Conectate con El Argentino

Investigación 🔎

San Cristóbal: detienen a otro adolescente por encubrir el tiroteo y la causa se expande a otras ciudades

Un joven de 16 años fue aprehendido en la ruta 11 acusado de haber tenido conocimiento previo del ataque en la Escuela Mariano Moreno, donde Ian Cabrera murió con solo 13 años. En simultáneo, otro adolescente fue detenido en Sunchales por amenazar con nuevos ataques en colegios de la región.

Publicado hace

#

★ A una semana del tiroteo en la Escuela Normal Superior N°40 «Mariano Moreno» de San Cristóbal, Santa Fe, la investigación judicial abrió un nuevo frente: un segundo adolescente detenido, una posible planificación previa rastreada en redes sociales y un mapa de amenazas que ya se extendió a otras localidades santafesinas. La tragedia que mató a Ian Cabrera, de 13 años, sigue sumando capítulos mientras el Estado intenta responder a preguntas que debería haberse hecho antes.

Como informó este medio en su edición del domingo 5 de abril, el caso reveló desde el primer momento la distancia entre el discurso de la seguridad y la realidad de las instituciones: un chico de 15 años ingresó a su escuela con una escopeta en la mochila durante el acto de izamiento de bandera, mató a un compañero que cursaba primer año desde hacía apenas días e hirió a otros ocho. Nadie lo vio venir. O nadie quiso verlo.

El encubrimiento: otro adolescente detenido en la ruta

Este lunes, la Policía de Investigaciones de Santa Fe detuvo a un joven de 16 años en la ruta nacional 11, a la altura de la localidad de Nelson, cuando viajaba en una camioneta junto a sus padres. Según confirmaron fuentes del caso, el adolescente «tenía vínculo con G.C., el agresor del hecho ocurrido en la escuela Mariano Moreno, y quedó aprehendido bajo la figura de encubrimiento, dado que la investigación indica que habría tenido conocimiento previo del ataque».

Rolando Galfrascoli, director provincial de Investigaciones Criminales, sostuvo en conferencia de prensa que la naturaleza exacta del vínculo entre los dos jóvenes «saldrá pronto a la luz», sin confirmar por el momento si se trataba de una amistad. Virginia Coudannes, vocera del gobierno santafesino, adelantó que el marco del crimen «trasciende las fronteras de la provincia y del país», razón por la cual se convocó la intervención de organismos de contraterrorismo.

A diferencia del tirador, de 15 años, declarado no punible bajo la legislación vigente al momento del hecho, el joven de 16 puede ser imputado formalmente. La nueva Ley 27.801, que baja la edad de imputabilidad a 14 años, fue aprobada por el Congreso, pero su artículo 52 establece que entrará en vigencia a los 180 días de su publicación en el Boletín Oficial, plazo que aún no se cumplió. Como ya señalamos en nuestra cobertura anterior, quienes aprovecharon el caso para reclamar más punición adolescente ignoraron este dato central: la ley nueva no hubiera cambiado el desenlace judicial.

Discord, masacres referenciadas y una planificación que se investiga

El fiscal a cargo de la causa, Luis Schiappa Pietra, describió durante la audiencia de formulación de cargos del viernes pasado la existencia de indicios sobre una posible planificación del ataque. «Este es un evento que había tenido una cierta planificación y que esa planificación además estaba atravesada por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales», declaró el funcionario judicial.

Los investigadores concentran especial atención en conversaciones presuntamente realizadas por el agresor y otros jóvenes en la plataforma Discord, donde se habrían hecho referencias a masacres en escuelas de Estados Unidos y Serbia. El propio fiscal advirtió sobre la complejidad técnica de esos canales: «Son formas de comunicarse en redes mucho más complejas de lo que creemos, con mecanismos de ocultamiento de identidades, en comunidades muy cerradas.»

También se detectaron, en el supuesto perfil de G.C. en redes sociales, comentarios posteriores al tiroteo de distintos usuarios que celebraron los hechos y pidieron su liberación, lo que permite inferir la existencia de un entorno digital que normalizó la violencia antes y después de la masacre.

Sunchales: otro detenido y un revólver incautado

Este domingo se dio a conocer la detención de un tercer adolescente, también de 16 años, oriundo de Sunchales, acusado de haber publicado en redes sociales amenazas de nuevos ataques en colegios de Sunchales, Rafaela y otras localidades santafesinas. En el allanamiento a su domicilio, los efectivos incautaron un revólver con municiones y dispositivos electrónicos que serán analizados para determinar si fueron utilizados para publicar los mensajes.

El hecho expone una dimensión que la tragedia de San Cristóbal abrió sin cerrar: el efecto de contagio o emulación que generan este tipo de ataques cuando son amplificados sin los cuidados periodísticos y de salud mental necesarios, y cuando el Estado carece de protocolos de detección temprana en el ámbito escolar.

Lo que el Estado debe responder

La escuela pública no creó este problema. Lo que falló fue la red de contención que debería rodearla: equipos de salud mental en los colegios, protocolos de detección de crisis en adolescentes, control sobre el acceso a armas en el ámbito doméstico y dispositivos de intervención temprana antes de que la violencia se transforme en tragedia irreversible.

El ministro de Educación santafesino, José Goity, reconoció en su momento que el agresor atravesaba «una problemática intrafamiliar importante». Esa información existía. La pregunta que sigue sin respuesta es qué hizo el sistema con ella.

Ian Cabrera tenía 13 años. Llevaba apenas unos días en el secundario. Eso es lo que hay que recordar cada vez que el debate se desvíe hacia la imputabilidad, la mano dura o la disciplina escolar.

Puntos clave:

  • Un adolescente de 16 años fue detenido este lunes en la ruta 11 acusado de encubrimiento, por haber tenido presunto conocimiento previo del tiroteo en la Escuela Mariano Moreno de San Cristóbal.
  • El fiscal Luis Schiappa Pietra confirmó que se investiga una posible planificación del ataque con vínculos en la plataforma Discord, donde se referenciaron masacres en escuelas de Estados Unidos y Serbia.
  • Un tercer adolescente, de 16 años y oriundo de Sunchales, fue detenido por amenazas en redes sociales sobre nuevos ataques en colegios de la región; en su domicilio se incautó un revólver con municiones.
  • El tirador, de 15 años, permanece no punible por la legislación vigente al momento del hecho; la nueva Ley 27.801 que baja la edad de imputabilidad a 14 años aún no entró en vigor.
  • La causa reveló la ausencia de redes de contención estatales previas al ataque, pese a que el propio Ministerio de Educación reconoció que el agresor atravesaba una «problemática intrafamiliar importante».

Desregulación

Aportaron $40 millones a LLA y se quedaron con AySA y la Hidrovía: así funciona el modelo de negocios libertario

Walter Román lideró el consorcio que el 8 de octubre presentó la mejor oferta para quedarse con el 90% de AySA, la empresa estatal de agua y saneamiento más grande del país. Su pariente Leonardo, mientras tanto, ya opera la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a la belga Jan de Nul. Una misma familia. Dos de las privatizaciones más estratégicas del ciclo Milei. Y $40 millones de aportes a la campaña de La Libertad Avanza que explican, al menos en parte, el acceso privilegiado al círculo del poder.

Publicado hace

#

El Argentino Diario-AySA.
Primero la Hidrovía, ahora el agua: los Román, la familia que se quedó con la infraestructura estratégica de Argentina.

Más de 11 millones de personas en el AMBA beben agua potabilizada por AySA. El 90% de las acciones de esa empresa acaba de tener la mejor oferta de compra por parte de un consorcio encabezado por Rowing S.A., la firma de Walter Román, quien, según consta en el registro público de aportantes privados de la Cámara Nacional Electoral, destinó 40 millones de pesos a la campaña de La Libertad Avanza a través de dos de sus empresas, Direct Group y Lógico. La apertura de sobres se realizó el 8 de octubre y la propuesta del consorcio Rowing-Arcos-Transclor-PHX ascendió a US$340,2 millones por el 90% del paquete accionario de la empresa, superando en un 19% la oferta del Grupo Roggio, su único competidor.

Cuatro meses antes, en junio de 2026, otro miembro del clan familiar ya había protagonizado uno de los negocios más grandes de la era libertaria: Servimagnus, firma liderada por Leonardo Román, sobrino de Walter, se convirtió en el socio local de la empresa belga Jan de Nul en la concesión de la Vía Navegable Troncal, la Hidrovía Paraná-Paraguay, una infraestructura estratégica por la que circula el 80% de las exportaciones argentinas y que concentra cerca de 60 terminales portuarias. Dos hermanos, dos privatizaciones, una familia.

El consorcio que se quedó con el agua

El consorcio que ganó la licitación de AySA está integrado por cuatro firmas. Rowing S.A., de Walter Román, tendrá el 20% de la participación accionaria; Transclor, de Mauricio Filiberti, apodado «El Rey del Cloro» por ser uno de los proveedores históricos de insumos para la potabilización de AySA; PHX AQUA AR B.V., un vehículo de inversión constituido en Londres en agosto de 2026, pocas semanas antes de la apertura de sobres; y Arcos Saneamento e Participações S.A., del Grupo Equipav de Brasil, que aportará el expertise técnico en operación de redes de agua y cloacas. PHX Aqua concentrará el 55% del paquete accionario dentro del grupo. La composición del consorcio generó cuestionamientos inmediatos desde la oposición, dado que uno de sus futuros accionistas es, hasta hoy, proveedor activo de la empresa que se dispone a adquirir.

La adjudicación fue habilitada por la Resolución 1722/2026 del Ministerio de Economía, firmada por Luis Caputo, en el marco de la Ley Bases (27742), que incluyó a AySA en la lista de empresas públicas sujetas a privatización. El proceso arrancó formalmente con los decretos 493 y 494 de julio de 2025, que establecieron el nuevo marco regulatorio y autorizaron la venta del 90% estatal. Se trata de la mayor privatización de infraestructura impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

Las resistencias judiciales que el Gobierno ignoró

La licitación avanzó pese a múltiples obstáculos judiciales. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ratificó una medida cautelar, promovida por el Defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que prohíbe al Gobierno modificar, reducir o alterar las obligaciones esenciales vinculadas a la prestación del servicio de agua potable y cloacas en la región metropolitana. La resolución alertó sobre un «riesgo inminente» de deterioro sanitario si la reestructuración corporativa desmantela los controles de calidad o valida el abandono de las más de 260 obras de infraestructura que el Ejecutivo mantiene paralizadas. La Cámara también ordenó girar la causa al fuero federal para que se resuelva si la privatización es legal o inconstitucional.

En paralelo, los senadores Adán Bahl y Jorge Capitanich y las diputadas Ana María Ianni y Florencia Carignano presentaron una denuncia ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, exigiendo que el Gobierno revele la tasación oficial de AySA y solicitaron que se frene la adjudicación. La pregunta que el Gobierno no quiso responder es cuánto vale realmente la empresa que acaba de vender.

La Hidrovía, el primer gran negocio de los Román

Servimagnus, la empresa con la que Leonardo Román se convirtió en el socio local de Jan de Nul en la concesión de la Hidrovía, se dedica al salvamento y desguace de buques, remoción de estructuras portuarias, izado de carga de proyecto, montaje de equipamiento portuario, balizamiento, dragado y obras hidráulicas. En septiembre de 2026, la nueva concesionaria Vía Navegable Argentina (VNA) inició operaciones con una baja del 13,5% en la tarifa de peaje, presentada por el consorcio como una señal de mejora logística. El negocio, sin embargo, es de una magnitud difícil de exagerar: la Hidrovía moviliza el 80% de las exportaciones argentinas y articula cerca de 60 terminales portuarias.

Los Román, en el entramado familiar, son herederos del patriarca Alfredo Simón Román, fundador de la empresa de transporte y logística que lo convirtió en «El zar de las grúas». Sus cuatro hijos, Alfredo, Ricardo, Oscar y Walter, separaron sus negocios en 1996. Desde entonces expandieron sus áreas de influencia hacia la infraestructura portuaria, la construcción, la logística y los servicios. En el ciclo de privatizaciones del Gobierno de Milei, dos ramas de esa misma familia se convirtieron en los grandes beneficiarios de la transferencia de activos estratégicos al sector privado.

Karina Román y el círculo rojo

La tercera cara visible del clan es Karina Román, hija de Alfredo y, por tanto, prima de Leonardo. Su nombre no figura en ninguna licitación millonaria, pero su presencia en el establishment local creció con fuerza en los últimos años. Karina es la figura central en la conducción de las inversiones del holding a través de Puerto Asís Investments, el vehículo que controla la participación del grupo en Exolgan, con negocios en puerto, agro, energía e inmuebles. Su perfil se consolidó en ámbitos como el Foro Llao Llao, la Universidad Di Tella y Endeavor, los tres espacios de construcción de consenso del empresariado argentino.

En el entorno de los Román insisten en que cada uno lleva adelante sus empresas de manera independiente y que no existen vínculos comerciales entre ellos. Lo que sí existe, y es de acceso público, es la relación entre Walter Román y La Libertad Avanza: 40 millones de pesos aportados a la campaña electoral, un dato que permite contextualizar el vínculo entre el empresario y el partido de gobierno que habilitó las dos privatizaciones más estratégicas de las que su familia resultó beneficiaria.

Lo que tenés que saber:

  • El consorcio encabezado por Rowing S.A., de Walter Román, presentó la oferta más alta por AySA: US$340,2 millones por el 90% de las acciones, con un compromiso de inversión de US$15.040 millones en 30 años.
  • Leonardo Román, pariente de Walter, ya opera la Hidrovía Paraná-Paraguay junto a Jan de Nul a través de Servimagnus, concesión ganada en junio de 2026.
  • Walter Román aportó $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza a través de dos empresas, según el registro público de la Cámara Nacional Electoral.
  • La privatización de AySA avanzó pese a una medida cautelar de la Justicia bonaerense y una denuncia en la Procuraduría de Investigaciones Administrativas presentada por legisladores de la oposición.
  • La Ley Bases (27742) habilitó la venta del 90% de AySA; la adjudicación se formalizó mediante la Resolución 1722/2026 firmada por el ministro Luis Caputo.
Seguir leyendo
El Argentino

El Argentino
El Argentino

Las más leídas

Descubre más desde El Argentino Diario

Suscríbete ahora para seguir leyendo y obtener acceso al archivo completo.

Seguir leyendo