Denuncia
El Banco Nación defiende los créditos millonarios a la casta libertaria mientras avanza la denuncia penal
El gerente zonal Mario Zagaglia y el presidente Darío Wasserman salieron a respaldar el esquema de préstamos hipotecarios millonarios que benefició a funcionarios, legisladores y militantes de La Libertad Avanza. La oposición impulsa pedidos de informes en el Congreso y se presentaron denuncias penales.
El BNA defiende los créditos a la casta hipotecaria de LLA mientras la oposición pide informes
★ Con el escándalo por los créditos millonarios del Banco de la Nación Argentina (BNA) todavía en ebullición, la cúpula de la entidad decidió salir a la cancha para hacer lo único que le quedaba por hacer: defenderse. Mario Zagaglia, gerente zonal y responsable de Banca Personas del banco estatal, afirmó que los préstamos hipotecarios otorgados a funcionarios y allegados a La Libertad Avanza (LLA) responden a «la transparencia y accesibilidad» propias del sistema, y negó categóricamente «cualquier trato preferencial o acomodo».
La declaración de Zagaglia llegó en medio de una tormenta política que este medio viene cubriendo en profundidad. Como informó El Argentino Diario el 1° de abril, el escándalo estalló cuando trascendió que el diputado nacional de LLA, Alejandro Bongiovanni, recibió un préstamo de 255 millones de pesos del BNA en enero de 2026; que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, accedió a 367 millones de pesos; y que Felipe Núñez, director del BICE y asesor del ministro de Economía Luis Caputo, cobró 475 millones de pesos, el monto más alto identificado entre los beneficiarios del círculo oficialista. Dos días después, el 3 de abril, este medio reveló que los diputados Santiago Santurio (340 millones), Mariano Campero (322 millones) y Lorena Villaverde (225 millones) completaban una lista que ya superaba los 1.500 millones de pesos en total.
La línea de defensa del banco
Zagaglia sostuvo que todos los créditos están sujetos a «procesos de aprobación estandarizados» y que «cumplen con los requisitos de solvencia exigidos a cualquier cliente». Su argumento central fue la línea +Hogares, que ofrece tasas preferenciales del 4,5% para usuarios que perciban haberes en el banco, plazos de hasta 30 años y montos de hasta aproximadamente 390 millones de pesos, cubriendo hasta el 75% del valor de la propiedad. Según el funcionario, también existen líneas de hasta 50 millones de pesos para monotributistas y trabajadores, abiertas al público general.
El presidente del BNA, Darío Wasserman, fue más explícito: aseguró que «no hubo irregularidades ni tratos preferenciales» y que todos los préstamos pasaron por «evaluación crediticia y el scoring habitual». Wasserman añadió que el banco «gestiona cuentas sueldo del sector público», lo que, según su razonamiento, eleva automáticamente el número de empleados estatales elegibles para estos beneficios.
El argumento, sin embargo, no resiste demasiado escrutinio. La defensa oficial ignora la pregunta de fondo que plantean tanto la oposición como la ciudadanía: si los créditos son tan accesibles y transparentes, ¿por qué la concentración de beneficiarios recae sistemáticamente sobre funcionarios y legisladores que votan en línea con el Ejecutivo?
La coincidencia que el banco no explica
Como reveló este medio en su cobertura del 3 de abril, las coincidencias entre la adjudicación de los créditos y los posicionamientos políticos de los beneficiarios son llamativas. Alejandro Bongiovanni inició su trámite en junio de 2025, en pleno «boom de los créditos hipotecarios» según sus propias palabras en redes sociales, y recibió los fondos en enero de 2026, apenas meses después de su salto formal del bloque del PRO al de La Libertad Avanza. Mariano Campero, uno de los diputados radicales que garantizó el blindaje legislativo a los vetos presidenciales contra jubilados y universidades, recibió sus fondos en mayo de 2025, en un período que coincide con su alineamiento creciente con el oficialismo.
Los beneficiarios desestimaron cualquier vínculo entre sus decisiones políticas y el acceso a los préstamos. Ninguno de los consultados por este medio aportó documentación que acredite las condiciones específicas bajo las que se aprobaron sus carpetas.
La pregunta que nadie responde: ¿hubo dictámenes negativos?
El trasfondo más grave del caso no son los montos sino el proceso. El diputado opositor Esteban Paulón presentó pedidos de informes ante el Banco Nación, el Banco Central y el Poder Ejecutivo para determinar si el directorio del banco, conducido en su momento por Daniel Tillard, dictó resoluciones excepcionales para aprobar carpetas que tenían dictámenes técnicos desfavorables en las áreas de riesgo. Hasta el cierre de esta edición, esa pregunta no tuvo respuesta oficial.
La revelación de que tres de los beneficiarios más salientes, Juan Pedro Inchauspe (del BCRA), Felipe Núñez y Federico Furiase, pertenecen al círculo íntimo del Palacio de Hacienda refuerza las sospechas sobre la naturaleza de las aprobaciones. En paralelo, sectores de la oposición presentaron denuncias penales por estas operaciones, aunque aún no se confirmó formalmente ante qué juzgado ni con qué carátula.
El discurso anti-casta y el espejo roto
La paradoja política que envuelve al caso no es menor. El Gobierno de Javier Milei construyó buena parte de su identidad política sobre la guerra declarada a «la casta», ese difuso pero efectivo concepto con el que bautizó a los políticos que, según su diagnóstico, viven a expensas del Estado. Mientras el Ejecutivo promueve recortes en áreas sociales, ajusta jubilaciones, reduce el presupuesto universitario y avanzó en su momento con la propuesta de privatizar el propio Banco Nación, sus representantes utilizan la estructura de esa misma banca pública para resolver sus necesidades habitacionales con montos que resultan inaccesibles para el grueso de la población trabajadora.
La Central de Deudores del Banco Central refleja estas obligaciones financieras que, en el contexto de un gobierno que predica la austeridad y ataca las instituciones públicas, adquieren una dimensión política que va mucho más allá de un simple trámite bancario.
Puntos clave
- El Banco Nación, a través de su gerente zonal Mario Zagaglia y su presidente Darío Wasserman, defendió el esquema de créditos hipotecarios otorgados a funcionarios y legisladores de La Libertad Avanza.
- El escándalo involucra a beneficiarios identificados por este medio: Felipe Núñez (475 millones de pesos), Federico Furiase (367 millones), Santiago Santurio (340 millones), Mariano Campero (322 millones), Alejandro Bongiovanni (255 millones) y Lorena Villaverde (225 millones), entre otros.
- El diputado opositor Esteban Paulón presentó pedidos de informes para determinar si hubo dictámenes técnicos desfavorables que fueron ignorados por el directorio del banco.
- Sectores de la oposición impulsaron denuncias penales por estas operaciones crediticias.
- Ninguno de los funcionarios consultados ni el Banco Nación respondieron sobre las condiciones específicas de aprobación de los préstamos.
Denuncia
ANDIS: piden la detención de Spagnuolo por sobreprecios y pagos duplicados
El abogado Gregorio Dalbón reclamó al juez Ariel Lijo la detención inmediata del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Invocó riesgo de entorpecimiento y de fuga tras nuevos informes que revelan compras con precios inflados, pagos repetidos y productos entregados que no coincidían con lo adjudicado.
Diferencias de precios de extraordinaria magnitud, pagos duplicados, errores de categorización y productos entregados que no se correspondían con los adjudicados. Ese es el cuadro que dibujan los nuevos informes incorporados a la causa por las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y sobre esa base se pidió este lunes que el extitular del organismo, Diego Spagnuolo, deje de transitar el expediente en libertad.
El pedido lo formuló el abogado Gregorio Dalbón, denunciante en la causa, mediante un escrito presentado ante el juez federal Ariel Lijo, subrogante del Juzgado Federal N° 11. La presentación llegó pocos días después de que la Sala II de la Cámara Federal porteña, integrada por los jueces Eduardo Farah y Roberto Boico, confirmara el procesamiento de Spagnuolo y de otras 18 personas, acusadas de conformar una asociación ilícita dedicada a direccionar la compra de medicamentos e insumos médicos hacia determinados laboratorios y empresas, a cambio de coimas y con sobreprecios.
Un saqueo en serie, no un error administrativo
Dalbón fundó el pedido en los resultados de la auditoría que el entonces interventor de la agencia remitió al juzgado y al fiscal Franco Picardi, a cargo de la investigación. Según el escrito, esos informes permiten ver que las irregularidades no fueron episodios sueltos sino una práctica extendida durante toda la gestión del exfuncionario.
«No se trata, entonces, de una única irregularidad aislada ni de una mera diferencia de criterio administrativo. Los elementos recientemente incorporados describen una multiplicidad de operaciones, proveedores y modalidades de contratación en las que se habrían producido significativas afectaciones al patrimonio público, durante el período en que Diego Spagnuolo se encontraba al frente de ANDIS», sostuvo el texto.
El dinero en disputa no es abstracto: es el presupuesto destinado a medicamentos, prótesis e insumos para personas con discapacidad, uno de los sectores más castigados por el ajuste libertario. Una auditoría interna ya había detectado un desfasaje de $158.717 millones en los registros del organismo, dato que se conoció la misma semana en que la Cámara confirmó los procesamientos.
El fallo de la Cámara, además, dejó asentado que Spagnuolo mantuvo encuentros frecuentes con el lobista y empresario Miguel Ángel Calvete, titular de varias de las firmas beneficiadas, entre ellas Indecomm SRL y Droguería Profarma SA. Las pruebas incorporadas al expediente indican que Indecomm transfirió $5.000.000 al exfuncionario y costeó muebles para su vivienda en un barrio cerrado, pagos que fueron registrados bajo conceptos comerciales ficticios.
Riesgo de entorpecimiento y peligro de fuga
El eje del planteo es procesal. Dalbón advirtió sobre el «peligro de entorpecimiento» y sobre la posibilidad de que Spagnuolo «destruya, modifique, oculte, suprima o falsifique elementos de prueba» o «influya para que testigos o peritos» alteren sus aportes a la causa. El abogado recordó que entre las medidas aún pendientes figura el peritaje de los audios filtrados, que debe determinar científicamente si la voz de las grabaciones que dieron origen a la investigación pertenece al extitular de la agencia. Spagnuolo ya se había negado a aportar una muestra de su voz para ese examen.
El escrito también pidió evaluar el «peligro de fuga». Dalbón señaló que sobre el exfuncionario pesa desde el inicio una prohibición de salida del país y recordó que, durante los allanamientos, Spagnuolo no fue localizado en los domicilios buscados y apareció después dentro de un country de Pilar. Para el denunciante, las restricciones vigentes ya no alcanzan para garantizar que la investigación avance sin obstáculos.
«La detención aparece como la medida necesaria y proporcional para asegurar la comparecencia de Spagnuolo y, fundamentalmente, para preservar la integridad de la investigación», concluyó la presentación. La decisión queda ahora en manos de Lijo, quien deberá determinar si existen riesgos procesales concretos que justifiquen una medida de esa magnitud.
Una causa que sigue golpeando al oficialismo
Spagnuolo no era un funcionario cualquiera: fue abogado personal de Javier Milei y llegó a la conducción de la ANDIS por decisión del propio Presidente. Los audios que detonaron el escándalo, en los que se describía un mecanismo de cobro de porcentajes a proveedores, pusieron bajo sospecha al círculo más cercano del poder libertario.
Mientras el Gobierno recortó prestaciones, pensiones y programas para personas con discapacidad en nombre del equilibrio fiscal, la Justicia reconstruye un esquema que habría convertido ese mismo presupuesto en fuente de negocios privados. El caso se suma a otros expedientes que tramitan en el mismo juzgado y que complican a figuras del oficialismo, como la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Lo que tenés que saber:
- El abogado Gregorio Dalbón, denunciante en la causa, pidió al juez Ariel Lijo la detención inmediata de Diego Spagnuolo, extitular de la ANDIS.
- El pedido se basa en informes que detectaron diferencias de precios de gran magnitud, pagos duplicados y productos entregados distintos a los adjudicados.
- La Cámara Federal confirmó días atrás el procesamiento de Spagnuolo y de otras 18 personas por asociación ilícita.
- Dalbón invocó riesgo de entorpecimiento de la investigación y peligro de fuga.
- Sigue pendiente el peritaje de los audios atribuidos a Spagnuolo, quien se negó a aportar una muestra de su voz.
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