Investigación 🔎
“Es lo que tenemos que rendir adentro”: los audios que derrumban la gestión del SIRA
La Justicia federal levantó el secreto de sumario en la causa que investiga un aceitado esquema de sobornos para destrabar permisos de importación durante 2022 y 2023. Los peritajes telefónicos revelaron que los intermediarios cobraban entre el 10% y el 15% del valor de cada operación.
Escándalo SIRA: destapan red de coimas para liberar importaciones
★ El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi dieron un paso decisivo este viernes al levantar el secreto de sumario en una de las derivaciones más resonantes de la causa vinculada al «rulo» financiero del dólar blue. Los peritajes sobre los teléfonos de Martín Migueles, ex socio del empresario Elías Piccirillo, dejaron al descubierto la existencia de un «sistema paralelo» que operaba para destrabar permisos del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) durante el período 2022-2023.
Según el expediente judicial, la organización cobraba retornos que oscilaban entre el 10% y el 15% del valor de la importación, calculados tanto al tipo de cambio oficial como al denominado «blue», según el acuerdo alcanzado entre las partes.
«Tengo uno al 12»: los chats que incriminan
La investigación identificó a Ariel Germán Saponara, un abogado con antecedentes en el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que, de acuerdo a los registros del expediente, figuraría actualmente como personal de la Presidencia de la Nación, como uno de los nexos principales del esquema. En los diálogos de WhatsApp analizados por los peritos, Saponara le consultaba a Migueles si contaba con contactos para «liberar» declaraciones de importación correspondientes a autoelevadores y repuestos.
«A mí me cobran más o menos un 11 o un 12 por ciento. Yo creo que si hay laburo, un 11 le podemos sacar. Al tipo ya le pasé un 13», expresó Migueles en uno de los audios recuperados, evidenciando el margen de ganancia que retenían los intermediarios por encima de la coima que debían «rendir» internamente.
El esquema permitía que las empresas obtuvieran la aprobación de sus permisos en apenas una semana o diez días, cuando los plazos habituales del sistema, en el marco de la crisis de reservas que atravesaba el Banco Central durante ese período, superaban los 90 e incluso los 120 días.
«Pipo» y los nexos en el interior del sistema
Otro de los protagonistas centrales de la trama es Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto, señalado por la Justicia como el encargado de canalizar las solicitudes hacia quienes tenían capacidad de influir en su aprobación. En los audios analizados, Caputto detalló con precisión los costos para «mover» los expedientes dentro del organismo: «Es el 15% oficial el costo… es lo que tenemos que rendir adentro», explicó en un mensaje de voz dirigido a Migueles, describiendo además cómo se pesificaba el monto al dólar oficial para luego convertir la ganancia neta a dólares billete.
En uno de los casos testigos identificados por la instrucción, vinculado a la empresa Neme S.A., Migueles dio instrucciones precisas para que el dinero de la coima fuera entregado en una oficina sobre la Avenida del Libertador al 8000, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Allanamientos y más de 50 personas bajo la lupa
Antes de levantar el secreto de sumario, el juez Lijo ordenó una serie de allanamientos que afectaron a financistas vinculados al esquema, entre ellos Gonzalo «Gonzalote» Calo, Fernando Rubén Tacchi y Alejandro «El Turco» Calian. En total, hay más de 50 personas y empresas bajo investigación.
El fiscal Picardi también sigue el rastro de otros dos intermediarios mencionados en las escuchas bajo los apodos «Pato» y «La Señora«. Esta última sería una pieza clave de la organización, ya que, según versiones extraoficiales que maneja la instrucción, habría desempeñado funciones jerárquicas dentro de la Secretaría de Comercio u organismos evaluadores, con capacidad real para dar el visto bueno final a los permisos de importación.
La causa promete seguir escalando en las próximas semanas. Los peritajes tecnológicos continúan arrojando nombres de firmas importadoras de gran envergadura que habrían accedido a pagar estos «peajes» para mantener su operatividad durante el período de cepo cambiario.
Puntos clave:
- El juez Ariel Lijo y el fiscal Franco Picardi levantaron el secreto de sumario en la causa SIRA este viernes 8 de mayo.
- Los permisos de importación se aprobaban en una semana mediante sobornos de entre el 10% y el 15% del valor de la operación.
- El abogado Ariel Germán Saponara, vinculado a Presidencia de la Nación, es señalado como nexo principal del esquema.
- Héctor Ezequiel «Pipo» Caputto instruyó el pago de un 15% calculado al tipo de cambio oficial como «rendición interna».
- Hay más de 50 personas y empresas investigadas; los peritajes continúan.
Investigación 🔎
Muebles de lujo, cascadas y propiedades: el rompecabezas patrimonial que Adorni no puede explicar
El contratista Matías Tabar reveló que el funcionario destinó esa suma para renovar su departamento porteño. La información surge mientras el juez Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal del jefe de Gabinete y su esposa.
El rompecabezas patrimonial de Adorni: gastó otros $14 millones en muebles de lujo para el depto de Caballito
★ La investigación por enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo que profundiza las sospechas sobre su vertiginoso ascenso patrimonial. Según surgió de la declaración testimonial del contratista Matías Tabar, el jefe de Gabinete gastó aproximadamente 14 millones de pesos únicamente en la renovación de muebles para su departamento en el barrio de Caballito. Este dato, aportado por el mismo profesional que refaccionó la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, se agrega a una lista de consumos que la justicia considera incompatibles con sus ingresos oficiales.
Un patrimonio bajo secreto levantado
La revelación de Tabar coincidió con la drástica medida dispuesta este mediodía por el juez federal Ariel Lijo, quien ordenó el levantamiento del secreto fiscal de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti. Con este paso, la justicia busca cruzar los datos de la AFIP con los gastos de lujo detectados, que incluyen desde una cascada y un jacuzzi en Exaltación de la Cruz hasta vuelos en primera clase. Para profundizar la búsqueda de pruebas, Lijo también solicitó el peritaje del teléfono celular de Tabar y ordenó revisar las llamadas y mensajes del periodista Marcelo Grandio, amigo íntimo del funcionario, por contratos bajo sospecha en la Televisión Pública.
En paralelo, el fiscal Gerardo Pollicita avanzó con la indagatoria de Leandro Miano, hijo de una de las jubiladas que figuran como prestamistas en la compra del inmueble de Caballito. Miano no solo es el hijo de una de las vendedoras, sino que es socio de Pablo Feijoo, hijo de la otra jubilada vinculada al caso y gestor de la transacción, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas. Esta red de vínculos societarios y familiares refuerza la hipótesis de una maniobra de triangulación para la adquisición de bienes por parte de quien ostenta el tercer lugar en la jerarquía del Gobierno.
El origen de los fondos en la mira
La investigación ya acreditó que los consumos más voluminosos de la familia Adorni se iniciaron de manera sistemática a partir de su ingreso a la función pública en diciembre de 2023. Declaraciones de testigos, acompañadas de facturas y tickets, muestran una evolución patrimonial que el jefe de Gabinete no logra sustentar con su salario de 7,1 millones de pesos, ajustado recién a principios de este año.
Entre deudas hipotecarias por 200.000 dólares con particulares, refacciones en efectivo por 245.000 dólares y ahora los 14 millones de pesos en mobiliario para su departamento porteño, el patrimonio investigado ya supera ampliamente los 840.000 dólares. Mientras el oficialismo denuncia persecuciones, las pruebas recolectadas en Comodoro Py apuntan a un esquema de gastos de lujo realizados íntegramente desde que Adorni comenzó a gestionar los recursos del Estado Nacional.
Puntos clave:
- Adorni gastó $14 millones en muebles para su departamento de Caballito.
- El juez Ariel Lijo levantó el secreto fiscal del funcionario y de su esposa.
- Peritarán el celular del contratista Matías Tabar para buscar más evidencias.
- Declaró Leandro Miano, socio del gestor de la compra del inmueble bajo sospecha.
- La Justicia investiga gastos totales que superan los US$ 840.000.
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