sus productos de financiamiento y concluyó que los porcentajes cobrados exceden ampliamente cualquier parámetro razonable, alcanzando niveles que la organización califica como desproporcionados y contrarios a los derechos del consumidor.
Del préstamo individual a la acción colectiva
Aunque el expediente se originó a partir de dos presentaciones individuales, la estrategia jurídica de ACFRA apunta a convertir la causa en un proceso de alcance colectivo. La pretensión central es que el tribunal analice los montos cobrados durante los últimos tres años y ordene la devolución de las sumas que hubieran sido percibidas de forma indebida. Si la justicia hace lugar al planteo, la resolución podría beneficiar a aproximadamente siete millones de usuarios que se encuentran en idéntica situación.
Espasandín explicó en el streaming Contra Ataque que muchos de esos clientes recurrieron al financiamiento de la plataforma para resolver urgencias económicas concretas, necesidades puntuales para llegar a fin de mes, y terminaron atrapados en una espiral de costos financieros que los alejó aún más de cualquier posibilidad de recuperación. El modelo de negocio que se cuestiona no es una anomalía técnica, sino una práctica sistemática dirigida precisamente a los sectores con menor capacidad de negociación y mayor vulnerabilidad económica.
El contexto: desregulación y fintech sin techo
La denuncia no surge en el vacío. Desde la asunción de Javier Milei en diciembre de 2023, el gobierno nacional avanzó en la desregulación del sistema financiero bajo el argumento de la «libertad de mercado», eliminando o flexibilizando topes a las tasas de interés que operaban como límite para los prestadores no bancarios. En ese marco, las plataformas fintech expandieron su oferta de crédito hacia sectores de la población que no acceden al sistema bancario tradicional, muchas veces cobrando tasas que ningún banco habilitado podría aplicar sin enfrentar una sanción del Banco Central.
La paradoja es elocuente: la desregulación que se presentó como una herramienta de inclusión financiera terminó generando las condiciones para que los sectores más excluidos paguen los intereses más altos. Lo que en la Argentina de la economía popular se llama «préstamo de agiotista» ahora tiene aplicación, billetera virtual y cuotas automáticas.
El peso de la prueba y lo que viene
La demanda de ACFRA plantea un desafío técnico y político de envergadura. Por un lado, deberá demostrar ante el juzgado que las tasas cobradas configuran una práctica abusiva en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor y del Código Civil y Comercial, que prohíben las cláusulas que desnaturalizan las obligaciones y las que implican una ventaja desproporcionada para una de las partes. Por otro, cualquier fallo favorable implicará que el tribunal determine la forma en que se liquidará la deuda hacia millones de usuarios, un proceso de enorme complejidad operativa y financiera para la empresa.
Hasta el momento, Mercado Pago no realizó declaraciones públicas sobre el expediente. La causa continúa en etapa de sustanciación.
Puntos clave
- La demanda colectiva contra Mercado Pago tramita en el Juzgado N° 24 de la Ciudad de Buenos Aires.
- ACFRA denuncia tasas de interés que superan el 1300% anual en productos de financiamiento de la plataforma.
- La acción apunta a la revisión de los cobros de los últimos tres años y la devolución de sumas percibidas de forma indebida.
- Un fallo favorable podría beneficiar a unos siete millones de usuarios en todo el país.
- La causa se enmarca en el proceso de desregulación financiera impulsado por el gobierno de Milei desde diciembre de 2023.
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