★ A una semana del tiroteo en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, la investigación judicial abrió un nuevo frente: un segundo adolescente detenido, una posible planificación previa rastreada en redes sociales y un mapa de amenazas que ya se extendió a otras localidades santafesinas. La tragedia que mató a Ian Cabrera, de 13 años, sigue sumando capítulos mientras el Estado intenta responder a preguntas que debería haberse hecho antes.

Como informó este medio en su edición del domingo 5 de abril, el caso reveló desde el primer momento la distancia entre el discurso de la seguridad y la realidad de las instituciones: un chico de 15 años ingresó a su escuela con una escopeta en la mochila durante el acto de izamiento de bandera, mató a un compañero que cursaba primer año desde hacía apenas días e hirió a otros ocho. Nadie lo vio venir. O nadie quiso verlo.

El encubrimiento: otro adolescente detenido en la ruta

Este lunes, la Policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo a un joven de 16 años en la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson, cuando viajaba en una camioneta junto a sus padres. Según confirmaron fuentes del caso, el adolescente «tenía vínculo con G.C., el agresor del hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque».

Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigaciones Criminales, sostuvo en conferencia de prensa que la naturaleza exacta del vínculo entre los dos jóvenes «saldrá pronto a la luz», sin confirmar por el momento si se trataba de una amistad. Virginia Coudannes, vocera del gobierno santafesino, adelantó que el marco del crimen «trasciende las fronteras de la provincia y del país», razón por la cual se convocó la intervención de organismos de contraterrorismo.

A diferencia del tirador, de 15 años, declarado no punible bajo la legislación vigente al momento del hecho, el joven de 16 puede ser imputado formalmente. La nueva Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, fue aprobada por el Congreso, pero su artículo 52 establece que entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial, plazo que aún no se cumplió. Como ya señalamos en nuestra cobertura anterior, quienes aprovecharon el caso para reclamar más punición adolescente ignoraron este dato central: la ley nueva no hubiera cambiado el desenlace judicial.

Discord, masacres referenciadas y una planificación que se investiga

El fiscal a cargo de la causa, Luis Schiappa Pietra, describió durante la audiencia de formulación de cargos del viernes pasado la existencia de indicios sobre una posible planificación del ataque. «Este es un evento que había tenido una cierta planificación y que esa planificación además estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales», declaró el funcionario judicial.

Los investigadores concentran especial atención en conversaciones presuntamente realizadas por el agresor y otros jóvenes en la plataforma Discord, donde se habrían hecho referencias a masacres en escuelas de Estados Unidos y Serbia. El propio fiscal advirtió sobre la complejidad técnica de esos canales: «Son formas de comunicarse en redes mucho más complejas de lo que creemos, con mecanismos de ocultamiento de identidades, en comunidades muy cerradas.»

También se detectaron, en el supuesto perfil de G.C. en redes sociales, comentarios posteriores al tiroteo de distintos usuarios que celebraron los hechos y pidieron su liberación, lo que permite inferir la existencia de un entorno digital que normalizó la violencia antes y después de la masacre.

Sunchales: otro detenido y un revólver incautado

Este domingo se dio a conocer la detención de un tercer adolescente, también de 16 años, oriundo de Sunchales, acusado de haber publicado en redes sociales amenazas de nuevos ataques en colegios de Sunchales, Rafaela y otras localidades santafesinas. En el allanamiento a su domicilio, los efectivos incautaron un revólver con municiones y dispositivos electrónicos que serán analizados para determinar si fueron utilizados para publicar los mensajes.

El hecho expone una dimensión que la tragedia de San Cristóbal abrió sin cerrar: el efecto de contagio o emulación que generan este tipo de ataques cuando son amplificados sin los cuidados periodísticos y de salud mental necesarios, y cuando el Estado carece de protocolos de detección temprana en el ámbito escolar.

Lo que el Estado debe responder

La escuela pública no creó este problema. Lo que falló fue la red de contención que debería rodearla: equipos de salud mental en los colegios, protocolos de detección de crisis en adolescentes, control sobre el acceso a armas en el ámbito doméstico y dispositivos de intervención temprana antes de que la violencia se transforme en tragedia irreversible.

El ministro de Educación santafesino, José Goity, reconoció en su momento que el agresor atravesaba «una problemática intrafamiliar importante». Esa información existía. La pregunta que sigue sin respuesta es qué hizo el sistema con ella.

Ian Cabrera tenía 13 años. Llevaba apenas unos días en el secundario. Eso es lo que hay que recordar cada vez que el debate se desvíe hacia la imputabilidad, la mano dura o la disciplina escolar.

Puntos clave:

• Un adolescente de 16 años fue detenido este lunes en la ruta 11 acusado de encubrimiento, por haber tenido presunto conocimiento previo del tiroteo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.
• El fiscal Luis Schiappa Pietra confirmó que se investiga una posible planificación del ataque con vínculos en la plataforma Discord, donde se referenciaron masacres en escuelas de Estados Unidos y Serbia.
• Un tercer adolescente, de 16 años y oriundo de Sunchales, fue detenido por amenazas en redes sociales sobre nuevos ataques en colegios de la región; en su domicilio se incautó un revólver con municiones.
• El tirador, de 15 años, permanece no punible por la legislación vigente al momento del hecho; la nueva Ley 27.801 que baja la edad de imputabilidad a 14 años aún no entró en vigor.
• La causa reveló la ausencia de redes de contención estatales previas al ataque, pese a que el propio Ministerio de Educación reconoció que el agresor atravesaba una «problemática intrafamiliar importante».