Karina Milei usó la «trama rusa» para purgar periodistas críticos

★ El Gobierno de Javier Milei dio este lunes un paso inédito en su ofensiva contra la prensa crítica: revocó las acreditaciones de periodistas con acceso habitual a la Casa Rosada, invocando una presunta vinculación de sus medios con una red de desinformación financiada por el espionaje ruso. La medida, ejecutada por orden de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, se concretó sin previo aviso, sin notificación formal y sin derecho a réplica para los trabajadores de prensa afectados.

Bajo una llovizna que cubría Buenos Aires, una agente de la Policía Federal y un efectivo de la Casa Militar tomaban lista y chequeaban nombres en la pantalla de un celular. Así, varios periodistas acreditados se enteraron de que no podían ingresar al edificio. Uno de los afectados relató ante la agencia NA que, al mostrar sus credenciales, recibió como única respuesta que, por orden de la secretaria general de Presidencia, le revocaron la huella digital de ingreso. «No nos dieron más explicaciones», lamentó.

El argumento oficial y sus huecos

Voceros del Gobierno justificaron la medida como «preventiva hasta que se esclarezca la situación» y anticiparon que planean «citar uno por uno a los responsables y directivos de cada uno de esos medios». Llegaron incluso a advertir que, de comprobarse la vinculación con el espionaje ruso, se podría formular una denuncia por traición a la patria o injerencia de una nación extranjera.

El fundamento de la restricción es un artículo publicado la semana pasada por la organización británica openDemocracy, integrante de un consorcio internacional de medios de investigación que accedió a una filtración de 76 documentos de inteligencia rusos. Esa investigación reveló que un grupo de tareas conocido como «La Compañía», vinculado al Servicio de Inteligencia Exterior ruso (SVR) y considerado sucesor del disuelto Grupo Wagner, habría presupuestado US$ 283.000 para la publicación de más de 250 artículos en 23 medios digitales argentinos durante 2024, con el objetivo de desgastar la gestión libertaria.

Sin embargo, el propio consorcio fue explícito en sus limitaciones: los documentos registran tarifas acordadas por artículo, que iban de 350 a 3.100 dólares según el medio, pero la investigación no pudo verificar si esos pagos se realizaron efectivamente ni a quiénes fueron dirigidos. También advirtió que los registros contienen indicios de exageración, con algunos artículos duplicados en las planillas. El experto en medios Martín Becerra, consultado por openDemocracy, señaló además que el contenido publicado «consistía principalmente en malas noticias y comentarios críticos sobre la situación económica», nada que se destacara de la cobertura periodística habitual.

Pese a esas aclaraciones, el Gobierno eligió omitirlas y procedió a actuar como si los vínculos estuvieran probados.

Quiénes son los medios señalados

Entre los medios que aparecen en los documentos rusos figuran El Destape, A24, C5N, Ámbito, Tiempo Argentino, Infobae, Diario Registrado, Big Bang News y Realpolitik, entre otros. Todos negaron haber recibido dinero de fuentes rusas. El consorcio identificó además a dos ciudadanos rusos, Lev Konstantinovich Andriashvili e Irina Yakovenko, como presuntos responsables locales de la operación; ambos siguen residiendo en Buenos Aires sin procesamientos firmes, según verificó el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA).

En la Cámara de Diputados, el presidente del cuerpo, Martín Menem, replicó la decisión del Ejecutivo: le comunicó al Círculo de Periodistas Parlamentarios la suspensión de acreditaciones de los medios La Patriada, El Destape, A24 y Gritos del Sur, aclarando que la restricción no era «personal» con los periodistas, sino con los medios.

La réplica, sin embargo, no fue unánime. Desde el Senado, presidido por Victoria Villarruel, enfrentada públicamente con Milei, respondieron con claridad: «En el Senado no va a ocurrir».

Un patrón que se repite

La maniobra de este lunes no es un hecho aislado en la trayectoria del gobierno libertario frente a la prensa que lo incomoda. En septiembre de 2025, la Casa Rosada obtuvo una cautelar judicial que prohibió temporalmente a los medios difundir audios atribuidos a Karina Milei, presuntamente grabados dentro del edificio de gobierno. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, llegó a solicitar el allanamiento de los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, y de su lugar de trabajo, el canal de streaming Carnaval. La medida fue repudiada por constitucionalistas, organizaciones de prensa y un amplio arco político como un caso de censura previa, prohibida por la Constitución Nacional.

En esa misma línea, el propio Milei reaccionó al conocerse la trama rusa con un posteo en su cuenta de X en el que calificó a los periodistas y medios involucrados como «la punta del iceberg de algo mucho más grande» y prometió «llegar hasta las últimas consecuencias». La retórica de la persecución, en boca del presidente, no distingue entre responsabilidad probada y mera acusación.

Agenda propia: escándalos sin resolver

La purga a la prensa acreditada irrumpió en una semana cargada de urgencias para el Gobierno, que enfrenta varios frentes de conflicto simultáneos. El jefe de Gabinete Manuel Adorni arrastra desde hace casi un mes una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito, con foco en una compra inmobiliaria financiada por terceros de perfil incompatible con esa capacidad económica, vuelos en jet privado y visitas de una escribana a la Casa Rosada que el fiscal Gerardo Pollicita busca esclarecer, como informó oportunamente este medio.

A eso se suman la causa $Libra, en la que el propio Milei fue indagado por su presunta participación en la maniobra con la criptomoneda; la causa ANDIS, con denuncias de corrupción en la entrega de medicamentos; y el escándalo por los créditos hipotecarios millonarios del Banco Nación otorgados a legisladores, funcionarios y militantes de La Libertad Avanza.

En ese contexto, la «trama rusa» llegó como un salvavidas narrativo. El Gobierno la capitalizó para intentar correrse del banquillo y colocar a la prensa crítica en el lugar del acusado, sin esperar ni siquiera que la Justicia confirme un solo cargo.

Puntos clave:

• Por orden de Karina Milei, periodistas acreditados fueron impedidos de ingresar a la Casa Rosada este lunes, sin previo aviso ni notificación formal
• El Gobierno basó la medida en un informe de openDemocracy sobre la red rusa «La Compañía», aunque el propio consorcio aclaró que no pudo verificar si los pagos se realizaron efectivamente ni a quiénes
• La restricción se extendió a la Cámara de Diputados de la mano de Martín Menem; el Senado de Victoria Villarruel rechazó replicarla
• El Gobierno anticipó que citará a los directivos de los medios afectados y advirtió con denuncias por traición a la patria o injerencia extranjera
• La medida se produce en medio de múltiples escándalos que rodean al Ejecutivo, incluyendo la investigación a Adorni, la causa $Libra y los créditos del Banco Nación a militantes de LLA